CONSULTA CONSTITUCIONAL: "R.H.P. DEL ABG. HUGO ESTIGARRIBIA . EN: B.N.F. C/ VITALIO MAKARCZUK SI EJECUCION Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VÍCTOR RÍOS OJEDA, CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: Por Al. Nº 504 de fecha 22 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos " R.H.P. DEL ABG. HUGO ESTIGARRIBIA EN: 8.N;F. C/ VITALIO MAKARCZUK S/ EJECUCION HIPOTECARIA" a la Corte Suprema 2. (a citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 29 de la ley 2421/04, disposición que el mencionado órgano colegiado estima aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.
3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los juecesy tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos pt: I s por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otr. dispo ición normativa pueda ser contraria a reglas constitucio . les ... ".
4. En prlu r, la no ma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) 1 Co igo Procesal Civ !, qu f culta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos e el Artículo ?OO tjf !a. onstituci 'n, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el ño 1967 que a 1 'Jech e ene ntra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el pro io artículo 200 dé la onsti ción de 1967 tampoco hacía referencia a la vía e la cons Ita c stitucion l. C t aLlFlicameAíe la acción y excepción de inconstitu ionalidad. s incisy_ ?) hace una emisión a una Constitución raga que en s pro io co id '6'1'la existencia e la vía que motiva la re ton en ri ar.' 1 Ministro,6SJ.. ni da En la Carta gna del ño 1.967, encontramo pri vez re,941ado nlfeltaffl ex_.P.re31- ímr5r const ucional, co cretament en su artículo 200. El mismo rezab®,talilfutsi€l'ei1J, 'f.a tortepYJ f/,,iifrtsticia tenor. facultad ara declar la inconstitucionalidad de las leyes y IV(l,?/!JUt'áfJilidad de los isposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.
quedaron automáticamente sin él más rninimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho; a partir .de la Constitución de í 992. Cabe -apunt::ir que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitiníi'clad, o corno bien señalaba Carlos Santiago 6. El Articulo 137 de 1Con1 sti;tución Nacional v,igente, es claro en cuanto a la prelación de l,as normas. jurídicas, y contundente ai determinar quecar 1en dvalidez todas las disposiciones o actos de eutorlded opuestos a lo establecido en .ella.
7. En cuanto a la .adrninlsfración de justicia, el Articulo 247 de nuestras magna, al tiempo de, señalar que .e! poder judicial en todas sus instanciaa.és el .custodio de !a misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es. importante también aqreqar que- la Corte lnterarnericana de DerechosHumanos ha precisado que los, Estados- no solo deben realizar el control de constituelcnalidad, sino L.:"'fnbié:n e! Off convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respecttvee competencias y de fas regulaciones procesales correspondientes ... ":estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cuetauier áidürioad',L-1(:i.1Iic2 y no -sotemente elPode: ,Judicia/"'1 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constltución del año .. 1992, carecen de requlación sobre el tema.
Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se éncuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño consfitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es .una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial; y a todas las autoridades cocompetencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. que si tiene lafacultad de declarar la ioaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numera: 5 y 2.60 de nuestra Carta M:ágna). ---':.-.,
9. Néstor Pedro Sagües, enseria que 'la interpretación por parte de todos los rniernbros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control . de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que ,:W,igor de. verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma sub constitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según -la Constitución" .6 1 O. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionak1s para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control e El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus pnteceden-tes a dicho Corte. Ei incidente no suspenderá el juicio, qe proseguirá hasta el estado de sentencia'¡- Ortiz Rodríguez, ,J. F. (2017). Control Constitucional -la consulta constitucional.
Revista J,urídica De La Universidad ,A,mehcana, 5(1) Recuperado a partir de https://revisacientifica. uameripana. ed u. pv/index. php/revistiuridicauaiaiiicle/view/171 Nino, C.5.- Etica y Derechos Hum,anos. Bs.As., Astrea. 1989 Corte IDH. Sentencia del f 4 de noviembre de 2006. Gaso Trabajadorns Cesados del Congreso Vs. Perú xcepciones Prelimiares, F9n 1do Reparaciones y postas.- , . , ' . Corte IDH,,Sen.t0nc1a de 24 ae..febrer.o .. de 201 -1-. F-ondo y eparac1ones y.Gastas. -Gaso-Gel1rnan -vs. Urn9t:Jay,- ... "No es unc,onsulta que J11juez o Tribunal fofmula a la C,orte Suprema de Justiia. :un 1sometimiento oficioso de una cuestión con!titucional; es decir, un sometimiento deoficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norrria aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007). Cuestiones constituciJnales (p.86) Asunción: Litocolor .R. L.
Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad La "Constitución Convencionalizada. Néstor Pedro Sagües Librote! nia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014. F./nl,tj... ORTE f -CONSULTA. CONSTITUCIONAL: "R.H.P. DEL , SUPREMA ABG. HUGO ESTIGARRIBIA . EN: B.N.F. C/ r,.,;: oEJUSTICA. YITfLIO ' MA;KACZUS/ EJECUCION mp, 8i, n esté qaso por la, Corife upr,ema de Justicie ¡con los .c¡Jemás. órganos -a.die t nales"7 '!:,e o 1 PGnt:uaiménte, respecto de esta norma, también, Uuan c1Jr1os Mendonca, advertía que: -? a norma' consagra dos pincipiof :el cf.e la Iex superior, 'al deblarar qUf!¡ la Constitución es la ley upremade (ª Re 1pública: y el prir:, 1 cipio; de jeraA 1quía", k1 establecer el orden de prélecion ele lóin1(runi,9intos. nprmatfv(J)S 1: que lleV¡a la conpeuenpia de que la norma más débil cede! ante /a 1 ror.rra más, fuerte. ¡En .to cual consis 1te finalmbnte, el principio de /ex supef ¡l¡ prlntipib -de1 - supremcía -conbíbtitdo1postLJ/, q'ue -toko -el complejo normativo jurídico se !organiza en base a un arde 1 1 dprelación de, normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contredicclones internas qué hagan c'fJrapsar el sistema. Según el modelo kdoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República el Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la. encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, tuya misión fundamental consiste en regular la vida 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la . tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. .para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, .en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta. "11 15.,. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales: deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer s c troles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes.
Con ello se sati e ig lment el mandato del artículo 256 de la norma fundamental que, con claridad y en im r térmi o, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar un da 16. En orisecu n ia, a e la falta de normas que estipulen la vía de coniulta co o mecanismo d contr I e co stitucionalidad y en atención a las facultades interr retativas de a licación on q e an s-tos J as de la República, la pretensión e azada p r ri una! de pe ció .. ivilyome:d1e ta Sala,de la Capital, deb ser rec azada p r n Ma ,nez ;::j ---::Mtl"-iºrn
iCesar M I ese U,- anns U stavo E. Sa nt - e e . . MinistrQ CSJ. . . . . .
Alguno problema constituci nales. Juan canos Mencione . ntercont,nental Ed1tm-ri?lfgH0Pag. 47 , ojeda La inter retación L teral en el erecho Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. PclQ,8pcto'.io: "1str 'º Villalba ernie, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, 2014, Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá, 2019. Pág. 75. A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGi/NNS dijo: Med¡'ante: A. l. N504 de fecha 22 de agosto de 2022 (fs.2/6), el Tribunal de Apelación en io Civil y Comercial. Tercera Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Excelentísima Corte de Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de. la Ley Nº 242.1/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscaf' es .o no constitucicnal. '.
. Frente al imperativo de aplicar la leyque r¡ge la materia, el Tribunal requirente considera queel referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podria quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando. que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que ,a Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o en el Art. 18 inciso "a)'.' del Código Procesal :Civil, vía que provoca 'un pronunciamiento decisivo sobre.la constitucionatidad de la lc-3y, decreto o disposición de que. se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto de! referidc articule dice, en.el incisoseñalado: "Art. 18.-: Facultades ordenatorias e instrucioties. L.Ós jueces y tribunetes podrán, aún sin reouetimiento de parte: a) remitir el expediente. ,aIa Coite Suprema do Justicie, ejecuioriede la providencie de autos, a los efectos previstos por el Attículo 200 de la Con:'sUtución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición .normetiv« pueda ser contraria. a reglas A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirs'e a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)" ,prócediéndoe incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (corno se ve también-en estos autos), .dicha vía, por su naturaleza, lejos está.de cons.tituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso ... cotidiano e impropio de un nombre para desiqriar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efa-ctos. ---:
... - .. ,
.-- Delimitada la procedencia y finalidad oe :t:a vía, corresponde analizar el turriJ:ilimiento de los requisitos exigidos por el Art 18 del C.P.C. para la. viabilidad d.e este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de !a providencia de autos; y, 2) La menciór: oor el. requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionaüdad .tiene dpda, así como. de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que, al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos".
No obstante, en este expediente ya se ha dictado providencia "Autos para resolver" (fs.5). ---¡ Con respecto al segundo requisito -fundarnentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar considerar el El Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reoroenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que et Estado Faraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Admíni.slración Fínanciera del Estado", actúe como demandante a demandado, en cualquíera ele los casos, su respónsabilidad econórnica y patrimonial por los. servicios profesionales de abogados y procuradores qµe hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de 'dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.
Queda modificada la Ley, Nº 1376/88 "Arancel ele Abogados y Procuradores", conforme a e,º CORTE 'c"ONStJLTA CONSTITUCIONAL: "R.H.P. DEL ,¡ ij SUPREMA ABG. HUGO ESTIGARRIBIA EN: B.N.F. C/ fl , ,Q,DE J"QST,IClA ' ' VITALIO ¡MAJ3.CZUo SI EJECUCION 1 ndrmJl1 crean dsigualda:deancass similares, dando u rac::, ie.to ,ditirto a uro y o,ro,. ,se infrinWr 1garntía c¡ stituci'on 1al ?igualdad, te onsa9, da en 'el Art. 146 df la Carta agna, que establece: "T<Dfos los 1bbJtantes de la Repúbca. sóhl igu'als 1en, dignidad1 y dérechos. No se admiten dikcriminaciones. El Estado remover« 'los I obsulos: 1 e /f'Jpeitq lobj fa;ctorelve '(as :m,antetfTan o ,ta¡ propicien.: Las protecciones qué se1 est6Y1zcan sobre !desigualdades injhitas ha !Jerán cónsideradas' como factores dischrhiné[ltorios '. I siro igu/1litatibs1 J. Asir7i ismo, lel Art. V,dispone: "El Estado garantizaá a too/s 'hbifan!es P¡y la ltedpli?:1 1), (a /gualdad Pª el accso ? la justicia, a cuyo efeto 'allanra lds b?stculos que; la 1mp1d1sen:2)1 la 1galari ante Ileyes ... ".
De tal garantIa constitucional, se deduce que la igualdad Jund¡ca consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentrenen igualad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan 'a unos 101 que se niega la otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguar' (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).
En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y. Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho delos profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida.
Según Gregorio Badeni " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimisni,o, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregorio. Instituciones de Derecho Constitucional.
En esa misma Iinea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la, Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) .... (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho ..... Las precedentes la doctrinalessustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad . nte le debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los parti utares, o solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional ntr riamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia ato privilegiado fav r el Estad y en perjuicio de los abogados que intervienen en ls cau s en las que quél e parte, ya sea como demandante o demandado.
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Por los fu ament s que anteceden, considero que corresponde d. clarar 1 inconstituci nalid del : 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser viola orio de 1 garío ;tu o al 0la igualElai:h;3g rada ". losArts. 46 y4 7 de laCa stitución.
0 Gustavo E San-tande ri nmlr--É;;rld. 1 Junghanns , 1 , , z Ministro csi. Y'ctol; RíosO Jeda Ministro Antes que nada. sostonernds la improcedencia dela' pretendida consulta :en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugai, surge la discusión 'relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunalespodrán, aun sln requerimiento de parte: a) remitir el expediente á la Corté: Suprema de Justicia, eiécutoriadaJa providencia de autos, a tos efectos previstos por el artículo- 209 ,de la Ccnstitución, siempre que a su- juicio Uf)a lfrY, decreto u otra .disposición normativa pueda ser contraria a reqlas constitucionales ... " (Sic).
Ahora bien, convengamós que la remisión aludida se refiere a un 'artlcu!o contenido en .ia actualmente, entonces, .evidenternenté la nórr(ii:fi::vi, del (itual prqcsa! que estriba en un artículo constitucional abolido. ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que- la práctica anterior del rodaje orocesal ftJ.é c-ic:1fa:.,¡ ;f;ndo el e:-rof de su r:erhisióri 8. urí-a norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar Ia meritada consulta; incluso Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima inslancia, e.!
art. 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de, la Corte Suprema de Justicia, ria se incluye la facultad dé evacuar' consultas constihlcionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 26ó dé la carfa M 9gna; referida a los. deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, e! articulo 259 de la Ley Fundarrtental, et) disposición única referida a las.cuestiones constitucionales, dispone en.su numeral el deber y la atribución de"conocer y resolver sobre incpnstitucionalidad''. A suvez, en e.l art. 260 Ia Carta Magna, con respecto a los qeberes y atribuciones c..oncr 1tos y exclusivos d.e la. Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobe la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, decl.s;rancJo !a jna¡)!iC,3.bilídad de ias disposiciones cohtrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en faÍh:: qU ;:olo tendrá efecto con reiacJón a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de !as sentóricias definitivas o ¡r!terlocutorias, procedimiento podrá iniciarse por .acción ante la Sala Constítlic1ona1 de la Corte Supíerna de Justicia, y por vía de excepción en cualquier in_stancia, en cuyo e.aso se elevrán los La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por !a norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su le9ftimo derecho por ieyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones uotros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo legal establece: "Al presentar su escrito de demandé, a !a Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reg!arriento o acto normativo de:; autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará, además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sos1J:mghab:::r'.,;e infrin9ido, fundando en términos claros y concretos la petición" (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la prornoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titulaí-idad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultaconstitucionaies remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encµentran legitimados para hacerlo.
En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicja tenga tomo deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues sw competencia está t;..Sf:-'V JudicialEJf contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y 1. cóepcism. En ese contexto, estando' taxativamente establecidas ppr la Ley Fundamental las dicha figura res u Ita a bsolutamente inexistente.
j_ ..: ..: Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están'. !obligados a. fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a rJvisión por los superiores 1 en cumplimiento del doble confo. rme, con advertencia de nulidad enJ caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de laCarga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a! sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de Ja función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez, aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad.
Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. Deaquí arranca el siquiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa" (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir . haciéndolo desemboca en I un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.
Én atención a rechazada pf ipr , .:..:- raciones que anteceden, la pretendida consulta de M. DiesefJnghanns.:;ustavo E. Santander Dans Ministro CSJ. Ministro , ()jeda VcfOl' R10S 1 Dr- Mitüstrº SENTENCIA NÚMERO: 16G - Asunción, tl VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, !a CORTE SUPREMA DE ,JU.STIGt/tl f:if;i!1 Constitucional y Comercial, Terc sar M. Diesel Junghanns Mindro CSJ. Gustavo E. Santander na s Ministro