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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 742/2024

22 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL: EN EL JUICIO "FAVIO LUCIANO BENITEZ NARDI S/ RECTIFICACION, ADICION, SUPRESION Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE". N° 2230. AÑO: 2022.

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CONSULTA CONSTITUCIONAL: EN EL JUICIO "FA VIO LUCIANO BENITEZ NARDI SI En la Ciu?ad e As nción, Cpital de la eRblica del Paraguay, a los vainJos días del mes de J vi' O del año dos mil v 4,(nhw o. tro , estando en la Sala de Acuerdos de la Corte S prema de usticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIE ,EL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL: EN EL JUICIO "FAVIO' LUCIANO BENITEZ NARDI S/ RECTIFICACION, ADICION, SUPRESION Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE" , a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, de la Ciudad de Luque.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: . Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VÍCTOR RÍOS OJEDA, CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR .RÍOS OJEDA dijo: 1. Por Nota Nº 01 del 07 de setiembre de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, de la Ciudad de Luque, se ordenó la remisión de los autos" FAVIO LUCIANO BENITEZ NARDI S/ RECTIFICACION, ADICION, SUPRESION Y OTRAS MODIFICACIONES DE NOMBRE " a la Corte Suprema de Justicia.

2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la .constitucionalidad o no del artículo 29. de la ley 2421/04, disposición que el mencionado órgano colegiado estima aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.

. 3. El articulo: 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

4. En primer lugar, 1 norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que fa Ita I elevación de los autos a la Corte a los efectos previsto e el Artículo 200 de la C nstituc 'n, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada el el a o 1967 que a . . cha e encu ntra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que I prop o artículo 20 de a onstituc ón de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consul constituci nal. C nt mpland ldnícam nte la acción y excepción de inconstitucionalidad. s decir, "el rtículo 1 inciso a) hace unemisión a una Constitució , derogada q e en u propio con enido es ano e la existenci e/a vía que motiva lar isi, r."1 0-cs1. . Gustavo E. Santander .:n a Cart Me gn e ano 1.967, enetínramos por prime a vez regulacj._o,..delorma expresa el c,ont'(j,eda constit icional ron retarn nte en su articulo 200 El mismo rezaba cuanto siguJVl,ID.}iSRe sw¡.'.f?fJíetdY1fic,i:I tendrá . ta p ra der;'. rar la lnconstitucionetideo de las leyes y la ,napl1ca/J1/1clad dfI'!os dtircr8nes lío C. p vón Marlin z secre no 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. El Articulo 1 ?.7 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

7. En cuanto a la administración de justicia, el Articulo 247 de nuestras magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicia/"4 8. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a. la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -rnal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órqanos de.I Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurldicas.' no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna).

9. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma sub constitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución".6 1 O. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 199.?, lé!,. cuestión quedó .resuelta en el sentido epunteao.. a favor de la competencia de iodos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes de! Poder Judicial. O sea que la tecuttea de control es contrarias a este Consmucion, on cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.

El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema efe Justicia, y por excepción en cualquier insieticie, y so elevarán sus antecedentes D e/icho Corte El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estaclo de sentencia" Ortrz Rodríguez. J. F. (2017) Control Constitucional -la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5( 1) fecuperaclo a partir de Nino, C.S.- Ética y Derechos Humanos. Bs.As., Astrea. 1989- 3 Corte !OH Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú Excepciones Preliminares. Fondo Reparaciones y Costas.- 4 Corte IDH Sentencia de 24 ele febrero ele 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs Uruguay.- 5 "No es una consulta que el Juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento ele oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puecle ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007). Cuestiones consht,1c101Jales (p.86) AsunciónLilocolor SR L Empalmes entre el control de constrtucronahdad y el de convencionaiidad La "Constitución Convencionalizacla Néstor Pedro Saques l.ibrotecnia Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago ele Chile. 2014.

CORTE/ {0,-i-::--;--,coNsuLTA cor-srrrucroxxt. EN EL JUICIO ,1oEJUST CIA :c. . j,C'"'RE, TIFICACION, ADICION, SUPRESION Y , - '.í l1ijlOT S MODIFICACIONES DE NOMBRE" Nº 2230 - -'se Comln compartida en es .o : so por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos 11. Puntualmente, r ¡;, -<ttcl'J e esta norma, también, Juan Carlcc' Mendonca, advertía que: " ... /a norma consagra os principios: 'el de la /ex superior, al declarar que la Constitución es la ley suprema de la epública: y el principio de jerarquía", al establecer el orden de prelación de los instrumen s 'normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma ás fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex 12 El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento juridico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrpdeqpr del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad' .10 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. .para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta. "11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales: deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Cor i ión o los Tratados, Convenios y /cuer"dos Internacionales aprobados y ratificaos por I Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República de ej rcer los ontroles de constitucionalidad y convencionalidad de las eyes.

Con ello se atisf e igualm nte el mandato del artículo 256 de la norma fundame al, ue, con clarida rimer té ino, expresa: "Toda sentencia judicial debe esta fund da en esta Co Manuel Rarnirez Candia Arandurá, 2019. Pág 75 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, de la Ciudad de A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Mediante Nota Nº 01 de fecha 07 de setiembre de 2022 (fs.2/3), el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, de la Ciudad de Luque, resuelve remitir estos autos en consulta a la Corte de Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 1 de la Ley Nº 985/1996 "Que modifica el artículo 12 de la Ley Nº 1 del 15 de junio de 1992, de reforma parcial del En ese aspecto, dicho Magistrado refiere: "Abocándose este Juzgado al estudio del presente juicio, en estado de sentencia, entiende que el art. 1 de la Ley Nº 985/96 que modifica el art. 12 de la Ley Nº 1/92 estaría en contra de lo dispuesto en el art. 25 de la Constitución Nacional; específicamente en cuanto a limitar hasta los veintiún años, la única oportunidad de peticionar invertir el orden de los apellidos ... ". Entonces, en base a la facultad que le otorga el Art. 18 inc. "a" del C.P.C. y encontrándose consentida la providencia de autos para sentencia; es necesario remitir estos autos a la Sala Constitucional de la Corte E I Fiscal Adjunto Abg. Edgar Moreno Agüero, se expidió en los términos del Dictamen Fiscal Nº 209 de fecha 06 de febrero de 2023, en el que concluye que el Art. 1 de la ley 985/96 es violatorio de la garantía constitucional de la identidad contemplada en el Art. 25 de la Carta Magna, así como el de igualdad, contemplada en los Arts. 46 y 47 inc. 2) de la Ley De esta manera, frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el juzgado requirente considera que la referida disposición legal podría quebrantar el derecho a la libre expresión de la personalidad, la creatividad y la formación de la propia identidad consagrado en el art. 25 de la Constitución y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del pleno de la Corte, remite estosautos para que esta Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.

Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirseque el uso cotidianoe impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.

Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Con respecto al requisito suficiente de la duda, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Juzgado acerca de la posible ,), . . coULTA CONSTITUCIONAL: EN EL JUICIO :-. , ,no; J,A'IO LUCIANO BENIJ'EZ NARDI S/ fÁ , ,,...e' ;REC-;FICACION, ADICION, SUPRESION Y - ;;.S't. tilb!R¼ MODIFICACIONES DE NOMBRE" Nº 2230 El Art. 1 de la Ley ;Jµ,3'6 -que modifica el artículo 12 de la Ley Nº 1 /92, de Reforma Parcial del Código C vil- establece: "Artículo 1.- Modificase el Artículo 12 de la Ley Nº1 "DE REFORMA PARCIA DEL CODIGO CIVIL"; promulgada el 15 de julio de 1992, que queda redactado de la siguie 'te forma: Art. 12.- Los hijos matrimoniales llevarán el primer apellido de cada progenitor n el orden decidido de común acuerdo por sus padres. No existiendo acuerdo, llevaran e primer lugar el apellido del padre. Adoptado LJn orden para el primer hijo, el mismo será mantenido para todos los demás. Los hijos extramatrimoniales reconocidos simultáneamente por ambos progenitores llevarán el primer apellido de cada uno de ellos. El orden de los apellidos será decidido de común acuerdo por los progenitores.

No existiendoacuerdo se aplicará la solucióndispuesta en el' pá11afo anterior. El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores llevara los dos apellidos del que lo reconoció y si éste a su vez llevase uno solo, podrá duplicar dicho apellido. Si ulteriormente fuera reconocido por el otro progenitor, llevará el primer apellido de cada progenitor, en el orden que ellos determinen de común acuerdo. Si no hubiere acuerdo llevara en primer lugar el apellido del progenitor que lo hubiere reconocido en primer término.

Los hijos, al llegar a la mayoría de edad y hasta los veintiún años, con intervención judicial y por justa causa, tendrán opción por una sola vez, para invertir el orden de los apellidos paternos o para usar solo uno cualquiera de ellos. En todos los casos de cambio o adición de apellidos se estará a lo dispuesto por el Artículo 42 del Código Civil". De la precedente transcripción, se advierte que la disposición legal objeto de esta consulta, en primer término, establece varias reglas con respecto al orden de utilización de los apellidos de los progenitores por parte de los hijos, contemplando diferentes supuestos, según se trate de hijos matrimoniales o extramatrimoniales y que éstos hubieran sido reconocidos pqr .uno o ambos de los progenitores, simultánea o sucesivamente. - Asimismo, -en cuanto concierne puntualmente a la materia de la presente consulta en el contexto del proceso en el que se provoca- la referida norma establece el derecho de los hijos a solicitar judicialmente, por única vez, la inversión del orden de lbs apellidos paternos, estableciendo un plazo para el ejercicio de este derecho, lapso que SE;; computa desde la mayoría de edad (actualmente, dieciocho años cumplidos en adelante) y hasta los veintiún años de edad. Para el Juez requirente, es este límite temporal el que genera dudas en cuanto a su constitucionalidad, con base en los fundamentos ya reseñados, por conculcar el Art. 25 de la CartaMagna, considerando que en el juicio del cual deriva esta consulta, el actor pretende, la inversión de sus apellidos, luego de que haya transcurrido el plazo previsto Así pues, la cuestión a ser dilucidada por esta Sala Constitucional es si la norma puesta en tela de juicio, específicamente en cuanto limita la edad (hasta los veintiún años) para ejercer el derecho a solicitar al ór ano jurisdiccional competente la inversión del orden de los En el marco del dere ho positivo civil y específicamente en su cuerpo principal: el Código Civil Paraquayo, e la persa a física el primer objeto de lánorf .ativa, desta ose el nombre como a 1 to c ntempla o, imprescindible e innegable a toda persona. 1 Art. 42 de la ley común, sí lo c nsagra e presamente. El nombre es un atributo consus ancial a la persona humana, tanto easí que o podría concebirse a la persona sin tal atrib o, el que la diferencia e indi iduali a dotán ole de identidad, y por tanto de una herrami nta para la ;sión de s '.ibe d 7..m,¡ión, o:en éste del uar j rídicame e hanns r , Ces M. nistro CSJ. G1 istavo E Santander Dan d Ministro Víctor Rws . Pa ron Ma tmez Dr, Ministro El derecho a la identidad encuentra su fundamento axiológico en la dignidad de la persona humana. Por tanto, su tutela jurídica merece especial y primordial atención tornándose en una institución de orden público, puesto que involucra e impacta además a los intereses sociales, ,,que .. deben ser igualmente tutelados, en relación a la necesaria identificación de los sujetos en sociedad, para la atribución de las consecuencias de su actuación en su vida de relación. Son estos altos intereses sociales los que sustentan el principio de inmutabilidad del nombre. Es indudable que el carácter y la necesidad de su fijeza se acentúan cuando se trata de la mutación de los apellidos. La necesidad de certeza y seguridad en las relaciones así lo exige. Pues bien, la norma aquí en crisis prevé la excepcionalidad a tal fijeza, ante ciertas circunstancias, siempre que se aleguen justas causales, no se perjudique a terceros ni se intente evadir responsabilidades.

En tal contexto, debemos acudir al precepto contenido en el Artículo 25 de la Carta Magna, que dice: "De la expresión de la personalidad. Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad'.

Se consagra, así como con rango constitucional, el derecho al reconocimiento de la personalidad y a su libre desarrollo los que son desde luego - esenciales para la efectividad de la autonomía personal y por tanto constituyen un bien inherente a la persona.

Resulta así innegable la relación del nombre con el derecho a la expresión de la individualidad y el libre 'desarroílo de lapersonalidad, que no es sino la proyección o trascendencia de la persona misma. El libre desarrollo de la personalidad, tiene su principal fundamento en la autonomía de las personas. La esencia de la libre expresión de la personalidad, como derecho, es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de toda persona a autodeterminarse, a ser individualmente como quiere ser, sin coacciones, ni controles injustificados o impedimentos irrazonables; de manera a permitirle realizar su propio proyecto de vida, sin más limitaciones que los derechos de las demás personas y el Ca be agregar que la Constitución Nacional, ya desde su preámbulo y luego en la adopción de la forma de Estado y de Gobierno, reconoce la dignidad humana como Dentro de tal marco conceptual Constitucional, y al contraste con él de la norma legal en duda, se advierte que la normativa legal, al introducir la mentada limitación de orden temporal para el ejercicio del derecho a obtener la inversión en el orden de los apellidos, vulnera el principio (constitucional) consagrado en el Art. 25 de la Carta Magna, puesto que introduce una restricción que sin sustento razonable, pues el ejercicio del derecho, al ser de una sola ocasión (por una sola vez), y al alcanzar la mayoría de edad, desde la plena capacidad de hecho y derecho, no arriesga el orden público, ni el derecho de terceros. En el caso de autos, menos aún, al tratarse de un cambio de orden (de apellidos), y no En efecto, cuando el artículo 1 de la Ley Nº 985/96 restringe la elección del orden de los apellidos o el usar uno solo de ellos a un determinado momento de la vida de la persona, traza una frontera temporal transcurrida la cual estaría coartando efectivamente la proyección social de aquella, y con ello, se estaría truncando la posibilidad de definir autónomamente su proyecto vital, de una manera acorde con la identidad que efectivamente la revela, soslayando el complejo proceso evolutivo de la personalidad y la formación de la propia Además, como conspicuos miembros de este alto cuerpo ya lo han señalado en anteriores fallos, los lineamientos de Tratados internacionales y de nuestro Derecho Civil, que reputa plenamente capaz a una persona para realizar su propia vida jurídica a partir de En conclusiónbasado en las cnsideraciones que anteceden, considero que corresponde evacuar la presente consulta de constitucionalidad, y, consecuentemente, declarar la inaplicabilidad de la restricción temporal impuesta en la última parte del Art. 1 de la Ley Nº 985/1996, e mo ifica el Art. 2 de la Ley Nº 1/92, en este caso concreto. ASÍ A su turno; el Doctor S NTANDER DANS,. dijo: Me adhiero-Fil voto del Dr. Víctor Ríos En reiterados fallos esta magistratura ha venido sosteniendo la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorías. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin ernbarqo, sostenemos que la prá?tica anterior delrodaje procesal fye o_rsionando el error de su rermsron a una norma que evidentemente no contenía en su piexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos su existencia.

Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales.

También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos pe la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ee caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución'', agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de.la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor / mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará, además, la normá, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura resulta absol utarnente inexistente. .: Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en 1a materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace .parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez, aunque no se .Ie pida la parte, porque configura unáspécto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad.

Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa" (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción Ratificamos que, la Sala C titucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto e ista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y a disip ción redundante de la actividad jurisdiccional.

-- En atención a as sideraci nes que anteceden, la pretendida consulta deb Con lo que e dio certifico, quedand acord Ministro , . d Dr. Víctor Rws OJe ª Ministro BCORTElr.1¡0. CONSULTA CONSTITUCIONAL: EN EL JUICIO SUPR$MA t ' ',? "FA VIO LUCIANO BENITEZ NARDI SI JUSZfIClo ':,:, RECTIFICACION, ADICION, SUPRESION y SENTENCIA,NÚM :RO: 1-L(J/ Asunción, 2, 1 d ) Ji O VISTOS: Los mérito. del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

Abg. . Diesel JunghannsGustavo E, Santander Dans Ministfo CSJ. Ministro R, Oieda V, tor 10s , Ministro