CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DEL . ABOG. CHRISTIAN TUMA EN EL EXPTE BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ LA MOLIENDA SA S/ EJECUCION HIPOTECARIA". AÑO: 2022 Nº: orv: -' .:,"' ' '?,.¡CUERDO Y SENTENCIA NÚMER.O: l)oo e,11)rtb .¡;,ij (,. En laCiudde Asunción, Capital dla R.epública del Paraguay, a los ve.-;J,i 6d:) días .., t. el mes d JU 11 'l P .de la C lte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, s, , --,' " es CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, . VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO !'l U-s: NTANDER DANS, ante mí,. el Secretario autorizánte, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DEL ABOG. OSCAR TUMA EN EL 'EXPTE BANCO NACIONAL DEFOMENTO C/. LA MOLIENDA SA S/ EJECUCION HIPOTECARIA"., a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: P ra cti cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Mediante A.I.Nº 586 de fecha 01 de Septiembre de 2022 (fs.19), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala de la Capital, dispuso remitir estos autos a la Sala Constitucional, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento F rente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Juzgado requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.
Facultades ordenatorias einstructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el ext; iente a lél. Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efecto prevtos por el Artículo200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una le>f, ec eto u tro disposición normativa pueda ser contraria glas Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.
Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales , no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba - providencia de "autos" ejecutoriada dado que la solicitud de la regulación de los honorarios se resuelve directamente sin llamarse "autos". Esto es, no existe el llamamiento de "autos", si bien por providencia de fecha 24 de mayo de 1 2 02 2, e I tribuna I llamo a u tos.
Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal de Apelación en lo Laboral acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, 1 El Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Articulo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante a demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.
Queda modificada la Ley Nº 1376188 "Arancel' de Abogados y Procuradores", conforme a Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".
De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguaf' (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).
En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421 /04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el Ei0del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DEL . ABOG. CHRISTIAN TUMA EN EL EXPTE BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ LA MOLIENDA SA S/ EJECUCION HIPOTECARIA". AÑO: 2022 Nº: P,preducir las. costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales ,n? c'..J''( gún Gregario Badeni " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley t' (, ,.:; .... b- recer igales solciones. pra todos los que se encuentran en igual<:Jad de , ,"'p.v condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o i . /egique reconozcan a ciertas personas lo que, en iquetes circunstancias, se :.-. i dese/ti zca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional.
t "". En esamisma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en -sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en fa vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la iqualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) ... ". (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.
Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº :2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución.
1.- Por A.I. Nº 586 de fecha 01 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "RHP DE SEGUNDA INSTANCIA DEL ABG. CHRISTIAN TUMA EN EL EXPTE: BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ LA MOLIENDA S.A. SI EJECUCION HIPOTECARIA" a la Corte Suprema 2.- La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 29 de la ley 2421/04, disposición que el tribunal considera aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.
3.- El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Supmma de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a s . 'uicio, una ley, decreto u ot isposición normativa pueda ser contraria t. glas 4. - En prim ar; e remisión contenida en el articulo 18 inciso a;del Có Procesal Civil, ue f cul ción de los autos a la Corte a los efectos pr vistos e Articulo 200 d la C s itución, s refiere, en realidad, a la Constitución dicta a en el a o 1967 que a la f cha s e cuentr total y absolutamente derogada. Cabe aclarar ue el pro io artículo 200 d la Co s ituci de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consu ta únC)cción y excepción de in 01 el -untl'hanns Gustavo E. Santander Dans Mn!itra GSj. Ministro decir, "el articulo 18 inciso a) hace una rermsion a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer luqer'" .- 5.- En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago 6. - El Articulo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuesto.salo establecido en ella.
7.- En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "3 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicia/"4 8.- Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.
Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucionaf- cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral Ei y 260 de nuestra Carta Magna).
9.- Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución".6 10.- Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su articulo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de los disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicho Corte. El incidente no suspenderé el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencie", Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional -Ia consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1) Recuperado a partir de https://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/revistajuridicaua/article/view/171 Nirio, C.S.- Ética y Derechos Humanos. Bs.As., Astrea, 1989. .
Reparaciones y Costas.- Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay.- ' "No es una consulta que el juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007). Cuestiones constitucionales (p.86) Asunción: Litocolor S.R.L. Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad La "Constitución Convencionalizada. Néstor Pedro Sagües Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014.
CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DEL . ABOG. CHRISTIAN TUMA EN EL EXPTE BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ LA MOLIENDA SA SI EJECUCION HIPOTECARIA". AÑO: 2022 Nº: coin '.z. íj!/ a en este caso por la Corte Suprema de Justicia con /os demás órganos ,-:V11 .funtualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía ,¡:;,- q e: " ... la norma consagra dos prncipios: 'el ?e _Já/ex r= / declarar que la Constitución d) i esis , teytsupreme de la Repub/Jca: y el pnncuno de jererqute , al establecer el orden de .,, irelac{tJQ/ e /os instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más 1/ J) déb( e ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex 1' . 12.- El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo edooteao (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es /a Corte Supremade Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 13.- Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre /os que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad'. 10 . 14.- Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. ,para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta. "11 15. - En definitiva, en todo proceso, el juzqador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales: deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados or I Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejerc r los ntroles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes.
Con ello se s Is ce i ualme te el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad , en ri er térm no, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar un da en esta Con tituci " ¡ 16.- En consec ncia, a te la falta de normas que estipulen la vía de consulta co o mecanismo e contr de. c stitucionalidad y en atención a las facultades intertretativas y de aplicación con q e cu tan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada p r eproibhuan:p r Alac n; g!
la ---ta , debeb . f1U Cesar M. DieseJ,í.mgha Gustavo E. Santander Da s . Ministre csr. . Ministro ' gunos roblemas co stitucionales. uan Carlos Méndonca. lntercontinental Editora. 2011. Pág. 47 11 'os Ojeda La interpr tación Litera en el Derech Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. Pág. 85. Víctor J."l 'Amaya, L. . (2014) La J risdicción Co stitucional. Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya. Pág. 88 pr. ,n1,fO '" Villalba B mié, Pablo, Sistema lntera ericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, 2014, Pág: 26.
Control d81 Constitucionalidad. Manuel amírez Candia. Arandurá, 2019. Pág. 75. A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos Sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (sic).
Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un articulo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, somos del criterio que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales.
También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental , en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 de la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legitimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capitulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, Impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citara además, la norma, derecho, exención garantía o principió que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de' una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.
... CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DEL ABOG. CHRISTIAN TUMA EN EL EXPTE BANCO NACIONAL DE FOMENTO C/ LA MOLIENDA SA S/ EJECLJCION HIPOTECARIA". AÑO: 2022 Nº: ...... "'. e,,,.,¡,,, concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge P- ue r'.1" ala Constitucional la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atrbució 'v":)" e te .- . las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia esta 1. e ' 1ta conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones tjud, 1 es contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y ' x . ción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las 0 1, ." ulta?es de esta Sala y no enconrán?ose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, Los Jueces de cualquier ranqo, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y. legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada Inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes C oi ncid ente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso- no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidaddentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al. dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción Ratificamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.
En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser Con lo que se io po certifico, quedando cardad ..
Gustavo E. Santander ans Ministre . Asunción, 17,,, de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
ulta Cons tucional elevada por Tribunal de Apelación n lo Civil Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Abg Julio c. Pavón Mart1 z Sec etario