ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO ARISTIDES AGUILAR GIMÉNEZ C/ LA LEY Nº4252/10 "QUE MODF. LOS ARTS, 3º, 9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO". AÑO 2019. Nº1451.- del mes de r del año dos mil v-t<.,...,1 de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RÍOS OJEDA Y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO ARISTIDES AGUILAR GIMÉNEZ C/ LA LEY Nº4252/10 "1 QUE MODF. LOS ARTS?3, 9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTEINIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por Gustavo Arístides Aguilar Giménez por derecho propio y P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEl JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado respecto a la Acción de lnconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 1252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " .... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispon "El gobierno es ejercido por los poderes Legisl, , Ejecutivo y Judicial en un sisteme e separación, equilibrio, coordinación y rector. co co trol. Ninguno de estos pod res pue e atribuirse, ni - ter-gJ otro ni rsa a algu a, individual o colectiva, facultad s exireordi arias o la su a del Pod r Pút: o. La die adura , fuera de ley". odas est s ' Gustavo E. Sant nder Dans Ministro , Ojeda D, Yíct()r Rros características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes. u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.
236 C .. , tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas, naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la !tw regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria CORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SUPREMA PROMOVIDA POR GUSTAVO ARISTIDES 1,?l,. ,., ,!JSTICIA AGUILAR GIMÉNEZ C/ LA LEY Nº4252/10 , "ClUE MODF. LOS ARTS, 3º, 9º Y 10º DE LA /¡/:¡ ttf.', P. i"L! SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
:' "' SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES ,et"' t DEL SECTOR PÚBLICO". AÑO 2019. Nº1451.- ia a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la
Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art, 1 O 1 C. N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)
y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art, 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6,57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones contenidas en la misma.
Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han legado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más ele constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y p tpios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cu Legislador por un lado, posibilita la igualdad de o ortu idades en el acceso a la fun ión públi a (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantil de se vidores estatales, mientra que, por 1 otro, el servidor público que pasa a un sI a ón de re iro, disfruta en delante de su derec o al desGl,J1ute del perti ente h iber jubil torio, y la ecial prote ción co o , Ojedci Ministro pr. t,.,nisrO persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar corno una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada 1. Sr. GUSTAVO ARÍSTIDES AGUILAR GIMÉNEZ por derecho propio y bajo patrocinio del Abg. José lnsfran con Matr. CSJ Nº 11.787, se presenta a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.- 2. Alega el accionante que, se halla en situación inminente de la aplicación la Ley 4252/1 O, art. 9, que dispone la jubilación obligatoria una vez cumplido los 65 años de edad.
3. Expresa que el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/1 O resulta contraria a los Artículos arts. 6, 46, derechos y garantías constitucionales al disponer la jubilación obligatoria, produciéndole un daño patrimonial con la ruinosa suma que pretenden abonarle en concepto de jubilación y con el cual no podría llevar una vida digna teniendo en cuenta el alto costo de vida que se registra actualmente. Que goza de buena salud física y mental, y con la idoneidad necesaria para 4. De las instrumentales agregadas a autos, surge que el Sr. Gustavo Arístides Aguilar Giménez a la fecha de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad contaba con 64 años de edad, y por Decreto Nº 5848 del 18 de mayo de 1990 se constata su calidad de funcionario público, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O al señor GUSTAVO ARISTIDES AGUILAR GIMENEZ; procederé al estudio de esta acción en los 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legitimas representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en OE(A CORTE El SUPREMA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO ARISTIDES t1, ,,, . --;USTICIA AGUILAR GIMÉNEZ C/ LA LEY Nº4252/10 .-"GlUE MODF. LOS ARTS, 3º, 9º Y 10º DE LA :.-e:-I ic,'-''l SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
11i1SISTEMA DE Jl:JBILACIONES Y PENSIONES eo ?.. DEL SECTOR PUBLICO" . ANO 2019. Nº1451.- .- U ,at1.'Wiateria/, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos /os 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de Cesar M. Diesel Jungh nn Ministro CSJ.
Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad. Asimismo corresponde levantar la medida de suspensión de efectos contra el art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O dictada por A. I. 231 O del 29 de A su turno, el Doctor SANTANDER DANIS dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/06/23, y procedo a emitir mi voto en A la cuestión planteada, se presenta el Señor Gustavo Arístides Aguilar Giménez, por sus propios derechos bajo patrocinio de Abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 Oº de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector 0 b raen autos la constancia que el accionante tiene la calidad de Personal Médico del E I recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 6, 46, 47, 57, 86, 87, 88, 92, 94, 102, 103 y 137 de la Constitución Nacional, al obligarlo a jubilarse, con todas las nefastas consecuencias que acarrearían sobre su persona y familia.
En relación a las disposiciones cuestionadas por el recurrente, considero que en el caso particular no existe actualmente vulneración constitucional que recaiga sobre su persona, debido a que mediante la vigencia de las Leyes INº 6302/2019 y 6522/2020, el derecho positivo puso en vigencia una norma distinta que rige a las personas situadas en la misma categoría C abe recordar que la Sala Constitucional requiere en sus pronunciamientos la existencia de un agravio constitucional actual respecto a las personas que se consideren afectadas, por lo que el pronunciamiento al respecto del ajuste o no de una norma a la supremacía o jerarquía constitucionales producido en abstracto no resulta necesario.
LIS CORTE 11 SUPREMA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD JUSTICIA PROMOVIDA POR GUSTAVO ARISTIDES 0 AGUILAR GIMÉNEZ C/ LA LEY Nº4252/10 rv , "ClUE MODF. LOS ARTS, 3º, 9º Y 10º DE LA , R- ,...,f>. SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
e PoJanto, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía yeneral del Estado, opino que corresponde no hacer lugar a la Acción de 1lcon ucionalidad promovida por el Señor Gustavo Arístides Aguilar Giménez. En nsecuencia, ordenar el levantamiento de I edida cautelar dispuesta por el A. l. º 1 O Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Minis ro D Víctor Ríos Ojeda ,lin1stro SENTENCIA NÚMERO: Asunción, de de 20 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Gustavo Arístides Aguilar Giménez, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente ORDENAR el levantamiento de la edida de Suspensión de efectos, disp sta por el Ac-:r ific Ante mi: Cesar M. Diesel J ngha s Ministro es