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Acuerdo y Sentencia N° 748/2024

22 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: I.P.S C/ VICTOR RUBEN ARGUELLO S/ JUICIO EJECUTIVO. AÑO: 2022. N° 138.

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ALBERTO MULLER OGUERA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº "'t. :.'-1. ACURDO Y SENTENCIA NÚMERO: c.DGho0 me, f ;--: ..J; o del año dos mil -JQ.;i CJJCA 4-to , estando en la Sala de rr-rr..T"rT"'Ft;bt os de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala stitucional, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ALBERTO MULLER NOGUERA C/ ART.

1 DE LA LEY Nº 4252/201 O DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Señor ALBERTO MULLER NOGUERA por sus Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA, GUSTAVO A su turno, el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor Alberto Müller Noguera, bajo patrocinio del Abogado Washington Zacarías, a plantear acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/201 O. El mismo manifiesta que dicha normativa resulta violatoria a los Artículos 14, 40, 47, 86 y 102 de la Constitución En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o o tiva, facultades extraordinarias o la suma de ocle Público. La dictadura está fue a de Todas estas características tiene ..,.,""'"'"' misma Constitución, en sus tribu funcic-- Gustavo E. Santander Dans Cesªr M. Diesel Jung n Ministro CSJ, Ministro , oeda Víctor RIOS Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la Iesignación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.

193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la siqnificación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio E n ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la !fv regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.

Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.

Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el CORTE SUPREMA . EJUSTICIA ', ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR . ALBERTO MULLER 'fOGUERA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº ? -""ff- efitado psatisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o t i . Teas úblicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de 'b,,.eseguridad social' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 1,()3 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en ,, CB'mÍáncia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en -1.-El-r,anto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han lleqado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute dEI pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, ue lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la re erida ircunstancia, así como el o de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las ormas de Seguridad S cial ue integran nuestro ordenamiento jurídico, '¼ con onancia no por las fórmulas con iderad s más flexibles o equitativas, como las ue os ulan sol ciones de paso gradual desde 1 ustavo E. Sant .

Cesar M. Diesel Jun Ministro CSJ, Dr. Víctor :Ríos Oje Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción A la cuestión planteada, el Doctor VICTOR RÍOS OJEDA dijo:

1. El señor Alberto Muller Noguera, por sus propios derechos y bajo patrocinio del Abogado Washington Zacarías con Matricula de la CSJ Nº1735 promueve acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 conforme se 2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14, 40, 47, 86, 88 y 102 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: " ... El derecho a la igualdad entre iguales tampoco resulta resguardado mediante dicha ley. Al contrario discrimina de modo injusto donde no debe hacerlo. Ni el código Laboral, ni las leyes de Previsión Social vigente establecen limitaciones de edad para el trabajo útil para el servicio del empleador. La imposibilidad física debe surgir en cada caso de las pruebas de los hechos concretos para posibilitar la justificada desvinculación laboral del trabajador.".

3. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del Art. 1 de la Ley Nº4252/1 O al señor Alberto Muller Noguera, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en 4. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 5. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

6. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legisladorha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será 7. Ahora bien, siendo el derecho ele acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR . ALBERTO MULLER :OGUERA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº '- nfiguraci n" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al 1 g.jador a atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que clebiera lcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado éJisponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella -le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del -.:....1-,...,1onante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 8. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma 9. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

1 O. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.

11. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la Administración P ú b I ica.

12. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta en autos. Es mi voto.

A su turno, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS, dijo: El señor Alberto Muller Noguera, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", espectñcamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubi cio s GustaO E. Santander Dans Ministro R, fJ1edo Dr. Víctor ,os Ministro establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Funda la presente acción en los Arts.

EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Articulo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47 (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos /os 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será Todos /os funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", iendrén derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de /os empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.

En consecuencia, visto el 'Dictamen Fiscal de fs. 21 y las consideraciones que anteceden, opino en igual sentido que los señores Ministros que me precedieron en orden de turno que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor Alberto Muller Noguera. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR . ALBERTO MULLER OUERA C/ ART. 1 DE LA LEY Nº SENTENCIA NÚMERO: Asunción, ?)de D Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor ALBERTO MULLER NOGUERA, de conformidad a lo establecido en el exordio de la O R DEN AR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos dispues a Ante mí: Cesar M. Diesel Ju ghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro R, Oieda Víctor tos J Dr. Ministro rif .,