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Acuerdo y Sentencia N° 756/2024

22 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "MARCIAL JOSE CONGO VILLAMAYOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ AMPARO". AÑO: 2022. Nº: 1900

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oEJUS / IAtf' p.ci-.J", En la Ciudad de Asu ción, Capital de la Rpúlica del Paraguay, a los vai.,,J-i dd:) días del mes de ¡v11 ,0 del año dos mil e.1 "-t-1 l-ua-ho , estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de usticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIÉ EL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "MARCIAL JOSE CONGO VILLAMAYOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ AMPARO", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del "'MARCIAL JOSE CONGO VILLAMAYOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden - de votación, dio el siguiente A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo:

1. La cuestión sometida a conocimiento de la Sala Constitucional, se realizó conforme lo dispuesto en el artículo 582 del Código Procesal Civil modificado por el artículo 1 º de la Ley 2. El artículo 582 establece cuanto sigue: "Si para decidir sobre la acción de amparo fuere necesario determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, el Juez, una vez constatada la demanda, elevará en el día los antecedentes a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que en la mayor brevedad declarará la inconstitucionalidad si ella surgiere en forma manifiesta. El incidente no suspenderá el inicio 2 .1 Previamente, debemos indicar que el artículo expresa que deben elevarse los una vez constatada la demanda. Sobre esta expresión poco clara, ha surgido una du qu atañe a la etapa procesal e qÚ los autos deben ser elevados a la Sala de la Corte. En fecto, 2.1.1 Para ezc n , la el . ción debe Jalizarse una vez present la ciernan 1 2.1.2 Para Mend ca, d e realizarse u a vez conte an - --- iS' . eghanns . ic:tr.n, . RWS e a r{aes-d ptfu'stue 'si para decidlr sobre la acción de a )Rceérº constitucionM?¿MY:1éfe 1iiguna ley, decreto o reglamento, el Juez, una vez cHftatada trol de Constitucionalidad en el Paraguay. Lezcano Claude, Luís. La Ley Paraguaya S.A.

por la Ley Nº 600/95, que lo dejó redactado del siguiente modo: 'si para decidir sobre o determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: HMARCIAL JOSE CONGO VI LLAMA YOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION 5/ 2.1.3 Casco Pagano, afirma que por error de copia en la ley, dice "constatada"3 2.1.4 La Sala Constitucional, en voto de la Ministra Myriam Peña, expresó que: "para el caso específico del juicio de amparo, el Art. 582 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 600/1995, impone a los jueces ante los cuales se tramite la referida garantía constitucional, la obligación de elevar los antecedentes a la Sala Constitucional de la Corte, luego de la contestación de la demanda ... "4 2. 2 Para nosotros, el momento o etapa procesal discutido simplemente carece de relevancia, puesto que como más adelante se verá, la elevación de los autos es innecesaria.

3. Seguidamente, corresponde analizar el sentido y alcance del referido artículo 582 a efectos de identificar qué normas contiene. En tal sentido, la disposición dice que:

3.1 El juez -para resolver el amparo- debe considerar previamente si la ley, decreto o reglamento ya aplicado o a ser aplicado, referido por el amparista; es inconstitucional.

3.2 Constatada o contestada la demanda y, determinada por el juez la inconstitucionalidad de la disposición, deben elevarse los autos en el día a la Sala Constitucional.

3.3 La Sala Constitucional debe declarar, en la brevedad, la inconstitucionalidad de la 3 .4 El proceso original debe tramitarse hasta el llamamiento de autos para sentencia, y debe aguardarse la resolución de la Sala Constitucional para resolver el amparo.

4. En cuanto al primer requisito, para concluir que la norma referida por el amparista es constitucional o no, se requiere necesariamente la labor interpretativa del juez. En ese sentido, son los jueces quienes previamente deben analizar la ley, el decreto o el reglamento y si concluyen que estos vulneran algún principio, derecho o garantía; deben elevar los autos a la 5. De lo que se sigue, si el Juez del amparo llegase a tal conclusión, es porque no tiene duda constitucional alguna que deba ser consultado a la Corte. En concreto, el juzgador tiene plena convicción de que la norma es inconstitucional y por ende no queda nada por determinarse. Al contrario, si como consecuencia de tal interpretación el juez concluye que la norma invocada no es inconstitucional, simplemente deberá dictar sentencia

6. Así pues, considero que para resolver el amparo y no desvirtuar su carácter de urgencia, el Juez debe descartar la norma de inferior jerarquía y resolver -directamente- la cuestión conforme a la Constitución. Esta atribución está dada por la naturaleza misma de la acción de amparo, por la que se busca salvaguardar un derecho o garantía constitucional, o restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida al amparista5 . La solución del planteamiento, como se ve, requiere del juzgador un ejercicio auténtico del control de constitucionalidad.

reglamento, el Juez, una vez constatada (contestada) la demanda ... " Algunos problemas constitucionales. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental Editora. 2011. Pág. 27.

"Cabe aclarar que la Ley 609/95 erróneamente dice constatada la demanda cuando en realidad debe decir: contestada la demanda" Código Procesal Civil Comentado y Concordado. Decimoctava Edición. Casco Pagano, Hernán. 2020. Pág. 1067 Acuerdo y Sentencia N° 1131 de 26 de diciembre de 2019. Sala constitucional. Acuerdo y Sentencia N°1131 de fecha 26 de diciembre de 2019. Sala constitucional. Artículo 134 CN - Del Amparo "Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida ... " ' CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "'MARCIAL JOSE CONGO VI LLAMA YOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ tido, ex a que ." ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces c h: ti c)f)f/¡ . s ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucion /, prescindiendo del enroque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformar/a, armonizar/a, rescatarla, reci arla y aplicarla, seqún la Constitución"6 8. Siguiendo con el análisis del modificado artículo 582, este, de manera imperativa ordena la elevación de los autos. En principio, los juzgadores no podrían abstraerse del precepto legal, pues el mismo se halla contemplado en una disposición con vigencia plena, empero, debe considerarse detenidamente los mandatos constitucionales relativos a competencias y 9. El artículo 247 de la Constitución expresa: "De la función y de la composición. El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. L.a interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta 9. 1 Juan Carlos Mendonca, con lucidez, respecto de este artículo expresó: "Del texto de ambos párrafos surge que la interpretación constitucional es una atribución, facultad o competencia de todo el Poder Judicial, y que éste no está integrado solamente por la Corte Suprema de Justicia sino, además, por los tribunales y juzgados. Sin distorsionar el texto constitucional resulta muy discutible negarles él los jueces esa facultad"7 9 .2 Entonces, la interpretación de normas constitucionales referida en el 247, es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra 10. Siguiendo esa línea, el artículo 256 ordena a los jueces que "Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución ... " y, para satisfacer ese mandato, todos los jueces deben necesariamente realizar la labor interpretativa.

11. Ahora bien, la observancia de estas disposiciones constitucionales se hace operativa con toda seguridad, por el artículo 137, que concretiza el principio de ley superior al establecer que "La ley suprema de la República es la Constitución". y los de jerarquía y prelación, cuando dispone que " ... los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de PJ a ión CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "MARCIAL JOSE CONGO VI LLAMA YOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ 13. Por consiguiente, observamos que por la sistémica de las normas contenidas en los artículos 247, 256 y 137 de la Ley fundamental, todos los jueces y juezas pueden obviar la elevación de los autos a la Corté establecida en la ley, y con ello garantizar la eficacia de la acción de amparo, resolviendo directamente y sin mayores dilaciones la cuestión, en apego y cumplimiento de los mandatos de la Constitución de la República.

14. En consideración a estos breves fundamentos, la consulta elevada por el Juzgado de A su turno, el Doctor CÉSAR MANUEL DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En el marco del presente amparo constitucional, la Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Segundo Turno e interina del Quinto Turno, Abogada Graciela Josefina Ortiz Saccarello, por Oficio Nº 1611 de fecha 3 de agosto de 2022, en los autos caratulados: "MARCIAL JOSUE CONGO VILLAMAYOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUrCION S/ AMPARO", resolvió: 11 ELEVAR los antecedentes de la presente acción de amparo constitucional, de conformidad a lo dispuesto en el art. 1de la Ley Nº 600195 que deroga el art. 580 y modifica el art. 582 de la Ley Nº 1337 del Código Procesal Civil, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a fin de que se expida sobre la constitucionalidad o no, del art. 2 punto 2 de la Ley Nº 5282/14 "De acceso a la información pública y transparencia" y /os arts. 5y 9de la Ley Nº 1682101 "Que reglamenta la información de carácter privado", de conformidad a lo dispuestos en /os arts.

Como cuestión preliminar, conviene poner de relieve que en el contexto de un sistema de control constitucional -como es el nuestro-, la Corte Suprema de Justicia o el Pleno, tiene la competencia privativa para ejercer dicho control. Ello implica que, aun cuando los jueces de la instancia ordinaria adviertan que la normativa aplicable al caso sometido a su conocimiento transgrede la Constitución, no pueden, por sí mismos, abstenerse de su aplicación, sino que necesariamente deben requerir el pronunciamiento de la Corte. Al respecto el art. 132 indica: "De la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declararla inconstitucionalidad de las normas jurídicas y d1/as resoluciones judiciales, en la forma y con /os alcances establecidos en esta Constitución y la ley". Asimismo, el art. 259expresa: "De los deberes y de /as atribuciones. Son deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (. . .) 5) conocer y resolver sobre inconstitucionalidad; (. . .) 1 O) /os demás deberes y atribuciones que fije esta Constitución y /as leyes". Por su parte, el art. 260 preceptúa: "De /os deberes y de las atribuciones de la Sala Constitucional. Son atribuciones de la Sala Constitucional: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que so/o tendrá efecto con relación a ese caso, 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta constitución. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán /os antecedentes a la Corte".

En consonancia con lo señalado, el Art. '18 inciso a) del C.P.C., establece -entre las facultades ordenatorias e instructorias de los jueces y tribunales- la facultad de remitir a la Corte, una vez que quede ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos en el Art. 260 de la Constitución, siempre que, a juicio de aquellos, una ley, decreto u otra disposición normativa puede ser contraria a la Constitución. En virtud de la referida facultad, los jueces y tribunales, en el marco de un juicio pueden solicitar -incluso de oficio- a la Corte Suprema de Justicia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de actos normativos CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "MARCIAL JOSE CONGO VI LLAMA YOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ corresponde declarar la improcedencia de la consulta constitucional planteada por el Juzgado El art. 28 de la Constitución Nacional dispone con meridiana claridad: "Del derecho a informarse: Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos v sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo ... (el subrayado es mío). Al disponer que tal derecho será regulado por la ley, es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza, el art. 2 punto 2 de la Ley Nº 5282/14 "De acceso a la información pública y transparencia" y los arts. 5y 9de la Ley Nº 1682/01 "Que reglamenta la información de carácter privado", queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente-repito- al Poder Legislativo, por lo que considero que el Congreso, al regular por ley dicha cuestión- dispuesta en la misma Constitución- haya transgredido disposiciones ele la Carta Magna.

Finalmente considero que corresponde evacuar la presente consulta constitucional concluyendo que tales disposiciones no son inconstitucionales. ES MI VOTO.

A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: En cuanto a la cuestión planteada, sostengo la improcedencia de la misma, en razón de los siguientes fundamentos.

En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán. aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refierH a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos su Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad ele las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de L csuºrRRETE ,..- ,:,"' "º roi)jii¡ "" "r, CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: e- Q,.JUSTI - f-..>, "" - HMAR IAL J E CONGO VILLAMAYOR C/ DE i f, .,,., 1,t" ;.. MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ Justicia, y por vía ,,. x- cf-(l, en cual ier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Co P; .,., .

La áxima instancl k'.I t -a1t D- radas fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitu 1 ad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que repu n de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda pe sona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas mu icipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o armas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Supremade Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece:" Al presentar su escrito de demanda a la Corté Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará, además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carqa Magna. Además, sería un.contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez, aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto ele su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial / de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: "MARCIAL JOSE CONGO VILLAMAYOR C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCION S/ que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa" (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción constitucional. Bs As, Ediar, 1 º Ed. 1987, pág. 154). -- Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una isipac 'n redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consi racione que anteceden, la pretendida consulta debe l r Con lo que se certifico, quedando a Cesar M. Diese Junghanns Ministró'c':sJ.

Minitro 1eda Víctor Rws Min1s r Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional RES IU EL V E: Ita Const tucional elevada por el Juzgado de Primera 1 terina del Quinto Turno, por improcedente. --- --

ANOTAR y re istrar. ,/ Cesar M. DieI Junghanns Ministro CSJ.