ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "BERNARDO CANO LEDEZMA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 1. 'o ..s-hia í d de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ve,int-idf)co días 1ErffOla Corte Suprema de Justicia, los Excmos. , Señores Ministros de la, Sala ' m_ht tHeional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CESAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "BERNARDO CANO LEDEZMA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30/01/2004, Y LEY Nº 4252/2010 QUE MODIFICA EL ART. 9º", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Bernardo Cano Ledezma, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado con relación al Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De teiorme y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público" y contra el art. 3 del Decreto Nº 1579/2004; igualmente me permito agregar las siguientes consideraciones.
En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según sedesprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentra/izado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del P er Público. La dictadura está fuera p ley".
Todas estas características tienen importe htes derivaciones en los institutos que ere la misma Constitución, en sus atribucio es y deberes, en su finalidad y modo e Como supra, los tres deres el Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen e mismo rang¡ el equilibrio' ente ellos se da a travé/ 10si:ema rde frenos , s Ojeda . Víctor Cesar M. Oiesel Ministr CSJ, contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ningunode ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la kw regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" ( el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtual del Principio de Reserva de la ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley la cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "BERNARDO CANO LEDEZMA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA ?. ;2 po'f s echo el derecho constitucional de todo paraguayo " .. , a ocupar funciones o fJfJ'/P.jiJg, pú s" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de , , , segurida al" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" 1 ,,...... """" .N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en c-ciA ncia con el Art. 47 inc. 3 de la CN., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C. N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descansó, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar oorn una prestación sustitutiva del . rio que se dejará de percibir por el paso a la p ividad lo que lleva al funcionari a tra r de postergar en lo posible su jubilaci . Ma , la ref rida circunstancia, así c o el tip de trataorgan a este omp j tema e las normas de Seguri ad Social ue icstrJ den amiento jurjdico, . u canso ancia o no por las rmul s considera a: .-,n "er t)ans más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito E n cuanto a la impugnación del art. 3 del Decreto Nº 1579/2004, de lo arriba expuesto no cabe más que concluir en el rechazo de la misma. Pues, habiendo establecido que todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de Ley, la mglamentación del mecanismo establecido por ley para la determinación del monto correspondiente al haber jubilatorio es igualmente, una cuestión privativa de la valoración política y legislativa, por lo que escapa a este ámbito de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta por el 1. El Sr. BERNARDO CANO LEDEZMA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de profesional abogado, en su calidad de funcionario de la Administración Pública específicamente como funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme instrumentales obrantes en autos, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ART!CULOS 39Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL .SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", y contra el Articulo 3 del Decreto Nº 1579/04, conforme se 2. Alega el accionante que presta servicio como funcionario permanente nombrado, y que se halla en situación de ser jubilado obligatoriamente al alcanzar los 65 años de edad.--- 3. Expresa que la normativa impugnada resulta contraria a los Artículos arts. 6, 14, 46, 88, 102 y 103 de la Constitución Nacional, pues vulnera derechos y garantías constitucionales al disponer la jubilación obligatoria, produciéndole un daño patrimonial.- 4. De las instrumentales agregadas a autos, surge que el Sr. Bernardo Cano Ledezma a la fecha de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad contaba con 64 años de edad, y por Resolución Nº 102/95 de fecha 01 de setiembre de 1995 se constata su calidad de funcionario público, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O al Sr. BERNARDO CANO LE DEZMA, quien actualmente cuenta con 68 años de edad según se desprende de la copia autenticada de su Cedula de Identidad Civil; procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno.
Reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ( ... )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.
6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO CORTE SUPREMA DEJUSTIC'IA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "BERNARDO CANO LEDEZMA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 11. OIT (en. especial el 102, de norma rrururna de seguridad social), ateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, tilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en Nuestra Constitución en su Artículo 103.-"DEL REGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato constitucional.
Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo La Constitución obliga al Estado a promove políticas que tiendan al pleno e leo (Artículo 87) y consagra el derecho de tod pa guayo a ocupar funcionJs y empl os públicos (Artículo 101 ), en un régi unit rme dentro de los límites e 1lablecidos or la AF-tí-o 102). La norma at cada, al limitar I edad para el acceso f los benefici s Jubilatorios)stá intentando al nzar punto e e 1 e lo derechos : Cesar M. Diesel Jung anns Ministro CSJ, Martíne Julio c. pavn Ab9sccretano da R 'os OJe Víctor i pr. M,ínistro ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de 13. Analizada la impugnación del Art. 3 del Decreto Reglamentario Nº 1579/04 reglamentario de la Ley Nº 2345/03, advierto que esta norma regula el cálculo de la jubilación obligatoria y teniendo en cuenta que esta disposición era reglamentaria del art. 9 de la Ley Nº 2345/03 y al ser modificado el mentado art. 9 por el art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O, el Decreto Reglamentario perdió efecto, por tanto es inoficioso su estudio.-- 14. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad. Levantar la medida cautelar dispuesta en El señor BERNARDO CANO LEDEZMA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBIL/DAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOF?. PÚBLICO", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", y contra el Art. 3 del Decreto Nº 1579/04, Reglamentario de la Ley Nº 2345/03", alegando la De los argumentos expuestos por el accionante se extrae que el mismo cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que el recurrente reviste la calidad de funcionario público y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando sus servicios al Estado. Funda la presente acción en los Arts. 6, 14, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución La disposición impugnada dispone cuanto sigue: El Art. 1 de la Ley 4252/1 O: "Art. 9º. El aportante que complete 62 (sesenta y dos) añas de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de ' Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación a pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tenorén derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha efe la promulgación de la presente Ley.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: "BERNARDO CANO LEDEZMA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003, Y EL ART. 3º DEL DECRETO PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 0 :t¡'i!ltllb .. ee e se retiren de fa función pública sin reunir los requisitos para acceder a una ef_uf-Jictf5'Íí, c,s pelando a /os derechos que IEotorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE .,-;, ;,- LA CU -;; CION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE ".. : .B7f .. ,2-,-ON Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº f626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de /os empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.
La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la CN. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con 1atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
Por último, en relación a la impugnación contra el Art. 3 del Decreto Nº 1579/04, siendo este artículo reglamentario del Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, corresponde las mismas En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor BERNARDO CANO LEDEZMA. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada por Al. Nº 1758 de fecha 30 de noví m e de certifico, Cesar M. Diesel Jungh nns Mlni9WGSJ, Gustavo E. S1n::n er Dans 1eda Víctor ios Dr- ,. ,stro SENTENCIA NÚMERO: 1-17A Asunción, de de 2.024.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor BERNARDO CANO LEDEZMA, de conformidad a lo establecido en el exordio de la ORDENAR el levantamiento de la 'édida d Suspensión de efectos, dispuesta-sor el r y notificar.--- - Ces¡;¡r M. msel -Junghan s Ante mí: Gustavo E. S ntan - . Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro