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Acuerdo y Sentencia N° 739/2024

22 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL: "NORMAN JAVIER MARIA STANLEY ZARZA C/ ACEROS DEL PY S.A. S/ REGULACIÓN DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES AÑO: 2020 N° 292" AÑO: 2020 N° 2258

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.ti CONSULTA CONSTITUCIONAL: "NORMAN ORTE ,/'. . JAVIER MARIA STANLEY ZARZA C/ ACEROS lJP ..... ac,, i r DEL PY S.A SI REGULACION DE HONORARIOS DEJU ICJA.- : ci'-' ;," XTRAJUDICIALES AÑO: 2020 Nº 292" AÑO: 2022 Acukoo NTI; Í"NúMERO: C,e,Í--wo.J-0'.> re,; 41 rweJe. En la Ciudad de AsuI0n, Capital de la República del Paraguay, a los viz.,,n I aj días del mes de de la Corte Suprema de J sticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR DIES L JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO . SANTANDER DANS, ante í, el Secretario autorízante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA NSTITUCIONAL: "NORMAN JAVIER MARIA STANLEY ZARZA CI ACEROS L PY S.A SI REGULACION DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES AÑO: 2020 Nº 292" , a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala de la Capital.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicad o el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VÍCTOR RÍOS OJEDA, CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: Por A.I. Nº 546 de fecha 12 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos" NORMAN JAVIER MARIA STANLEY ZARZA CI ACEROS DEL PY S.A SI REGULACION DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES " a la 2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 29 de la ley 2421/04, disposición que el mencionado órgano colegiado estima aplicable al caso de Hegulación de Honorarios arriba referido.

3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Supreme de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

4. En primer lugar, 1 or a de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del C digo Procesal Civil, que facu a la el vación de los autos a la Corte a los efectos previst s e el Artículo 200 de la Con titución, e refiere, en realidad, a la Constitución dictada n el a o 1967 que a la fe . a se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar qu el prop o artículo 200 d la o stitución e 1967 tampoco hacía referencia a la vía de I consul a piando ú rea 11 e r cción y excepción de inconstituciomalidad. s decir, "el artí ufo 1 ciso a) ce une remi 'on a una Constitución derogada que en u propio canten do de c nace istencia qe la ía que motiva la rem , gar.' 1 C r M. e...-1 ,nghanns . ño 1.967, encontramos por primera vez regulfCJCl tte fotm-aaQiilfil 'lfíl)WJe amen e en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue "LMi:r!ílgt[i'(!J),;erl{JCl(${.¿i1;/ii:ia decla r la inconstítucionalidad de /as leyes y la inap/icabilidad de los diso1iciones Al derogarse la Constitución de 1967, el mencionado art. 18 inc. a) del CPC quedó automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático que no ha validado estas dos normas (Constitución de 1967 y art. 18 inc. a) del 5. El Articulo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

6. En cuanto a la administración de justicia, el Articulo 247 de nuestras magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "2 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicia/''3.

7. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional4 - cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna).

8. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma sub constitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución".5 9. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y ,3n fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.

El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Coite Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicho Corte. El incidente no suspenderá el Juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencieOrtiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional -la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1) Recuperado a partir de https / /revistacientifica. u americana. ed u. py/i ndex. php/revistaj u rid icaua/article/view/ 171 Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas.- 3 Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay - "No es una consulta que el juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sornetimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución clel conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007) Cuestiones constitucionales (p.86) Asunción: Litocolor S.R.L.

Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad La "Constitución Convencionalizada. Néstor Pedro Sagües Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014. .ri CONSULTA CONSTITUCIONAL: "NORMAN --;--:, - JAVIER MARIA STANLEY ZARZA C/ ACEROS 1J :lVLM. DEL PY S.A S/ REGULACION DE HONORARIOS DE JU ": IC-,? cJ , XTRAJUDICIALES AÑO: 2020 Nº 292" AÑO: 2022 compartida . en .- ste -ca nP.<ffi ,Coe Suprema de Justicia con los demás órganos 1 O. Puntual -" e, f specto de sta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma con 7 1'::,.,' <ifs. _rinios: 'el do fa /ex superior, al declarar que la Constitución es la ley suprema de la epública: y el principio de jerarquía", al establecer el orden de prelación de los instrume tos normativos, que lleva la consecuenc.ia de que la norma más débil cede ante la norm más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de /ex superior''7 11. El principio de s remacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en ba a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evita contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por /fil. República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la enea ada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 12. Pablo Villalba Bernié,ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad'. 9 13. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. .para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta. "10 14. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un to normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías onstitu ionales: deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Con titución los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificads por el P raguay, es decir, todos los jueces y todas las juez e la República . eje er los con roles deconstitucionalidad y convencionalidad de t'.s le s.

Con ellos satis ac iqualment el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, q e, con clarid d y, e p imer tér no, expresa: "Toda sentencia judicial debe estafunda a en esta e nstitu i , ... ". -- ¡ - 15. n con ec en , ante la falta de normas que estipulen la vía de co I sulta co o . anism de ontr deco 1 ucion ad y en atención a las fac des inte pretativa y de a licaci n u cue an todos los j eces de la Repú lj zada o C ( M. c':5, unghanns , r Ríos Ojedci . !IHl'lltrl'J GSH: Dr- Victo i ¡¡tro Algun s probl as consti cionales. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental Editora. 2011. Pág. 4'1- n La int rpretació Literal en el Derecho Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. Pág. 85.

Amaya, LA (2014) La Juri dicción Constitucional. Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya. Pág. 88 Villalba Bernie, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, 2014, Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá, 2019. Pág. 75. el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Capital, debe ser rechazada por A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHIANNS dijo: Mediante A.I. Nº 546 de fecha 12 de agosto de 2022 (fs.13/14), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Excelentísima Corte de Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 2fl de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que la Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.

Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.lCpara la viabilidad de este planteamiento.

Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que, al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos".

No obstante, en este expediente ya se ha dictado providencia "Autos para resolver" (fs.5).

Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar considerar el El Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante a demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.

. CONSULTA CONSTITUCIONAL: "NORMAN Yip . MA' 0 JAVIER MARIA STANLEY ZARZA C/ ACEROS . EL PY S.A S/ REGULACION DE HONORARIOS DE U tflCIA L 1U1jXTRAJUDICIALES AÑO: 200 Nº 292" AÑO: 2022 -. te. y 'ntseCottnltl i Queda modificala Ley Nº 137618f 'Arencet de Abogados y Procuradores", conforme a Considero quecua do.lasnormas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 4 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten aiscnmineciones. El Estado removerá los obstáculos impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se esta ezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como . factores discriminatorios ino igualitarios". Asimisino, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los hab sentee de la Repúbtice: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los o stáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".

De tal garantía constit cional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguaf' (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).

En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la -disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional ele la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida.

Según Gregario Badeni " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debeofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y . circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional.

En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador quesanciona la ley, sino también ante todo acto normativo . (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante inistración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) : ... (Zarini, Helio Juan, obra " echo Las pre edente citas do rinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de qu la garantía de ig aldad te ley d e ser observada también por el Estado y sus ntes en su relación con1 s partic solo en el ámbito administrativo, sino también n el ám ito jurisdiccional. Centrar men a lo dicho, la norma legal cuestionada propi ia un tr to privilegiado a avor d E do y e __peFj.ukio de los abogados que intervienen e - J

.lrcc:eesalh.:.:i:-' - se I u ng nn Ministro Mlniitro aJ'. , o 1eda Víctor RWS J)r, M,nistro . or. los. fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la mconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución.

A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos En reiterados fallos esta magistratura ha venido sosteniendo la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos su existencia.

Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 CN donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 CN, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional.

En efecto, el articulo 259 CN, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 CN, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, Impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará, además, la norma, derecho, exención garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

.CONSULTA CONSTITUCIONAL: "NORMAN OPR:RETE 3 º. º.fo:;':JAVIER MARIA STANLEY ZARZA C/ ACEROS V ,,,..' "- i> DEL py S.A SI REGULACION DE HONORARIOS DE Jl.JS ")1 I>: o ºXTRAJUDICIALES AÑO: 2020 Nº 292" AÑO: 2022 En concre;delks 0consitucionales transiptas precedentemente nsue que la Sala Cot1tucrt11 1 - e la Corte ,Suprema de Just1c1a tenga como deber y atr1buc10 entender las conltas reitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia esta limitada a conocer yresol er la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la - arta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese context , estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y n encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura res u Ita absoluta ente inexistente. ..: Los Jueces de cualq ier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposici nes constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia .. de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada Inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control ele convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes . Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... ,n j control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez, aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia.! El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso- no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función.

Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad,. debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción Ratificamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, .. inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un préjuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser 1 act, firmndo SS.E., todo por ante mí, fe que Guta1o L SantandJ Ministro Asunción, 1,¿ de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la la Constitucional ES U EL V E: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro y Comercial, Quinta Sal ANOTAR y registr Constitu ional elevada por Tribunal de Apelación en Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro