ACCIÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DELIA MARLENE BENITEZ DE GONZALEZ Y MARCOS GONZALEZ ALMADA EN LOS AlUTOS CARATULADOS: "FINANCIERA RIO S.A. C/ :OELIA MARLENE BENITEZ DE GONZALEZ Y OTROS S/ ACCIÓN PREPARA TO RIA DE JUICIO t Yan e Cotn5 . . TA La acción e inconstitucionalidad presentada por los señores Delia Marlene Benítez de González y Ma cos Golez Almada, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, contra la S.D. Nº 18'3-/42..0J,8!9 , c;!e-fía 18 de mayo del 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comerciafdél nmer Turno de la Circunscripción Judicial de ltapúa, con sede en la ciudad de Encarnación, y contra el A.!. 0 33/20/03, de fecha 28 de febrero del 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y
CONSIDERANDO
Que, se promueve la presente acción constitucional contra las resoluciones arriba mencionadas, por las cuales en Primera Instancia se resolvió no hacer lugar, con costas, la excepción de inhabilidad de título opuesta por la parte demandada y llevar adelante la ejecución. Y en el Tribunal de Alzada se resolvió, declarar operada la caducidad en esa instancia y devolver los autos al juzgado de origen.
Que, se agravia la parte accionante manifestando que las resoluciones impugnadas son arbitrarias e inconstitucionales, pues a su criterio, son producto de aplicaciones e interpretaciones de la voluntad caprichosa de los juzgadores y no se encuentran respaldadas en la ley y la doctrina. En ese sentido, alega que los juzgadores se apartaron de las normas aplicables al caso, realizando interpretaciones violatorias al precepto legal que regula el instituto de la caducidad recursiva y sobre las formas de presentación de los documentos base de una demanda, así como de los endosos de los títulos de créditos entre personas jurídicas. Señala puntualmente la conculcación de las disposiciones contenidas en los artículos 16, 17 numerales 3) y 9) y 13 7 de la Constitución Que, el .artículo 557 del C. P. C. dispone: "Requisitos de lademanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, asi como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringia'o,fundado en términos claros y concretos su petición.
El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la Que, el artículo 12 de la Ley N2 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia Que, para la procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad, el contenido del escrito en el que se plantea, debe abarcar una pormenorizada crítica de los fundamentos en que se apoyaron los Juzgadores para llegar a las conclusiones que originan los agravios. E este sentido, la parte impugnante debe indicar la lesión concreta en forma clara, desarrollada de manera que se mita identificar la existencia de una vulneración de Dr Ví, Oieda . Vlctor RIDS ' pr. Ministro Constitucional son excepcionales, de interpretación restrictiva y no equivalen a una instancia ordinaria de revisión de decisiones judiciales o tercera instancia como se pretende en autos.
Que, por lo demás, para la procedencia del control de constitucionalidad se requiere que el decisorio atacado tenga carácter definitivo o cause agravio irreparable y se hayan agotado las instancias ordinarias.
Tratándose de juicio ejecutivo, la parte accionante cuenta con la vía procesal ordinaria -en su caso- para el restablecimiento de los derechos que considere lesionados (A1t. 4 71 del C. P. C.).
Que, en estas condiciones, y al no haberse dado cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas 1. Adhiero al sentido del voto esgrimido por los distinguidos colegas de Sala, únicamente, con base a 2. La parte interesada no ha dado un efectivo cumplimiento al requisito del art. 557 del C.P.C., que refiere al deber de fundamentación en forma clara y, sobre todo, concreta. En efecto, si bien se hace alusión a artículos constitucionales supuestamente conculcados, 1, 9, 16, 109, 131, 132, 137, 247, 256, 259 y 260, sin embargo, no se hace mención al perjuicio concreto que la decisión cuestionada le causa, ni cómo o por qué se violaron esos artículos. Básicamente, hay ausencia de un interés jurídico específico o determinado.
3. Teniendo en consideración que los requisitos de admisibilidad deben cumplirse de forma concurrente, corresponde el rechazo sin sustanciación de la presente acción. Es mi voto.
Adhiero al voto del Ministro preopinante, Dr. César Diesel Junghanns, por cuanto considero que la presente acción debe ser rechazada in limine, permitiéndome agregar cuanto sigue:
Antes de analizar el escrito promociona! en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales para la admisión de esta acción, es importante señalar que la accionante no ha agotado los recursos ordinarios para En efecto, conforme surge del escrito presentado por los Sres. Delia Marlene Benítez de González y Marcos González Almada, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado (fs. 7/12), se promueve la acción contra la S.D. Nº 183/2018/01 del 18 de mayo de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Encarnación, Primer Turno y el A. l. Nº 33/20/03 del 28 de febrero de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial de ltapúa, Tercera Sala. -- La resolución de primera instancia desestimó la excepción de inhabilidad de título opuesta y ordenó llevar adelante la ejecución seguida por Financiera Rio S.A. contra los hoy accionantes. Recurrida que fuere dicha sentencia, en segunda instancia, el Tribunal de Apelación, a través del auto hoy impugnado, declaró operada la caducidad de la instancia recursiva. Ambas resoluciones fueron impugnadas de inconstitucionales Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el A.l. Nº 33/20/03 del 28 de febrero de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación, es una resolución originaria de dicha instancia que causa gravamen irreparable, pues produjo la terminación de la instancia recursiva contra la sentencia por un medio anormal, ya que lo normal sería que esta termine con la correspondiente sentencia revisora de aquella de primera instancia.
Al tratarse de una resolución originaria de segunda instancia, los hoy accionantes tenían disponible, contra dicha resolución, el recurso de apelación ante la. Sala Civil y Comercial de la Co11e Suprema de Justicia, de conformidad a cuanto manda el art. 403 in fine del C.P.C. Por consiguiente, los accionantes podían echar mano de los recursos de nulidad y apelación contra el interlocutorio para revertir la decisión dictada en la No obstante, estos no han interpuesto recurso alguno contra el interlocutorio hoy tildado de inconstitucional. En. consecuencia, por este motivo puntual y, sin siquiera entrar a analizar los demás requisitos establecidos 'en la ley para la admisión de la acción, considero que no se ha acreditado el agotamiento de los recursos ordinarios que exige el art. 561 del C.P.C. para que se habilite la vía de la acción de En consecuencia, los accionantes no han habilitado la posibilidad de promover la acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones hoy impugnadas, habida cuenta que -se reitera- recién agotados los En igual sentido, cabe señalar que el juicio ordinario contemplado en el art. 4 71 del C.P.C. constituye un juicio independiente al juicio ejecutivo en el que no se revisa la regularidad o validez de las resoluciones emanadas en este -que ya pasaron en autoridad de cosa juzgada formal-, sino la causa de la obligación que funge de sustento al título base del juicio ejecutivo. Por ende, no puede imponerse a la parte que se dice afectada por una resolución inconstitucional que deba primeramente transitar el engorroso proceso ordinario para habilitar la vía constitucional contra la sentencia del juicio ejecutivo, pues este juicio no se trata de un recurso ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DELIA MARLENE BENITEZ DE GONZALEZ Y MARCOS GONZALEZ ALMADA EN LOS Al[JTOS CARATULADOS: "FINANCIERA RIO , , S.A. C/ :DELIA MARLENE BENITEZ DE GONZALEZ o Y OTROS S/ ACCIÓN PREPARA TO RIA DE JUICIO ordinario contra oha sen J2,vl 1 ? 0 F!Secuenit:ia, una vez agotados los recursos ordinarios contra la sentencia, ella puede ser impí ,pjldpor I vía constitucional en el plazo previsto en el art. 557 del C.P.C.
En virtud de ijó?l_o1 encionado al no haberse dado cumplimiento a lo exigido por el a11. 561 del C.P.C., pues no se agota l.¡ i - L1e' ur.aos ordinarios contra las resoluciones impugnadas, procede el rechazo in limine de la acción de inconsti ucionalidad promovida, tal y como lo ha entendido el Ministro preopinante. ---
POR TANTO, la
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por presentados a los recurrentes en ' rácter invocado y por constituido su domicilio en el 0 RD EN AR la agregación de las instrumentales presenta RECHAZAR "in limine" la acción de inconstitucionalidad pre ntada por los señores Delia Marlene Benítez de González y Marcos González Alrnada, por sus propios derechos bajo patrocinio de abogado, contra la S.D. Nº 183/2018/01, de fecha 18 de mayo del 2018, dictada por el Juzga de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de ltapúa, con se en la ciudad de Encarnación, y contra el A.I. Nº 33/20/03, de fecha 28 de febrero del 2020rdiistado por el Tribui 1 de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Circunscripció Judicial de ltapúa, por los funda entos ex os en el exordio de la presente resolución.
ANOTAR Ante mí: D Víctor Rios 1e Ministro