ACCIÓN DE PROMOVIDA INCONSTITUCIONALIDAD POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DELA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. N143 DE FECHA Je (d;,::;:: CX) sunción, Capital de la República del P 9rguay 1 a ls ;;¡rico días el mes de ' v,.Q,n11 brdel año dos mil v.e.,v'), C.<.ICA -tf'o , estando en la Sala de , rse "i"' a Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala .............. -.1.Ll-1 nal, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1º Y 2DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA 20/02/2019, ART. 1º DEL DECRETO Nº 1368 DE FECHA fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad deducida por los Señores Santiago Miguel Avalos Benítez, María Alejandra Bracho Moreno, Cynthia Beatriz Ramírez Romero, Luciano Alberto Flecha, Antonio Oviedo Fretes, Fernando Ariel Benítez, María Cristina Samudio de Benítez, Maribel Dorninquez, Oiga Beatriz lnsfrán Benítez, Marciana Aliendre Peña, Hernán Alipio Pagliaro Cuevas, Alcides Ojeda Ojeda, Washington Arce López, Osear Rubén Sánchez Díaz, Ysmael Ruiz Díaz Vera, Rosa ldilia Pineda Bóveda, Alfredo David Cano González, Silvio Alcides Doldán Parodi, Mario Steven Barreto Ocampos, Mario Luis Ortiz Montanía, Camila Maria Paz Zimmerliz Escobar y Luis Victoriano Martínez por derecho propio y bajo Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Los señores Santiago Miguel Avalos Benítez, María Alejandra Bracho Moreno, Cynthia Beatriz Ramírez Romero, Luciano Alberto Flecha, Antonio Oviedo. Fretes, Fernando Ariel Benítez, María Cristina Samudio de Benítez, Maribel Domínguez, Oiga Beatriz lnsfrán Benítez, Marciana Aliendre Peña, Hernán Alipio Pagliaro Cuevas, Alcides Ojeda Ojeda, Washington Arce López, Osear Rubén Sánchez Díaz, Ysmael Ruiz Díaz Vera, Rosa ldilia Pineda Bóveda, Alfredo David Cano González, Silvio Alcides Doldán Parodi, Mario Steven Barreto Ocampos, Mario Luí Or Montanía, Camila María Paz Zimmerliz Escobar y Luis Victoriano Martínez, f ncionan s de la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connaci nale , por sus propios derechos y bajo pa ocini del abogado o César'Coronel, pr mue Acción d lnconstitucionalidad contra os artíc los 1º y 2e la Resolu'cj M.H. Nº 130 de cha 20 febrero 019; artículo 1 del Dec eta ustavo E. Santander Dans Ministro 1 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. Nº143 DE FECHA ..
Nº 1368 de fecha 28 de febrero de 2019, y contra los artículos 1 º y 2de la Resolución M.H. Refieren que las disposiciones impugnadas por medio de esta acción, infringen las disposiciones contenidas en los artículos 3, 6, 9, 46, 47, 86, 88, 92, 94, 102, 137 y 138 de la Consta en autos copias de las documentaciones que acreditan la legitimación de los En primer lugar, y sin entrar a analizar la cuestión de fondo, considero conveniente traer a colación ciertas circunstancias relevantes a los efectos de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad. En efecto, la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" en su artículo 19, párrafo primero, expresa: "Vigencia del Presupuesto General de la Nación. El Ejercicio Financiero o Ejercicio Fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año". La presente acción se plantea en contra de disposiciones regulatorias del Presupuesto General de la Nación del año 2019 como lo es el Decreto Nº 1368/19, y las Resoluciones Nº 130 y Nº 143 de fechas 20 y 28 de febrero de 2019 respectivamente, dictadas por el Ministerio de Hacienda, las disposiciones atacadas forman parte de un cuerpo normativo de vigencia temporal cual es de un año, como lo es el Presupuesto General de la Nación correspondiente al ejercicio fiscal para el año 2019, transcurrido dicho plazo y conforme a lo que acuerda la ley, por medio de los canales competentes, éste perderá su vigencia, al ser derogada automáticamente por un nueva normativa contenedora del plan presupuestario a aplicarse durante el ejercicio fiscal Por otra parte, debemos señalar que a la fecha dictarse el presente fallo, el Presupuesto General de Gastos para el año 2019 ha sido plena e innegablemente ejecutado en su totalidad, por lo que el agravio sustentado por los recurrentes carece del requisito de Esta Sala ha mantenido en anteriores fallos, el criterio de que resulta relevante a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma que el "agravio sea contemporáneo, tanto al momento de la impugnación como de su resolución. En el caso de autos si bien la reacción del Accionante condice temporalmente con el agravio, no surge idéntico extremo en relación a la resolución del "thema decidendum," tenemos entonces que la normativa cuya nulidad pretenden, ha dejado de afectarles al ser excluida del Ante tales extremos, el caso sometido a consideración de esta Sala, no surge como controversia!, sino meramente abstracto y la eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma, no tendrá más efecto que al solo beneficio de la ley. Concluyendo que a la vista de esta Sala, al momento de fallar sobre la demanda, no existiría un interés jurídicamente tutelado en peligro de sufrir una vulneración, ni mucho menos principios ni garantías de rango constitucional conculcados, ya que por un lado, la Ley para el Ejercicio Fiscal, año 2019 ha sido íntegramente ejecutado en el campo temporal, y por otro extremo, a la fecha rige en materia presupuestaria una nueva disposición la cual no forma parte del presente proceso, lo que a su vez indica que las disposiciones contra la que se plantea la presente Por los motivos expuestos precedentemente, y ante la inexistencia de un agravio actual, considero que cualquier pronunciamiento de esta Corte sobre la cuestión de fondo se ACCIÓN DE PROMOVIDA INCONSTITUCIONALIDAD POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. Nº143 DE FECHA ,, - Q)¿ '-º"1En ecuencia, visto el dictamen del Ministerio Público, y en atención a las ,..,., dipsick legales citadas y concordantes, voto por no hacer lugar a la presente acción de A su turno, el Doctor VICTOR RIOS OJEDA, dijo: Los señores SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS (individualizados en el escrito inicial de la acción), por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueven acción de constitucionalidad, en su calidad de funcionarios públicos, contra el Artículo 1 del Decreto Nº 1368 de fecha 28 de febrero de 2019 dictado por el Poder Ejecutivo "Por el cual se encomienda al Ministerio de Hacienda a establecer procedimientos transitorios para la liquidación y pago de salario a funcionarios de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), afectados por las modificaciones en el Anexo de Personal del PGN 2019"; contra la Resolución M.H. Nº 143 de fecha 28 de febrero de 2019 dictada por el Ministerio de Hacienda "Por la cual se dispone el procedimiento de liquidación y pago de salario a funcionarios que han tenido supresiones, modificaciones o aumentos de cargos, categorías y asignaciones en las líneas del Anexo de Personal del PGN 2019; contra la Resolución M.H. Nº 130 de fecha 20 de febrero de 2019 dictada por el Ministerio de Hacienda "Por la cual se instruye a los Organismos y Entidades del Estado (OEE) acciones a seguir en caso de modificaciones o aumentos en las Líneas del Anexo de Personal del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, que 2. - Los accionantes manifiestan que, las normas impugnadas vulneran los Articulas 3, fehacientemente su calidad de funcionarios del Ministerio del Interior, dicen haber sido beneficiados en sus categorías con mejoras en sus respectivas remuneraciones mediante la sanción de la Ley Nº 6258/19 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019". Sostienen que, mediante el dictado de los actos normativos impugnados, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda establecieron procedimientos transitorios de liquidación y pago de salarios, alterando los salarios ya consolidados en la ley PGN 2019 y su Anexo del Personal, ocasionando la ruptura del orden prelativo de las normas 3. - Antes de esgrimir razonamiento alguno sobre el fondo de la cuestión, es oportuno advertir lo siguiente: la Ley de Presupuesto Nº 6258/19 de vigencia temporal, aplicada únicamente al ejercicio fiscal 2019, actualmente perdió vigencia, corriendo con la misma suerte el Decreto Nº 1368/2019 del 28/02/2019 dictado por el Poder Ejecutivo, así como las Resoluciones Nº 130 del 20/02/2019 y Nº 143 del 28/02/2019 dictadas por el Ministerio de Hacienda que fueran atacados de inconstitucional en estos autos. Sin embargo, opino que las disposiciones impugnadas al disponer procedimientos transitorios para la liquidación y pago de beneficios económicos en favor del trabajador inferiores a los acordados por la "Ley" y su Anexo de Personal, causa un perjuicio a los afectados, atentando contra un de las condiciones esenciales de la relación I que es el "salario". Ante esta situacié n, m veo obligado a intervenir e iniciar el es dio d I caso, considerando la protecció subjeti a e Ministro 1eda t». M.in'lst,o ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. Nºl43 DE FECHA 4.- Esta es razón suficiente para proceder al estudio de la presente acción de inconstitucionalidad, más aun considerando que en el caso particular se encuentra involucrado el derecho al trabajo, un derecho fundamental, de raigambre constitucional, inseparable e inherente de la dignidad humana, y esencial para la realización de otros derechos humanos. Al estar íntimamente relacionado con la dignidad humana se constituye en valor fundante del Estado Social de Derecho. En nuestra Constitución es deber del Estado proteger el trabajo en todas sus formas (Art. 86 C.N.) y promover políticas que tiendan al pleno empleo (Art. 87), pues toda persona tiene derecho a trabajar para vivir con 5.- No cabe en el caso particular una solución con razonamiento superficial, agotado en la vigencia temporal de la ley de presupuesto, de su anexo de personal y de las disposiciones impugnadas, cuando la incoherencia de las normas inferiores con relación a lo dispuesto por la ley sigue surtiendo sus efectos en el marco de una relación laboral.
6.- Es oportuno mencionar la posición que ha tomado el Tribunal Constitucional de la República del Perú, en varios de sus fallos, pronunciándose sobre la constitucionalidad de disposiciones normativas derogadas o carentes de vigencia cuando estas continúan desplegando sus efectos (sentencias emitidas en los Expedientes 0004-2004-PUUTC, 7. - Dicho esto, y en la necesidad de esclarecer los agravios manifestados por los accionantes, procederé al estudio de la presente acción de inconstitucionalidad en los 8. - La comunidad laboral tiene un carácter dinámico, fundado en las prerrogativas de la Autoridad administrativa consistentes en la potestad de cambio (ius variandi) que existe en toda relación laboral, mediante la cual se faculta al patrono a modificar ciertos aspectos de la relación de trabajo como una consecuencia lógica de su poder de dirección. Pero esa potestad no es absoluta. Para que su ejercicio sea licito no debe alterar las condiciones sustanciales de la relación laboral (plan de carrera, carga horaria, régimen legal, remuneración, tipo de seguro social, entre otros), en perjuicio del trabajador, pues sería calificado de abusivo y por ende arbitrario. Las condiciones pueden ser modificadas siempre que sean realizadas dentro de los límites legales y fundadas en una "verdadera necesidad que justifique el cambio, con miras a una mejor organización en las dependencias administrativas, en beneficio del servicio y el interés público. Este poder de cambio es una potestad reconocida a la Administración en su faceta de empleador para variar en forma unilateral las condiciones secundarias, no las condiciones "esenciales" o sustanciales de la 9. - Dentro de la potestad de cambio se encuentra la facultad de modificar las asignaciones salariales del servidor público, situación dada en el caso de estudio. Tal modificación la podemos observar al cotejar las liquidaciones salariales agregadas a estos autos por los accionantes. Cabe entonces analizar si en el ejercicio de la potestad de cambio de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE.LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA s;--,1ºJW ........ Resolución Nº 130 de fecha 20 de febrero de 2019 dictada por el Ministerio de Hacienda, se dispuso la suspensión de la liquidación y pago de salarios. Por Decreto Nº 1368 de fecha 28 de febrero de 2019, dictado por el Poder Ejecutivo, se encomendó al Ministerio de Hacienda a establecer procedimientos transitorios para la liquidación y pago de salario a funcionarios que han tenido supresiones, modificaciones o aumentos en cargos, categorías y asignaciones en las líneas del Anexo de Personal del PGN 2019. Esto motivó al Ministerio de Hacienda a dictar la Resolución M.H. Nº 143 de fecha 28 de febrero de 2019, con el objetivo de cumplir el eitado decreto. Para el efecto, dispuso procedimientos de liquidación y pago de salario a los funcionarios afectados, estableciendo criterios que ajustan tal liquidación y pago HASTA LA SUMA PERCIBIDA POR EL FUNCIONARIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. De esta manera, se pretende disminuir los salarios fijados con anterioridad por la Ley de PGN 2019, mediante una vía que no es la legal.
20/02/2019, ART. 1 DEL DECRETO Nº 1368 DE RESOLUCIÓN M.H. N143 DE FECHA 11.- Al respecto, cabe traer a colación lo dispuesto por la Ley especial de la Función Pública Nº 1626/00 que dice: "Artículo 36.- El Presupuesto General de la Nación fijará anualmente en el Anexo del Personal los sueldos correspondientes a cada cargo, la naturaleza del mismo, su categoría y el número de funcionarios presupuestados para cada organismo o entidad del Estado. El Ministerio de Hacienda elaborará su propuesta, previo dictamen de la Secretaría de la Función Pública. No se fijarán sueldos proporcionalmente inferiores al salario mínimo legal establecido por el Poder Ejecutivo para actividades diversas no especificadas de los trabajadores del sector privado, Solamente quienes ejerzan cargos que conlleven la representación legal de la institución en que cumplen sus tareas podrán percibir gastos de representación. Estos funcionarios no percibirán recargos por las horas de trabajo que 12. - De la interpretación letrista de la norma transcripta surge que los sueldos para ser fijados anualmente en el Presupuesto General de la Nación, dentro del Anexo del Personal de los funcionarios, deben s.eguir una serie de trámites según el requerimiento Institucional. En el caso de estudio, la medida impugnada se ha dictado sin el trámite debido, en perjuicio de los afectados y en transgresión de su derecho al debido proceso.
13.- Los actos normativos impugnados no indican las razones de la medida adoptada en una "verdadera necesidad" que la justifique, en beneficio del servicio y el interés público. En el considerando del Decreto impugnado se advierte que a los funcionarios afectados "les fueron asignados cargos y categorías superiores a los que detentaban al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, sin contar con ningún registro documental de que los mismos hayan accedido a dichos cargos por concurso". Es mi opinión que la omisión del concurso público para el a nso es totalmente ajena a la voluntad y respons ilida del funcionario. Es la Administr ción que debe solicitar la realización del concu so públi de oposición en la forma y el ti mpo previstos en la Ley y el Re e to Gener 1 (Resolución SFP Nº 1 0/2012). La Administraeióf no uede atribui la c ga del incu plimto de sus propias bligacion s al . Santander Dans , Oigda V' tov I{WS l . Mí1üst1o ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. Nº143 DE FECHA administrado. Al ser justificada la medida cuestionada en dicha omisión, claramente podemos percibir la transgresión del derecho de defensa de los accionantes.
14.- Así, los criterios en los que se asienta la medida cuestionada carecen de fundamento jurídico, por lo que no existen motivos legítimos para su adopción. La alteración - sin motivación de una de las condiciones esenciales de la relación laboral (el salario) lesiona en perjuicio del servidor público el derecho a su estabilidad laboral.
15.- La ley marco que regula la administración financiera del Estado, y a la cual deben sujetarse las normas que disponen cuestiones presupuestarias, dice: "Artículo 25.
Modificación de las remuneraciones del personal. La creación de nuevos cargos y la modificación de las remuneraciones previstas en el Presupuesto General de la Nación, cualquiera sea su denominación, sólo podrán ser dispuestas por ley" (Ley Nº 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"). El mandato legal torna arbitraria la actuación de la Administración, la que por vía incorrecta (por Decreto y resoluciones) pretende modificar asignaciones salariales previstas con antelación por la Ley de PGN 16.- Es oportuno resaltar que las cuestiones presupuestarias del Estado deben ser tratadas con suma seriedad, por estar involucrado el patrimonio estatal, que es un bien jurídico orientado a satisfacer necesidades colectivas sirviendo a un interés general. Es por ello que cuenta con un "régimen jurídico-especial", enmarcado en la Ley Nº 1535/99, a la que deben ajustarse las normas presupuestarias, y debieron ajustarse los actos normativos impugnados. No siendo así, perjudica inevitablemente al subordinado (trabajador) ante la inexistencia del debido apego a la legalidad, en alta transgresión del principio de legalidad de raíz constitucional, situación repudiada en un Estado Social de Derecho como el nuestro.- 17.- En este caso, no fue cumplido el deber constitucional de proteger el trabajo, apoyado en principios de solidaridad social, igualdad y defensa de la dignidad humana, elementos 18. - Es aceptable la potestad de cambio en la medida que no altere el principio de la realidad. Al respecto, la Corte se ha expedido en los términos siguientes: "El principio de la realidad prima en el ámbito laboral y hace alusión a la necesaria correlación que debe existir entre los hechos y lo pactado entre las partes, otorgando prioridad a los primeros. El principio tiene por función anular aquellas maniobras evasivas que utilice el empleador para eludir el comportamiento de sus deberes y obligaciones" (A y S Nº 121/19). En el caso particular, la alteración de las asignaciones salariales dispuestas por ley ha vulnerado el principio de la realidad, y por ende también el principio protector y de irrenunciabilidad de los derechos laborales de orden constitucional (Art 86 C.N.). Con la aplicación del acto normativo impugnado se ha puesto de manifiesto el uso abusivo de la facultad de cambio, resultando procedente la pretensión de los accionantes tendiente a invalidar sus efectos, correspondiendo en consecuencia la declaración de su inaplicabilidad.--..: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2 DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. Nº143 DE FECHA ,--1,€J'.;.ibe ::--. tar la importancia de proteger el trabajo, pues es un derecho humano esencial ,e jera- onstitucional (Art. 86 C.N.), es a ese nivel de la jerarquía normativa donde se un amentales que han cobrado cada vez mayor relevancia dentro de la rama del Derecho Laboral, que considera al trabajador en su calidad de sujeto más débil de la relación laboral.
Las leyes de contenido laboral se orientan a cumplir la función primaria del derecho constitucional al trabajo que es la de proteger la vida y la salud del trabajador, garantizándole un nivel de vida decoroso. Ello nos indica que no es constitucionalmente licito alterar las condiciones sustanciales de la relación laboral por parte de la Autoridad administrativa, prevaleciéndose de su superior condición económica, social y política.
20.- Es oportuno resaltar que conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional orientados a proteger el trabajo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH-1948), en su Art. 23.1, consagra como derecho humano fundamental el derecho de toda persona al trabajo y a la protección contra el desempleo, siguiendo la misma línea: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH-1948); la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (CIAGS- 1948); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC-1966); Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (DPDS- 1969); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador (PACADH, 1988); Declaración Socio laboral del Mercosur (DSLM 1998).
Los convenios suscriptos por nuestro país como miembro de la OIT, que desde su creación (1919) tiene como mandato la lucha contra el desempleo y la consecución de los objetivos del empleo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 (PIDESC), a través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento, manifestando que "el derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana".--- 21.- En jurisprudencia .reciente la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha expedido sobre el alcance del Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en relación con el derecho al trabajo. En ella la Corte IDH plantea el derecho al trabajo como un derecho autónomo, que genera responsabilidad internacional de los Estados, y que es exigible de manera directa ante el sistema interamericano. Los casos recientes de estudio por ella son: el caso "Lagos del Campo vs. Perú", con Sentencia el 31 de agosto de 2017; el caso "Trabajadores cesanteados de Petroperú y otros vs. Perú" con Sentencia de 23 de noviembre de 2017; el caso "San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela", con Sentencia de 8 de febrero de 2018; el caso "Spoltore vs. Argentina", con Sentencia de 9 de junio de 2020; el caso "Empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús vs Brasil", con Sentencia de 15 de julio de 2020. En estos cincos casos la Corte ID. an iza el alcance de los derechos al debido pro so rt. 8, CADH) y a la tutela judicial fectiv (art.
25, CADH) en el ámbito laboral onsi eró qu el derecho al trabajo incluye la bligació del Estado de g.ar-a-ntz r los dere hos d acceso la justicia y a la tutela judicia efectiva el ámbit i%"1ico y en e ámbito riva de las rel cienes laboral . Recordó qu el artículo XIV Cesar M. Dies Ministro R, 01eda Víctor ros Dr. Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. Nº143 DE FECHA de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre prescribe: "toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación". Con estas sentencias la Corte IDH ha pretendido fortalecer el marco protectorio que ampara a los trabajadores, especialmente en materia de estabilidad laboral, en condiciones equitativas y 22.- Cabe destacar también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que manifiesta que por mandato del Artículo 75 núm. 22 de la Constitución Nacional, las autoridades se encuentran obligadas no sólo a cumplir con los instrumentos internacionales de los que el Estado es parte sino, además, a los análisis (doctrina y jurisprudencia) que de 8:51433 y levan a cabo los órganos internacionales con competencia para ello (Fallos 318:51433 333:230634). Siendo la jurisprudencia de la Corte IDH reglas 23. - La medida cuestionada al disminuir el salario que fuera otorgado con antelación por la Ley PGN 2019, constituye un retroceso en el goce de un derecho ya otorgado con anticipación, vulnerando el "resguardo" de los derechos adquiridos consagrado en la Constitución, qua indefectiblemente debe ser tenida en cuenta por la Administración (Artículo 102). De la misma forma contradice el "principio de progresividad y no regresividad" de los derechos laborales. Este principio impide disminuir una protección ya acordada, invalidando las normas regresivas que niegan derechos otorgados con antelación. En el caso de estudio los actos normativos impugnados son "regresivos". No conservan lo progresivo establecido en la Ley PGN 2019, siendo afectados los derechos laborales de los accionantes por normas posteriores que brindan un "menor" grado de protección al ofrecer condiciones menos favorables en cuanto al salario. Esta situación torna inaplicables las normas impugnadas. Al alterar condiciones salariales fijadas con anterioridad por la ley, resulta inconciliable con la protección y garantía que ya gozaban los accionantes. El derecho del trabajador de "obtener mayores ingresos", previsto en nuestro ordenamiento interno (Articulo 15. Código del Trabajo), se encuentra estrechamente vinculado a derechos humanos y fundamentales consagrados en nuestra Constitución consistentes en el respeto a la dignidad y el acceso a una mejor calidad de vida, exigibles para el desarrollo integral de toda persona. Siendo este derecho inseparable de los "derechos humanos y fundamentales" no puede ser reducido bajo ninguna circunstancia, salvo que la alteración esté fundada en una "verdadera necesidad" que la justifique, con miras a una mejor organización en las dependencias administrativas, en beneficio del servicio y el interés público, lo que no se da en el caso de estudio. Así lo entendió también la Corte Constitucional de Colombia, en jurisprudencia que apoyo: "El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades, que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. N143 DE FECHA operar el derecho, de lo contrario, resultaría vulnerado el Principio de Prohibición de la Arbitrariedad Administrativa, que condena la falta de sustento o fundamento jurídico objetivo de una conducta administrativa y, por consiguiente, la infracción del orden material de los 27. - Como hemos visto, la medida cuestionada implica la afectación de derechos humanos y principios tutelados por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales vinculados a nuestro ordenamiento interno, vulnerando abiertamente el orden prelativo dispuesto por el Artículo 137 de la Constitución, por lo que carece de validez jurídica. Razón suficiente para 28. - En consecuencia, opino que, corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y declarar, respecto de los accionantes, la inaplicabilidad del Decreto No 1368/2019 de fecha 28 de febrero de 2019 dictado por el Poder Ejecutivo; de las resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda: Resolución M.H. Nº 143 de fecha 28 de febrero de 2019 y Resolución M.H. Nº 130 de fecha 20 de febrero de 2019.
Asimismo, corresponde levantar la medida de suspensión de los efectos dictada en el A.I. Nº A su turno, el DOCTOR GUSTAVO SANTANDER DANNS, manifesta que se adhieren al voto del ministro preopinante DOCTOR CÉSAR DIESEL JUNGH 1 NS, or los .. Con lo e se ctipor terminad . e efirmando SS.EE.i' tdo por/ante mí, d que certifico, edando acjda la sente era q e 1nmed1atame ,gue.
Ante mí: Cesar M. Diesel Ju Ministro CSJ. ustavo E. Santander Dans Ministro ACCIÓN DE PROMOVIDA INCONSTITUCIONALIDAD POR SANTIAGO MIGUEL AVALOS BENITEZ Y OTROS C/ART. 1Y 2º DE LA RESOLUCIÓN M.H. Nº 130 DE FECHA RESOLUCIÓN M.H. N143 DE FECHA SENTENCIA NÚMERO: A 13 " t's'-NO - R LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los señores S:. -S.,ao,ti.é(l.g :"' guel Avalos Benítez, María Alejandra Bracho Moreno, Cynthia Beatriz RafJlité:r,; omero, Luciano Alberto Flecha, Antonio Oviedo Fretes, Fernando Ariel Benítez, María Cristina Samudio de Benítez, Maribel Domínguez, Oiga Beatriz lnsfrán Benítez, Marciana Aliendre Peña, Hernán Alipio Pagliaro Cuevas, Alcides Ojeda Ojeda, Washington Arce López, Osear Rubén Sánchez Díaz, Ysmael Ruiz Díaz Vera, Rosa ldilia Pineda Bóveda, Alfredo David Cano González, Silvio Alcides Doldán Parodi, Mario Steven Barreto Ocampos, Mario Luis Ortiz Montanía, Camila Maria Paz Zimmerliz Escobar y Luis Victoriano Martínez, por o 1csa.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
Gustavo E. Santander Dans Ministr0 Ante mí: