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Acuerdo y Sentencia N° 631/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO C/ ART. 1° DELA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3°, 9° Y 10° DE LA LEY Nº 2345/2003" AÑO: 2019 Nº: 1177.-

Antecedente ART. 1° DELA LEY Nº 4252/2010

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO C/ ART. 1 DELA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL 'I) 1, ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 5e-6G<nf; -1-re,¡,h,_ '/ "00 ... a Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dá:) días del cuérdosda Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala 1Wf{í.al, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO S rA"NDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO C/ ART.1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3º, 9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/2003", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En Fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, de acuerdo con las consideraciones que siguen.

En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003, concretamente a lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, ndivi ual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura stá fue de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en I sm t" utos que crea misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalida y mod de funcio am) nto.-

Como se mencionó supra los.tsss.ooderes del Esta o (Ejec tivo, Legi latjéo y Ju cial) tienen el mismo rango ilibrio entr ellos se da través e un si em1 a de fren s y Gustavo E. Satander Dansc M esar . 1ese Minisi:ro Ministro J. l --1--"7liJJr. Victo» Rios Ojeda 'liniGtro contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por - la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

::. Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., la formación y sanción de las leyes, (Art. 203 C.N) el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

o L"' CORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ,- --,.,.REMA PROMOVIDA POR ARNALDO BENJAMIN ,¡,.-'' ICIA FELICIANO ALDAMA CABALLERO C/ ART. DE -.s 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ":'í:::iÍa?, , como modo de terminació:Ñd:: :1 ::;;dica entre el Estado y el fL;1,0C1mar10 publico, lejos de ser un castigo o arbitrariedad. es un instituto que encuentra su ,f?undame!lto principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de .traOonstitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las pe(sonas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo acción intentada, así como el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A. I º 2349 de f 29 de Minisro -3 Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro 1. Se presenta ante esta Sala, el Sr. ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA ..

CABALLERO por derecho propio y bajo patrocinio de profesional abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA r . CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en su calidad de funcionario de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la 2. Alega el accionante que, el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/201 O impugnada de inconstitucionalidad por vía de la acción, vulnera los artículos 46,47,86,88, 103, 132 y 137 todos 3. Se constata a fojas seis (6) de autos, que por Decreto Nº 841 O de fecha 22 de enero de 1991, se nombra al Sr. Arnaldo Benjamín Aldama Caballero, como funcionario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo que se verifica su calidad de funcionario público. Y a través de la Cedula de Identidad, glosada a fojas (7) surge que el accionante cuenta con 4. Examinadas las documentaciones adjuntadas al escrito de promoción y considerando que el accionante, a la fecha de emitir este voto, cuenta con 68 años de edad, es decir, es pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/201 O que establece "LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESION DE JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS POR LA CAJA FISCAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES", razón por la cual procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:

5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social d! Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7 .- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO C/ ART.

1 DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL -mismlotorgl-,ó, 'zón P?r 1cual: esta oe puede satisface_r la retensión ?el accionate, v, ues - e hacerl. estarla invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido 1tit io.lñ1ente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder 13. Por las consideraciones que antecede, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad intentada por Arnaldo Benjamín Feliciano Aldama Caballero; consecuentemente corresponde el levantamiento de la medida de suspensión decretada en A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 29/06/23 y procedo a emitir mi voto en fecha EI Sr. ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO, promueve Acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTS. 3, 9º Y 1 O DE LA LEY 2.345/03 "DE LA REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL - SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO".

Obra en autos la constancia que el accionante reviste la calidad de Personal Médico del Hospital Nacional dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienes ocial.

EI recurrente sostiene que las disposiciones objetadas ulnera los Arts. 14, 46,47,86,88,103 y 137 de la Constitución Nacional, ello bli arlo a j bile on las consecuencias negativas que acarrearían sobre su persona fami a y econo ía¡

En relación a la dispo ión cuestionada en autos, con idero e en el a o particu r no existe actualmente onstituc1 al que recaig sobre u pers na debido a que Gustavo E. Sa:-1tander Dans MinisLrO 5 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro mediante la vigencia de la Ley Nº 6302/2019 "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES PARA» PROFESIONALES MEDICOS" y la Ley Nº 6522//2020 "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES - PARA PROFESIONALES MÉDICOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE) Y EMPRESAS PÚBLICAS", el derecho positivo puso en vigencia una norma distinta que rige ..

a las personas situadas en la misma categoría del accionante. Cabe recordar que la Sala Constitucional requiere en sus pronunciamientos la existencia de un agravio constitucional actual respecto a las personas que se consideren afectadas, por lo que el pronunciamiento al respecto del ajuste o no de una norma a la supremacía o jerarquía constitucionales producido en abstracto no res u Ita necesario. :. . Por las consideraciones hechas precedentemente, conforme al Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada por el A.I Nº 2349 del 29 de Ministro CSJ.

Asunción, 1- de Dr. Víctor Rlos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor ARNALDO BENJAMIN FELICIANO ALDAMA CABALLERO, por derecho propio bajo patrocinio de Abogado, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro