ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA C/ ART. 9DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 A UER Y SENTENCIA NÚMERO: 'S'e,; bc.i .t2,,,.J(6 OJa l'e,'"'-¡ e;5 ,,.:, ..b..la-Ciui[de sunción, Capital de la República dI Paraguay, a los dos días def mes c;j)0 l I o del año dos mil v .e.(1 c,,ua. ro , estando en la Sala de s 'e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala s itucional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y .GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30/01/2004, Y LA LEY Nº4252/2010, QUE MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por José Domingo Paredes Barbaza Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte. Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada, el Doctor .DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores ya me he pronunciado al respecto, en cuanto al rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la. Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, de acuerdo con las En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciami to constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artí ulo 1 fine a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitari , in ible y escentrali o que adopta para su gobierno la democracia representativa, part. cipati y plur. lista, fundada el reconocimiento de la di 'dad hu n el mismo c ntexto el artí ulo 3 dispone: "El Gusta o E. "r--;rDa Cesar M. Diesel J Ministro gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.
238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL r REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 ... .. considerar 'e.;tjusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que ,::.- la;.. misma c.:, a contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconit, alidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
sl' ;r " r ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede sin incurrir en aitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)
y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho n ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro .tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho ál trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los va mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la tune)' ública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatal , mi tras que, or el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta e delant de su der cho al descanso, con el disfrute del peri" , r jubilatorio I pecial p oiección c mo GL;stavo E. "ri':;1j(;r Dans' 7] Cesar M. DieselMinistro persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Con relación a la impugnación del Decreto Nº 1579/2004, específicamente su Art. 3º - por el cual se establece el cálculo de la jubilación obligatoria- de la lectura del escrito de promoción es dable mencionar que el actor no expresa los fundamentos de la supuesta inconstitucionalidad; por lo cual, no es atendible esta acción respecto de dicha normativa.
Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.
1.- Se presenta el señor José Domingo Paredes Barbaza bajo patrocinio de abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 425211 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 39, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO" en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", y contra el art. 3 del Decreto 2. - Alega el accionante que se encuentran vulnerados los artículos 6, 14, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: que afectan las normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasar a la INACTIVIDAD LABORAL por la sola razón de tener 65 años de edad, vulnera el derecho de continuar trabajando de una persona pues el mismo se está desempeñando como funcionario permanente del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
3.- De las instrumentales agregadas en autos, surge que a la fecha, el accionante cuenta con sesenta y nueve años de edad, lo cual, actualmente es pasible de una inminente aplicación de la ley 4252/1 O, atendiendo que es funcionario de la mencionada institución por lo cual procederé al estudio de esta acción en base a los siguientes términos:
4.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho 5. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 .,,. "" nuestro país1i' innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, , -enhe''lo¡:JJpodemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Déclar:_a.Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO s; ílifiEf!!JSI, - CIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los cóh enios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social) el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un 6.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta. y cinco) años de edad, la 7. - Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este 8. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fijá una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnad a de vio lato ria de I mandato con stitu cio na 1.
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la 10.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos público (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.
11.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la Administración Pública.
12.- Con relación a la impugnación del art. 3 del Decreto Nº 1579/2004 no se observa que el accionante exprese los motivos por los cuales la normativa citada es contraria a preceptos constitucionales, por lo cual no puede ser atendido respecto a este extremo.- 13.- Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad y ordenar el levantamiento de la medida de suspensión A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 24 / 04 / 23 y procedo a emitir mi voto en JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA. por derecho propio, bajo patrocinio de Abogado promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O que modifica el Art. 9º de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones del Sector Público" y el Art. 3º del decreto del Poder Ejecutivo Nº 1579//04, específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003.
EI impugnante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones Consta en autos copia de la documentación que acredita que el recurrente reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública, de la Justicia Electoral. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que la misma hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº 2345/03.
EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA C/ ART. 9º DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER 01 EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA MODF. EL ART. 9º POR EL CUAL REGLAMENTA DICHA LEY. AÑO: 2018 .,, porcentuales por cada año de 'servicio adicional hasta un tope de/. 100(cíen por ciento).
.. CúmplídQ-- 1. s 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos. los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.
La ley garantizará la actualización de los haberes jubila torios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En relación al Art. 3del Decreto del Poder Ejecutivo el cual contempla el cálculo para la determinación de la jubilación obligatoria, cabe señalar el accionante no fundamenta la supuesta inconstitucionalidad de la norma impugnada, por el cual no corresponde el estudio En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Sr. JOSÉ DOMINGO PAREDES BARBOZA En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 271 de Con lo que se dio por termin do e acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordad 1 . diatamente sigue:
Ante mí: Asunción, 2,- de / Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por José Domingo Paredes Barbaza, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dispuesta por el ar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. 1ecla Víctor _Rios vr. . . tro M1nis