ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR RIOS LAGOS S.A. C/ ART. 1º DE LA LEY 4333/2011 "QUE MODIF. EL ART. 1 DE LA LEY Nº 2018/02". AÑO: ,,'Ü'UER_D I Y SENTENCIA NÚMERO: " '-i..-'En la Cudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dodías e I GoKl:/Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, s, 1 o.ato Jg-CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, ante mí, el Secretario autorizante, :;e trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR RIOS LAGOS S.A. C/ ART.
1º DE LA LEY 4333/2011 "QUE MODIF. EL ART. 1 DE LA LEY Nº 2018/02", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Abg. Stefanía García Moroz, en nombre y Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, JIMENEZ ROLÓN y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, dijo: En el caso en cuestión, hemos de abocarnos a verificar si la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Constitucional.
Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la liberad de concurrencia y a la libre circulación de productos. Dice "Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad Se garantiza la competencia en el merceoo. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penaf'.
"Artículo 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÚN DE PRODUCTOS. s bien s de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera intn cid s legalm nte, c larán Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 1 marco de igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su preferencia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejando ver que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de los vehículos restringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la actividad lícita de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores.
Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación Cabe señalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido " ... introducidos legalmente". Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros.
Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del Por último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. En otras palabras, escapa a las atribuciones y a la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o efectividad de las leyes, o que las políticas que implanten o ejecuten sean mejores o peores.
Debemos, en el marco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución Nacional, es decir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por la Constitución En ese contexto y por tales razones, concluyo que la norma impugnada de inconstitucionalidad, el Artículo 1 º de la LBy Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1 º de la Ley Nº4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto la acción debe ser rechazada, .ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR RIOS LAGOS S.A. C/ "'y- .. EJTICIA IEL AR. 1 DE LA LEY Nº 2018/02". AÑO: dJ '-.M(i;ijtro - : sar Diésel Junghanns y me permito agregar brevemente las siguientes .aesente acción de inconstitucionalidad fue promovida por la Abogada Stefanía García Moroz, en nombre y representación de la firma Ríos Largos S.A., contra el art. 1 º de la Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 'Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados', modificada por la La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que se introduzcan al país por importación: 1 O años.
Desde ya, debo decir que considero que la reglamentación a la importación de automotores usados de cierta antigüedad eis constitucional. Esto es lo que he venido sosteniendo de manera invariable al juzgar la constitucionalidad de esta norma -vide: Acuerdo y Sentencia Nº 774 de fecha 17 de setiembre de 2019, y Acuerdo y Sentencia Nº 331 de fecha El derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licitud, al garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República.
La Constitución consagra la libertad económica, siempre y cuando las actividades comerciales Esta libertad no es absoluta. La imposición de una regulación al comercio, en sí misma y por sí sola, no deviene inconstitucional. El ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitaciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar general, etc. Un sinnúmero de leyes y reglamentos existen en este sentido en nuestro derecho, e incluso se establecen prohibiciones absolutas vinculadas a la actividad comercial, como el caso de bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restringidas y condicionadas -productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, Es el rol natural del Congreso tener la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Poder Legislativo pueda dictar leyes que afecten el comercio o, pueda legislar en base a un interés general.
La determinación legislativa de restringir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad responde a un objetivo estatal: la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la prot cc,, n ambiental . Víctor Rios Ojeda Ministro Entonces esta regulación se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las extemalidades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una acción que produce un efecto E1n otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una extemalidad. Esta extemalidad es una falla del mercado y podría dar lugar a una intervencion del Estado .. El gobierno puede imponer multas, puede subsidiar los gastos para reducir las extemalidades negativas, puede hacer una reglamentación para atenuar las extemalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o puede intentar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de ocasionar extemalidades negativas . El Estado en lugar de imponer sanciones por la contaminación o de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento de reducir las externalidades neqstives. Han establecido niveles de emisión para los automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar" (SOLA, Juan Vicente. 2009. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 111. Primera Edición. Buenos Aires: La Ley. pp. 475/480).
La limitación no puede verse como desproporciona! o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad La distinción del legislador ni es arbitraria, ni concede privilegios a cierto grupo de personas en detrimento de otros. La única clasificación que hace la norma es respecto del producto importado y ésta es una distinción objetiva. No recae en un grupo determinado de personas, por tanto, no podemos hablar ni por asomo de una discriminación, en los términos Se colige así que la elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antigüedad del vehículo- no viola el principio de razonabilidad. La medida legislativa tomada en la Ley 4333/11 es, por tanto, razonable, adecuada y proporcionada para preservar el ambiente y la salud En conclusión, la restricción del art. 1 º de la Ley 4333/11 es constitucional. Por todas las consideraciones que anteceden, la presente acción de inconstitucionalidad debe ser 1.- La abogada, en nombre y representación de la firma RIOS LAGOS S.A., promueve acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN 2.- La accionante alega la vulneración de los Artículos 46, 47, 86, 107, 108 y 137 de la Constitución. Y funda: su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con más de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías constitucionales.
ei"'º L,o CORTE f1UPREMA "-"' DEJSTICIA 3.-"los efectost:le arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de ormas 0,consJ- , ionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto normativo hf 1º,- Modificase el Artículo 1º de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS. Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03 cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: "Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen "(subrayado es mío).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR RIOS LAGOS S.A. C/ ART.1º DE LA LEY 4333/2011 "QUE MODIF.
EL ART. 1 DE LA LEY Nº 2018/02". AÑO: 5.- En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
6.- Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de evitar los abusos que el individualismo económico provoca. Distorsionada la igualdad de condiciones -supuesto constitucional de la igualdad ante la ley por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de hecho o comercializaciones compulsivas en beneficio del interés general". (Vide: QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho 7.- Por otro lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en buenas condiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es la opción que tienen los 8. - La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para que no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al comprador 9.- Una realidad palpable nos indica que desde hace varios años miles de automóviles descartados, desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como consecuencia de fenómenos atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus país e origen (v.gr.
los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), come zar a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del paí , c n los efect pro ios que índices demostrados, Asunción tiene un 80de nivel seguro de contaminación, un poco más que Tokio (70) y menos que Taipéi (90), a pesar de existir una Ley de Calidad de Aire (5.211/14) que garantiza el control de emisión ele contaminantes. Los factores que coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias toxicas para el organismo.
Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos. En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cuales 63.582 tienen más de 10 años ( ... ) la Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aumento del parque automotor influyó en el incremento de índices de polución. En el 201 O había un total de 872.126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Cada uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El promedio de nuestro parque automotor 11. - De lo dicho hasta aquí, entiendo que la medida impugnada se encuentra ajustada al mandato constitucional que obliga al Estado a preservar el ambiente, como objetivo prioritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condicionado la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado. Cabe resaltar que un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludable" ha adquirido rango 12. - No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho la salud y la vida, reconocidos constitucionalmente como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda norma que integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuestiones estas observadas en el contenido de la 13. - Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la salud y 14.- Al respecto, la "Declaración Universal ele Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y 15- La Organización Mundial de la Salud se pronunció el 22 de setiembre de 2021 sobre datos y cifras relacionados a la "Contaminación del aire ambiente (exterior)". Dijo que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo: Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto como a corto plazo".Así mismo, exigió que la salud debe ser la máxima prioridad de los 16- Por lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde rechazar ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR RIOS LAGOS S.A. C/ ART. 1º DE LA LEY 4333/2011 "QUE MODIF.
EL ART. 1 DE LA LEY º 018/02". AÑO: í, de que Ministro CSJ. Dr. Víctor Rlos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: (í,qq. Asunción, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
t Diese Junghanns Ministro CSJ, Dr. Víctor Rlos Ojeda Ministro