ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS GENERALES EN LOS AUTOS CARATULADOS: "DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS C/ EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS GENERALES S/ EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS", Año
CONSIDERANDO
Que, la parte accionante sostiene que las citadas resoluciones fueron dictadas en abierta transgresión a las disposiciones contenidas en los artículos 16, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Afirma que, los fallos impugnados denotan arbitrariedad, por distorsionar el orden de supremacía de las leyes y por la interpretación errónea y falaz de las normas aplicables al caso, en detrimento del debido proceso y la defensa enjuicio. Alega que, los juzgadores decidieron considerar a las pólizas en cuestión como títulos de crédito al estudiar las excepciones de falsedad de título y de inhabilidad de título, sin embargo, posterior a ello, interpretaron las pólizas como contratos al estudiar el plazo para la prescripción y al interpretar las cláusulas de la póliza, a fin de eximir a la Dirección Nacional de Aduanas del cumplimiento de sus obligaciones previas.
El Art. 557 del C.P.C. dispone: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
El Art. 12 de la Ley Nº 60911995 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo, sentencia La Acordada Nº 979 de fecha 4 de agosto de 2015, establece en su artículo 2"Disponer que tanto el trámite como el rechazo in limine de las acciones de inconstítucionalidad serán suscriptos por los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo su opinión en cada caso en particular". - Analizado el escrito de presentación de la acción se constata que la parte accionante ha indicado concretamente el agravio, como también ha citado las normas que se consideran vulneradas, exponiendo con . claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad y librar el oficio correspondiente, de conformidad con el artículo 558 del C.P.C.
A su turno, el Ministro Alberto J. Martínez Simón manifiesta que se adhiere al voto del Mini cómputo inicia a partir de la fecha de la última actuación que tuviere por objeto impulsar el procedimiento, ex De las constancias obrantes de autos y del informe del Actuario obrante a f. 61, se observa que, esta acción fue planteada en fecha 23 de agosto de 2018, según cargo obrante f. 41. Posteriormente, en las fechas 23 de octubre de 2020 (f. 4 7); 27 de diciembre de 2021 (f. 51 ); 24 de agosto de 2022 (f .55) 16 de febrero de accionante formuló urgimiento de pronto de despacho de la admisión de la acción.
Ahora bien, desde el planteamiento de la demanda en fecha 23 de agosto de 2018, no hubo otro acto procesal idóneo para impulsar el procedimiento, sino hasta el urgimiento de fecha 23 de octubre de 2020. De tal modo, al realizar los cómputos pertinentes, se tiene que, en consideración al plazo previsto en el citado artículo 172 del Código Procesal Civil, la perención operó el 23 de marzo de 2019.
Aquí, vale recordar que las actuaciones practicadas con posterioridad al cumplimiento del plazo de perención, no pueden purgar los efectos de la caducidad ya operada, según el Artículo 174 infine del Código Por su parte, las actuaciones realizadas para la integración de esta Sala son inocuas para interrumpir o suspender el transcurso del plazo de la perención de la instancia, puesto que no constituyen impulso procesal.- En conclusión, y dado que no cualquier resolución pendiente puede dar lugar a la inaplicabilidad del instituto de la perención, no hay otra alternativa posible que declarar oficiosamente la caducidad de la instancia en estos autos. Esta es la postura asumida - invariablemente- por este Magistrado en casos análogos (ex plurimis: Sala Constitucional, Auto Interlocutorio Nº 1868 de fecha 06 de noviembre de 2020).
De esta manera, ya no es necesario el análisis de los requisitos formales de admisibilidad previstos en
POR TANTO, la
CORTE SUPREMA DE .JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
TENER por reconocida la personería del recurrente en el carácter invocado y por constituido su DAR TRÁMITE a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abg. Carlos A. Fernández, en repres ntación de EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS GENERALES, contra la S.D. Nº 949, del 2 octubre del 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno, de apital, y contra el Acuerdo y Sentencia Nº 71, de fecha 02 de agosto del 2018, dictado por el Tribunal de Ap ación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la Capital; por los fundamentos expuestos en LIBRAR oficio, or Secretaría, al Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, de la dispuest art.e._s y jueves e cada sem 1a de conformi Dr. Víctor l?íos Ojeda Minbro