. ., .:e, AC4ERDO Y SEt-,!TiECIA NÚMERO: 1€:,soJ "'¿ ie.Ta ... ta <OCJ70 'o ,1En, la., ¡i1t.1c;lad 1 e As,unciq: ;, . Capital 'de 1vi iepúb,lica : del araªY.:.ª l_ofJ . ,. ," ,¡ J1adel mes de ) 1I ano dos rnil,-v .9, ticia, q -kmos. Sbñores Ministtós de la Sala Constitucidnal, Doctores 'l. NÜEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO JIM ROLON, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIO RAMON VELAZQUEZ EGUSQUIZA C/ EL PRIMER PARRAFO DEL ART. 1 º DE LA LEY Nº 4333/2011 QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA LEY 2.018/02; MODF. POR LA LEY Nº 2153/03, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los Abogados Ricardo Rojas y Armindo Torres, en nombre y representación del Señor Porfirio Ramón Velázquez Egusquizala.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
11 ¡; i 1 ACCIÓ: DE INCONSTIT¡CIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIO RAMON VELAZQUEZ EGUSQUIZA C/ 1 : EL PRIMER PARRAFO DEL ART. 1º DE LA LEY Nº 4333/2011 QUE MODIFICA EL RT. 1 DE LA LA LEY' Nº A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: Se presentan el Abg. Ricardo Ramón Rojas Gómez y el Abg. Armindo Torres Torres en representante del Señor Porfirio Ramón Velázquez Egusquizaa promover la impugnación de inconstitucionalidad, por vía de la acción, en contra del art. 1 de la Ley Nº4333 de fecha 24 de mayo de 2011 "QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA LEYNº2018/2002 QUÉ AUTORIZA LA LIBRE IMPORTANCIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS".
NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO" y la Ley N1034/83 "DEL COMERCIANTE"y sus , Podrán ser importados, los ventculos deportivos 'cteecoe de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad superior a diez años contados a partir del año de su fabricación, debiendo ser certificados, a ese .efecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, como vehículos antiguos de colección de circulación restringida a ocesiones especiales, conforme a las normas vigentes.
Los mismos estarán sujetos a medides y controles técnicos vehicuteres, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº3850 del 15 de ootubre-oe 2009 ':QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZAC!,ÓN DE LA ... INSPECCIÓt:J TÉCNICA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN o RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL DE RODADOS EN TOQO.E;L TERRITORIO NACIPNAL.-,-;-:--;- Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que ecredite, (é!
inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de trasferencia de vehículos usados, cualquiera sea su tiempo, de uso.
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A los efectos de lo dispuesto en. la primera parte, del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser. importado, y .que vaya .més allá de las restricciones vinculadas al sistema de aire ; acondicionado, que no podr,á , utilf z,f;lr, Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del autovehículo estará ubicada o reubicada. en elledo izquierdo del mismo".
En primer término cabe distinguir que, en realidad la Ley que dispone la restricción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de suredacción dispuesta en la No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser verificar si la determinación. por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la liberad de concurrencia y a la libre circulación de "Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona .tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la, creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán "Artículo 1108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PR 1ODUCOS . Los bienes de producción o ¡ t¡abricación. nacional, y los de procedenoie extrenjert: introducidos legalmente, cirqularán libremente dentro dettertitotio de la República".
Señalemos, inicialmente, que se garantiza que toda 'persona puéda: Dedicarse a lp actividad qe su libre preferencia, a condición que pép lícita y que seencuadre dentro de un !arco de igualdad de oportunidades. El Actor dice 9edicarse a la actividad de siu preferencia, la cual es indudablemente lícita: .el comercio de automotores maquinarias, dejando .ver que dicha adividad ha: Sf circunscribe exdupivamente a la .impoación de los, rh'ículos restrigidor 1n.rrna imp?rtada.
Surgclaram! te que la libertad' de d1carse a la act1v1dd lIcIta¡ d'.9µ leccIon, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un maco. d 1e igualdad de oportnida?es,! rotamos que ella tampoco e'strestringida, ues la' nór117a (qu,dice le agravia) nge ! a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente,¡: como representante;' distribuidor o comerciante I sin régimen establecido cqn los proveedores. Tampoco se nota qu1 la norma irnpuqnada sea propiciadora dla creación de Monopolios, ya que, como se, ha se;ñalado, es de aplicación genffal y no especial a un gfupo de personas, ySea ngtiamente en ACCIÓN DE INCONSTIT CIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIO RAMON /4; 1 nz VELAZQUEZ EGUSQUIZA C/ j EL PRlER "' .. PARRAFO DEL ART. 1 º DE, LA LEY Nº /:-ff . 4333/2011 QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA t' ,: ' o :, os,iiJn;iente' eh tJor ¡ e 'él las, creando unk situacid de 0--, .. desiguI1 T op'ortn!ddes y restricqipn Ir la :cor:netencia, Disti1 to: sería¡ si la Cabe señalar: que ¡ cuando 'la Gbnstltución impone la, libre !circulació de probuctoenacionales' o' extránjeros. 'en Juantb aestos: Icondicio a a que ayan sido " ... iritroducidos 'legalmente". Se nota claramente la rerrusion !la "ley" tomo instrumento normativo dictado por el Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia .. De allí que, por imperio de la misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros. Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del Estado de su rol establecido por la misma Constitución.--- En relación a la vulneración al Art. 179 de la Constitución Nacional.: a la que alude el actor, ella es inexistente, pues la norma impugnada en la acción no es de Por último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través dé sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la ConvenciónNacional Constituyente. En otras palabras, escapa a las atribuciones y a la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o efectividad de las leyes, o que las políticas que implanten o ejecuten sean mejores o peores. Debemos, en el marco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos a, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Consti ución Nacional, es decir, que hayan sido dictadas por Órganos con compete cía, co respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y n ese c texto y por tales razones, concluyo que la norma impugnada de inco sti cionalid d, el Artículo 1 º de la Ley Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMP R ACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE C STR CIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1 º de la Ley º4 3 011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto la acción debe ser u",e, t rio s turno, el Doctor RIOS OJEDA, dijo: 1'. Los AbogadosRicardo Ramón ajas Gom z y Armindo Torres Torres en representación del Sr. PORFIRIO RAMON V LAZQU EGUSQUI promuevenacción de inconstitucionalidad contra el A ículo 1 d la Ley . 433 /11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1DE . 0 2018/02 "Q E TORI LA .LIBRE IMPORTACIÓN DE V IGULO . El acci nante eg , vulneraéic n de los Artículos 47 INC. 4, 107, 108 tnne la Consti cíe Nacional. Y . unda su acción manifestan o, entre o as Ministro CSJ.
Ministro :/vfrmsi,o cosas, que la prohibición de. importar vehículos con más de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías - 3. A los efectos de arribar a una solución razonada de.la existencia no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traera colación lo dispuesto por . 4. "Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1de .. la Ley Nº ,2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente. forma: "Art. 1 º.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, .con una antigüedad mayor a diez años, cortados a partir del-a;ño .d, 1 u 'fabricacin hasta la, de su despacho.en el lugar de oriqen'tsubrayado es.rnto ).- 5. En mi opinión la norma, transcripta es razonable, 'conslderando .. que I Estado tiene el legítimo derecho de reqular las políticas en 'esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas. de funcionamiento, procedimientos, adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad. de elegir .en el 6. Gon respecto.al menoscabo que supuestamente. sufrir.ían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los .bienes y servicios de su elección, quebrantando. con ello la libertad de concurrencia, destac,ada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de evitar los abusos que el individualismo económico provoca.
Distorsionada la igualdad de condiciones -supuesto constitucional de la igualdad ante la ley- por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de .hecho o comercializaciones compulsivas en beneficio del interés general". (Vide: QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de.Derecho 7. Por otro lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que .lléqa a la sociedad, y éste, en buenas condiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un vehículo 8. La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya se hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para que no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al comprador y no se sature al país con vehículos 9. Una realidad palpable nos indica que desde hace varios años, miles de automóviles descartados, desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como consecuencia de fenómenos atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus países de origen (v.gr. los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), comenzaron a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del país, con los efectos propios que acarea la obsolescencia 10. En su edición del 16 de noviembre de 2019, el diario La Nación, publicó datos sobre la "Contaminación del Aire - Porcentaje sobre el nivel seguro", diciendo lo siguiente: "Según los índices demostrados, Asunción tiene un 80de nivel,seguro de contaminación; -un poco más que Tokyo (70) y menos que Tai'péi (90), ,? pesar de existir una Ley de Calidad de Aire (5.211114) que garantizael control de emisión de contaminantes. Los factores que coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden éstas sustancias tóxicas para el organismo. . Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos.
En el 2018 se importaron 71. 820 vehículos usados, de los cuales 63. 582 tienen más de 10 eños-i. .. .) la-Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aumento del ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALlpAD 1 PROMOVIDA POR PORFIRIO RAMON ,71VELAZQUEZ EGUSQUIZA C/ EL PRIMER /o,PARRAFO DEL ART. 1º DE LA LEY: Nº '/ ?, 4333/2011 QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA J. qtªLftom CDinfuyó en el incremento de índices de ,olución. E17 1 el 2010 Rabía un fatal¡ dff 8 .-126 ventcilto«, en tente que en el 2019 la cifra llegó a 2.¡363.499. 1t;ada p-01 de1ed motores'. emite polución y cuanto más antiguo ,sea, mayor es el ni'el. El 1nuesto Pfque ,,automt?,T, ef de 118 ,años". dvii? I meial 11., De I.o dicho hasta' aquí, entierido que la medida impugnada se encuentra ajustada , mandat61 constituciónal que 1 obliga a, Estado a preservar el amb:i1 6nte, como objetivo prioritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condicionado la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado.
Cabe resaltar que un ambiente saludable, ecologicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludable" ha adquirido rango constitucional.
12.No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la salud y la vida, reconocidos constitucionalmente como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda norma que integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuestiones estas observadas en el contenido de la norma atacada.
13.Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la-salud y el bienestar social se encuentran en 14. Al respecto, la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 15. La Organización Mundial de la Salud se pronunció el 22 de setiembre de 2021 sobre . a s y cifras relacionados ala "Contaminación del aire ambiente (exterior)".Dijo ue la contaminación del aire representa un importante riesgo medioam iental p ra la salud, tanto en los países desarrollados como en los países sar olla: "C nto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor erá I s lud card ovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo". sí mis o, exiqió que la salud debe ser !a máxima prioridad de los 1 . P lo tanto, en atención a las manifestaciones vertidas, opino que corre po d rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad. Es mi voto.
e! Doctor JIMENEZ ROLON, dijo: Cabe adherir al sentido de la cisic 1 ada por los Ministros que me precedieron, pero por los siguientes SEPRELAD ID 791/12015, para el sector de importación, compra, venta y consignación de vehículos: (iíi) los documentos correspondientes a la solicitud de registro de firma en carácter de importador; y, (iv) la cédula tributaria.-.,.
Como fundamento de su presentación, sostuvo que su mandante se dedica a la actividad comercial de importación de vehículos y que la norma impugnada restringe las disposiciones de los arts. 47, inc. 4, 107, 108, 12. y 137 de la Constitución. En ese sentido, alegó que la ley , impugnada, en beneficio de úna minoría, prohíbe. la importación de vehículos con antiqüedadmayor a 1 O años, lo, que lesiona la libertad de concurrencia, la libre circulación de' productos y. su derecho a dedicarse a una actividad laboral que es completamente licita Explicó que la norma impugnada no.valora parámetros objetivos, como la condición mecánica del vehículo y que pone n situación de desventaja a las personas con menor c 9pc¡1ci9ad adquisitiva, quienes . requieren comprar, vehículos con, más. de , diez .. arios ¡ e antigüedad. Solicitó, en consecuencia, .la declaración de inponstitucionalidad de la ley E I Ministerio Público contestó la vista pertinente en los términos del. Dictamen Nº 668 de fecha 25 de marzo de 2021 '(fs. 5/27). Sñaló que la ley i[lpugr,iada limita injustamente la importación de vehiculos, sin: observar parámetros objetivos. )f, concretos que justifiquen la prohibición de introducirlos al país. Agregó. que en tI sentido, deberían observarse las conciciones mecánicas y no meramente la antigüedad. Por otro lado, expresó que se debe respetar también el derecho del consumidor final, quien debe tener la posibilidad de optar por la oferta más conveniente a. sus intereses. Por todo ello, recomendó hacer lugar a la acción de Ahora bien, ya adentrándonos al estudio del caso concreto, observamos que la norma atacada: de inconstitucional -Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2. 018/02 'Que autoriza la libre import_ación de vehículos, maquinarias agrícolas y mecuinenes de construcción . usados"; mpdificada por la Ley, . º 2.153/03'- dispone: "Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2 .. 153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1º.- Se prohíbe lq. importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor-a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de Como sabemos, el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 137 impone. que todos los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitución. El análisis de ia constitucionalidad de una norma supone siempre un contraste entre las normas constitucionales involucradas y la ley inferior. Por ello, a fin de conocer la conformidad de esta última con la Constitución, es fundamental que el juzgador conozca cómo opera o qué protege el derecho o principio constitucional en cuestión, puesto que una violación -irrazonable o desproporcionada- a un derecho individual podrá producir tal lesión al individuo que tacharía de inconstitucional a la Para facilitar la lectura de este análisis e identificar claramente las cuestiones constitucionales que se plantean en esta acción, conviene caracterizar los En primer lugar, se alegó una violación al principio de igualdad, al argumentar que la limitación normativa hace una distinción arbitraria que beneficia injustamente a otros importadores. Se sostuvo, además, que la ley vulnera el derecho a la libertad de concurrencia, la libre circulación de productos y el derecho de los consumidores a elegir el producto que más convenga a sus intereses dentro del mercado. En segundo lugar, el Ministerio Público hizo alusión a una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, ¡31 decir que la ley no cuenta con parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducir al país vehículos con más de diez años de antigüedad. En ese sentido, criticó el criterio de la antigüedad utilizado por el legislador, e inpicó que el parámetro de restricción debió I haber sido la condición , Antes de pasar a juzgar el cabo concreto, debemos partir de una premisa fundamental y básica: todo derecho es susceptible de limitaciones. Los derechos ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 07-, n . PROMOVIDA POR PORFIRIO RAMON /, J.;J r VELAZQUEZ EGUSQUIZA C/ , EL PRIMER /,,- , PARRAFO DEL ART. 1 º DE , LA LEy; Nº 1 . 4333/2011 QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA ' 'i".v-:fUI" tlamer)ta'Ísli oelas i personas están' sujetos a límites, ya sea1 n ! explícitos o irnpllcito dVer:tir esta Circunstancia no significa ni equivale a descon6cer o derteqar tt ti rás restricc¡ones: legislativas a derechos individuales son admisibles / bajo ciertas GOniciones: fª(>nes de interés: 9ienera!, ordenpúblico, o lgún ;proósito estatal segun las necesidades de cada sccledad democrática. Ese es I estándar.que fue fijado' por la Corte lnterarnericaná , de Derechos Humanos '(vide: OpI inión Consultiva OC-6/86 de fecha 9 de mayo de 1988) y por !os precedentes de la Sala Constitucional de esta Excma. Corte Suprema de Justicia (vide: Acuerdo y Sentencia En el mismo sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean constitucionalmente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realización de otros derechos, bienes o valores constitucionales, respetando al contenido esencial del derecho que se está limitando. Por ello la doctrina ha dicho que el desarrollo legislativo o la determinación de una restricción no expresada en el texto constitucional, pero que deriva implícitamente del derecho de terceros o del bien común general siempre debe seguir ciertos requisitos, entre los cuales se cuenta la cláusula del contenido esencial de derechos y la exigencia de justificación, ya que la facultad . normativa de !as limitaciones de derechos constitucionales no puede ser ejercida de manera arbitraria. (PRIETO SANCHÍS, Luis. 2003. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid. Trotta.
La justificación supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que se requiere la presencia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de razonabilidad, que ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y razonables, nunca caprichosas o arbitrarias. La razonabilidad: "supone la existencia de una política legislativa que pueda ser controlada en cuanto a su proporcionalidad entre el objetivo claramente definido y legítimo, y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Juan Vicente. 2009. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 11. Primera ., . Buenos Aires: La Ley. p. 473). La proporcionalidad supone que el daño o . terioro que se produzca al ejercicio del derecho sea el mínimo en co ns id e r c ión de I fi bu sea do. :.
E to quiere decir que la regulación no debe restringir otros derechos ntales, a nenos que dicha limitación se encuentre autorizada por la onsti u ión, o jus ficada por un objetivo o una finalidad pública, y sea la menos g avos n relació con los derechos limitados. En ese caso, en cumplimiento con el p incípi eprop rcionalidad, los medios empleados deben ser idóneos y adecuados . Te ndo en cuenta !o expuesto, se debe adentrar al estudio del fondo de la económica, siempre y cuando las actividades comerciales y la circulación . de , La tutela constituclónal del comercio se realiza a los efectos de qarantizar la libertad económica de actividades no prohibidas, por tanto, licitas. Y la determinación de cuáles son las actividades económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que el Estado realiza .en uso de su "poder de policía", debe, lógicamente, reglamentarse por normas inferiores. Por eso, la imposición de una limitación, en sí misma y por sí sola, E I ejercicio de la actividad económica se sujeta a reqlas y limitaciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar general, etc. Un sinnúmero de leyes.y reglamentos existenen este sentido en nuestro derecho, e incluso 3e establecen pmhibi.ciones absolutas vine.nadas. a .!a actividad comercial, como el caso de bienes de comercialización o exportación e. importación prohibidas, restringidas y condicionadas -productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, animales vivos, especies protegidas, .etc.
Es natural, que .el Congreso . tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, siqnificarta., dsQor:i(?pr, que el Congreso pueda. dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un.interés Lo que se reprocha no puede ser, entonces, la limitación. al derecho, sino ,gue.
la determinación legislativa de restringir la .irnportación de vehículos con .. más de.diez años de antigüedad es arbitraria y discriminatoria. Y esp nos lleva necesariamente al control de razonabilidad de la ley, y de su conformidad con el principio de igualdad.- En este estadio, cabe indagar si la restricción legal es razonable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo .estatal, y si la medida es apropiada -y proporcional- para la consecución de dicho fin.
La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la. importación, de vehículos usados con más de diez años .de antiqüedad. responde. a un . propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en .el expediente D-0913769, . para identificar I su objetivo (Ver: E I anteproyécto de esta ley propuso originalmente la restricción a la importación de vehículos con más de -cinco anos- de antiqüedad. Luego de todo el trámite legislativo, ei proceso culminó en la sanción de la Ley 4333/1,1, que restringió la importación a vehículos con más de diez años de antigüedad.
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.,--- Si se recurre al documento de iniciativa de esta. propuesta legislativa, el propósito estatal resulta evidente: "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de eños de antigüedad, se 'quier.e otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano .. también Boíivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí sí que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año aaño aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reoucirse todo a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargoes una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de. nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir' la importación de autos usados de no más de diezaños, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años. . Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se traduce en protección a favor de una n1ayoría que carece de autos, pero que debe respirar las emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o ñsicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se les prohíba a los otros que importen vehículos con ACCIÓN DE INCONSTITU,CIONALIDAD PROMOVIDA POR PORFIRIO RAMON VELAZQUEZ EGUSQUIZA C/ , EL PRIMER PARRAFO DEL ART. 1 º DE LA LEY Nº 4333/2011. QUE MODIFICA EL ART. 1 DE LA 1, LEY 2.018/02; MODF. POR LA LEY Nº J S' ílcf!pro'po-)tietráde, dicha restricción legislativa proviene de' li necss1dd de dr rotección rtros derechos, intereses y valores de bien comúh, como, lds de seg u idad, e: tránsito y a dos ciudadanos, la salud pública, el derecho: a un ambiente "ijl 1'-s?'rotección'. ambienta! c0n 1sagrados en los arts. 6,! 7 y 8. pe la - A criterio de este Maqistrado, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reqlarnenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas.
La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las externalidades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una externalidad. Esta externalidad es una falla del mercado y podría dar lugar a una intervención del Estado r . El gobierno puede imponer multas, puede subsidiar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una reglamentación para atenuar las externalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o puede intentar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de ocasionar externalidades negativas . El Estado en lugar de imponer sanciones por la contaminación o de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento de reducir las externa/idades negativas. Han establecido niveles de emisión para los automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de. 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio ambiente, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es adecuada y proporciona! para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reducir la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede verse como desproporciona! o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad desde su fabricación.
Se colige así que la elección de esteremedio y e! criterjo para hacerlo - antigüedad- no viola el principio de razonabilidad. La medida leqislativa tomada en la La norma tampoco viola el principio de igualdad. La distinción del legislador ni es arbitraria, ni concede privilegios á cierto grupo de personas en detrimento de La clasificación que 'hace el leqislador, de prohibir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad, como vimos, cuenta con una justificación objetiva y razonable: preservar el medio ambiente, !a seguridad pública y la salud de La prohibición de importar vehículos con más de diez años de antigüedad se aplica a todos por igual, sin distinción. No se establecen excepciones ni privilegios a favor de otros grupos que se encuentran en iguaies circunstancias. Tampoco se crea un monopolio a favor de representantes oficiales de vehículos nuevos. Si dichos representantes se dedicasen también a la importación de vehículos usados, la norma La única clasificación que hace :a norma es respecto de! producto importado.
Y esto es así porque el legislador consideró que dichos vehícuios, repetimos, presentan un riesgo al ambiente y a la salud pública. Por ende, la misma no puede considerarse discriminatoria en e! sentido de vulnerar un derecho individual, responde, más bien, a una regulación económica que se funda en un objetivo estatal Al no comprobarse la vulneración a un derecho fundamental, la distinción del enioJimin.e.z 9Vlinistro ( Asunción, 1,, de Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
Ante mí: D Víctor Ríos Ojeda Ministro