ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR REINALDO INSAURRALDE BARRIOS C/ ART. 1 DELA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA LOS 11' , Ciudad -e Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los d0 s días del ,.mes de, , e:;) Ji o del año dos mil Q'1¡c,,J,q .ro , estando en la Sala de ó} Acuerdos dla Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala 91r1,sti-ty1TI, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SA:ti"iANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR REINALDO INSAURRALDE BARRIOS C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA LOS ARTS 3º, 9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/2003", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por REINALDO INSAURRALDE BARRIOS por derecho Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En Fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, de acuerdo con las consideraciones que siguen.
Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de istema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del siste , el i perio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales/;Nin o de ell s está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesari interd pendencia a e uncional.
En ese orden, existen ciertas atri cione competencia espec ficas, asi nadas alg la Constitución, en-fol'ÍÍÍá excl iva y exclu nte que, po ello, co stituye su (ona de Ministro 1 vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o, pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., la formación y sanción de las leyes, (Art. 203 C.N) el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 1 O 1 C. N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)
y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR REINALDO INSAURRALDE BARRIOS C/ ART. 1DE LA I.LJ..L i;J/íJ LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA LOS ada la -ti determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la ,, gLridad SoEiaÍ (Art. 95 C.N ) a los efectos de dar paso a la pasividad
Vale alfQ:nfar que, en rlción a los trabajadores de la tercera dad, la Organización lhternaciona él Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad - 8-eJ?fié-ipresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto -t-tksino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada, así como el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A.I Nº 989 de fecha 4 de Gustavo E. Santander Dans l'/linic;trn 3 R, 01eda Dr. Víctor ws Mhü':JfO 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA , DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", conforme se desprende del 2. Alega el accionante que, es funcionario del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, con 47 años de antigüedad en la institución. Refiere que ya ha sido notificado 3. Expresa que el Art. 1 de la Ley Nº 4252/10 resulta contraria los Artículos 46, 47, 86, 88,103 de la Constitución Nacional, pues vulnera derechos y garantías constitucionales al disponer su jubilación obligatoria, produciéndole un daño patrimonial considerable al ..
constreñirle a jubilarse con una suma mucho más exigua de la que actualmente está percibiendo disminuyendo sensiblemente su calidad de vida. Que goza de buena salud para 4. De las instrumentales agregadas a autos, surge que el accionante a la fecha de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad contaba con 67 a los de edad, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O al señor REINALDO INSAURRALDE BARRIOS, según se desprende de la Nota DRH Nº 312/2019 de fecha 12 de setiembre de 2019 y por el cual se le comunica que cumplidos los 65 años de edad, su jubilación obligatoria, procederé al estudio de de esta acción en los siguientes términos:
5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder ctm ,<l CORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ,'' SUPREMA PROMOVIDA POR REINALDO 0STICIA INSAURRALDE BARRIOS C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA LOS "'- , 9. uestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no ? fi'a"'t1 a edad ene . cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros ... para calcular.o que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, meniendo éste la autoridad y competncia exclusiva para cono_cer y avanzar 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa general el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.
11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder 13. Por las consideraciones que antecede, opino que corresponde RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad. Asimismo se debe levantar la suspensión de efectos contra el art. 1 de la Ley 4252/1 O dictada en autos por A. 1 Nº 989 del 04 de setiembre de 2020.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Previo al estudio de la cuestión planteada, es oportuno advertir que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/06/23 por lo que procedo a emitir mi voto en fecha 06/07/23 Dicho esto, pasaré al análisis EI Sr. REINALDO INSAURRALDE BARRIOS promueve Acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/1 O "Que modifica los Arts. 3, 9º y 1 O de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector De los argumentos expuestos por el accionante se extrae que el mismo cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus f cion rios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancia de a tos se e iq,e ia que el recurrente reviste la calidad de funcionario público y que ha r unid I s requisit .s esta ecidos en la norma para adquirir la jubilación._,,SG.stj ne entre otras osas e la nor impugn da le causa daño patrimonial considera é, disminu endo así s calida de vida, uando qu a la Gustavo E. Santander Dans Ministro 5 fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando sus servicios al.
Estado. Funda la presente acción en los Arts. 46, 47, 86,88 y 103 de la Constitución Nacional. El Art. 1 de la Ley 425211 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º .- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete ..
por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria. Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA de la Ley 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubila torios en igualdad de tratamiento dispensado El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Sr. RÉINALDO INSAURRALDE BARRIOS. Ordenar el levantamiento de la medida suspensión de efectos dictada por Al. Nº 989 de fecha 4 de setiembre del 2020. ES MI VOTO.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR REINALDO INSAURRALDE BARRIOS C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODIFICA LOS ante mí, de que Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: o.o Asunción, 2, de ). ul i o de 2.02-4.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor REINALDO INSAURRALDE BARRIOS, por derecho propio bajo patrocinio de Abogada, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.
ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, dispuesta por A.I. Nº 989 de fecha 4 de setiembre del 2020., dictada por esta Sala.
Ante mí: Oans Ces r M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. / n, 01eda Dr. Víctor J{!OS Ministro g SECRETA.RIA G í-l, JU DlC!AL I