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Acuerdo y Sentencia N° 681/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ C/ ART. 9° DE LA LEY 2345/03 (MODIFICADA POR LA LEY 4252/2010) Y REGLAMENTADO POR DECRETO Nº 1579. AÑO: 2019 Nº: 1146.-

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ C/ ART. 9DE LA LEY 2345/03 (MODIFICADA POR LA LEY 4252/201 O) Y REGLAMENTADO POR DECRETO Nº1579. ía "ci9dad-- Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los e.las días dI _mé(g.e -- ,O del año dos mil ve1 "lt-:GJtro, estando en la Sala de Acuerdos - d1a'é;rte -Y..ema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, '0 - . '?SAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO vr,,"'-J..1:1:N-ER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ C/ ART. 9DE LA LEY 2345/03 (MODIFICADA POR LA LEY 4252/2010) Y REGLAMENTADO POR DECRETO N1579", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Jorge Ricardo Buffa Ramírez por derecho propio Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: En fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1define a la República del Paraguay, como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". 1 mism texto, el artículo 3º dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legi /ativo, Ejec tivo y udicial en un sistema de separación equilibrio, coordineci 'n y ecí roca ontrot.

Ninguno de estos poderes atribuirse, i otorgar a ot o i a persona lg na, indi idual o Ministro Cesar M. Diesel Minisu:o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley" Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.

En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente y que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.202 CN, la formación y sanción de las leyes (Art. 203 C.N), el juicio político (Art.225 CN), la designación de sus autoridades y empleados (Art.200 CN), la citación e interpelación (Art.193 CN), el voto de censura (Art. 194 CN); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.

238 CN, tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y de administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de iubilaciones de /os funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de Ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de Ley Nº2345/03, modificado por la Ley Nº4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.

Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del va señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ C/ ART. 9DE LA LEY 2345/03 (MODIFICADA POR LA LEY 4252/201 O) Y REGLAMENTADO POR DECRETO Nº1579.

Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por Ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo. " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 CN) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" " ... el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 CN) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo, en consonancia con el Art. 4 7 lnc. 3 de la CN, así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica ente el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la CN), de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 CN), a los efectos dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (0/T), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad, (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46 ; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos, en el ámbito público, sin embargo, ésta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 CN), responde a criterios objeti .. y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionad ' der hos y"' rincipios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un i trumen d por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades el cceso a función pública (Arts. 47 y 101 CN) y el reca , io a plan a de servidore tras qu , por el Gustavo E. Santander Dans Ministro otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el goce del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la CN). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.

.--- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.

1.- El señor JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ, por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, en su calidad de funcionario permanente de la Honorable Cámara de Diputados, conforme instrumentales obrantes en autos, promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 9º de la Ley Nº 2345/2003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", modificado por el Art. 1 ºdela Ley Nº 4252/201 O, conforme se desprende del escrito inicial de presentación 2. - Alega el accionante que se encuentran vulnerados los artículos 46, 47, 88, 103 y 132 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que la jubilación obligatoria, establecida en la disposición atacada, genera un perjuicio en cuanto al 3. - De las instrumentales agregadas a autos, surge que el accionante -a la fecha-cuenta con la edad de 71 años y, considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O al señor JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ, procederé al estudio de esta acción en los siguientes 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ C/ ART. 9DE LA LEY 2345/03 (MODIFICADA POR LA LEY 4252/201 O) Y REGLAMENTADO POR DECRETO Nº1579.

DEREÓHOONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial eJ ""t2, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad - Sociald'- ercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de SeiUticlid Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7 .- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O, Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria", lo que trae aparejado que 8. - Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder 9.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 10.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

Gu5t avo E. Santander Dans Ministro está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los ue desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder 13. - Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: El señor Jorge Ricardo Buffa Ramírez, promueve Acción de lnconstitucionalidad específicamente contra la parte que modifica el Art.

9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA El accionante manifiesta que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad infringe las disposiciones contenidas en los Arts. 46, 47, 88, 103 y 132 de Se constata a fojas tres (3) de autos, que el accionante reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública, según Resolución Nº 160 de fecha 14 de enero de 2004, por el EI agravio presentado por el accionante se vincula al Art. 1 de la Ley 4252/1 O en la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, pero solo en referencia al porcentaje establecido a los efectos de determinar el monto de los haberes jubilatorios a ser asignados al accionante.- EI marco normativo que fuera impugnado estipula expresamente cuanto sigue: Art. 1 (Art. 9).- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.

Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ CI ART. 9DE LA LEY 2345103 , ., ", (MODIFICADA POR LA LEY 42521201 O) Y ; ,. i '16 6100-"D a, A FUNCIÓN PÚBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por -. cinto) des aportes realizados, ajustados por la variación del índice de Precios al En principio, conforme a las constancias obrantes en autos, y sin entrar a analizar la cuestión de fondo, es oportuno manifestar que a la fecha en que se dicta el presente fallo, se constata la inexistencia de un agravio actual, ya que el funcionario aún mantiene la calidad de funcionario activo, por lo tanto, aún no se le ha aplicado el monto o porcentaje que el Es oportuno hacer constar, que esta Sala ha mantenido en anteriores fallos el criterio acerca de la relevancia que la vulneración constitucional sea actual, al momento de la Por lo tanto, en base a los motivos expuestos precedentemente, y ante la inexistencia de un agravio actual, considero que cualquier pronunciamiento de esta Corte sobre la cuestión de fondo se tornaría inoficioso, por lo que corresponde el rechazo de la presente acción de Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo p ante í, de que certifico, quedando acordada 1 n en que inmediatamente sigue:

Gustavo E. Santander an es r M, Di sel Junghanns Mini trn GSJ, Ministro / Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Ante SENTENCIA NÚMERO: <b.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor JORGE RICARDO BUFFA RAMÍREZ, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la ,. retor lOS 0