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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 663/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO C/ ART. 1 DE LA LEY 4252/2010". Expte Nº 81/2020.

Antecedente ART. 1 DE LA LEY 4252/2010

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO C/ ART. 1 DE LA LEY , - ' AUERDO :y SENTENCIA NÚMERO: ':,Q.i':J'-'',J ::i ,,e 6 e'l¼ 7 r-e.:i "En la. Ciudad .deAsunción, Capital de la República del Paraguay, a los obs días del q , 1Jer,0s 'dla Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitúcional, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO C/ ART. 1 DE LA LEY Nº4252/2010", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Señor JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA, GUSTAVO A su turno, el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: En Fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art.

1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordiriación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley".

Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su lidad y. odo de . Como se mencionó supra, !s tres poderes del Estad (Eje ivo, Leisttivo y Ju icial) tienen el mismo rango y el equ 10 ent ellos se da a traves e un sis erna de fre os y contrapesos, nT"' garantizan la funcionalid d del imperio d un Gustavo E. S3t2nder Dasar M. Diesel Jun M;nli:ro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.

193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio E n ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la l19V regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cuelouier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' ( el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.

Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.

Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" ,?:PRTE , c9 f DEJ' TICIA :i , Art. 103 ¡:.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en ,,.consonaria con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto /c;iÍíl ne: " ... Todos /os paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos , ;rT,,L 'JI' ',f/jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el uncionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre /os Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo terna de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de p o gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y le isl iva, y no al ámbito Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria r zona ente irrrensiona a no podría considerarse inconstitucional, por lo que corres onde e recha o I de la ac ión Cesar M. OiesPI u nns 3 r- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO C/ ART. 1 DE LA LEY , Ojeda Víctor RtOS tn- Minsuo A la cuestión planteada, el Doctor VICTOR RÍOS OJEDA dijo:

1. El señor Jorge Fernando Velazco Rivera, por sus propios derechos y en causa propia promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 10 DE LA LEY N 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.

2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 46, 47, 57, 101.

228 y 261 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: " ... La norma impugnada mediante esta Acción de lnconstitucionalidad, vulnera claramente este derecho fundamental a la igualdad y a no sufrir discriminación, pues establecer un límite de edad por encima del cual no se puede continuar con la vida laboral en condiciones de igualdad con cualquier de los otros trabajadores de la República, supone un trato desigual injustificado y discriminatorio .. ./// ... No tiene entonces sentido que los Ministros de la Corte Suprema deben cesar en el cargo a los 75 años y que un funcionario inferior o de otra institución tenga que jubilarse forzosamente a los 65 años de edad, como si su capacidad laboral no fuese adecuada o como si el ordenamiento jurídico paraguayo tuviese la posibilidad legal de otorgarle un tratamiento desigual en sus derechos laborales, aspecto que 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que el accionante, a la fecha de presentación de la acción contaba con la edad de 67 años y por Decreto Nº 5103/1 O se 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 Ley Nº 4252/1 O al señor Jorge Fernando Velazco Rivera, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ... ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.0 modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será o b I i gato ria 11 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO C/ ART. 1 DE LA LEY L,o CORTE 3 - UPREMA !, y:'8 .. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, e- tur. como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre éonfigura,e" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al ,, ., legisladq_-.... atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera/"' anzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actu,a" isponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella si t:h1 le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma 10.Además, debemos considerar que el limite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legitimo acceso al empleo público a favor de las nuevas qeneraciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.

11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Articulo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.

12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de 13. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad A su turno, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS, dijo: El señor JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 1 O DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDD DE LA CA,JFISCAL SISTE JUBIL 7 .. ONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", especlficarnente contra a parte ue rnodifi el Art.

9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORM SOSTENIBILIDAD D LA CAJA FIS'CAL SI TEMA DE JUBILACIONES Y PENSIO S DEL S CTOR PU O", alegando a 6onculcac1, n de Gustavo E. 53;-itaner Dans Cesar M. f"¡ir,,;r! Junghanns R, Oieda D Víctor ws J Ministro De los argumentos expuestos por el accionante se extrae que el mismo cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que el recurrente reviste la calidad de funcionario público y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación. Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud fisica y mental para seguir prestando sus servicios al Estado. Funda la presente acción en los Arts. 46, 47, 57, 101, 228 y 261 de la Constitución EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O: "Art. 9º. El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se /a define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cíen por ciento). Cumplidos /os 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la T odos /os funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendr.án derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha efe la promulgación de la presente Ley.

Aquel/os que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a /os derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILAC/ON Y PENS/ON PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de /os empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichas entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos !os que, bajo cualquier título, presten servicios La ley garantizará la actualización de los haberes jubílatoríos en igualdad de El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.

En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden y visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor JORGE FERNANDO VELAZCO RIVERO.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ' . , , ,MA PROMOVIDA POR JORGE FERNANDO Q,.r:::, J' , TICIA VELAZCO RIVERO C/ ART. 1 DE LA LEY Qrp'ertar el lntamiento de la medida de suspensión de efectos di , echa de jiro de 2020. ES MI VOTO. Ante mí: /.;nisro Cesar M. o;esel Jungh nns Dr. Vícftlr !?TUS Ministro SENTENCIA NÚMERO: <S,<o2> Asunción, 2- de jJ Lo de 2.02-YVISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor JORGE FERNANDO VELAZACO RIVERO, de conformidad a lo establecido en el exordio de la ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, dis uesta por Al. Nº 430 de fecha 9 de JULIO de 2020, dictada por esta Sala.

--- Ante mí: Cesar M. oesel Junghanns