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Acuerdo y Sentencia N° 666/2024

2 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GANADERO CI JUAN RAMON MElGAREJO MEZA Y OTROS S/ ACCION EJECUTIVA - EXP. Nº 3203/2022.--

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CORTE SUPREMA mJUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GANADERO CI JUAN RAMON MElGAREJO MEZA Y OTROS SI ACCION EJECUTIVA - EXP. Nº 320312022.-- ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ':;ei7:C,j,Q.v1-t6 vese.,¼ 1En la yiidad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dos días "' ""ldeines dejui o del año dos mil veinte y cuatro, estando en la Sala de Acuerdos 91 Ct<01LGUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGHANNS Y VICTOR os',,,,OJEDA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GAl"ADERO C/ JUAN RAMON MELGAREJO MEZA Y OTROS SI ACCION EJECUTIVA-EXP. Nº 3203 -2022", a fin de resolver la consulta sobre constitucionalidad realizada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capital.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capi al?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, RIOS OJEDA Y DIESEL JUNGHANNS.

A SU TURNO, EL DR. GUSTAVO SANTENDER DANS dijo: Mediante el A.I.Nº 671 de fecha 28 de noviembre de 2022 dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capital, se dispuso la remisión del juicio caratulado " FONDO GANADERO C/ JUAN RAMON MELGAREJO IVIEZA Y OTROS S/ ACCION EJECUTIVA- Exp. Nº 353, Año 2021 ", a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que esta se expida sobre la constitucionalidad o no del art. 29 En reiterados fallos esta magistratura ha venido sosteniendo la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil.

Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogado por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del rit al -pr cesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte.Bí embar o, somos del criterio que la práctica ants rior el rodaje procesal fue ocasion do I error d su remisión a una norma que evider,temen m coo a,vizra:r:t1 Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 Vl'ct,,r píos Ojeda Mi111stro Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el artículo 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el artículo 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad ".

A su vez, en el artículo 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

La máxima instancia judicial en reiterados pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: " Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo ". Así también el are. 552 dial mismo cuerpo legal establece: " Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional.

Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" (Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran E n concreto, ele las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de la Sala Constitucional, y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas en la forma impetrada, dicha figura resulta absolutamente inexistente. - Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional .,!'ElCORTE -"' i! SUPREMA --...:: l)E J USTIClA . ' iterp,:y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de 9nverycr0 alidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han ' de objeta la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa.e importa, para lo cual tienen los resortes jurídicos procesales pertinentes.

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GANADERO C/ JUAN RAMON MElGAREJO MEZA Y OTROS 5/ ACCION EJECUTIVA - EXP. Nº 3203/2022.-- Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Cammpos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iure novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la Ratificamos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.

En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser A SU TURNO, EL DR. VICTOR RIOS OJEDA manifestó: 1. Por A.I. Nº 671 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capital, se ordenó la remisión del JUICIO: " FONDO GANADERO C/ JUAN RAMON MELGAREJO MEZA Y OTROS SI ACCION EJECUTIVA", a la Corte Suprema de Justicia.

2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 29 de la ley 2421/04, disposición que el Tribunal considera aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.

Cesar M. Diesel Ju Gustavo E. Santander Dans Ministro , Ojeda V, tor fUS 4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la aceren y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago Nino2 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad," evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... 3, estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en " cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Juaiciet" 8 Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad - mal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional?. La respuesta se encuentra En 1a: Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su articulo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez, J. F. (201 7). Control Constitucional la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https: / /revistacientifica.uamericana.edu.py /index.php /revistajuridicaua/ article/view / 171.

2 Nino, CS- Ética y Derechos Humanos. Bs.As., Astrea, 1989. Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas Corte IDH Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Geliman vs. Uruguay. 5 "No es una consulta que el juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca, J.C. (2007) Cuestiones constitucionales (p.86).

Asunción: Litocolor S.R.L " , CORTE tUPREMA 'oJUSTICIA -;:-:i : establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. ,,. La intrpre,t1ón de normas constitionales y convenciona!es es una labor que compete ,.. a todos lo "'organos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar -normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia'; que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 3 y 260 de muestra Carta Magna).

CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GANADERO C/ JUAN RAMON MEILGAREJO MEZA Y OTROS S/ ACCION EJECUTIVA - EXP. Nº 3203/2022.-- 9. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatar/a, reciclarla y aplicarla, según la Constitución ". 6 1 O. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos 11. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que:" ... la norma consagra dos principios: el de la !ex superior, al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República, y el principio de jerarquía, al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio 12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es /a Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden"9 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera Inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía.

Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta "11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá - por el principio de jerarquía - aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: " Toda sentencia judicial 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la A SU TURNO, EL DR. CESAR DEISEL JUNGHANNS manifestó: Mediante A.I.Nº 671 de fecha 28 de noviembre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Primer Turno de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el serio de la Sala Constitucional o por decisión del pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: " Art.

18. - Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, 11 Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá. 2019. Pág. 75 ORTE REMA STICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GANADERO C/ JUAN RAMON MElGAREJO MEZA Y OTROS SI ACCION EJECUTIVA - EXP. Nº 3203/2022.-- , jempre que, u juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria 1 ;/, ttPr del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vrrócesal prevista en el citado Art. 18, inciso a), procediéndose - incluso - a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido de requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento. Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, Debe señalarse que al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba - providencia de "autos" ejecutoriada - dado que la solicitud de la regulación de los honorarios se resuelve directamente, sin Con respecto al segundo requisito - fundamentación suficiente de la duda - , el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar considerar E I Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los casos, su responsabílídad económica y patrimonial por los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley Nº 1376/88 "Arancel de Abogados y Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. e admiten discriminaciones. E Es do removerá los obstáculos e impedirá los facto es qu las mantengan o las propibien. s protecciones que se establezcan s. . e de igualda s injustas no serán corÍsiderad s como factores discriminatorios sino igu "tan s". Asimi mo, el Art. 47, dispone: "El Esta o garantiza : e la R p blica: 1) la igualdad para el acceso lajustic, a cuyo fecto allanará I s obstácu s que a impidiese ; 2 igualdad ante las eyes ... ".- - Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos 1e De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: " Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces esté ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993.

En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida.

Según Gregario Badeni: " .. ./a igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) .... " .. (larini, Helio Juan, obra "Derecho Constitucional", Editorial Astrea, Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.

Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la CONSULTA CONSTITUCIONAL JUICIO: FONDO GANADERO C/ JUAN RAMON MELGAREJO MEZA Y OTROS 5/ ACCION EJECUTIVA - EXP. Nº 3203/2022.-- Ante mí: Cesar M. Diese+-J.ungha ns Mlnl1rtra CSJ, ustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: G(ob Asunción, ¿ de j v) ,0 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la; ..

SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

NO EVACUAR la ANOTA Gustavo E. Santan er Dans Ministro ... Dr. Víctor RWS j Ministro