ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2010, MODIFICATORIA DEL ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y SU DECRETO "' l;n:.:1Ciud '""e Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los '
V:J días 9pf?7,lnC,.li_tS'.9prema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, ID.fi.o__tótés,,,CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2010, MODIFICATORIA DEL ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor Justo Ceferino Gamarra Fernández derecho propio y bajo patrocinio de abogado.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: Se impugna de inconstitucionalidad el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" Debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del artículo 9de la Ley Nº 2345/2003; concretamente, en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay, como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alg a, dividua/ o lectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La die dura tá fue de a ley".
Todas estas características tienen importantes derivacion s n lo institut s que crea la isma Constitución, en sus atribuci .e-s eber , en su finali ad y m do de fu cion miento.-
Gustavo E. Santander Dans Minis, recesar M. Diesel J Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente y que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.202 CN, la formación y sanción de las leyes (Art. 203 C.N), el juicio político (Art.225 CN), la designación de sus autoridades y empleados (Art.200 CN), la citación e interpelación (Art. 193 CN), el voto de censura (Art. 194 CN); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 CN, tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y de administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica especifica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de /os funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a /os aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de /os haberes jubitetonos en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mio).
En consecuencia a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de Ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de Ley Nº2345/03, modificado por la Ley Nº4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción .de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la ' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ C/ ART. 1º DE LA t. loI¡';:--.... LEY Nº4252 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE ' 1c:?/'; 2010, MODIFICATORIA DEL ART. 9 DE LA ,s por ellq;-que el beneficiario de una jubilación otorgada por Ley, no puede, sin incurrir "' , nq?ctitud/usta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista .rnás 9un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los <í' ños dP,ánencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado qr ctí'o el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos pú teas" (Art. 101 CN) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" " ... el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 CN) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo, en consonancia con el Art. 47 lnc. 3 de la CN, así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica ente el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la CN), de aquellos trabajadores que han llegado a la edad. determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad, (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos, en el ámbito público, sin embargo, ésta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 CN), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacerefectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 CN) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, ient s q e, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en lante z,su recho al descanso, con el goce del pertinente haber jubilatorio, y la espe 1 pr tección orno pe ona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 9 de I N). Por stas raz nes, la norma de marras u ochada de in ional.--
Gustavo E. Santander Dans J Cesar M. Diesel Ministro Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.
Corresponde, además, el levantamiento de la medida de suspensión de efectos de la norma 1. Se presenta JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ por derecho propio y Bajo patrocinio de profesional abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", y contra el decreto reglamentario, en su calidad de funcionario de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de 2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 46, 47, 57, 86 y 88 todos de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "(. . .)
que la sola relación entre la edad que la ley prescribe como tope (65 años) para permanecer en la función pública, y los años mínimos de aportes (20 años de servicios), permiten apreciar que el monto a ser otorgado en concepto de haber jubilatorio se convierte en irrisorio, lo que implica otorgar al funcionario un futuro incierto y de nefasto sustento económico para sí, como 3. Por Notificación 0TH Nº 201/2020 de fecha 16 de octubre de 2.020 por la que se notifica a Justo Ceferino Gamarra Fernández, la presentación de las documentaciones necesarias para el inicio de los trámites de Jubilación Obligatoria, en un plazo de cinco (5) días hábiles. Y ante la inminencia de la aplicación de la Ley Nº 4252/201 O, corresponde el estudio de la presente acción de inconstitucionalidad intentada por el accionante.
4. Examinadas las documentaciones adjuntadas a escrito de promoción y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/201 O que establece los procedimientos para la concesión de jubilaciones y haberes de retiro otorgados por la caja fiscal de jubilaciones y pensiones, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ C/ ART. 1º DE LA ,-",J c3 0LEY Nº4252 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE .s 2010, MODIFICATORIA DEL ART. 9 DE LA (f_jl" ,, /LEY Nº2345/03 Y SU DECRETO 'b --obligatorio - tegral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en ,,, esa materias ntre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 9' s Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación'', en virtud al mandato expreso de la Ley N. º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos /os 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispu sto implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor d 1 posibilitando su legítimo acce/so al em leo público, más aún consi la economía, -" su esto GD'al de la Nac ón, qu Gustavo E. Santander Dans CesiH M. DleseJuo an s Ministro CSJ.
Ministro nso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad intentada por Justo Ceferino Fernández.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por el señor JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/1 O "Que modifica los Arts. 3, 9º y 1 O de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones E I recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los principios De las constancias obrantes en autos, surge que el recurrente acredita la calidad de funcionario de la Administración Pública, prestando servicios en la Dirección Nacional de Aduanas. No obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad del recurrente, se evidencia que a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, contaría con sesenta y ocho años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.
En cuanto a las impugnaciones vertidas en relación al Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9º El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte' años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cíen por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria. Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ C/ ART. 1º DE LA LEY Nº4252 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2010, MODIFICATORIA DEL ART. 9 DE LA LEY Nº2345/03 Y SU DECRETO Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de /os funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en El artículó constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En relación a la impugnación del Decreto Reglamentario, debemos tener en cuenta que el recurrente, lo hace en forma genérica, en ningún momento ha individualizado al artículo concreto por el cual se siente agraviado, por lo tanto no acredita fehacientemente la supuesta conculcación de normas de rango constitucional, no dándose cumplimiento a los presupuestos En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor JUSTO CEFERINO GAMARRA FERNÁNDEZ. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Al. Nº 168 de Con lo que se dio por certifico, quedando acorda -h Cesar M. Diesel Jun 2hanns Ministro CSJ.
Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: (Ó'o t. Asunción, de 1 acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que ue ,n Jiatamente sigue:
Ministro Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida por Justo Ceferino Gamarra Fernández, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.--- ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de efectos, dispuesta por el ANOT AR, registrar y notifi . r:-..-r-- Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Minit:o