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Acuerdo y Sentencia N° 710/2024

2 de julio de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ESTHER RA MONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL DECRETO 1579/2004" Nº 1657 AÑO: 2019.

Antecedente ART 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 10DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL DECRETO 1579/2004

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: La presente acción de inconstitucionalidad fue presentada por la Sra. Esther Ramona Martínez de Espínola, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado contra el Art. 1 de la Ley Nº4252/201 O que modifica los Arts. 3, 9 y 1 O de la Ley Nº2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público".

En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley".

Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su "dad y modo de Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado Ejecu ivo, Le islatiVo y dicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a av' s e un si e .'a de fr, nos y contrapesos, que en conjunto garantizan I funcionalid d d istema, el imperio Estado de Derecho y la vige cia de liberta). s fund men I s. Nin un de ello Cesar M. Dies' .Junghan Ministro CSJ. 1 ACCIÓN DE INCONSTITl)CIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.

193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' ( el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.

Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.

CORTE , -EJµMA ly. 1/ DElffs,, ICIA 1pó(e1 - , ue el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir ..,en H; z(aclitu '12Et'}. usta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de.1isa, 2tue un agavio, es un neficio social que el Esto otga afncionario por .ád! 13br satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N,) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos; relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación detrabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser repr ada de Final mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el robl ma e la ev ntual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una pr ión sustitut a el salari que se dejará de percibir por el paso a 1 j, lo q e lle a al funci n rio a trat r de postergar en lo posibl ubilació . Mas, la re erida ircuns ncia, as orno el ti o de Cesar M. Die l Jungh nns Ministro CSJ. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL Gustavo E. Santander Dans Ministro Miniiro ACCIÓN DE INCONSTITlJCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito P o r todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción 1.- Se presenta la señora Esther Ramona Martínez de Espínola, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO".

2.- Alega la accionante que es funcionaria de la Honorable Cámara de Diputados y fue nombrada desde el año 2002, por Resolución de Presidencia de dicha institución, conforme a la Resolución Administrativa Nº 12 de fecha 14/01/2002 y actualmente cuenta con más de sesenta y cinco años de edad. Es así que ha recibido de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, una manifestación para recibir instrucciones sobre el proceso a implementarse a los efectos de su jubilación. Considera que el instituto de la jubilación así como lo establece el art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O viola derechos y garantías consagrados en los arts. 4, 46, 47,49, 86 y 95 de la Constitución de la República del Paraguay.

3.- Consta en autos que la misma reviste calidad de funcionaria de la citada institución, no obstante de acuerdo a la copia de la cédula de identidad de la accionante en autos, surge que la misma a la fecha de pronunciamiento de ésta Magistratura, contaría con más de sesenta y cinco años de edad, por ende, podría ser susceptible de aplicación de la disposición recurrida, por lo cual se concluye que es pasible de estudio la presente acción.

4.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 5. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL ,<S' ..,esp Gi¡:il:e'I 1 O ,c. e norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad ...-q90i :mi do c,omún Del Sur Mer?osur, Convenio Mltilateral lberoameicano de 9 Segundaji,c1al, as: como convenios bilaterales de segundad social, que tienden a a seguridad social como un derecho humano con cobertura universal.

6.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 7. Ahora bien; siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 8. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria de I mandato constitu cio na 1. ..: 9.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legitimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta dé empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública ..

10.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que r an al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a oc ar f ncione 1s y mpleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los lí ites es able idos p la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad acces a los ben ficios jubilatorios, está intentando alcanzar un o de equili rio n re los d r chos de mbos grupos: los que acceden a aci: por haJr cumpl do s iclo de r bajo para con el 9 t M.O ' 1 Jungh nns Gustavo E. Santander Dans wi1 e ,si. 5 Ministro ACCIÓN DE INCONSTIT{JCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.

11. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 12. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 26/04/23 y procedo a emitir mi voto en A la cuestión planteada, se presenta la Señora Esther Ramona Martínez de Espínola, por sus propios derechos bajo patrocinio de Abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 Oº de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal Sistema de Jubilaciones y Sostiene el accionante que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 4, 46, 47, 49, 86, y 95 de la Constitución Nacional. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº 2345/03.

EI Art.1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).

Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los reouisltcs para acceder a una jubilación, aun apelando a las derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de las empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador - en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica-vulneración constitucional alguna.

Por tanto, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Señora Esther Ramona Martínez de Espínola. ES MI Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por nte mí, de que certifico, quedando acor ad-arla se inmediatamente sigue:

Ante mí: Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA C/ ART 1 DE LA LEY Nº DE LA LEY 2345/03 Y EL ART 4 DEL SENTENCIA NÚMERO: Asunción, de l-40 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad, promovida por la señora ESTHER RAMONA MARTINEZ DE ESPINOLA, de conf mi d a lo ANOTAR, registrar y n Ante mí: