ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN H Y M S.R.L C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4333 DEL 25 DE MAYO DE 2011" AÑO: 2018 Nº: ACUERDO y SENTENCIA NÚMERO: Sei's Ci'c" .tj "'Vc""'l y r,J 1 ., i , n la Ciuda.fl de As.unción, Capital de la Repúbli?a del Pwagupy, a los 0 j días del ;. mes de ::-':::).;1 del año dos mil Vf1," c.v1tX> , estando en la Sala de -,- Acuerdsde la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala 'i Constitu,9iónal, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN H Y M S.R.L C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4333 DEL 25 DE MAYO DE 2011 ", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abg. HORACIO MIGUEL MORA en nombre y representación de la firma H Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN y VICTOR RIOS A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR M. DIÉSEL JUNGHANNS dijo: ABG.
HORAQCIO MIGUEL MORA en nombre y representación de la Firma H Y M S.R.L. promueve la impagnación de la inconstitucionalidad, por la via de la acción, en contra del Art. 1de la Ley Nº 4333 de fecha 24 de mayo de 2011 "QUE MODIFICA EL ARTICULO 1DE LA LEY Nº 2018/02 QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION USADOS". Alega ser importadora habitual ante la Dirección Nacional de Aduanas y afirma dedicarse a la importación de vehículos usados, ejerciendo lícitamente el comercio. Sostiene que al pretender limitar la importación de vehículos que cumplen con las mismas exigencias tributarias y aduaneras que los demás, trae aparejada la ruptura del derecho a la libertad de concurrencia y la libre circulación de productos, dicha normativa legal, vulnera los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, como son los Arts. 107, 108, 137, 259 inc. 5 y 260 inc. 1 de la "Artículo 1.- Modificase el Artículo 1de la Ley N2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINAR/AS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS, modificada por la Ley Nº2. 153103, cuyo texto queda redactado A rt. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del ño de su faf5ri ación Excepcionase esta pri hibición a las maquinarias a n la usad s, maquinaria de constru cioriñsed y tractoc miones con más de veinte to elada e capa idad be carga, de cualq_ui encia, mo elfabricación, sujeta al cu plimi nto de as 'Eu o ménez , J :Minhv ' Cesar M. Dies -l Jung Ministro CSJ. 1 Dr. Víctor Ríos 1e Ministro disposiciones de la Ley Nº125/91 "QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIMENTE TRIBUTARIO" Podrán ser importados, los vehículos deportivos clásicos de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad superior a diez años contados a partir del año de su fabricación, debiendo ser certificados, a ese efecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, comó.
vehículos antiguos de colección de circulación restringida a ocasiones especiales, corñorme a Los mismos estarán sujetos a medidas y controles técnicos vehiculares, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº3850 del 15 de octubre de 2009 "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA . OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL DE RODADOS EN TODO EL Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que acredite la inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de trasferencia de vehículos A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser importado, y que vaya más allá de las restricciones vinculadas al sistema de Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del autovehículo estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo del mismo".
En primer término, cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone 1 restricción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 º tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Ley Nº4333/11.
No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser determinar si la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Constitucional.
Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la liberad de concurrencia y a la libre circulación de productos. Dice "Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal'.
"Artículo 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS. Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán Señalemos, inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedicarse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su preferencia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejando ver que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de los vehículos restringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la actividad lícita de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores.
Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación x,,OEL.(j CORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN S H Y M S.R.L C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4333 3G) UPREMA DEL 25 DE MAYO DE 2011" AÑO: 2018 Nº: de desigú 9i ad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma ;(' ;J:':r;,,¡'¡igiesepara taleso cualescomerciantes, lo cualno seproduce con la situación ;Cabe- . ñalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos nacionales; .... , extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido " ... introducidos legarne '. Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por ig¡'oc±Jr Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio e a misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros.
Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del En relación a la vulneración 'al Art. 179 de la Constitución Nacional, a la que alude el actor, ella es inexistente, pues la norma impugnada en la acción no es de carácter tributario, P o r último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. En otras palabras, escapa a las atribuciones y a la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o efectividad de las leyes, o que las políticas que implante o ejecuten sean mejores o peores.
Debemos, en el marco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución Nacional, es decir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por la Constitución En ese contexto y por tales razones, concluyo. que la norma impugnada de inconstitucionalidad, el Artículo 1de la Ley Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1de la Ley Nº4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto, la acción debe ser rechazada, A su turno, el Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, dijo: La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por el Abogado Horacio Miguel Mora, en nombre y representación de H. y M. S.R.L., contra el art. 1de la Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2. 018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153/03.
Del escrito de fs. 18/24, por el cual se promovió la presente acción de inconstitucionalidad, sur el accionante alegó, como fundamento u prese cI , que se dedica a la activi a com rcial de importación de vehículos y e la norm impug ada restri ge las disp telones d los arts. 107, 108, 137, 25 n' . '5" y 2 O núm. "1" d la Cns t:Ón. ese senti , ley lesiona el p in ipio de igu ldad de los 'Et e '(lime ee ,J 3 Ces,n M. OíeéPJunghanns Ministro CSJ, Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ciudadanos, en razón de que limita injustamente el derecho a importar y comercializar vehículos superiores a un periodo ele diez años de antigüedad, sin tener en cuenta llf- eal condición física o mecánica de los mismos, creando un beneficio injusto. Sostuvo que la norma - carece de parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducir al país dichos vehículos. Asimismo, indicó que se encuentran igualmente conculcados losa derechos.
de libertad de concurrencia y libre circulación de productos. Expresó que la ley en cuestión atenta contra los derechos de los consumidores, quienes tienen finalmente la opción de optar por la oferta más conveniente a sus intereses. Finalmente, solicitó la declaración de inconstitucional de la ley impugnada, y señaló jurisprudencia de la Sala Constitucional Corrida la vista pertinente (fs. 45/46), la Fiscal Adjunto Gilda Villalba Tottil, encargada de - la atención de las vitas y traslados corridos a la Fiscalía General del Estado, en su Dictamen Fiscal Nº 109 de fecha 28 de enero de 2020, recomendó no hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, por considerar que la legitimación activa no fue demostrada.
En primer lugar, cabe decir que la norma impugnada establece una prohibición de importar vehículos usados con más de diez años de antigüedad y afecta a los importadores en general. En tal sentido, previo requerimiento de la Fiscal interviniente (fs. 32), el accionante agregó a autos las constancias de su solicitud de registro en carácter de importador ante la Dirección Nacional de Aduanas (fs. 34/42). Asimismo, surge que con la presentación de la demanda agregó la escritura de constitución de sociedad glosada a fs. 08/14 y el comprobante de pago de impuestos por su patente comercial, en el cual figura que se dedica a la venta de A criterio de esta magistratura, de la lectura de las constancias de su solicitud de registro en carácter de importador, ante la Dirección Nacional de Aduanas, no surge con claridad que dicha petición haya obtenido respuesta favorable. Empero, del análisis de la escritura de constitución de sociedad agregada a autos, si bien en términos poco claros, se desprende que la firma actora posee como objeto social la importación de vehículos, entre otras sendas actividades comerciales. Se debe hacer notar aquí que la amplitud de los términos de dicho instrumento permiten interpretarlo en favor de la legitimación del accionante, ya que, pese a la falta de claridad de las cláusulas, es criterio conteste que, ante la duda en la interpretación del instrumento, se debe estar en favor de la facultad las partes de ejercer los derechos que les Entonces, pese a las imprecisiones en la escritura de constitución de sociedad, no puede obviarse la circunstancia de que el accionante es una sociedad de responsabilidad limitada que posee como objeto social eventual la importación de vehículos, y que, además, con su patente comercial ha demostrado operar dentro del mercado nacional como vendedor de vehículos usados, lo cual se condice con su alegado interés en la importación de automotores.
En suma, se debe concluir que las documentales presentadas confieren suficiente legitimación activa a la empresa recurrente para promover la presente acción.
Ya adentrándonos al estudio del caso concreto, observamos que la norma atacada de inconstitucional-Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2.153/03' dispone: "Artículo 1 º- Modificase el Artículo 1 de la Ley Nº 2.018/02 "Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2.153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen ... ".
El accionante alegó una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, al decir que la ley no cuenta con fundamentos jurídicos y fácticos que justifiquen la prohibición de introducir al país vehículos con más de diez años de antigüedad. Sostuvo, además, que la ley vulnera el derecho a la libertad de concurrencia, la libre circulación de productos y el derecho de los consumidores a elegir el producto que más convenga a sus intereses dentro del mercado.
Lo primero que debemos decir es que, las restricciones legisiativas a derechos individuales son admisibles bajo ciertas condiciones: razones de interés general, orden público, OEL,(l CORTE tSUP,REMA :¡p JEJUTICIA algún pro-:-sito estatal según las necesidades de cada sociedad democrática. Ese es el 'e tándar :tt fue fijado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (vide: Opinión Consultiv C-6/86 de fecha 9 de mayo de 1988) y por los precedentes de la Sala / CÓnstitu"ial.de esta Excma. Corte Suprema de Justicia (vide: Acuerdo y Sentencia Nº 774 si 'I n el mismo sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean constitucionalmente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realización de otros derechos, bienes o valores constitucionales, respetando al contenido La justificación supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que se requiere la presencia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de razonabilidad, que ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y razonables, nunca caprichosas o arbitrarias. La razonabilidad: "supone la existencia de una política legislativa que pueda ser controlada en cuanto a su proporcionalidad entre el objetivo claramente definido y legítimo, y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Juan Vicente. 2009. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 11. Primera Edición. Buenos Aires: La Ley. p. 473). La proporcionalidad supone que el daño o deterioro que se produzca al ejercicio del derecho sea el mínimo en Esto quiere decir que la regulación no debe restringir otros derechos fundamentales, a menos que dicha limitación se encuentre autorizada por la Constitución, o justificada por un objetivo o una finalidad pública, y sea la menos gravosa en relación con los derechos limitados.
En ese caso, en cumplimiento con el principio de proporcionalidad, los medios empleados deben ser idóneos y adecuados al fin perseguido con la toma de la medida de autoridad.
Teniendo en cuenta lo expuesto, vayamos al estudio del fondo de la cuestión. La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que se Desde ya,- debo decir que no considero que la reglamentación a la importación de automotores usados de cierta antigüedad constituya una violación a un derecho fundamental El derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licitud, garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera Introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República.
La Constitución consagra la libertad económica, siempre y cuando las actividades La tutela constitucional del comercio se realiza a los efectos de garantizar la libertad económica de actividades no prohibidas, por tanto, licitas. Y la determinación -de cuáles son las actividades económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que el Estado realiza en uso de su "poder de policía", debe, lógicamente, reglamentarse por normas inferiores. Por eso, la imposición de una limitación, en sí misma y por sí sola, no deviene inconstitucional.
El ejercicio de la actividad económica se sujeta a reglas y limitaciones relativas al orden público, al bien común, a la seguridad nacional, a la salud y el bienestar general, etc. Un sinnúmero de leyes y regla tos existen en este sentido en nue o d echo, e) uso se establecen prohibiciones solu as vinculadas a la actividad comer al, com el caso de lenes de comercialización exporta ión e importación prohibid , r s ingidas con, iciona s - p;!cs/:"'ªé, ,cos, armGJroductos ve eta le animal viv ' espe/ ies.
u e Jtmenez ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN H Y M S.R.L C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4333 DEL 25 DE MAYO DE 2011" AÑO: 2018 Nº: Dr. vtaor Rlos l,jeda Ministro Es natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Congreso pueda dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.
Lo que se reprocha no puede ser, entonces, la limitación al derecho, sino que la determinación legislativa de restringir la importación de vehículos con más de diez años de: antigüedad es arbitraria y discriminatoria. Y eso nos lleva necesariamente al control de razonabilidad de la ley, y de su conformidad con el principio de igualdad.
En este estadio, debemos preguntarnos si la restricción legal es razonable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo estatal, y si la medida es apropiada -y La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la importación de vehículos usados - con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente D-0913769, para identificar su El anteproyecto de esta ley propuso originalmente la restricción a la importación de vehículos con más de -cinco años de antigüedad. Luego de todo el trámite legislativo, el proceso culminó en la sanción de la Ley 4333/11, que restringió la importación a vehículos con Si recurrimos al documento de iniciativa de esta propuesta legislativa, el propósito estatal resulta evidente: "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí sí que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año a año aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir la importación de autos usados de no más de diez alias, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años. . Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se traduce en protección a favor de una mayoría que carece de autos, pero que debe respirar las emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o físicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se les prohíba a los otros que importen vehículos con más o menos antigüedad.".
El propósito detrás de dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente. La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las externalidades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una externalidad. Esta externalidad es una falla del mercado y podria dar lugar a una intervención del Estado ... El gobierno puede imponer multas, puede subsidiar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una reglamentación para atenuar las externalidades negativas que imponen unos grupos of otros ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN H Y M S.R.L C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4333 DEL 25 DE MAYO DE 2011" AÑO: 2018 Nº: . o pued i,t1tentadefinir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de ocasi9bar exter-alidades negativas ... El Estado en lugar de imponer sanciones por la Jttam¡ nacion':'rl de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente ha ,drctadd.rilornféf§ en un intento de reducir las externa/idades negativas. Han establecido niv.eles;de errlisión para los automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de 6}, fif4t;¡J/am,en9o'Y,es relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera t,_g:e á acompañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar" (SOLA, Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio ambiente, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es adecuada y proporcional para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reducir la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede verse como desproporciona! o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad desde su fabricación.
Se colige así que la elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antigüedad- no viola el principio de razonabilidad. La medida legislativa tomada en la Ley 4333/11 es, por tanto, razonable, adecuada y proporcionada. .: La norma tampoco viola el principio de igualdad. La distinción del legislador ni es arbitraria, ni concede privilegios a cierto grupo de personas en detrimento de otros.
La clasificación que hace el legislador, de prohibir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad, como vimos, cuenta con una justificación objetiva y razonable: preservar el medio ambiente, la seguridad pública y la salud de la población.
La prohibición de importar vehículos con más de diez años de antigüedad se aplica a todos por igual, sin distinción. No se establecen excepciones ni privilegios a favor de otros grupos que se encuentran en iguales circunstancias. Tampoco se crea un monopolio a favor de representantes oficiales de vehículos nuevos. Si dichos representantes se dedicasen también a la importación de vehículos usados, la norma se aplicaría a los mismos por igual. - La única clasificación que hace la norma es respecto del producto importado. Y esto es así porque el legislador consideró que dichos vehículos, repetimos, presentan un riesgo al ambiente y a la salud pública. Por ende, la misma no puede considerarse discriminatoria en el sentido de vulnerar un derecho individual, responde, más bien, a una regulación económica Al no comprobarse la vulneración a un derecho fundamental, la distinción del legislador Por último, el hecho de que ciertos importadores si han sido beneficiados -en otros casos semejantes- con la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, no puede sustentar la violación del principio de igualdad, porque esa es, precisamente, una situación de hecho ajena a la norma. No es un problema de la constitucionalidad de ella, sino un efecto de los precedentes de esta Sala Constitucional en relación con ciertas personas. Y no pueden estos precedentes, cuyos fundame tos no comparto, vincular mi decisió . n nuestro ma, se Dichos fallos h consid rada que la norma impugn a ul era el erech /del tra ajo y el de lo i res. Esto argume s me resultan c mple a ente d sace ados, p rque r la finalida d Mini:-tro C5.l. 7 D vtaor Ríos Ojeda Ministro En conclusión, la restricción del art. 1de la Ley 4333/11 es constitucional. Por todas las consideraciones que anteceden, la presente acción de ínconstitucíonalídad debe ser A su turno, el Doctor VICTOR RIOS OJEDA, dijo: El abogado Horacio Miguel Mora erí.
nombre y representación de la firma H Y M S.R.L. promueve Acción de lnconstituciónalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", MODIFICADA POR LA LEY 2. El accionante alega la vulneración de los Artículos 107, 108,137, 256 INC. 5) Y 260 - INC. 1) de la Constitución. Y funda su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con más de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma .
impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías constitucionales.
3. A los efectos de arribar a una solución razonada de la existencia o no de violaciones de normas constitucionales, es necesario traer a colación lo dispuesto por el acto normativo 4. "Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1de la Ley Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", modificada por la Ley Nº 2153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: "Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen"(subrayado es mío) .
5. En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado e tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
6. Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertea de comercio, justificadas en el interés social de evitar /os abusos que el individualismo económico provoca. Distorsionada la igualdad de condiciones-supuesto constitucional de la igualdad ante la ley- por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de hecho o comercializaciones compulsivas en beneficio del interés genera!'. (Vide: QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho Constitucional, Reimpresión, Buenos Aíres, Depalma, 1.987, 7. Por otro lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en buenas condiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es !a opción que tienen 8. La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya se hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para que no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al 9. Una realidad palpable nos índica que desde hace varios años, miles de automóviles descartados, desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como consecuencia de fenómenos atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus países de origen (v.gr.
los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), comenzaron a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del país, con los efectos propios que e CORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN -1-SUPREMA H Y M S.R.L C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4333 1 O. En su1 ición del 16 de noviembre de:,61---i;-L;--Ñ-ió-.-;-blió-;-;b-rf:"Cgntaminacióh del Aire - Porcentaje sobre el nivel seguro", diciendo lo siguiente: "Según -:l I ildices derti&Jtrados, Asunción tiene un 80de nivel seguro de contaminación, un poco 'ás que ,TokyjJ/0) y menos que Taipéi (90), a pesar de existir una Ley de Calidad de Aire '/A. (5.211114) 'il.arantiza el control de emisión de contaminantes. Los factores que coadyuvan V: /ré!_rrf/ft?tf!frflf. r, la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emari-a,;) por los autos usados que despiden estas sustancias tóxicas para el organismo.
Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos. En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cuales 63.582 tienen más de 10 años ( .. .) la Dirección General del Aire capitalina, - remarcó que el aumento del parque automotor influyó en el incremento de índices d,9 polución. En el 201 O había un total de 872. 126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Cada uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El promedio de nuestro parque automotor 11. De lo dicho hasta aquí, entiendo que la medida impugnada se encuentra ajustada al mandato constitucional que obliga al Estado a preservar el ambiente, como objetivo prioritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condicionado la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado. Cabe resaltar que un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludable" ha adquirido rango 12. No tenemos que perder de vista que el derecho a un ambiente saludable, se encuentra estrechamente vinculado con el derecho a la salud y la vida, reconocidos constitucionalmente como derecho fundamental e inherente a la persona humana, por lo que toda norma que integre nuestro derecho positivo deberá indefectiblemente estar orientada a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operante el carácter de Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuestiones estas observadas en el contenido de la 13. Así las cosas, entiendo que la pretensión del legislador al dictar la norma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y principios tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento interno, con el objetivo de velar por los intereses de todos los ciudadanos, entre los que, la vida, la salud y el bienestar social se encuentran en un lugar de privilegio.
14. Al respecto, la "Declaración Universal de Derechos Humanos", en su numeral 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y 15. La Organización Mundial de la Salud se pronunció el 22 de setiembre de 2021 sobre datos y cifras relacionados a la "Contaminación del aire ambiente (exterior)". Dijo que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo: "Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto a largo como a corto plazo. Asimismo, exigió que la salud debe ser la máxima prioridad 16. Por lo tanto, en nción a las manifestaciones vertid . opino que co esponde rechazar la presente A. e lnconstitucionalidad. ES MI VOT .
E., tod por Ínte mí, e que Dr. Víctor Ríos Ojed9 Ministro SENTENCIA NÚMERO: b ) VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima :Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR esente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el Abg. HORACIO MIG L MO A en nombre y representación de la firma H Y S. L, de o estable ido Em el exordio de la presente Resolución.
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro