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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 592/2024

1 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN COMPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA C/ ANIBAL GAVILÁN Y OTROS S/ ACCIÓN AUTONOMA AÑO 2021 N° 1050.-

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WZoEJUSTICLACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN "COMPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REpuBLrcA ct ANTBAL GAvtLAN y orRos s/ AccróN eurononl'. eño: 2oz1 - N. ro¡o ...,fFUEY SENTENCh NÚMERo 1 clo6 Enudad de Asunc¡ón. Capital de la Repúbl¡ca del Paraguáy,al dias del mes deJl io del año dos mil -estandos en la Sala de Acuerdos dela Corte Suprema de Just¡c¡a, los Excmos tntstros dela Sala Const¡tucional, Doctores, CESAR MANUEL DIESEL RIOS OJEDA y EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, Ante m¡, el SecretarioNS, VíCTOR autor¡zante, se trajo al acuerdo el expedieote: CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: ""R.H.P. DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN "COIIPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C/ ANIBAL GAVILAN Y OTROS S' ACCIÓN AUTONOiIA", a f¡n de resolver la consulta sobre constitucional¡dad realizada por el Tr¡bunal de Apelac¡ón en lo y Comercial, Quinta Sala de la Cap¡tal.* Prev¡o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Const¡tuc¡onal, resolv¡ó plantear y votar la sigu¡ente CUESTION: Admin¡slrativo y de Adecuac¡ón Fiscaf?.

Pract¡cado el sorteo de ley para determ¡nar el orden de votac¡ón, d¡o el siguiente resultado; Diesel Junghanns, Rios Ojeda y JIMÉNEZ ROLÓN.

A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS drjo: Mediante el A.l. N' 280 de fecha 04 de MAYO de 2021 (fs. 6/8), el Tr¡bunal de Apelación en lo C¡vil y Comerc¡al Quinta Sala, resuelve remit¡r eslos autos a la Excelentis¡ma Corte Suprema de Justicia, a los efectos de que la m¡sma declare si el Art. 29 de la Ley 2421104 "De Reordenamiento Administrat¡vo y de Adecuación Fiscal" es o no constitucional.

Frente al imperalivo de aplicar la ley que rige la materia, el Tr¡bunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley N" 24211M podtia quebÍantar la garantia constituc¡onal de la igualdad, y, considerando que la declarac¡ón de ¡nconst¡tuc¡onal¡dad puede produc¡rse solamente en el seno de la Sala Constituc¡onal o por decisión del pleno de la Corte, rem¡te estos autos para que esta Sala se exp¡da respecto de la const¡tucionalidad -o no- del alud¡do artícu¡o Ante supuestos como el sub exam¡ne, la ley prevé expresamente una vfa, la ¡ndicada en el Art. l8 inciso "a)" del Codigo Procesal Civil, v¡a que provoca un pronunciamiento decis¡vo sobre la const¡tucionalidad de la ley, dedeto o d¡spos¡ción de que se trata, ya sea alirmativa o ñegativamente. El texto del refer¡do arliculo dice, en el inciso señalado: "Art. 1E.- Facultades ordenator¡as e instructor¡as. Los jueces y tr¡bunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) rem¡tir el expediente a la Corte Suprema de Just¡c¡a, ejecutoriada la prov¡denc¡a de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la C ju¡c¡o, una ley, decreto u otra dispos¡c¡ón normativa pon, slempre que, a su contraria a reglas conslitucionales " A pesar del uso,práctica tribunalic¡a, delparaeavta procesal prev¡sta eArt. 18, ¡nciso "a)", pa usartérmien el caratulado depedierespect¡vo (como se veautos),¡cha vía, mpleación,pinión o corale)aos estáconstituirse en una "cons Itrámitéo del reqmtende unctamle, por loe -incl npembié Mi¡List¡o Cesar M. Dieset Jung Mini!t.o CSJ.n5 Jrltt C gLDr. ,r"'it"[Í:ioi mal podría admitirse que el uso colidiano e ¡mprop¡o de un nombre l)ara designar c¡erto trámite, tenga la viftual¡dad de camb¡ar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedenc¡a y f¡nalidad de ésla vla, corresponde anal¡zar el cumplim¡ento de los requ¡sitos ex¡gidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteam¡ento.

Ellos son: l) La eiecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirenle de la d¡spos¡ción normal¡va acerca de cuya mnstituc¡onal¡dad t¡ene dula, así como de los preceptos const¡tucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente los fundamentos de dicha dudá.

Debe señalarse que al tratarse de la const¡tucionalidad de una legal atinenté a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumpl¡m¡ento del primer requ¡s¡to de viabilidad señalado más arr¡ba -providenc¡a de "auto§ " ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de los honorar¡os se resuelve d¡rectamente, sin llamarse "autos" Con respeclo al segundo requ¡s¡to -fundamentac¡ón suf¡cients de la duda-, el mismo se halla cumpl¡do en la especie, con los argumentos expuestos por el T-ibunal acerca de la posible ¡nconstitucionalidad de la norma cuest¡onada. D¡cho esto, paso.r tratar considerar el El Art. 29 de la Ley N." 2421 lU "De Reordenam¡ento Administrarivo y de Adecuación F¡scal", establece: "En los juicios en que el Estado Panguayo y sus enfes c¡tados en el Art¡cub 3Ade b Ley N" 1535n9'Do Admin¡stración F¡nanc¡en del t:slado", actire como demandante o demandado, en cualquiera de ,os caso su -rcsponsab,Trdad económica y patimon¡al pot los se¡y,'cios profesrbnales de abogados y procuradorer qüe hayan actuado en su rcpresentac¡ón o en representación de lo contrapañe, sean en relac¡ón de dependencia o no, no podén exceder del 5@/6 (cincuénta por cieno del mín¡mo legat, hasta cuyo impoñe deberán atenerse los jueces de la Rep(rblica para regular los honorario:t a costa del Estado.

Queda modiÍicada la Ley N' 1376/88 "Arancel de Abqados y Procuradores^, confome a esta dispos¡ción" .- Cons¡dero que cuando las normas crean des¡gualdades ante ca3os sim¡lares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se ¡nfr¡nge la garantia constituc¡onal de ¡gualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Iodos los habitantes de la Rep(lbl¡ca son ,ouares en d¡gnidad y derechos. No se admiten discriminac¡ones. El Estado removgrá los oos¿ácu/os e imped¡n /os factores que las mantengan o las prop¡c¡en. Las prctecciones que se establezcan sobre des¡gualdadas ¡njustas no será/t consideradas como factores disüímina¿oriios sino igualitarios". A§mismo, el Añ. 47, tl¡spone: "El Estado ganntizaá a todos los habitantes de la Rep(rbt¡ca: 1) la igualdad para el acceso a la juslicia, a cuyo electo allanañí los oostáculos gue la inpidiesen; 2) la ¡gualdad aúe las leyes...''.

De tal garantia const¡tuc¡onal, se deduce que la igualdad jurídica (;ons¡ste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de c¡rcun:rtancias, y que no se puede establecer pr¡v¡legios que concedan a unos lo que se n¡ega a o:ros balo las mismas c¡rcunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alery: 'Si no hay n¡nguna razón suñc¡ente para la permisión de un :ratamiento desigual, entonces está ordenado un tralam¡ento igual" (ALEXY, Robert. Teo'ia de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Conslitucionales. Madrid. España. 1993. Pá9. 395).

En relac¡ón con el tema somelido a cons¡derac¡ón de esta Sala, s.e puede la disposic¡ón legal ob¡etada -Art. 29 de la Ley N' 24211c/. lesiona ostensiblemente la garantla constituc¡onal de la igualdad ante la ley, al establecer que err el caso en que las costas se ¡mpongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3" d3 la ley 1535/99, su responsab¡lidad económ¡cá y patrimonlal por los serv¡cios profesicnales de todos los abogados interv¡nientes, no podrá exceder el 50% del arancel mínimo tegal d¡spuesto por la Ley N" 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo ¡mporte deben atenerse los iueces al regular los honorarios de aquellos.-- Si el Estado como persona jurldica debe l¡tigar con un particulrr, lo debe hacer en igualdad de cond¡c¡ones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constitu¡r una razón para reducir las costas dsl ju¡c¡o, en detrimento del derecho ce los profes¡onales intelv¡n¡entes a perc¡b¡r la retribuc¡ón que por ley les es debida.

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Según Gregorio Baden¡: ".../a igualdad que prevé la ConstituciSn sign¡f¡ca que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que ss éncuentnn en igualdad de cond¡ciones y c¡rcunstancias. As¡mismo, que no se pueden eslablecer e::cepciones o CoRTE SupR¡rul oTJUSTICIACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P.

DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN .COi'PULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REpuBLtcA c/ aNIBAL GAV|LAN y orRos s, AcctóN auroNoMA". Año: 2o2t personás /o que, en iguales circunstanc¡as, se ni, Gregorio. lnstituciones de Derecho Constitucional. ' :/aii Eri ésa misma línea, señala Zar¡ni que el concepto de igualdad debe tomarse en sdhtido amplio. No solo la ¡gualdad ante la ley como expresa textualmente elArt. 46, s¡no en la vasta acepc¡ón con que la emple.a B¡dart Campos: "¡gualdad .lurfd¡ca". Es dec¡r, que no es sólo la ¡gualdad ante el legislador que sanciona la léy, s¡no también ante todo acto normalivo (decreto, resoluc¡ón, ordenanza, etc). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (¡gualdad ante la Admin¡strac¡ón y ante la jur¡sdicción) y comprende, asim¡smo, la esfera privada (¡gualdad ante y entre particulares). . . " (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Constitucional", Editorial Astrea, Bs. As. Año'1992, Pá9. 385).

Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de ¡gualdad anle ley debe ser observada tamb¡én por el Estado y sus enles en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino tamb¡én en el ámbito jurisdiccional. Contrar¡amente a lo dicho, la norma leqal cuestionada propicia un trato pr¡v¡legiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que ¡nterv¡enen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconst¡tucional¡dad del Art. 29 de la Ley N" 242'1 104 en este caso, por ser v¡olator¡o de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constituc¡ón.

Voto en ese sentido.-- A su lurno el Doctor RíOS OJEDA dl]o: Por A.l. N' 280 de fecha 04 de mayo de 2021 , d¡ctado por el Tr¡bunal de Apelac¡ón Civil y Comercial, Quinta Sala, de la Cap¡tal, se ordenó la de los aulos DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN 'COMPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C/ ANIBAL GAVILAN Y OTROS S/ ACCIÓN AUTONOMA" a la Corte Suprema de Just¡cia. 2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establec¡do en el art. 18 inc. a) del Cód¡go Procesal C¡vil, a efeclos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constituc¡onal¡dád o no del artículo 29 de la ley 2421104, dispos¡c¡ón que el juzgador de la instancia original estima apl¡cable al caso de Regulac¡ón de Honorarios 3. El artículo 18 del Cód¡go Procesal C¡vil, establece cuanlo sigue: "Faculhdes ordenatorías e instructorias, Los jueces y tr¡bunales podrán, aun sin requer¡m¡ento de pañe: a) rem¡t¡r el expediente a la Coñe Suprema de Just¡c¡a, ejecutoriada la providenc¡a de autos, a /os efecfos previstos por el artículo 200 de la Constitución, s¡empre que, a su ju¡c¡o, una ley, decreto u otra d¡spos¡ción nomativa pueda ser contraria a reglas consfÍuc,bnales. . . " 4. En pr¡mer lugar, la norma de contenida en el artícul18 iniso a)del tgo Procesal C¡v¡|, que faculta la elevación de los autos a la Coa losefectosstos en el Artículo 200 de la Const¡tución, se refiere, enalastituc¡ónarriba refer¡do.

en el año '1967la fecha se encuentra totalderogadaabe aralqueoculo 200 de la Constituciónlacia refe via dconsucocontemplandoyexcra tns dec¡r, "na D¡- Vlcto¡ Rlos Oicdq Ab!. J'rliC. fa Miíistroonal Cesar M. DieselJun Miñi,tro c§i.'nte rl::iez una Const¡tución derogada que en su propio conten¡do desc)noce la ex¡stencia de la via que motiva la rem¡sión en pimer lugar."1 . Al derooarse la Const¡tuc¡ón de 1967, el menc¡onado art. 18 inc. a) del CPC quedó automát camente sin el min¡mo sustento en nuestro Estado Consl¡tucional y Democrát¡c( que no ha val¡dado estas dos normas (Constitución de'f 967 y art. 18 inc. a) del CPC) aprobadas en plena d¡ctadura 5. Articulo 137 de la Const¡tución Nac¡onal vigente, es claro en (.uanto a la prelación de las noÍmas jur¡dicas, y contundente al determinar que carece, de validez todas ,as disposiciones o actos de autoridad opuesros a ro esfrblec¡do en ella.

6. En cuanto a la administración de just¡c¡a, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder jud¡c¡al en todas sus ¡nstancias es el custod¡o de la misma, le atr¡buye la func¡ón de ¡nterpretar, cumplir y hacerla cLmplir. Es imporlante tamb¡én agregar que la Corte lnteramer¡cana de Derechos Humar os ha prec¡sado que los Estados no solo deben real¡zar el control de const¡tuc¡onalidad, sino tamb¡én el de convenc¡onalidad, "evidentemente en el marco (e sus respecllvas competencias y de las regulac¡ones procesáles conespond¡enteJ ..'-. establec¡endo, flnalmente, que el control de convenc¡onal¡dad recae en "cualquier autoñdad pública y no solamente el Po.ler Judicial ' 7. Respecto al caso sometido a estud¡o - consulta const¡tuc¡onal, las leyes dictadas con posterioridad a la Constituc¡ón del año 1992, carecen de regul¿rción sobre el tema.

Establec¡da nuestra tes¡s de carenc¡a normaliva para el plante¡miento oficioso del control de const¡tucional¡dad -mal denominada consulta const¡t],cionaf- cabe ahora pregunlarse cam¡no debe seguir un juzgador ante la situac¡ón de tener que tesolver un lit¡gio al que resulta apl¡cable una norma que consid?ra inconstitucional? La respuesta se encuentra establec¡da en la norma fundamenta y es coherente con todo nuestro d¡seño constitucional. La ¡nterprelac¡ón de normas constitucaonales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos d{:l Poder Jud¡c¡al, y a todas las autoridades con competenc¡a para apl¡car norm¿s jurídicas, no es compelencia única y exclus¡va de la Corte Suprema de Justr:ia, que si t¡ene la facultad de declarar la inaplicab¡lidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magnal 8. Néstor Pedro Sagúes, enseña que la ¡nlerpretac¡ón por parte de todos los miembros del Poder Jud¡cial, se corresponde con la dimensión .constru(tiva" del Control de Const¡tucionalidad. En ese sentido, expresa que "...en r¡gor ie verdad, en este trabajo, todos los jueces son./ueces co nstitucionales . . . n¡ngún juer podría darse el lujo de hacer func¡onar una noma subconst¡tuc¡onal, prescinc)iendo del enfoque constituc¡onalista de esa misma norma. Es decir, que le to?a, ¡nev¡tablemente, nte rpreta¡l a, ad a pta a, según la Constituc¡ón"5conformada, amon¡zarla, rescatarla, r,)ciclada y apl¡cada, En la Ca¡a Magna de¡ año 1.9ó7. encon¡m ros por primcra vc7 regLrlado dc lorma expresr el (on¡rol conslirucioñal.

iwidente no srspen<lcri el fu¡.it)..rw pros¿g ttú host¿ el es¡a.lo.la s.jntancli¡ ". - Oniz Rodr lue¿ J. F. (20t7). Conr¡ot Constalucional - la consülta con§tirucional. Revista Juridica De La Universidad ^merica r. 5, t). Reclperado,r panir de httpsi,hev ¡stac ienl¡fica.uamcricana.ed u.p)'/index.phpi rev istaj ur¡d ar ic lc/view/ I 7 I . 'Cone IDH. Senlencia del 24 de noviembre de 2006. C¿so Trahajadorcs Cesados de¡ C,rngrrro vs. perú. Preliminares- Fondo Rcparac¡ones ! Cosras. 'Corle IDH. Sentencia de 24 de tébrero de:0 tl. Fondo y Rcparaciones CosEs. Caso Cel an .,. Lru!ua!_ xo cs una consuh,t t¡r al JuE a T¿knd fomttt a'la ttorrc suprcíu dr.htst¡c¡d. E! ,¡t lt »t¿¡nnktt, oÍi.k¡t Lt akvión const¡tuciofidl: cs ¿cci.. un s.,netin¡lnb tu oficio a tc e Suf ¿nr,t t!¿ .htnn¡u u t, ,. . tsrlh ..i .¡" t _r n,att apl¡cübl¿ d I.t ntidin !1¿l conl j.to p e.rp scr i¡rot r/i/rrl¡¡r¿1 " Mcndonca. J.c. ( 1007). cueí i( nes conslir uc io a lc r ( p g6 Asunción: L¡tocolor S.R.L.

'Ernpalmes cmrc cl conrrol dc consri¡ucionatidad ) rl dc convcncionalidad. La..Constirución (.,,ny.¡ri(rr¡ti,,ada. P€dro Sagiies. L ibrolecniá Cenno de Iastudios Const ¡ruc i(na tei de C hite. Sanriago de C h itc. l0 I I ffi§r"rffitr" WZDEIUSTIcIACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN "COMPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C' ANIBAL GAVILAN Y OTROS S/ ACCIÓN AUTONOMA". AÑO: 2021 n Carb§-Mendonca, concretamente afirmÓ:'Hoy d¡a, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sent¡do apuntado: a favor de la Qompetenc¡a de todos los óryanos juisdicc¡onales pan hacer la interyretación de la Const¡tución, como ¡ntegrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compa¡lida en esfe caso por la Coñe Suprema de Justicia con los demás órganos lu risd iccion ales'o.

10. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: "...la noma consagra dos principios: 'el de la lex superiot', al declarar que la Consütuc¡ón es la ley suprema de la Repúbl¡ca; y el princip¡o de lenrquía', al establecer el orden de prelac¡ón de los ¡nstrumentos no¡mat¡vos, que lleva la consecuencia de que la no¡ma más cede ante la noma más fuede. En lo cual consiste finalmente, el pinc¡pio de tex superiol'1 . 11.E1 pr¡ncipio de supremacla const¡tuc¡onal "postula que todo el complejo no¡mativo jurid¡co se organiza en base a un orden de prelac¡ón de normas que necesañamente debe ser respetado a f¡n de evitar contndicciones internas que hagan colapsar el stsfema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la Repúbl¡ca del Paraguay, es la Cofte Suprema de Just¡c¡a la encaryada f¡nal de velar por el respeto y el manten¡miento de d¡cho orden...

12.Pablo V¡llalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacia const¡tucional es uno de los puntos angulares sobro los que reposa el ordenamíento juríd¡co, ¡mpl¡cando rcconocer a la Const¡tución como notma fundamental del Estado, ub¡cada en la cima de ta p¡rámide juríd¡ca, todo el ejido legal estructurado alrededor del ¡mpeio de la Const¡tuc¡ón, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Tnsluce eigir a la Constituc¡ón en fuente y fundamento del oden legal, cuya mis¡ón fundamental consiste en regular la v¡da humana en soc¡edadÉ.

3. F¡nalmente, el Dr. Manuel Ramírez Cand¡a, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, referir que: "...para dejar de aplicar una norma que se cons¡dera inconst¡tuc¡onal no se requ¡ere que prev¡an'¡ente sea declarada su inconst¡tuc¡onalidad, pues el mag¡strado t¡ene la obligación de fundar su fallo, en pñmer lugar, en la Constituc¡ón, por lo que de encontrar una anentre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constituc¡ón, enal cr¡terio de jerarquía. Esto implica que el magistndo podrálaque reputapor ol citer¡o de jerarqu¡a comode antinomia, dedeclarac¡óntnporde la Consulta r ltl il!iñi.rfó csl 201Constitucionalción, Pablo. Sistema lnteBmericano deJuañ Cárlos Mendonca Juan CarlosorD'' /n'"llliffOieda HuPág. 85 J,rli6 Cvói L'arli 5lEd deConslitucionalidad. Manuel RamireT 14.En defnitiva, en lodo proceso, eljuzgador, cualquiera fuera su ¡nrilancia, al advert¡r la derechos y garantías constitucionales; deberá -por el pr¡ncip¡o de jerarqufa- aplicar d¡rec'tamente la Const¡tuc¡ón o los Tratados, Conven¡os y Acuerdos lntemacionales aprobados y ralificados por el Paraguay, es decir, lodos los juec(.s y todas las juezas de la República deben ejercer los controles de constituc¡onalida( y convenc¡onal¡dad de las leyes. Con ello se satisface ¡gualmente el mandato del artí(:ulo 256 de Ia norma fundamental, que, con claridad y, en pr¡mer término, expresrr "Toda senaencia 15.En consecuencia, ante la falta de nomas que estipulén la vfir de consulta como meci¡nismo de control de constituc¡onal¡dad y en atenciórr a las facultades iueces de la República, la pretensión esbozada por el Juez de Primera lnstancia en lo y Comerc¡al del Vigésimo Pr¡mer Tumo de Cap¡tal, debe ser rechazada por ¡mprocedente A su tumo el Doctor JIMÉNEZ ROLóN dio: Prel¡minarmente, caben algunas consireraciones acerca de la d¡str¡bución de competenc¡a en ma eria de contro¡ de constituc¡onalidad.- de const¡hrcional¡dad.---'

Así prcs, la declaración de ¡nconstitucional¡dad es comp€tenc¡a exclus¡va de la Sala Constitucional, ex Artículo 260 de la Constituc¡ón y Artículo 1l de la Le! 609/95; o del Pleno de la Corte Suprema de Jusüc¡a, ex Articulo 259 de la Const¡tución y Artículo 3 de la Ley 609y'95. Consecuenteménte, en el s¡stema normativo nacional, la!; demás inslancias iudiciales no tienen atribución pafa tal declaración.

Luego, para situac¡ones en que otro órgano jur¡sdiccicnal cuestione la constituc¡onal¡dad de una noma inferior que deba aplicar a un caso con( reto, está prevista la facullad reconocida por el Artículo '18 l¡teral "a" del Cod¡go Procesal C¡v¡|. Este remed¡o, denominado coloqu¡al o doctrinariamente "consulla' de constituciona ¡dad, expresamente permite la remisión, aún s¡n roquerim¡enlo de parte, a la máx¡ma ¡rrstancia jud¡c¡al con competenc¡a material, a los efectos de la declaración de ¡nconstituc¡onal¡dad de una norma consbte en un pedido, un requerim¡ento, of¡ciosamenté provocado, F,ara que se juzgue, directamente, la constitucional¡dad de la norma cuestionada. Al ser asi. dicha potestad no puede -ni debe- ser confundida con una solicitud de una opinión consult va o un d¡ctamen no v¡nculante. La ¡nterpretac¡ón de la doclrina es co¡ncidenté: "La 'consufta' const¡tuye en realidad, en esfos casos, un sometimiento ex oñcio que hace el tribunl ¡ncompetsnte, al tdbunal comrytente, para que quede establecido por esfe si la ley ¡-tvocada a/ caso es constituc¡onal o ¡nconst¡tuc¡onal, da manera que, resulta lo s2gundo, el tribunal incompetente pueda exonerarse de su apl¡cación" (MENDONqA, Ju¿rn Carlos. 2000.

garantía de inconstitucionaruad Primera Asunción: Litocolor, p. 85).

Es cierto, por otro lado, que ex¡slen op¡n¡ones contrarias a v¡(renc¡a de la facultad of¡c¡osa prev¡sta en el Artlculo 18 literal "a'del R¡to Civ¡l, dentro del sislema nac¡onal de control constitucional. Sin embargo, d¡chas opiniones d¡slmiles nr: se ajustan a la interpretación legislativa que debe imperar para dilucidar la cuest¡ón C¡ertamenle, las normas infraconstitucionales pierden v¡gencia cono consecuencia de la actividad legislat¡va, que puede consist¡r en abrogac¡ón o derogac¡ón, empleadas expllc¡ta o implícitamente. De manera que, fuera de estos supuestos, aquellÍrs normas persislen dentro del sistema iuríd¡co nacional. Esta aclarac¡ón 6s necesaria )ara comprender la subsislencia mater¡al de la norma de remis¡ón menc¡onada En efeclo, la Const¡tución de 1992 no ha derogado, ni mucho menos abrogado, expresa o tác¡tamente, el refer¡do Añículo 18 l¡teral "a'del Código Pro(iesal C¡vil, dado que no se produjo su exclusión, en sentido técnico, del ordenam¡ento posit¡vc. Ni s¡qu¡era puede - buen Derecho- cuest¡onarse la operatividad de la que v¡abil¡za el control oficioso Al respecto, cabe precisar que el caÉcter operativo de cualqui€ r rem¡sión debe ser a¡.alizada a la luz del contenido de la norma objeto de ésta. La doctr¡na, al estudiar supuestos análogos, ha advertido: las rem¡s¡onés a enunciados demgados por dicha Ley no han de ser entend¡das de lotma estálica, sino d¡námica: hay que ontender que el ffir§r"nffiL wzDEIusTrctACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P.

DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN "COMPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REpuBLtcA c/ ANTBAL GAV¡LAN y oTRos s/ AcctóN AUToNoMA". Año I zo21 enuncionada resulta operata juríco en la ConstituctificanSU r. víctor Rlos Oi¿dar). objetoestánde dishas confen)dosremis¡ones no son /os enunciados derogados, s¡no los enunc¡ados que en la prop¡a Ley y queregulan los m¡smos cásos que los enunciados derogado§' ' jurídica. Seg(HERNÁNDEZ MAR|N, Rafaer2002. lntroducción a la teoria de la norma unda Edición. Madr¡d: Marc¡al Pons. p. 336). Ergo, si la Ley Fundamental v¡gente tiene un contenido semejante a la Caña Magna anter¡or, es perfectamente pos¡ble entender que la remis¡ón de la norma de.inferior jerarquia posee una just¡f¡cac¡ón constitucional todavía sufic¡ente y, en mayor medida, no ha perdidó operativ¡dad De adm¡tir la tes¡s contraria, se estarfa desvirtuando por completo el dinamismo del ordenamiento pos¡tivo inframnstitucional, que postula la validez de las normas según puedan ser deduc¡das de la norma fundamental vigenle, y no por su textual¡dad. La doctr¡na enseña: "De acuerdo con el citeio de deducib¡l¡dad, una notma peftenece al sistema cuando es consecuenc¡a lóg¡ca (es deduc¡ble de) las normas pedenecientes al sistema." (BULYGIN, Eugenio y MENDONQA, Daniel. 2005. Normas y Slstemas Normaf,Vo. Pr¡mera Edición.

Madrid: Marcial Pons. p. 47).

uLuego, es ¡nnegable que la remisión conten¡da en la c¡tada norma del Código de Formas no se dir¡ge de manera estática al Articulo 200 de la Constitución de 1967, sino que se orienta espec¡al y específ¡camente a la atribución allí consagrada. En el articulo aludido se regulaba, obviamente, la facultad de la Corte Suprema de Justic¡a para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y disponer su inaplicabilidad, en cada caso concreto y con efectos nter pades; también se reglamentaba las vias para peticionar tal garanlia.---.

Tal dispos¡c¡ón de la Constitución de 1967 fue reemplazada y recogida en los Art¡culos 132, 259 y 260 de la Const¡tución de 1992. Estos enunciados normativos conservan el sustrato del anterior; es decir, tratan sobre Ia facultad de la Corte Suprema de Justicia de ejercer el control sobre la const¡tucionalidad -entre otros- de las normas iurídicas, sus efeclos y las vías para pedir su declarac¡ón. Esta circunstancia evidencia que, en puridad, no alterac¡ón sustanc¡aldel contenido en el nuevo texto const¡tuc¡onal.

Además, el Artículo 132 de la Caña Magna de '1992 valida de manera ¡mplíc¡ta las disposiciones preexistentes del Cód¡go Procesal C¡v¡|, al permitir que la garantia de la apl¡cabil¡dad del proceso espec¡al de impugnac¡ón de la inconstituc¡onalidad previsto en el Cód¡go Procesal C¡vil, por vía de la excepción o de la acción; por lo que tampoco puede discutirse la operat¡v¡dad de la facultad oficiosa reconocida en el m¡smo Código De hecho, en el afán de adecuar el texto del Código Procesal Civil al diseño constituc¡onal v¡gente, el legislador la Ley 600/95, en virtud de la cual se derogó la única d¡sposic¡ón que entend¡ó como incompat¡ble con el sistema de control de constituc¡onal¡dad instaurado por la Const¡tuc¡ón de 1992; es decir, el Artículo 582 del referido Código, que permitía a los jueces ordinarios declarar la inconstituc¡onal¡dad de las normas en los ju¡c¡os de amparo. La citada Ley, en su versión modifcada, emplea un mecanismo análogo a la facultad establec¡da en el Artículo 18 literal "a" del Código Procesal Civil, para casos en que fuere necesario ver¡f¡car la const¡tucional¡dad de una norma para dec¡diramparo.--- garantia de la inmnstitucionalidad, se encuentran v¡gentes,qUEeron expresamente modificadas o derogadas, con miras a resgualorol de const¡tuc¡onal¡dad Al ser así, la onal,porcmtst exdel s qmodtra fl{inbt¡oCesar lli. Diesel Ju Ministro CSI J rlr, Luego, se pone a considerac¡ón la ex¡stenc¡a de un sistema difuso de control de constitucionalidad de las normas, a criterio de este Mag¡strado, ello no condice con el s¡stema de control de const¡tucionalidad v¡gente, ni armoniza con la interl)retac¡ón s¡stemática de la Constitución; específicamente los arts. 132, 259 y 260 y su r-.lación con nuestro ordenamiento procesal, los arts. 18, lit a), 538 ss. y 550 ss. del Códig(, Procesal Civil y los arts. 11, 12 y 13 de la Ley 609/95, que determinan la competencia de la Corte Suprema de Just¡cia para declarar la inconstitucionalidad de las normas y resolucionei judiciales.

La garantía de inconstituc¡onalidad se regula en tres artículos d€, la Constitución. En primer lugar, tenemos el art. 132, en virtud del cual se establece esta garantía de manera extensa; esto es, en lo referenle a la regulación del órgano competen:e para su estud¡o y lratamiento, y la delegación de la función de establecer la3 correspondientes reglamentaciones, al leg¡slador. El citado artlculo, textualmente expresa "La Coñe Suprema de Just¡cia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las nomias jurídicas y de las resoluc¡ones judic¡ales, en la foma y con los alcances establec¡dos en Const¡tuc¡ón y en la ley".

Dicha dispos¡ción, por supuesto, debe ser leída e ¡nterpretada en concordancia con el segundo enunc¡ado fundamental, el art. 259, que, en su numeral 5, entr,¡ las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, estatuye la de "conocer y resolver sobre ,nconst¡tucionalidad". Correspondiente con ello, fue d¡spuesta la organización en Salas de este órgano, instaurando a tal efecto una Sala espec¡alizada, mediante el art.258 que ordenó: "La Coñe Suprema de Just¡c¡a estañ integrada por nueve miembros. Se organizan en salas, u,a de las cuales será con st¡tucion al'.

Finalmente, tenemos al art.260, el cual establec¡ó de manera específica los deberes y atribuc¡ones de la Sala Const¡tucional de la Corte Suprema, en los siguientes términos: 'r,) Conocer y resolver sobre la inconst¡tucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normat¡vos, declarando la inaplicabilidad de ,as dispos,b,bnes contrar¡a: a esta Const¡tuc¡ón en cada caso concreto y en fatto que solo tendrá electo con relación a e:;e caso y 2) Dec¡dir sobre la inconst¡tuc¡onalidad de /as senfencias definitivas o interlocutcr¡as, declarando la nul¡dad de las que resulten contrarias a esta Constitución. El proced¡miento podrá iniciarse por acc¡ón ante la Sala Constitucional de la Coñe Suprema de Justrc¡a, y por v¡a de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedeltes a la Coñe".--- De los textos constitucionales transcr¡ptos surge palmar¡ament: que el control de conslituc¡onalidad que prev¡ó nuestra norma fundamental emplea un s¡r,tema que concentra dicha competencia en la máx¡ma instancia judicial. En efecto, según un¿ interpretación l¡teral de los enunc¡ados prccedentes, la Corte Suprema de Justicia -actuando en pleno- y la Sala Const¡tuc¡onal, son los ún¡cos órganos que tienen la competencia para declarar la inconstitucionalidad de leyes, demás instrumentos normat¡vos y resolucic nes judiciales.

En este mismo senlido, este Mag¡strado ya ha d¡cho que, confome con los arts. 259 y 260 de la Const¡tución, y en concordancia con los arts.3 y 11 de la Ley 609/95, la declarac¡ón de ¡nconstilucionalidad es competencia exclus¡va de la Sala Constitucional, o del Pleno de la Excma. Corte Suprema de Just¡cia. En nuestro esquema normat¡vo, las demás Salas no t¡enen compelencia para tal declarac¡ón y tampoco lo tienen los órganos de ¡nferior jerarquía, conforme con el literal "p" del c¡tado art. 3 y los arts. 14 y '15 la Ley 609/95; pues n¡nguna norma const¡tuc¡onal -n¡ legal- les otorga competencia pa.a ello. (Acuerdo y Sentencia No 103 de fecha 20 de mayo de 2020, d¡ctado por la Sala Con;titucional).**

Además, efectuando una ¡nterpretación s¡stémica, podemos af¡rmar que, la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas pudiera recaer en jueces ordinarios de jerarquia inferior a la Corte Suprema de Just¡c¡a, la via de la excepción de inconstitucional¡dad prevista en el art. 260 de la Carta Magna y los arts. t;38 a 549 del Código Procesal C¡vil, quedaria privada de toda f¡nalidad y ef¡cacia dentro d(,1 sistema normativo procesal y de control de consl¡tucional¡dad. Ello supondria que interpcner la excepción de inconstituc¡onalidad no resulte necesario, ya que los iuzgadores, de lodas las ¡nstancias, podrian ejercer el controlde constituc¡onal¡dad de todas las normas aplicables a la resolución de los casos que se les pla0tean, incluso sin ¡nstancia de parte y s¡n aleJación de una lesión const¡tuc¡onal, lo cual es palmariamente inadmis¡ble.-- Asimismo, debemos recordar que med¡ante la garantía de onstitucionalidad se controlan los actos normativos de los demás poderes del Estado. Es dec¡r, se ver¡f¡ca la actividad legislativa ejercida por el Poder Legislativo y los actos de gobie.no, efectuados por ConmSupR¡l,tl ",fusttctACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P.

DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN "COiIIPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REpuBLtcA c/ ANTBAL GAV|LAN y orRos s, accróN AUToNoMA". tño: zozt elertivo, cuando crea o dicta actos normativos, a través de cualquiera de sus organoq,puedan resultar lesivos de derechos consagrados const¡tuc¡onalmente. Por se ha dicho que "e/ control centralizado ev¡denc¡a una concepción permeada de respeto al príncip¡o de sepanción de poderes" (TORRES KIRMSER, José R.; FOSSATI LÓPEZ, Giuseppe. 2022. "La excepc¡ón de inconst¡tuc¡onal¡dad y su relación s¡stemát¡ca con la consulta constitucionaf . 1ra Ed. Asunción: La Ley Paraguaya. P.18). En efecto, esto se traduce -con suna lóg¡ca- en que, la facultad de ejercer el control const¡tucional y, por ende, el control inter poderes debe ser reservada a quienes ejercen la máxima autoridad, pues se lrata no solamente de una tarea jur¡sdiccional sino también de control pol¡tico, que se ejerce en razón del pr¡ncip¡o de separación de poderes. Los jueces ord¡nar¡os no t¡enen potestad para ejercer este conlrol, porque si bien conforman el Poder Jud¡cial, no son parte de la Corte Suprema de Justicia, a quien la Const¡tuc¡ón, les reserva esta atribución de manera exclusiva Entonces, teniendo como premisa bás¡ca que los órganos jur¡sd¡ccionales ordinarios no t¡enen competencia para declarar la inconstituc¡onalidad de ¡nstrumentos normat¡vos o resoluc¡ones judiciales, surge la interrogante de cuál es la ¡ntepretación y el alcance que se debe dotar a los arts. 137, 247 y 256 de la Const¡tución y '15, literal "b" del Código Procesal tCiertamente, los jueces t¡enen el deber de fundar sus resoluc¡ones en la Constitución, conforme con lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 256 de la Constituc¡ón y el art. 15, l¡t. "b" del Código Procesal Civil, previamente citados. Este últ¡mo establece: 'Deberes. Son deberes de los jueces, sin peiuicio de lo establecido en el Código de Organización Jud¡c¡al: b) fundar las resoluc¡ones def¡n¡t¡vas e interlocutoñas, en la Const¡tuc¡ón y en las leyes, conforme a la jenrquia de las normas v¡gentes y al princip¡o de congruencia, bajo pena de La obligac¡ón aludida es ¡ndiscutible, no obstante, dichas normas no pueden ser interpretadas aisladamenle y s¡n considerar el resto del s¡stema de control de constituc¡onal¡dad v¡genle. Dicho deber no supone que los jueces ordinarios se encuentren facultados a declarar la inconstitucional¡dad de las leyes y disponer su inapl¡cabilidad, o mejor dicho que los mismos compartan el ejerc¡cio del control const¡tucional con la Sala Constitucional o la Excma. Corte Suprema de Justicia.

En real¡dad, el deber que se enunc¡a de fundar los fallos en la Const¡tución, no olorga competencia a los jueces ordinarios para ejercer propiamente el control const¡tucional, s¡no que reafirma el rol de intérprete. Los jueces, sin ¡mportar su jerarquía, interpretan los textos constitucionales junto con la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su activ¡dad jur¡sd¡ccional, pero no pueden e.iercer el control constilucional en sentido estr¡cto.

.- iuez ordinar¡o puede ejercer la actividad ¡nterpretat¡va respecto de un enunciado constitucional o incluso determ¡nar la inteligencia del prop¡o texto constitucional cuando debe ser apl¡cado al conflicto de manera directa. Empero esa labor jurisdicc¡onal no puede, en ningún caso, exceder los lím¡tes de su propia competencia: puede analizar la contraposición de una norma de inferior jerarquía e ¡nterpretar la Const¡tuc¡ón, perouede declarar su inaplicabilidad. Por lo demás, cuando el juzgador ord¡nar¡o dilla ley que debe aplicar contraviene la norma fundamental, puede, facultativamla via oficiosa iamiento de laprevista en el Art. 18 del Cód¡go Procesal C¡v¡l, para máxima ¡nsiancia ju¡cc¡onal al respecto, y media inaplicación de I Claraun,uezo considere qu SUone qlos deustiEllo, porquelicabilitojrla nclno debe hao rma, qformarteq Dr. Vlcror Rlos Oieda I;n pfonu nunctamtque ct,ex aestal tnco adlaM¡¡ListroMinittro C5l del ordenamiento.iuríd¡co vigente, por inconst¡tucional solo puede obten()rse por efecto de la declaración Esta disquisición ya ha sido atend¡da por la más autor¡zada doctrina nacional, qu¡en, en el marco del problema del control en la aplicación e interpreiación de la norma constituc¡onal, ha referido que todos los órganos jurisd¡cc¡onales se h¿rllan facultados para apl¡car de manera d¡recta un precepto constitucional operat¡vo, con lo cual se satisface el deber de basar la resoluc¡ón en la norma fundamental, pero que, a su rcZ"[...] se requiere somet¡miento ofic¡oso a la Coñe cuando un precepto ordinario apl¡caile a la soluc¡ón del litigio se opone a un prgcepto const¡tuc¡onal, porque los magistrados ¡nferiores no están hcultados a declarar la inconstitucionalidad del precepto ord¡nado, que es un problema v¡nculado a /a génesr:s de la sentencia, que debe ser previamente dilucidado por el órgano competenb" (MENDONQA, Juan Carlos. 2011. Algunos Problemas Esta exéges¡s perm¡te comprender el porqué delArt. 247 de la C,)nstituc¡ón que reza: "El Poder Jud¡c¡al es el custod¡o de esta Constitución. La interpreta, a cumple y la hace cumplir 1...J'. Se atribuye, pues, a todos los órganos del Poder .lud¡cial la custodia, pero claro está, cada una de estas facultades se ejerce a travis de los órganos correspond¡entes y según sus respectivas compelencias El contro¡ constituc¡onal ejercido por la máxima instanc¡a jud¡c¡al en virtud a los arts.

132,259 ¡nc. 5) y 260 de la Constituc¡ón, es una actividad sumam€nte distinta a la de interpretar un texto constituc¡onal que se debe aplicar de forma direct¿r a una controversia judicial o bien, ¡nterpretar las normas conforme con la Const¡tuc¡ón, adL'cuando la norma al marco constitucional. Así lo ha entendido nuestra más autorizada dociltina: "Esta forma de cuestión constituc¡onal es la que se conoce con el nombre de '¡ntet¡qenc¡a de cláusula const¡tuc¡onal', es dec¡r, de ¡nteryretac¡ón de una disposición de la prapia Constituc¡ón. En efecto, cuando se controvieñe la interpretac¡ón de uno de sus art¡culo::, lo que se hace es discut¡r substanc¡almente el abance y sent¡do que tiene, con el objeto de determinar con alcance y sentido debe ser aplicado." (MENDONQA, Juan Carlos. Op. C¡,. P. 45).

En cualquier otro caso en que el enunciado normativo no haya s¡do revisado por la máx¡ma ¡nstancia y declarado inconstitucional, el juzgador se encuentra habilitado a aplicar la norma, incluso efectuando una ¡nlerpretac¡ón conforme según su criterio.

Luego, el criter¡o interpretativo de lex superior, como fundamento para admit¡r que los órganos ordinarios inapl¡quen normas que consideran contrarias a la Carta Magna, es divers¡dad de ¡nterpretac¡ones sobre la inconst¡tuc¡onal¡dad de una nomra puede llevarnos a una situac¡ón permanente de ¡nsegur¡dad juridica en donde Ia vigenc¡a / la estabil¡dad de la ley o de la apl¡cabilidad de normas const¡tucionales quede a discreción Cel juez ordinario en cada caso concreto Por este motivo, nuestra Constitución reservó d¡cho control a a máxima instancia judic¡al. El d¡seño de verif¡cación de const¡tuc¡onal¡dad que hemos deta lado en los párrafos superiores conforma la esencia m¡sma de la de poderes, cuy( control se ejerce a través de los mecanismos que la propia Constitución instaura a favor d? cada uno de ellos.

En el caso del Poder Jud¡cial, la garantía de inconst¡tuc¡onalidad, p,)r excelencia, es el "mecan¡smo" de control reservado a su máxima autoridad, como ya lo hemos refer¡do al hablar del componente político de esta garantía.

Esto no qu¡ere decir que se niega el valor normativo de la Carta Magna. La jerarquía de normas debe ser reconoc¡da y salvaguardada, pero el cr¡ter¡o interprealivo de lex supeior no puede soslayar los mecan¡smos de control constitucional estatuirlos por nuestra ley fundamental.

Esta conclus¡ón, también ha s¡do alcanzada por la más autorizád¿r doctr¡na nacional al referir que: una cosa es e/ pincipio de supr'macia cons,¡tuc¡onal y otra la de los mecan¡smos de control concreto de compatib¡hdad de la norma de inferior jerarquia con la Const¡tución, asi como la ¡dentificación del órg¿no competente a tal efecto. En efecto, nuestro s¡stema requíere que la sentencia esté fundilda conforme con la Constitucíón y la ley, pero no predispone un control difuso, por el cual €dos los juzgadores puedan indiscim¡nadamente verif¡car la conpat¡bilidad de la ley con la Const¡tu;¡ón. En ptincíp¡o - con salvedad del mecanismo de consufta previsto en el a¡ficulo 1g ¡nciso a) del CORTESUPREMA "EIUSTIcIACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P.

DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN .COIUIPULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA C' ANIBAL GAVILAN Y OTROS S/ ACCIÓN AUTONOMA". AÑO: 2021 el juez debe fundamentat su decis¡ón en la ley, pero no verificar su temperamento está rcservado a las pañes, a las que el otdenam¡ento mecanismos de la acción y de la excépc¡ón como vlas para provocar el control."ganntiza los ,(ÍÓRRES KIRMSER, José R.; FOSSATI LÓPEZ, G¡useppe. Op. Cit.. Pp. 170/171) Delim¡tada, pues, la procedenc¡a de esta via, así como la finalidad de la misma; y deslindadas las cuestiones de comp€tencia, debemos proceder al estudio de la constitucionalidad del art. 29 de la Ley 2421104, en cuanto establece una lim¡tación relat¡va a la regulación de honorarios profesionales de los abogados que hayan desempeñado su labor iu¡cios donde el Estado o sus entes sean parte.

El art. 29 de la Ley 2421104 es apl¡cable al caso de autos, ya que la sol¡c¡tante, Abogada G¡lda Lucia Bordón Roux, pretende eljust¡prec¡o de sus honorarios por los trabajos realizados en el juic¡o de acción aulónoma de nulidad, promovido por la Procuraduria General de la República, contra Aníbal Gavilán, Esteban Serrati Codas y Alfredo Sebast¡án Jaeggli Valdéz. La solicitante de la regulac¡ón de honorarios actuó en representación de Alfredo Sebastián Jaeggl¡ Valdez -parte demandada- y, en consecuencia, se ve afectada por la d¡sposición del art. 29 de la Ley 2421104 Se ha excitado el mntrol constituc¡onal de la c¡tada norma, con fundamento en el pr¡ncip¡o de igualdad, consagrado en los arts. 46 y 47 de la Constilución.- Recordemos que el p¡incipio de igualdad posee dos d¡mens¡ones: la ¡gualdad formal, jurídica o de ¡ure y, la ¡gualdad material, sustancial o, de hecho. La primera de ellas, se proyecla en d¡versas facetas: a) igualdad en la norma jurfd¡cá general, obl¡gando al creador de la noma a no efectuar d¡stinciones arbitrar¡as o ¡rrazonables: b) ¡gualdad frente a la noma jurídica, vinculado de este modo órgano encargado de aplicarla; y, c) ¡gualdad de derechos, signif¡cando que todas las personas son t¡tulares, por ¡gual, de determ¡nados derechos, cal¡ficados como derechos humanos. La ¡gualdad de hecho atiende a las condiciones de los sectores o grupos de personas, que sean soc¡al, económ¡ca o culturalmente menos favorecidos, e ¡mpone al Estado, med¡ante la realizac¡ón de acc¡ones posit¡vas, el deber de remover los obstáculos que impidan a tales personas un eiercicio real y efectivo de sus derechos o gozar de una ¡gualdad de oportunidades (DlDlER, Maria Marta.

2012. El pincip¡o de igualdad en las nomas jurídicas. Buenos A¡res: Marc¡al Pons. pp. La consulta que se plantea se refiere a la primera de las dimens¡ones del principio de igualdad, el de ¡gualdad jurld¡ca. La ¡gualdad ex¡ge que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en ¡guales s¡tuaciones, y, concomitantemente, impl¡ca el derecho a que no se establezcan excepc¡ones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en Constitucional Argenlino. Buenos Aires: Editorial Ediar. p. 259). Desde esta perspectiva, el princip¡o de ¡gualdad se lransforma en un mandato que ¡mpone al Estado el deber de respetarlo tanto en la formulación como en la apl¡cac¡ón de normas El Tribunal Const¡tuc¡onal Español explica que: "El pinc¡pio de ¡gualdad que garant¡za la Constituc¡ón operu en dos p/anos disl¡nfos. De una pañe, frente al leg¡slador o frente al poder reglamentar¡o, ¡mpid¡endo que se otoryue relevanc¡a juridica a c¡rcunstanc¡as que, o bien no pueden ser tomadas nunca en cons¡derac¡ón por prohibilo as¡ expresamonte la propia Constituc¡ón, o b¡en no guañan relación alguna con el sent¡do de la regulac¡ón que, aplicac¡ón, la ¡gualdad ante la ley obliga a que ésta sea apl¡cada de modo igual a todos aguellos que se encuentnn en la misma s,fuación'ISTC 1M11988, c¡tado en DlDlER, Mar¡aCódigo Prcsr)sal C¡vilca n st it u c id i d a d : e ste Marta. Op Cit. p. 37) El princ¡pio de ¡gualdad es por demás complejo, por lo que. err numerosos casos, admite tanto eguipañr @mo d¡ferénciar, ex¡st¡endo al respecto libertad de mnfiguración para leg¡Elador, debe leg¡slar en base a las circunstancias del caso. Por ello, no toda de trato puede considerarse violatoria del principio de ¡gualdad, y no todo tratam¡ento igualitar¡o, que ¡gnore diferencias relevantes, puede estar corforme con éste.

Pero esa l¡bertad legislativa a la que aludimos no es absoluta. S3 encuentra limitada por la ex¡gencia de que tales dist¡nc¡ones sean razonables, no se¿rn arbilrarias, o no concedan priülegios indeb¡dos. Debe exisl¡r, en otras palabras, una objet¡va y razonable. D¡c*la exigencia vincula a las dlerenc¡aciones o dist¡ncicnes legales con el princ¡p¡o de razonabilidad, aquel principio que impone la adecuación de tas normas ¡nferiores a los principios dogmát¡cos de la propia Constitución En ese sent¡do, la doctr¡na ha referido que: "Es razonábte tado acto que no se traduzca la violación de la Constitución, o en la desnaturalizac¡ón ae sus preceptos. La razonabilidad de un aclo está condicionada a su adecuac¡ón a los pr¡nc¡pios del sent¡do común constitucional en orden a la juslicia, moderación y prudéncia qte ella establece. Es asl que un acto puede ser fomalmente con§ituciona4 pero esenc¡almente ¡nconstitucional cuando su conten¡do no guade la debida Wryrción con las c¡rcunstanc;as que lo mottvan, o cuando no responda a una frnalidad constitucional de bien común" (BADENI, Gregor¡o. 2006.

Tratado de Derecho Const¡tuciona¿ Tomo l. Buenos Aires: La Ley. p. 120). La p¡oporc¡onalidad a la que se refiere el autor, ex¡ge que los medios empleados -{ue en este caso son md¡os normat¡vos- sean idóneos y adecuados al f¡n perseguiCo con la toma de la medida de autoridad Pero prec¡samenle son esos los principios que se ven quebrantarlos con el art. 29 de la Ley 24?1n4. Para iustif¡car la limitac¡ón del justiprec¡o de honorar¡os r:n un 50o/o, la norma toma como único elemento discr¡m¡nante la cal¡dad de parte del Estado o sus entes. O¡cha limitación, o pr¡v¡legio Estado, aparece aqui como una med¡da desproporcionada e sustancialmente ¡dént¡cos a cualqu¡er otro. La l¡mitac¡ón en cuestión, pcr lo demás, incluso omite toda considerac¡ón de los parámetros establec¡dos en la Ley Aran(€laria de Honorarios de Abogados y Procuradores: sin importar la mayor o menor complejilad o cal¡dad de los trabajos, impone un porcentaje único, tasado en la mitad de lo lue coffespondería, mlnimamente, en cuahuier juic¡o Dicha determinación no resiste al menor anális¡s constitucional d€, razonab¡lidad, pues no se ádv¡erte un crite¡io razonable u objet¡vo que perm¡ta just¡ficar la reducción de un justiprecio, por el solo hecho de lit¡gar contra el Estado o sus entes. El trabajo es ¡gual y la labor profesional¡ustipreciada no es menor en efensión en complej¡dad.-- No cabe duda que con la citadá nomativa se establece una desigualdad irrazonable entr6 iguales, en ¡guales circunstancias l¡bertad de iniciativa económica de los ¡nd¡viduosEsta vulnera, además, el emolumento que toda persDna tiene derecho a tener en v¡rtud de su trabajo, conforme con el art. 86 de la Constituc ón, y el égimen de En conclus¡ón, y por todo lo expueslo, el art. 29 de la L.ey 2421104 resulta evidentemente inconstituc¡onal; consecuentemente, de conformidad con el art. 260 numeral 'f" de la Constitución, concordante con el art. 555 del Código procesal conesponde declarar la inconstitucional¡dad de d¡cha norma y su consiguiente inapti:ab¡l¡dad a caso, cons¡gnándolo expresamente en laparte resolutiva. Es mi voto Con Ique se dr termieacto, firmando SS.EE., todo por ante ada laatamente sigue Diúnghanns *fiti$fro Dr. vlc,or Rlos Oj''laí,deq Minktrdtsl.

@§v?P"m"COI{SULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DE LA ABG. GILDA LUCIA BORDON ROUX EN "CO PULSAS PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIGA c/ ANIBAL GAVILAN Y oTRoS s, AccIÓN AUTONOiTA". AÑo: 2021 Af*reción. 4 oe - Vlsf@}os méritos delAcuerdo que anteceden, la .-:SENTENG|A Nt MERo: 5R) TENER qt{irnsnola consulta constitucional y, en consecuencia, del Art.9deN'2421l04 en est8 caso en concreto reg¡slrerCORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Const¡tuc¡onal

RESUELVE:

anns JDL Y|cro¡ Ríos Oi¿da SECFETARIA JUDICIAL I MtsJ,rlir u ' dr l.:¿rtl esel nlstro