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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 599/2024

1 de julio de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ LA VENCEDORA S.A. S/ COBRO DE GUARANIES. AÑO: 2021- N° 109.

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@§f#l¿ilCON§ULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ LA VENCEDORA S,A. S/ COBRO DE Paraguay, de la Corle nstilu ANTONIO GARAY, Ante mí, el Secretar¡o autorizante, se trajo al acuerdo el exped¡ente: CONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARTOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C' LA VENCEDORA S.A. S' COBRO DE GUARANIES, a fin de resolver la consulta sobre const¡tucionalidad real¡zada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comerc¡al de la Primera Sala de la Cap¡tal.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Just¡c¡a, la Const¡tucional, resolvió plantear y volar la siguienle: -- CUESTION: inconst¡tucional el Art. 29,de la Ley N12421/04 "De Reordenamiento A la cuest¡ón planteada, el Doctor RIOS OJEDA, d¡jo: Por A.t. N'377 de bcha 8 de abril de 2022, diclado por el Juzgado de Primera lnstancia en lo Civ¡l y Comercia¡ del Octavo Turno de la ciudad de Asunción, se ordenó la remisión de los autos "R.H.P. DEL ABOGADO JOSE RAFAEL ROJAS GoNzALEz EN LoS AUTOS CARATULADOS: "INTEGRAL INGENIERIA SRL C/ PROCURADURTA GRAL DE LA RCA S, CUMPLIÍUIENTO DE CONTRATO Y OTROS' a ta Corte Suprema de Just¡c¡a.

La c¡tada rem¡s¡ón, dice elfallo, fue realizada en v¡rtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Cód¡go Procesal Civ¡|, a efectos de que ésla Sala de la Corte se expida sobre Ia const¡tuc¡onalidad o no del articulo 29 de la ley 2421l04, d¡spos¡ción que eljuzgador de la ¡nstancia orig¡nal estima aplicable al caso de Regulacióñ de Honorarios afr¡ba refer¡d o. El artlculo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto s¡gue: ,Facurfades ordonetoñaa o instnrctodas, Los jueces y tribunales podtán, aun sin requetimidnto de pa,te: a) rcmitir el expediente a la Coie Suproma da Justicia, ejecutoiada ta prov¡denc¡a de autos, a los efectos previstos por el articulo 2OO de la Constitución, s¡empre que, a su ju¡c¡o, una ley, decreto u otra disposic¡ón notmativa puada ser cont aia a reglas const¡tuc¡onales . . ;' Código Procesal Civ¡l, que faculta la elsváción de los autosEn primer lugar, la noma de remisión conlen¡da en el articulo l8 inciso a) del orte a los efectos previstos en Artfculo 200 de ta Constitución, sereal¡dla Constitución d¡clada en el año 1967 que a .lacional.

Ésln absolutamente dea.abe aclarar que el pioalaG tamhaclareferenc¡a a la vide coúnicamentea acc¡ón y excepc¡ónv contenuna levfa que I». vlcro¡ Rlo" oj2¿a tvacrotolal stituci "tenp Mfuist ohace remisión en primer tugar."t. Al derogarse la Constiluc¡ón de 1§67, el mencionado art. 18 inc. a) del CPC quedó automáticamente s¡n el más mlnimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático que no ha validado estas dos normas (Constituc¡ón de 1967 y art. 18 ¡nc. a) del CPC) aprobadas en plena d¡c1adura. -El Articulo 137 de la Constituc¡ón Nacional v¡gente, es claro en cuanto a la prelación de las nomas .iurld¡cas, y contundente al determi'rar que cerEcen de yalidaz todas las disposiciorres o ectGt da trraordad opuestos a lo establecido en ellz En cuanto a la administración de just¡cia, el Artículo i:47 de nuestra carta magna, al t¡empo de señalar que el poder jud¡cial on todaa sua ¡nltancias es el custod¡o de la m¡sma, le atribuye la función de ¡nterpretar, cum)lir y hacerla cumplir.

Es ¡mportante tamb¡én agregar que la Corte lnteramericana Derechos Humanos ha precisado que los Estados solo dobon reallxar el control de con¡üt¡c¡onal¡d.d, s¡no tamblón ol de convencionalidad, evidentemente en el marco de sus rBspocf,ias comrytencias y de las rcgutac¡ones prDcasaras com)spondientés. . .4, estableciendo, f¡nalmente, que slcontrol de convencional¡dad en " cuahuier auloddad p{tbl¡ca y no solamante el Podq Judicial3 .

Respecto al caso sometido a estud¡o - consulta con3titucional, las leyes dic{adas con poster¡oridad a la Const¡tución del año1992, carecen de regulación sobre el tema. Establecida nuestra tesis carenc¡a normativa para el planteam¡ento oficioso del conlrol de constitucional¡dad -mal cenom¡nada consur¿a constitucionala- @be ahora preguntarse cámino debe se{¡u¡r un iuzgador ánte la situac¡ón de tener que resolver un al que resulla aplicable una norma que considera inconstituc¡onal? La respuesta 8a encuentra eslablecida en la norma fundamental y es coherente con lodo nuestro diseño mnstituc¡onal. La comp€te a todos los órganos del Poder Judic¡al, y a todas las autor¡dades con competencia para aplicar nomas iurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corle Suprema de Justic¡a, que üene la facuttad de decl¿rrar la inapl¡cab¡lidad de las normas y nul¡dad de las resoluc¡ones iud¡ciales (Articülos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Cartá Magna).

Néstor Pedro Sagües, sne€ña que la ¡nterpretación pc r parte de todos los miombros del Poder Jud¡c¡al, se conesponde con la dimensirn "construcliva" del Control de Consütucional¡dad. En ese sént¡do, expresa que ". .én ñgor de vetdad, en este trabaio, todos los jue¿€s son jueces constitucionales. . ningt)n juez podr¡a clarse al lujo de hacer func¡onar und notma subconstitucion¿'|. p¡esc¡nd¡endo del enfoque const¡tuc¡onelista de esa mr:sma norma. Es deciL que le toca, inevitablemente, interyrota¡la, addpta¡la, confonnada, atm )n¡zat1a, rescatada, reciclarld y aplicada, W(tn la Constituc¡ón"5 En la C¡rte Megna del año 1.967, encontramos por pr¡mera vea regulado forma expfesá el control conslituclonal, concfetañente en su articulo 200. El r¡i5mo rezaba cu¿nto s¡8u e. "L t btte suücmo de lust¡c¡a focuLod porc declotur lo tncoñstituc¡oñol¡dod de hs ley¿s y lo inopl¡.ob¡l¡dod de los rlispos¡c¡ones conúodos o esto Cunstítución, en codo coso concteto y an follo que sólo tendú ek:to con ftloc¡ón o ese coso.

El p¡ocedlrniento poahó in¡cioBe por ocalón onte lo Corte supre¡no de .lustklo, y .ror excepción cuolq!¡er hosto ct ettddo sentenc¡o'. - Ort¡z Rodrígue¡, J. F. (2017). control Coñstiirclonel la consu lla conlituc¡onal Revl¡ta Jurldica oe Un¡versldád Añericana, 5(1). Recup,lrado e partlr de hüps://revlstacienüfca.uameícane.édu.py/¡ndel(.php/revlstajur¡d¡aaua/art¡de/vi,!q171. Corte lDH. Séntendá del 24 de nov¡embre de 2006. Ca5o frábajec,ores Cesadrs del ConSre§o Vs. Perú. E¡c€pc¡ones Prellñ¡nares, fondo Reparacioñes y costes, Corte lDH. Sentenoa de 24 defebrerode 2011. Fondo y Repárácionesy costas. caso Gelman vt. Uruguey.

'No et uho cotlgull¿ qua el )ue¿ o fribunal ¡otñuld o ld corle Suüeño de Júst¡clo. L s ln so¡netim¡ento ofhioso de uoo- cu6t¡ét cottttitucbñol; es deciÍ, sometiñienao de ofia¡o o lo cotte s¿$emo de lustic¡o uno en que lo nofino oplhoble o lo soluci¡tn alel coñfr¡clo pue.le 'er inco¡, ¡tuc¡onol" Meadon a, t.C. (2007), cuestiones coñstltuclonale5 (p.86). Assncióni L¡tocolor 5.R.1. Empalmes entre el control de coñst¡tuclonalldad y el de convencioralidad. La fonstltuclón Corweíalonalizad¡". Néstor Pédro Sagües. Ljbrotecn¡á. Ceñtro de Estúdios Con§t¡tLCioñeles deCh¡le. Sent¡a8o -'CONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION OE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETÍI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C' LA VENCEDORA S.A. S/ COBRO DE 2s Mendonca, concretamente afirm6: "Hoy d,a, bajo la vigoncia de 1992, la cuestihn quedó rcsuella en el sent¡do apuntado: a favor de todos los órganos juisdiccionales para hacer la ¡nterpretación , como ¡ntegrantes del Poder Judic¡al. O sea que la facultad de on oste caso por la Code Suprema de Justicia con los demás ión Constltucional. Asúnción, Paratuay: La tey pera8uaya. pá8.E8.

Pablo¡lnteramer¡cano de D€rechos Humánot La Ley pareguaya, Asunalón,de l? Punlualmenle, respec'to de esta norma, tamb¡én, Juan Carlos Mendonca, advertía que: '...ra notma consagra dos princip¡os: 'el de la lex superiol, aldeclarar que la Constitución es la ley suprema de la República; y el principio de lemrquía', al establecor el orden de prclación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuenc¡a de que la notma más débil cede ante la norma más fueñe, En lo cual cons¡sta f¡nalmenta, el pincipio de lex superiofr.

El princ¡pio de supremacla const¡tuc¡onal "postula que todo el complejo nomativo necesaidmente dobe ser respetado a fín de av¡tar contradicc¡ones intemas que hagan colapsar el sis¿erna. S6gún el modelo adoptado lo si se preltele, adaptado) pot la Reñblica del Paraguay, os la Corte Suprema de Just¡c¡a la encaryada t¡nal de velar por el rospeto y el manten¡miento de dicho orden..."8 Pablo V¡llalba Bemié, ha dicho de manera lúc¡da que "La noc¡ón de supremacla constitucional es uno da los puntos angulares sobre bs quo Éposa 6l odenam¡ento jurld¡co, implicando reconocer a la Const¡tución como notma tundamental del Estado, ub¡cada en la cima de la pirámide jurld¡ca, todo el e¡ido legal estructundo alrededor del impeño de la Constitución, nada por sobÉ atla, todo dentro de ella. Trasluce er¡g¡r a la Constituc¡ón en fuente y fundamento dél otden legal, cuya fundamontal consiste en regular la vida humana en sociedade.- F¡nalmente, el Dr. Manuel Ramlrez Candia, sin duda, ya expresó mn anterioridad la tes¡s que hoy sostenemos, al refer¡r que: "...pan dejarde aplicar una notma quo sa consldara inconst¡tucional no se requ¡erc que previamente sea declarada su inconstituc¡onalidad, pues el magistrado t¡ene la obl¡gación de fundar SUenyimer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinoñia enstitución y la ley, debe prcceder a la aplicación de la Constitución, en al cdteio de jera¡qula.

Esto ¡mplica quo el magislrado podñ dejar de ley que r€puta inconstituc¡onal, por el criterio de jenqula como da Ésoluc¡ón de antinomia, sin necesidad de rcqueñr la declanción de por via de le Consultaao defin¡tiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su ¡nstancia, al incompatibil¡dad de un acto nomativo cualquiera aplicable al caso, con , derechos y garantlas constituc¡onales; deberá -por el princ ula- aplicar directaménte la Constitución o los Tratados, Co erdos lnternacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es y todas las juezas de la Repr¡bl¡ca deben ejercer los nalidad y convenc¡onal¡dad de las leyes. Con ello se satisface del artfculo 256 de la norma fundaml, que, con claridad y , oxpresa: "Tocla sontencla ludlclalesfár fundada Itr. Vlcto¡ Rtos Ol'da les. Juan Carlos Mendonca. Intlnental Editora. 2011. pág!4h¡¡tto len elrecho. Juan Grlos Me¡donca. tnterconínental. Año 2016. pág.

85jurisdiccionales$. -- deles de ualme en pnmentos enr, tod a1ta ,vfitústrori Manuel Ramírez Gndi¿. Arendurá.2019. Pá8.75 En @nsecuencia, ante la faltá de normas que esl¡pulen la v¡a de consulia como mecan¡smo de control de constitucional¡dad y en aten:ión a las facullades de la República, la pretens¡ón esbozada por el Juez de Primera lnstancia en lo Civil y Comerc¡al del Octevo Tumo de la ciudad de Asunción, debe ser rechazada por improcedente. -- A su tumo, el Doctor CESAR ANTO¡||O GARAY, düo: Et Tr¡bunat de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala, resolvró fomular consulta constitucional según por Auto lnterlocutorio Ne 202, el 15 je citando el Artfculo 18, del Código Procesal Civil, que estabtece: 'FACULTADES OROE VAIOR AS E /NSIRUCIOR/AS. Los jiueces y ttibun¿les podrán, a(tn rcquerimiento de pafte: a) remitir el expediente a la Code :;uprema de Justic¡a, e¡ecutoriada la prcvidencia de aotos, a los efecfos prByistos pc r el adlculo 200 de ld Const¡tución, s¡empre que, a su juic¡o, una lay, decreto u olra disposic¡ón normalva pueda ser contraria a reglas co/.rs¿ituciona/as. . . " Cabe mencionar, que el citado, Artículo hacía referen:¡a a la Const¡tución Nacional del año 1.967, por entonces v¡gente. Ahora b¡en, en ,,irtud al Principio jUlQ nov¡t curia. esta Magistralura t¡ene la potestad, autoridad conoc¡miento para Jueces y Conjueces que componen el órgano de Justic¡a, por eso, conesponde subsumir dicia consuha en el Artlculo 260, de la Constitucián Nacional del 1.992, que .eza. 'DE LO§ DEBERES y DE LAS ATRIBUCi ONES DE U SALr'' CONSTITUCIONAL Son debere8 y atribuciones de Sa'a Const¡tucional: 1.

conocer y resolver sobre la inconstituc¡onalidad de las leyes y de otros ¡nstrumentos no¡mat¡vos, declarando la inaplicabilidad de las d¡sposiciones confrañias a asta Const¡tución en cada caso concroto, y en fallo qua sólo tendrá efecto con relac¡dn a esfa casú, y 2. decidir sobre la ¡nconst¡tuc¡onal¡dad de /as sentencias dafin¡t¡vas o intadocutodas, declanndo la nulidad de las quo rcsulten contrarías a ésla Const¡tución. El procadim¡ento podrá inicia$e por acción anle le Sala Const¡luc:nnal de la Coñe Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualqu¡er ¡nstancia, en cuyo caso se elevaÉn los antecedentes a la Code'.--- Así pues, previos trámites de l.¡gor, esta Sala de la Excelentisima Corte Supréma Just¡cia, llamó 'Aulos para §€ntenc¡a" según Piovidencia del 16 de El tutlculo 29, OE LA Ley Ne 2.¿121l04 "De Reordenam¡{)nto Administrat¡vo o de Adecuac¡ón F¡scal" norma: "En los juicios en que el Estalo Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 3e de la Ley Ne L535/99 'De Admhistrac¡ón Financ¡en del Estado', actúen como demandante o demandado, en cua quiera de ros casos, su responsabil¡dad ecgnóñica y patdmonial por los seryictzs prcfesionales abogados y procundorcs que hayan actuado en su ré,presentac¡an o en representación de la contrapa¡fe, sean en relación de dopendonc¡a o no, no podtá excedsr del 50yo (c¡ncuenta por c¡ento) del m¡nimo lagal, hasta cuyo impode deberán atene$e los jueces de la Rep(tblba pan régular los h )nonrios a costa dol Estado. Queda mod¡f¡cada la Ley N, 1.37ü88 ^Arancel de Abogado y Procuradores", confo¡me a e§ta dispos¡c¡ón" El Artfculo 3e, de la Ley Ne 1.535/99, complementa: '1as d¡isposiabnes de está ley se aplicarán en los sou¡entes organismos y entidades del Estaclo: a) Poder Legislativo, Poder Ejecutiw y Poder Juc!¡cial, sus repaftic¡ones y dependenc¡as; b) Banca CentÍal dsl Estado; c) Gobiemos depaftamentales: d) Entes autónomos y autáqu¡cos; e) Entidades p{tblicas de seguñdad soc¡al, empresas públ¡cas, empresas mixtas y entidades financiéras of,cra¡res; D Universidades nacionales; g) Consejo de la Magistratura; h) Ministétio Pilblico: i) Justicia E ectonl; n Júndo de Enju¡c¡amiento de Magistndos; k) Defensorla del Pueblo: y l) ContralorÍa Genafal de la Repúbl¡ca. Las disposiciones do esta ley se aplicarán an hrma supletoria a las municipalidddes y, en materia de rcnd¡ción de cuentas, a toda fttndación, otganismo no gubemañentaL Nrsona f¡s¡ca o juríd¡ca, m¡xta o pivdda qu¿ rec¡ba o adm¡nistro folidos, seryicios o bienes públ¡cos o que cuente con la garantla del Tesoro pan sus oPerac,bres d0 ctédito'.--*

ffi§r"nffiur" @orfusTrcrA medios, que permitan garantizar la eflcac¡a Princip¡os Const¡tucionales, evitando así sea pueden y deben real¡zar por sf m¡smos la Const¡tuc¡ón, ll) la Leys¡tuacCONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIO§ PROFESIONALES OEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ LA VENCEDORA S.A. S' COBRO OE plena yde los Derec nvudec¡r: l) los Ju Ley confo acerca de cuálslain constitucio lonfáctica consta alcance anteponde pla Corte SupEl Artlaub- 46, de la Ley Fundamental, rcza: ''fodos los hab¡tantes la República sgnSuales en dign¡dad y derechos. No se adm¡ten discrim¡nac¡ones. El .Estado roaQibrá /os obsfácu/os e los factores que las mantengan o las li,üpictent protecc¡ones que se estabtozcan sobre desigualdades injustas no seián cons¡deradas como iactores d¡scriminatoríos s¡no ¡gualitarios". Al t¡empo que el Adlculo 47, da la m¡sma Ca¡7a Magna noma: "El Estado garant¡zará a todos los habitantes de la Repttbl¡ca: 1) la igualdad para el accaso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la ¡mpidiesen: 2) la igualdad anle las leyes; 3) la igualdad pam el acceso a las funciones públ¡cas no elect¡vas, s¡n más requis¡tos que la idone¡dad: y 4) la ¡gualdad de opottunidades en la de los beneficios de la naturaleza, de los bienas mater¡ales y d6 la cultum".- En la práctica, esos Artfculos garant¡zan, protegen, cobian, resguardan el acceso a la Just¡c¡a -en igualdad de cond¡c¡ones- para cuando los Just¡c¡ables incoen sus pretensiones juridicamente o anté aquellas situaciones jurld¡cas que deban ser dirimidas por Tribunáles, sean en ¡gualdad de cond¡c¡ones, con las mismas henamientas o mecan¡smos que la Ley prévé. Es dec¡r, que por mot¡vaciones polfticas, sociales, religiosas, étnicas o económicas no sean vulnerados Derechos Fundamenta16s.- Entonces, si los Justiciables litigan en igualdad de condiciones no se ¡nfringen tales Garantfas. Ahora b¡en, el Estado a través de sus Organismos u Entidades corrcspondientes, debe, principalmente, adaptar, adecuar, ajustar los f¡nes emnómicos a la situac¡ón política actual. Es responsab¡l¡dad del Estado asegurar prestaciones ¡nd¡spensables pára las necesidades básicas de la Soc¡edad. La Ley en cuest¡ón establece lfmile necesario y rac¡onal para quienes obran v¡l y ruinmente, respecto a honorar¡os profes¡onáles, ya que normalmente el Estrado es demandado por sumas siderales de d¡nero y la responsabil¡dad aconómica y patr¡monial son sumamente afectadas. Por eso, a estar por el Artlculo '128 de la Const¡tuc¡ón de la República dicha Ley no es -n¡ de asomo- conculcator¡a y si protege a carta cabal y celosámente el Erar¡o Público, pues no se debe porder de vista jamás el interés colect¡vo, general muy por sobre apetenc¡as abus¡vas, desmedidas y groseras con respecto al d¡nero del Pueblo contribuyenle.

"Es constante el derecho judicial de la Corte en decir también que: a) la des¡gualdad ¡nconst¡tucional debe resultar del texto mismo de la norma; b) que por eso, no es ¡mpugnable la desigualdad que der¡va de la interpretación que de ella hagan los jueces al apl¡carla, se-gún las circunstancias de cada caso..." (Bidart Campos, German J., Manuatqigla Const¡tuc¡ón Reformada, Tomo ll, pág. 1,t4).-- Es muy importante advertir que, tamb¡én en el derecho judic¡al emanado de la Cor.té Suprema, func¡onan dos princ¡p¡os básicos acerca de la ¡gualdad: a) sólo puede alegar la ¡nconstitucionalidad de una norma la que se reputa desigual¡taria, aquél que padece la supuesla desigualdad; b) la garantía de la ¡gualdad está dada a favor de los hombres contra el estado, y no viceversa' (ldem) Corresponde igualmente al Poder Judicial escude implementar vi uestde ,pna 2disipe yas, er seg260aseg y las ex¡ste limén¿zNorma Const¡tu la Sup Orden Juridico ónfqez^tmpre r OjcdaEs rpretav aala Articul Mtui¡t¡oenas d Abr.t'lic Crem Sabiamenté el Legislador, ante las avalanchas de demErndas contra el F¡sco, en direcia afectac¡ón al Erario Público, es dec¡r, del Pueblo cortribuyente, ha puesto razonab¡lidad (valor de toda Ley pórfecta) ante las voracidádes conocidas, generaron "c¿¡stag regulistas" depredadores -que no es el caso- del dinero (contribuyente), fagocitando las arcas de Hacienda Públ¡ca, lara enriquecim¡ento p€rdulario, en colisión frontal con elArticulo 128 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Paraguay.--- Por las moÍvac¡ones pergeñadas, el Articulo 29, de la Ley Ne 2.4211cÁ "Oe reordenamiento adm¡nistrativo y de adecuación fiscal" no es ¡nconstituc¡onal y será aplicado a plenitud.

declaración

A su turno, el Ooctor JliilENEZ ROLON, dio: Se plantea en el prosente caso la consulta de la conslitucionalidad del art. 29 de la Ley 242'104, el cual dispone: 'En los juicios en gue el Estado Paraguayo y sus enfes cifados en el Añiculo de la Ley No 153589 "De Admin¡sthc¡ón Financ¡era del Estado', actúe como demandante o demandado, en cudhuiera de /os cesoq su rosponsab¡lidad económica y patrimonial por los seMicios protesionales de abqtados y procuradores que hayan actuado su rcpresentacián o en ropresentacien de la contrapañe, sean en relac¡ón de dependencia o no, no podrán exceder del 50% (cincuenta por ciento) del minimo legal, hasta cuyo impoñe deberán atenerse los jueces de la República pa¡E regular los hono,.ados a cosra do, Esfado. Queda ñodiÍ¡cada la Ley M 137A8E'Anncgl de Abogados y Procuradores', conforme a osta disposic¡ón."- Prelim¡narmente, caben algunas consideraciones acerc¿r de la d¡slribución de compelencias en materia de contro¡ de constituc¡onal¡dad.

Asl pues, la declaración de ¡nconst¡tuc¡onalidad es competencia exclusiva de 609/95; o del Pleno de la Corte Suprema de Justic¡a, ex Artlculo 259 de la Constitución y Articulo 3 de la Ley 609/95. Consecuentemente, en el sistema nomat¡vo nac¡onal, las demás instancias judiciales no tienei atribuc¡ón para tal Luego, para situaciones en que otro órgano jurisd¡ocional cuestione la constitucional¡dad de una norma inférior que deba apl¡car a ur caso concreto, está pr€üsta la facultad reconoc¡da por elArtículo 18 l¡teral"a'del Codigo Procesal Civil.

Este remed¡o, denom¡nado coloqu¡al o docainar¡ame.rte 'consulta" de constituc¡onal¡dad, expresamente perm¡te la remisión, aún s¡n rsquerimienlo de parte, a la máxima instancis judicial con competenc¡a material, a los efeclos de la declaración de inconstitucional¡dad de una norma infer¡or que deba ser apl¡cada y que raaulte contrar¡a a las reglas constitucionales. Es decir, ccns¡ste en un ped¡do, un requeím¡ento, of¡ciosarnenb provocado, para que se iuz§ue, d¡rectamento, la constitucionalidad de la nomá cuestionada. Al ser asl, dicha p3testad no puede -ni debe- ser confund¡da con una sol¡c¡tud de una op¡nión consultlva o un d¡ctamen no v¡nculante. La ¡nterprétac¡ón de la doctrina es co¡ncidente: "La 'consulta' const¡tuye en realidad, en estos casos, un sometiñiento ex ofrcio que hace el tribunal incompetente, altibunal competente, para que quede 9slablec¡do pot esté la ley invocada a! caso es constitucional o ¡nconst¡tuc¡onal, de manera que, si rssulla lo segundo, el tibunal ¡ncompetente pueda exonetarse de su aplicación" (MENDONqA, Juan carlos. 2000. La ganntla de ¡nconstitucional¡dad. Pr¡mera Edic¡ón, Asunción: L¡tocolor. p. 85).

Es c¡erto, por otro lado, que existen op¡niones contrarias a la v¡genc¡a de la facultad or¡c¡Ga prevista en elArtlculo 18 literal 'a" del Rito Civ l, dentro del sistema nac¡onál de control constitucional. S¡n embargo, dichas opin¡(¡nes d¡sím¡les no se arustan la ¡nterpretac¡ón legislativa que debe ¡mperar para dilucidar la cuestión.-- Ciértamente, las noíñas infraconstitucionales piercen vigéncia como @nsecuenc¡a de la activ¡dad leg¡slativa, qua puede consis:ir en abrogac¡ón o derogac¡ón, empleadas explfc¡ta o implícitamente. De manera que, fuera de estos supuestos, aquellas normas persisten dentro del sistema jurld¡Lro nac¡onal. Esta ffi§r"oTut"" WZDEJUSTICIA JCONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI E'{: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C' LA VENCEDORA S.A. S/ COBRO DE cUARANtES. Año: 2o2l- N" togt.

ria para comprender la subs¡stencia material de la norma de nada , la Constituc¡ón de 1992 no ha derogado, ni mucho menos resa o tácitamente, el refer¡do Artlculo 18 l¡teral "a" del dado que no se produjo su exclus¡ón, en sentido técn¡co, del slque se orienta espec¡al y especificamente a la atribuc¡ón alll consagrada el artflo alud¡do se regulaba, obviamente, la facultad de la Corte Suprema de sticiadeclarar la inconstituc¡onal¡dad de las leyes y disponer su en cada caso concreto y con efectos ¡nter pa¡tes; tamb¡én seplicabiliad, glameba las vias para peücionar tal garantía.- ición de la Constitución de 1967 fue resmplazada y recog¡da en los cu32, 259 y 260 de la Const¡tución de 1992. Estos enunciados normativos n el sustrato del anter¡or; es dec¡r, tralan sobre la fecultad de la Corte de Justicia de ejercer el control sobre la constitucional¡dad -entre otros- denE operat¡vidad de la remisión que v¡ab¡l¡za el control of¡c¡oso de const¡tuc¡onalidad.-- Al respecto, cabe precisar que el carácter operativo de cualquier rem¡sión debe ser anal¡zada a la luz delconten¡do de la norma objelo de ésta. La doctrina, al estudiar supuestos análogos, ha sdvertido: las rom¡siones a enunc¡ados derogados por dicha Ley no han de ser antend¡das de foma estát¡ca, sino d¡námica: hay que entender que el obkto da d¡chas remis¡ones no son los enunciados derogados, sino los anunciados qie están conten¡dos en la propia Ley y que regulan ios mismos casos quo los enunciados derogados" (HERNANDEZ MARIN, Rafael. 2002.

lntroduc:ción a la teoría de la noma jurld¡ca. Segunda Edición. Madr¡d: Marcial pons. p. 336). Ergo, la Ley Fundamental vigente t¡ene un conten¡do semejanta a la Cartá Magna anterior, es perfectamente posible entender que remisión de la norma de inferior const¡tuc¡onal todavía suficiente y, en mayor medida, no ha perdido operat¡vidad.

De adm¡tir la les¡s contrar¡a, se estaría desvirtuando por completo el dinamismo del ordenam¡ento positivo ¡ñfraconstituc¡onal, que postula la validez de las normas según puedan ser deduc¡das de la norma fundamental vigente, y no por su textual¡dad. La doctrina enseña: "De acuerdo con el criterio de deduc¡bilidad, una norma peienace al sistema cuando es consacuencia lóg¡ca (es deducible de) las normas peñenecienfes a/ s,ls¿ema.' (BULYGIN, Eugen¡o y MENDONqA, Dan¡el.

2005. Nomas y Sistemas Nomat¡vo. Pr¡mera Edición. Madrid: Marc¡al pons. Luego, es innegable que la conten¡da en la ciiada norma del Código de Formas no se dirige de manera estática al Artlculo 200 de la Const¡tución de ormas jurfdicas, sus efectos y las vfas parapedir su declaración. Esta UNevidenc¡a que, en pur¡dad. no ex¡stió alteración sustancial del I nuevo texto constituc¡onal.

'dlas disposiciones preexistentes del Código procesal C¡vil, alpermitir que gatalede la inconstituc¡onal¡dad sea reglamentadapor laey. Efect¡va naddEcute la vigencia y la apl¡cab¡l¡dad del procesoespec¡al de impugnac¡ la inconstituc¡onal¡dad prev¡sto enel ¡go Procesal Civil, por vfa de la o de la accióni por lo que ede discutirse la operat¡vidad de la faItad sa reconda en elás, el Articulo 132 de la Carta Magna de 1992 vatida de manera h, en-llder el texto del Código Procesal Civ¡l al elisladla Ley 600/95, en virtud de la cu rrnicióquentendió como ¡ncompatible con el s¡ste urado por la Constitución de 1992;seno ffr.cff¿r/,rd.l,. oJ.d4 declar ila¡"'&r..

Artíge onal¡dtn , que permitla a los jueces ord¡nar¡os versión modif¡cada, emplea un mecan¡smo análogo a la faculad establec¡da en el Añlculo 18|¡teral 'a" del Código Procesal Civil, para casos en que fuere necesario varificar la constituc¡onalidad de uña norma para decidir sobre el amparo.-:

En Buma, todas las normas del Cód¡go Procesal Civ¡|, relativas a la tram¡tac¡ón de la garantfa de la inconstitucional¡dad, se €ncuentran v¡gentes, excepto aquellas que fueron expresamente modmc€das o derogadas, con miras a resguardar el nuevo modelo de conhol de constitucional¡dad Al ser así, remisión mencionada resulta operativa dentro del sistema jurld¡co nacional, por cuanto existen enunciados en la Conslitución d6 1992 que jusüñcan su aplicab¡lidad Luego, se pone a cons¡dérac¡ón la existencia de un sisl€.ma difuso de conlrol de constitucionalidad de las normas, a criterio de este Magistrado, ello no cond¡ce con el s¡stema de control de constituc¡onalidad vigente, 1i armoniza con la 260 y su relac¡ón con nuestro ordénamiento procesal, los arts 18, l¡t a), 538 ss. y 550 ss. del Cód¡go Procesal Civ¡l y los arts. 11, 12 y 13 la Ley 609/95, que determ¡nan la competenc¡a de la Corte Suprema de Just¡oia para declarar la inconst¡tucional¡dad de las normas y resoluciones jud¡c¡ales.- La garantía de inconstituc¡onalidad se regula en t'es artlculos de la Constituc¡ón. En primer lugar, tenemos el art. 132, en virtud cel cual se establece esta garantía de manera extensa; esto es, en lo referente a la r?gulación del competente para su estudio y tratamiento, y la delegac¡ól de la función de establecer las corespondientes reglamentaciones, al legislad,r. El citado artlculo, textualmente expresa: "La Coñe Suprcma de Justic¡a t¡ene fact tad para declarar la inconst¡tuc¡onal¡dad da las normas jurld¡cas y de /as reso/rrci( nes judic¡ales, forma y con los alcances esráb/ecldos 6n la Constitución y en E ley''.

Dicha d¡spos¡ción, por supuesto, debe ser leida e ¡nterpretada en concordanc¡a con el segundo enunc¡ado fundamental, el a.1.259, que, en su numeral 5, entre las atribuc¡ones de la Corte Suprema de Juritic¡a, estatuye la de "conocer y resolver sobrc ¡nconst¡tuc¡onalidad". Correspondiente con ello, fue dispuesta la organ¡zac¡ón an Salas de este órgano, instaurando a tal efecto una Sala espec¡alizada, med¡ante el art.258 que ordenó:'La Coña:iuprema de Just¡c¡a sará constitucional' Finalmente, tenemos al art.260, el cual estableció de nanera específ¡ca los deberes y atr¡buciones de la Sala Constituc¡onal de la Corle Suprema, en los s¡guientes términos: "l) Conocar y rcsolver sobre la incons'¡tuc¡onalidad de las léyes y de otros ,hstrumenfos normativos, declanndo la ir'apl¡cabilidad de las d¡sposiciones contrarias a esta Const¡tución en cada caso cotrcreto y an fallo que solo tendrá efecto con relación a €se caso; y 2) Decid¡r sobro la inconst¡tucbnalidad de ,as senfencias definitivas o ¡ntedocutorias, declanndo la nulidad de las que rosuften contradas a esta Const¡tuc¡án. El pmced¡m¡ento podtz ¡nic¡arce por anté la Sala Const¡tuc¡onal de la Corte Suprema de Just¡da, y por vla de la exc€pción en cualqu¡er instancia, en cuyo caao se a/eválán los antacedentes a la De los textos constituc¡onales lranscr¡pto§ surge pa mar¡amenle que el control de constiluc¡onal¡dad que previó nuestra norma funcamental emplea un sislema que concentra dicha competencia en la máxima instancia judicial. En efecto, una interpretación literal de los enunciados precedentes, la Corte Suprema de Just¡c¡a -actuando en pleno- y la Sala Constituc¡onal, son los únicos órgános que t¡6nen la competencia para declarar la ¡nconstituc¡onalidad de leyes, demás instrumentos normat¡vos y resolucione§ jud¡c¡ales En este mismo sentido, este Mag¡strado ya ha dicho qre, conforme con los arts. 259 y 260 de la Constitución, y en concordanc¡a con los árrts. 3 y '11 de la Ley 609/95, la declaración de inconst¡tuc¡onal¡dad es competencia exclusiva de la Sala Constitucional, o del Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justic¡a. En nuestro esquema normal¡vo, lá3 demás salas no tienen competencia pafa tal dsclarac¡ón y lampoco lo t¡enen los órganos de inferior ierarquía, conforme cln el l¡teral 'p" del @§f#iA+^CONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C/ LA VENCEDORA S.A. S' COBRO DE o art. 3arts. 14 y 15 de la Ley 609/95; pues ninguna norma conslitucional -ni legÉl Irga competenc¡a para ello. (Acuerdo y Sentencia No 103 de fecha , efectuando una interpretación s¡stém¡ca, podemos afirmarque, si la de revisar la const¡tuc¡onal¡dad de las normas pudiefa recaer en jueces ordinarios dejgrarqula ¡nferiora la Corte Suprema de Justicia, la vfa de la excepción de inconstitucional¡dad prev¡sta en el art. 260 de la Carta Magna y los arts. 538 a 549 del Codigo Procesal C¡vil, quedaria privada de toda ñnal¡dad y ef¡cacia dentro del sistema normativo procesal y de control de const¡tuc¡onalidad. Ello supondrfa que intérponer la excepc¡ón de inconst¡tuc¡onal¡dad no resulte necesario, ya que los juzgadores, de todas las instancias, podrían ejercer el control de constitucionalidad de todas las normas aplicables a la resoluc¡ón de los casos que se les plantean, incluso s¡n instancia de parte y s¡n alagación de una les¡ón constituc¡onal, Io cual es palmar¡amente ¡nadmis¡ble Asimismo, debemos recordar que mediante la garantía de inconst¡tuc¡onalidad se controlan los actos normativos de los demás poderes del Estado. Es dec¡r, se ver¡fica la actividad legislativa ejercida por el Poder Legislat¡vo y los actos de gob¡erno, efectuados porel Poder Ejecut¡vo, cuando crea o d¡cta actos normal¡vos, a través de cualquiera de sus órganos, quo puedan resultar les¡vos de derechos consagrados const¡tuc¡onálmente. Por dicho motivo se ha d¡cho que "a/ control centralizado evidancia una concepcihn pefineada de un onome respeto al üincipio de separac¡ón de poderas" (TORRES KIRMSER, José R.; FOSSATI LÓeEZ, Giuseppe. 2022. "La excepción de inconstitucíonalidad y su rotación sistemática con la consulta const¡tucional". 1ra Ed. Asunción: La Ley Paraguaya.

P.18). En efecto, esto se traduce -con suma lógica- en que, la facultad de ejercer el control const¡tucional y, por ende, el control ¡nter poderes debe ser reservada a quienes ejercen la máxima autoridad, pues se trata no solamente de una tarea jurisdicc¡onal s¡no también de control politico, que se ejerce en razón del princip¡o de separación de poderes. Los jueces ordinarios no tienen potestad para ejercer este control, poque si bian @nforman el Poder Judicial, no son parte de la Corte Suprema de Justicia, a quien la Constituc¡ón, les reserva esta atribución de manera exclus , len¡endo como prem¡sa básica que los órganos iur¡sd¡ccionales tienen compelencia para declarar la inconstituc¡onal¡dad de mat¡vos o resoluc¡ones judic¡ales, surge la interrogante de cuál es y el alcance que se debe dotar a los afts. 137,247 y 256 de la 15. literal 'b" del Cod¡go Procesat C¡vit , los juoces tienen el deb€r de fundar sus resoluciones en Ia conforme con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del art. 256 de la y el art. 15, lit. "b" del Código Procesal C¡v¡|, previamente c¡tados. Este establece: "Debares. Son deberes ds /os ./uac€s. srn peiuic¡o de lo I.l b) fundar las e ¡ntedocutotías, en la Constituc¡óny en las leyes, confome a lala tes y al princip¡o de congruenc¡a, ba¡o pena de nulidad const¡tucialidad v¡gente. O¡cho deber nque los jueces ord¡nflos seupone encuefacultados afatituc¡ona¡de las leyes y disrsu la toque Imos la Excapartan el ejercicio d Corte Suprema de Jco tucional con En realidad, otorga comta seunndar los fallos en la enlos n rpretac ción uc!Conla tn de lds -;tlt tuber M¡nist ode r? e¡ercer prop¡ame constituc¡onal, sino que reaf¡ma el rol d6 intérprete. Los iuoces, sin ¡mportar su Just¡c¡a, en el marco de su activ¡dád jur¡sd¡ccional, p€ro no pueden ejercer el control constitucional en sentido estricto.

El juez ord¡nario puede ejercer la act¡v¡dad ¡nterprekrt¡va respecto de un enunc¡ado constitucional o ¡ncluso determinar la ¡ntel¡gen:ia del propio texto constitucioná¡ cuando debe ser aplicado al confliclo de maner¿ directa. Empero esa labor jurisd¡ccional no puede, en n¡ngún caso, exceder los límites de su prop¡a compelencia: puede anal¡zar la contraposición de una noma de ¡nferior interpretar la Consl¡tuc¡ón, pero no puede declarar su ¡naplicat'ilidad. Por lo demás, cuando el juzgador ordinar¡o d¡luc¡da que la ley que debe aplicar contrav¡ene la norma fundamental, puede, facultat¡vamente, excitar la via o'iciosa prev¡sta en el del Cód¡go Procesal Civil, para obtener un pronunc¡arniento de la máxima instanc¡a iur¡sdiccional al respecto, y med¡ante tal pronunciam¡ento justificar la inapl¡cación de Ia ley.

Claramente, que un juez ord¡nario considere que una norma es inconstituc¡onal, no supone que ésta lo sea. El juzgamiento o la declaración de inconst¡tuc¡onal¡dad debe hacerlo la Corte Suprsma de Juslcia. Ello, porque la inconstitucional solo puede obtenerse por efec.to de la declarar:ión.--..-..

**- Esta d¡squ¡sición ya ha sido atend¡da por la más autor¡zada doclrina nac¡onal, quien, en el marco del problema del control en la aplicación (, interprelac¡ón de la norma const¡tucional, ha referido que todos los órganos jurisdiccionales se hallan facultados para apl¡car de manera d¡recta un precepto constitucional operativo, con lo cual se satisfac€ el deber de basar la resolución en h norr,a fundamental, pero que, a su vez J se raqu¡ere sometim¡ento ofrcioso a la Co,le cuando un pracepto onlinaño aplicable a la solución de! se opone a un prccepto constituc¡onal, potgué los magist ados infertores no eslán facultadoc a dacla''r la inconstltucionaltd€d del prccepto orallnarlo, que os un pro)lema v¡nculado a la génes,s de la sentencia, gue deDé ser p¡aviamento di,uci.ledo por el órgano compet€nto" (MENDONqA, Juan Carlos. 2011. Algunos Problemas Constiluc¡onales. I ra Ed. Asunción: lntarcont¡nental. pp. 42143 .

Esla exégesis permite comprender el porqué dal Art- 2¿.7 de la Const¡tuc¡ón que Éza: "El Poder Jud¡cial es el custod¡o de esta Constitución. La inteereta, la cumple y la hace cumpl¡r [...1. Se atribuye, pues, a todos lo,i órganos del Poder Judicial la custod¡a, interpretación, y el deber de dar v¡gencia a la constituc¡ón y los derechos all¡ consagrados, pero claro está, cada una de estas facuhades se ejerce a través de los órganos corespondientes y según sus respect vas competenciasEl control constitucional ejerc¡do por la máxima instanc¡a jud¡cial en virtud a los arts.

132, 259 inc. 5) y 260 de la Constitución, es una actividad sunlamente dist¡nta a Ia de interpretar un texto constituc¡onal que se debe aplicar de forma directa a una controversia judic¡al o b¡en, interpretar las nomaa conforme con la Const¡tución, adecuando la norma al marco constituc¡onal. Asl lo ha ent,rndido nuestra autor¡zada doctrina: "Esta fofina de cuest¡ón constítuc¡onal es 11 que se conoce con el nombre de'¡nteligencia de cláusula constitucional', es decir, de ¡nte¡prctac¡Ón de una disposición de la prop¡a Consfitución. En efecto, cuanao se contrcviefte la interpretación de uno de sus adlculos, to gue se hace gs dtscL't¡r substancialmente el alcance y sentido que t¡ena, con el objeto de determinar con clué alcance y sentido déb ser aplicado." (MENDONqA, Juan Calos. Op. Cit. P. 45) En cualqu¡er otro caso que el enunciado normativo n ) haya s¡do revisado por la máximá ¡nstancia iud¡cial y declarado inconsütucio,ral, el juzgador se encuentra hab¡litado a aplicar la norma, ¡ncluso efectuand(¡ una ¡ntsrpretac¡ón conbfme según su criterio.

Luego, el criterio ¡nterpretat¡vo de lex superor, como fun(lamento para admit¡r que los órganos ordinarios inapliquen normas que cons¡deran ,)onlrar¡as a ffi§r"nTt'"o @o'fusrIClA - Lt-CONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C' LA VENCEDORA S.A. SI COBRO DE cUARANtEs. Año: 202'r- N' logf .- determinados derechos, calificados como.'h'arta Mages ¡nsuficiente para resolver un problema de la inconsl¡tucional¡dad de lae n'La d¡versidad de interpretaciones sobre la inconstitucionalidad de nane llevamos a una s¡tuac¡ón permanente de ¡nseguridad jurídica gencia y la estab¡lidad de la ley o de la aplicabil¡dad de nomas nales quede a d¡scroc¡ón deliuez ordinario en cada caso concreto.-- Por est6 mot¡vo, nueslra Constilución reseryó d¡cho control a la máxima detallado en los pánafos superiores conforma la esenc¡a m¡sma de la de poderes, cuyo control se ejerce a través de los mecanismos que la prop¡a Constitución ¡nstaura a favor de cada uno de ellos. En el caso del Poder Judicial, la garantla de ¡nconst¡tucional¡dad, por excelencia, es el "mecanr'srno" de control reservado a su máxima autoridad, como ya lo hemos referido al hablar del componente polftico de esta garantía Esto no quiere dec¡r que se niega el valor normativo de la Carta Magna. La ierarquía de normas debe ser reconocida y salvaguardada, pero el criterio constitucional estatuidos por nuestra ley fundamental.--- Esta conclus¡ón, también ha sido alcanzada por la más autor¡zada doctrina nacional al refor¡r que."[...] una cosa es el pincip¡o de supremacla constitucbnal y otlÉ la ¡nd¡v¡dualización de los mecanismos de contrcl concreto de compat¡bilidad de la noma de inforior jeraryula con la Const¡tución, as¡ como la idantiÍ¡cac¡ón deló,gano competente a tal efecto. En efecto, nuostro sislema requiere que la sentenc¡a esté lundada confotme con la Const¡tuc¡ón y la ley, pero no predispone un control dituso, por el cual todos los juzgadoras puedan ¡ndiscrim¡nadamente veññcar la compat¡b¡lidad de la ley con la Consl¡tuc¡ón. En pr¡nc¡p¡o - con salvadad deldeconsufta previsto en el ad¡culo 18 inciso a) del C^digo Prccesal e fundamantar su decr'són en la ley, perc no veificar su este tamperamento está reseNado s /ss parfas, a las que elCivila los mecanismos de la acc¡ón y de la excepción como vlas coraro¿" (TORRES KIRMSER, José R.; FOSSATI LÓPEZ, , pues, la procedencia de esta vfa, asl como la finalidad de la ndadas las cuestiones de competenc¡a, debemos proceder al estudio alidad del art. 29 de la Ley 2421104, en cuanto establece una relat¡va a la regulación de honorarios profesionales de los abogados que ñado su labor en ju¡cios donde el Estado o sus entes sean parte.- 29 de laLey 2421104 es aplicable alc€so de autos, ya que alsolic¡tant6, José Morlnigo Cáceres, pretende el just¡precio de sus honorar¡os por Olga Karina Panens Orué, contra el lnst¡tuto Nac¡onalde D ral yla Tiena (INDERT). El sol¡citante de la regulación de honorar¡os a de la parte actora y, en consecuencia. se ve afectado Se ha excilado el control constituc¡onal de la citada norma, con fund I principio de igualdad, consagarts. ¿16 y 47 de la ConstituPp. 17011711.

os que el pringuaposee dos dimensiones: la ig urid¡ca o do lLre y, laaldad marial, sustancialo, de hscho, La os Oiclt ellas,endfacetas: ) ¡gualdad en la norma juridDe obligandordeanormano efestuar distinciones arb¡trao órgano eaildad de derechos, s¡gnif¡cando que todasOpluez mento las pea $vt¡rútt orty,c)i derechos humanos, La igualdad de hecho at¡énde a las condiciones de los sectores o grupos de personas, que sean social, económica o (ulturalmente menos favorecidos, e impone al Estado, mediante la real¡zac¡ón de acciones pos¡tivas, el deber femover los obstáculos que ¡mpidan a tales personrs un ejerc¡cio raal y efeclivo de sus deréchos o gozar de una ¡gualdad de oportun¡oades (DlDlER, Maria Ma¡(a.2012. Elpinc¡pio de igualdad an las normas juridicas. ttuenos Aires: Marcial La consulta que se plantea se refiere a la pr¡mera de las dimens¡ones dgl principio de igualdad, el de igualdad jurid¡ca. La igualdad e):¡ge que se kate del mismo modo a qu¡enes se encuentran en ¡guak)s siluac¡ones, y, concom¡tantemente, ¡mpl¡ca derecho a que no ss establ€zcan ex@pc¡ones o pr¡v¡leg¡os que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales c¡rcunstancias (BIDART CAMPOS, Garmán, 1992. Tratado Etemental de Derecho Const¡tuc¡onal Argentino. Buenos Aires: Editorial Ediar. p 259). Desde esta perspecliva, el pr¡ncipio de igualdad se transforma en un maldato que ¡mpone al Estado el deb€r de respetarlo tanto en la formulac¡ón comc en la apl¡cación de El Tribunal Const¡tucional Español explica que: "El princ¡pio de igualdad que gatantiza la Const¡tución opera en dos planos d¡stintos. De una pade, frente al leg¡slador o fiente al Wder reglamentarb, impidiendo que se otorgué relevancia judd¡ca a circunstancias que, o b¡on no pueden ser tomadas nu ra en considemci6n por proh¡b¡ño as¡ expresamente la prop¡a Constitución, o b¡en no guardan relación alguna con el sentido de la rcgulación que, inclu¡das, incune en arbitniodad y os por eso d¡scriminatoria. En otro plano, en el de apl¡cac¡ón, la igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo ¡gual a loolos aguel/os qug se encuentran en la misma s¡tuac¡6n" ISTC 1¿Ul1988, citado en OlDlER, Marta- Op Cit. p.

El princ¡pio de igualdad es por demás complejo, por lc que, en numerosos casos, adm¡te tanto equipanr como d¡ferenc¡ar, sxi8t¡endo al respecto l¡bertad de conf¡guración para el leg¡slador, quién debe legislar en base a las c¡rcunslanc¡as del caso. Por ello, no toda d¡st¡nción de trato puede considerarse !iolatoria del principio de igualdad, y no todo fatamianto igualitario, que ignore diferencias relevantes, puede estar conforme con éste P6ro esa libertad legislativa a la que aludimos no es abioluta. Se encuentra l¡mitada por la exigenc¡a de que tales d¡et¡nciones sean rrzonables, no sean arbitrarias, o no concedan privileg¡os indeb¡dos. Debe ex¡sl¡r, er) otras palabras, una iustmcac¡ón obiel¡va y razonable. D¡cha exigencia vincula a l¿s diferenc¡ac¡ones o dist¡nc¡ones lagales con el principio de razonabilidad, aquel pr¡1c¡pio que impone la adecuación de las normas ¡nferiores a los princ¡p¡os dográt¡cos de la propia Constituc¡ón.

En ese séntido, la doctrina ha referido que: "Es razonaDle todo acto quo no se kaduzca en la violac¡ón de la Const¡tuc¡ón, o en la desnztural¡zación de sus prccaptos. La razonabilidad de un acto está cond¡cionada a su adecuac¡ón a los pñncip¡os del sentido común constitucional en o¡den a la jurt¡cia, modenc¡ón y prudencia que ella establocc. Es así gue un acto puecte ser lotmalmente constitucional, pero esencialmente incanst¡tuc¡onal cuando su )ontan¡do no guarde la debida ptuporc¡ón con las circunstancias que lo mot¡van, o )uando no responda a una iinalidad constituc¡onalde b¡en común" (BADENI, Gregorio. ?0@. Tratado de Derccho Const¡tucionar. fomo l. Buenos A¡res: La Ley. p. 120). La proporc¡onal¡dad a la que se ref¡ere el áutor, ex¡ge que los med¡os ampleados -<ue en esle caso son medios normativos- saan idóneos y adecuados alfin perseguilo con la toma de la medida de autoridad Pero precisamente son esos los principios que se ven r¡uebrantjados con el art. 29 de la ley 2421104. Para just¡f¡car la l¡mitación del justitxec¡o de honorar¡os en un 507o, la norma toma como único elemento d¡scrim¡nante la cal¡dad de parte del Estado o sus entas. Dicha l¡mitación, o privilegio al Estado aparece aqul como una medida desproporc¡onada e irrazonable porque, en esencia, impone remunerac¡ones diferentes para lrabajos sustancialmente idénlicos a cualqu¡er . t.-CONSULTA CONSTITUCIONAL REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO OSVALDO AVALOS BRUNETTI EN: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.l LA VENCEDORA S.A. S/ COBRO DE GUARANTES. año: 2o2i- N' l09i.--- limitasiqi en cuestión, por lo demás, ¡ncluso om¡te toda considerac¡Ón de los parámetra3éstablecidos en la Ley Arancelar¡a de Honorarios de Abogados y Plocuradore§: n ¡mportar la mayor o menor complejidad o cal¡dad de los trabaios, mfnimamente, en cualquier iuicio Oicha determ¡nación no res¡ste al menor const¡tucional de razonab¡l¡dad, pues no se advierte un criterio razonable u objetivo que permita justificar la reducción de un just¡prec¡o, por elsolo hecho de litigar contra el Estado o sus entes. El trabajo es ¡gual y la labor profes¡onal iustipreciada no es menor en elensión ni en comPlei¡dad.--- No cabe duda que con la citiada normat¡va se establece una des¡gualdad irrazonable entre ¡guales, en iguales circunstancias.

Esta d¡stinción vulnera, además, el emolumento que toda persona tiene derecho a tener en virtud de su trabaro, conforme con el art. 86 de la Constituc¡ón, y el régimen de ¡gualdad de oportunidades consagrado en el art. 107 de la Carta Magna, en relac¡ón con la libertad de in¡ciat¡va económica de los individuos.--'- En conclus¡ón, y por todo lo expuesto, el art. 29 de la Ley 2421104 resulta evidentemente ¡nconstitucional; consecuentemente, de conformidad con el art. 260 numGral "1" de I C¡vil, correspond inaplicab¡lidad ala Constitución, concordanteel art. 555 Cód¡go Procesal e declaraf¡tuc¡onaldicha norma y su consiguiente constmente en la parte resolu cnlod¡o porSS.EE., todomf, gueandoque ed¡atamenle s Niristro Dr. Ytc'o¡ RíoJ tUrEr"OJata:¡czart SENTENcIA Asunción, 4d laYón Iglio VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la Sala Consütucional RESUVE: RCHAZARconsu exord¡olapresoluc AOT¡strar tinezen los¡nos establecien al Dr. vlcror Ríns oJ'dducional n. ---ARIEfCR LcDIJU te qv{ifu¡stto o. Juli: Cifiez