ORTE REMA STICIACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: ..R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL EXP: CEFERINO ORUE C' EBY S/ RECONOCIiiIENTO DE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES". DO Y SENTENCIA NÚIÚERO ' En la 'Ciudad de Asunción, Capilalde la Repúbl¡ca del ParagQri^ie^l.a o}'e"L c,tolro idiio le Couay, a los ,te,r*icualrp ü'l.odias del mes dedel año dos mil estando relrn¡dos en la Sala de Acuerdos derte Suprema de Just¡cia, los Excmos SsloJes Mi JUNGHANNnistros de la Sala Const¡tuc¡onal, Doclores, C s, vicToR Rios oJEDA y EUGEN|o J|MENEZ RoLÓt{, Ante mi, el secretar¡oÉsaR MANUEL D|ESEL autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: CONSULTA CONSTITUCIONAL El{ EL Julclo: "R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL EXP: CEFERINO ORUE c/ EBY S' RECONOCI IIENTO DE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES", A fN de résolver la consulta sobre const¡tucional¡dad real¡zada por el Tr¡bunal de Apelac¡ón del Trabajo, Segunda Sala, de la Capital.
Previo estud¡o de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constituc¡onal, resolvió plantear y votar la sigu¡ente: CUESTION: Admin¡strat¡vo y de Adecuación Fiscal"?.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el sigu¡ente resultado: D¡esel Junghanns, Ríos Ojeda y J¡ménez Rolón A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS düo: Med¡ante A.l. N' 199 de fechá 07 de agosto de 2020 (fs. l2l'13), el Tribunal de Apelac¡ón delTrabajo, Segunda Sala, resuelve rem¡t¡r estos autos a la Excelentis¡ma Corte Suprema de Just¡c¡a, a los efec{os de que la misma declare si elArt. 29 de la Ley N" 242'll04 "De Reordenamiento Administrat¡vo y de Adecuación F¡scal" es o no conslituc¡onal Frente al ¡mperat¡vo de apl¡car la ley que rige la mater¡a, el tribunal requ¡rente cons¡dera que refer¡do Art. 29 de la Ley N" 24211M podtía quebrantar la garantía conslitucional de la ¡gualdad, y, cons¡derando que la declarac¡ón de ¡nconstilucionalidad puede produc¡rse solamente en el seno de la Sala Const¡tucional o por decis¡ón del pleno de la Corte, remite estos autos para que esta Sala se expida respecto de la constituc¡onal¡dad -o no- del aludido art¡culo.
Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una via, la ¡nd¡cada en el Art. 18 ¡nc¡so "a)" del Cod¡go Procesal C¡vil, vía que provoca un pronunc¡amiento dec¡sila constitucionalidad de Ia ley, decreto o d¡spos¡ción de que se trata, ya sea afirm Facuegat¡vámente. El texto del referido artículo dice, en el inc¡so señálado: "Art. 18.- enatorias e instructor¡as. Los jueces y tribunales podrán, aún s¡n requerim¡enlo de¡tir el exped¡ente a la Corte Suprema de Just¡c¡a, ejecutor¡ada la prov¡dencia efeclos previstos por el Articulo 200 de la Constituc¡ón, s¡empre que, a su juic con, decreto u otra normat¡va pueda ser contraria a reglas r del uso. en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la I prevista en el c¡tado Art. 18, ¡nc¡so "a)", proced¡éndose -¡ncluso- a usar el lérm¡no en laddel expediente respectivo (como se ve tamb¡én en eslos autos), dicha, por , lejos está de constituirse en una "consufta", en el sent¡do del requeride rmac¡ón, opin¡ón o consejo. El trám¡te causa un pronunciamiento, a admit¡rse que el uso cotid¡ano e impropio de un nombre para des la v¡rlualidadmbiar su naturaleza y efectos porArt.para la viab¡lidad de este pla 1)riedadrovidenciaautos; y, 2) La menc¡ón por ep de lostvá o tos, a una:a c.rf*nas plim¡ requrteJJ'; 9,{it istroK Cesar M. D¡e5el Junghanñ( ilinistro CSl.DtVicto' Bl¡'sOieda de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene dLda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, ex )resando claramente los fundamentos de dicha dudá Debe señalarse que al tratarse de la constitucional¡dad de una legal at¡nente a honorar¡os profes¡onales, no es dable exig¡r razonablement€ el cumpl¡miento del primer requ¡sito de viab¡l¡dad señalado más ariba -providenc¡a de "autort' erecutoriada- dado que la solicitud de la fegulación de los honorarios se resuelve d¡rectamente, sin llamalse Con respecto al segundo requ¡sito -fundamentac¡ón suf¡cénte de la duda-, el m¡smo se halla cumpl¡do en la espec¡e, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible ¡nconstituc¡onalidad de la norma cuest¡onada. Dicho esto, paso a tratar cons¡derar el tema que nos ocupa.
El Art. 29 de la Ley N ' 2421 /04 "De Reordenam¡ento Adm¡nistrat¡vo y de Adecuac¡ón Fiscal", establece: "En los ju¡c¡os en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Artículo 30de la Ley N" 1535/99 "De Admin¡stración Financ¡era del t:stado", actúe como demandante o demandado, en cualquiera de los caso su .responsabilidad económicá y patr¡mon¡al por los serv¡cios profesionales de abogados y procuradores, que hayan actuado en su representac¡ón o en reprssentac¡ón de lo mnlraparte, sean en relac¡ón de dependenc¡a o no, no podrán exceder del 50% (c¡ncuenta por c¡enlo) del mín¡mo legal, hásta cuyo ¡mporte deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorario$ a costa del Estado.
Queda modiñcada la Ley N" 1376/88 'Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a esta disposición". Considero que cuando las normas crean des¡gualdades ante casos s¡m¡lares, dando un tratamienlo d¡st¡nto a uno y otro, se ¡nfringe la garantía conslitrc¡onal de ¡gualdad, consagrada en el Art.46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los hab¡tantes de la Repúbl¡ca son iguales en d¡gnidad y derechos. No se admiten discrim naciones. El Estado removerá los obstáculos e los faclores que las mantengan o las prop¡cien. Las protecc¡ones que se establezcan sobre des¡gualdades ¡n¡ustas no serár consideradas como factores discrim¡natorios sino ¡gualitarios". As¡m¡smo, el Art. 47, rlispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la Repl¡bl¡ca: 1) la ¡gualdad para e acc€so a la justicia, a c1lyo eEcto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la ¡gualdad arte las leyes...".
--De tal garant¡a conslitucional, se deduce que la ¡gualdad debe ser ¡gual para todos los que se encuentren en igualdad de c¡rcunstanc¡as, y que no se puede establecer privileg¡os que concedan a unos lo que se n¡ega a oiros baio las m¡smas c¡rcunstancias. En este aspec{o, resulta oportuno traer a colac¡ón las palabras de Roberl Alery: "Si no hay ninguna razón suficiente para la perm¡s¡ón de un rralamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Conslituc¡onales. Madrid. España. 1393. Pá9. 395).
En relac¡ón con el tema somet¡do a cons¡derac¡ón de esta Sala, se puede perc¡b¡r que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley N' 2421104- lesiona ostens¡blemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que er el caso que las costas se impongan al Estado o a sus entes c¡tados en el Art. 3' dc la ley 1535/99, su responsabilidad económic¡l y patr¡mon¡al por los servicios profes¡o,rales de lodos los abogados ¡ñtervinientes, no podrá exceder el 50oó del arancel mín¡mo logal dispuesto por la Ley N' 1376i88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta :uyo importe deben atenerse los jueces al regular los honorarios de aquellos.
el Estado @mo persona juridica debe litigar con un part¡cular, lo debe hacer en para rducir las costas del iu¡cio, en detrimento del derecho d: los profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida. Según Gregorio Baden¡: "...1a ¡gualdad que prevé la Constituc¡ór s¡gnifica que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en ¡gualdad de condiciones y c¡rcunstancias. Asimismo, que no se pueden establ()cer excepciones o privileg¡os que reconozcan a c¡ertas p€rsonas lo que, en iguales c¡rcunstanc¡as, se desconozca respec{o de olras..." (Baden¡, Gregorio. lnstituciones de Derecho Const¡tucional.
ADHOCS.R.L.pás.256). ORTE PRIMA DEUSTICIACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DEL ASG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL EXP: CEFERINO ORUE C' EBY S/ RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES". AÑO: 2020 En esa nilínea, señala Zar¡ni que el concepto de ¡gualdad debe tomarse en -'.-usentido ampliosolo la igualdad ante la ley como expresa textualmente elArt. 46, s¡no en .la vaslacon que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídjca". Es decir, que no es ante el leg¡slador que sanciona la ley, s¡no tamb¡én ante todo acto normal¡vo (dec , resolución, ordenanza, etc). Se ext¡énde, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Admin¡stración y ante la jurisdicción) y comprende, asim¡smo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares)" (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Constituc¡onal', Editor¡al Astrea, Bs. As. Año 1992, Pá9. 385) Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra lesitura, en el sentido de que la garantia de ¡gualdad ante ley debe ser observada tamb¡én por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito admin¡strativo, sino también en el ámbito jurisd¡ccional. Contrar¡amente a lo dicho, la norma legal cuest¡onada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que interv¡enen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.
Por los fundamentos que anteceden, cons¡dero que corresponde declarar la inconstituc¡onalidad del Art. 29 de la Ley N" 242'1 104 en este caso, por ser v¡olator¡o de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución. Voto en ese sent¡do A su turno, el Doctor RIOS OJEDA dijo: 1. Por A.l. N" 199 de fecha 07 de agosto de 2020, dictado por el Tribunal de Apelacióñ del Trabajo, Segunda Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL EXP: CEFERINO ORUE C/ EBY S/ RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES" a la Corte Suprema de Just¡cia.
2. La cilada rem¡sión, dice el fallo, fue real¡zada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del adiculo 29 de la ley 2421104, dispos¡c¡ón que el e Ia instancia original estima aplicable al caso de Regulación de Honorar¡os ido.a 318 del Código Procesal Civ¡|, establece cuanto sigue: "Facultades e instructortas. Los jueces y tribunales podrán, aun s¡n requerim¡ento rem¡t¡r el exped¡ente a la Coñe Suprema de Just¡cia, ejecutor¡ada la de autos, a los efecfos previstos por el arf¡culo 200 de la Constituc¡ón, ue, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser a reglas constituc¡onales.. ."
mer lugar, la norma de contenida en el artículo'18 inciso a) del Códrgo ocesalC¡v¡|, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efecto¡stos o 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Consti el año 1967que a la fecha se encuentra lotal y absolutamente de que el propioículo 200 de la Constitución de 1967 tampoco h via de last¡tuccontemplando únicamente la a const¡tualidadEsículo 18 inc¡so a) hace conten¡do desconoce lugar."1 . Al derogarsebeaanai. del año I "f,:lr#htrt1B*ii$"i:ins "L¿ Curt¿ Supran¿ Jattt las ley¿s y tu ¡naplicab¡l¡¿ud las dispos¡c¡one! cofltrorids sólo tendrá efetlo ¿on rclatió d es¿ coso El prcted¡niento podrá hiciarse por acciónpaftea art¡cul que en suia referen y exce existen Constidi de 1967, el menc¡onado art. 18 inc. a) del CPC quedó automálicamente s¡n el mín¡mo sustento en nuestro Estado Const¡tuc¡onal y Democrát¡c(r que no ha validado estas dos normas (Const¡tución de 1967 y art. 18 ¡nc. a) del CPC) aprobadas en plena dictadura 5. El Artículo 137 de la Constituc¡ón Nacional vigente, es claro en ouanto a la prelac¡ón de las nomas juridicas, y contundente al deteminar que carecen de validez todas /as disposicroaes o actos de autoridad opuestos a /o esfablecido on elta.
6, En cuanto a la adm¡n¡strac¡ón de just¡cia, el Articulo 247 de nuestra carta magna, al t¡empo de señalar que el poder jud¡cial en todas sus instanc¡as es el custodio de la m¡sma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla clmplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humaros ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de const¡tucional¡dad, s¡no también Gl de convencionalidad, "ev¡dentemente en el marco (,e sus respecflyas competencias y de las regulac¡ones procesales conespond¡enferi... " 2, estableciendo, finalmente, que el control de convenc¡onal¡dad recae en "cualqu¡er autoridad p{tblica y no solamente el Poder Judicíal3.
7. Respecto al caso sometido a estud¡o - consulta constitucional, las leyes d¡ctadas con posterior¡dad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema. Establecila nuestra tes¡s de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucional¡dad -mal denom¡nada consulta const¡tuc¡onal4- cabe ahora pregunlarse cam¡no debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un lit¡gio al que resulta aplicable una norma que considera ¡nconst¡tuc¡onal? La respuesta se encuentra establecida en Ia noma fundamenta y es coherente con todo nuestro diseño constituc¡onal. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judic¡al, y a todas las autoridades con competencia para apl¡car normas jurídicas, no es competencia única y exclus¡va de la Corte Suprema de Just c¡a, que si tiene la facultad de declarar la ¡napl¡cabilidad de las normas y la nul¡dad de las resoluciones jud¡ciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna' 8. Néstor Pedro Sagües, enseña que la ¡nterpretación por parte de todos los m¡embros del Poder Judicial, se mrresponde con la dimensión "constru(tiva" del Control de Const¡tuc¡onal¡dad. En ese sentido, expresa que "-..en ñgor de verdad, en este trabah, todos los jueces son jueces con st¡tuc¡onales . . . ning(rn juez podr¡a darse el lujo de hacer tuncionar una notma subconstitucional, prescinc¡ando del enfoque constitucionalista de esa misma notma. Es decir, que le toca, inev¡tablemente, según Constituc¡ón''5 .conformaña, armonizarla, rescatarla, r?ciclarla y aplicada, 9. Juan Carlos Mendonca, concretamente afiÍnó "Hoy d¡a, baj) la v¡genc¡a de la Constituc¡ón de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sent¡do apuntado: a favor de la competencia de todos /os órganos jurisdiccionales para hacer interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Jud¡cial. O sea que la f*ultad de control es compa¡íida en esre caso por la Cofte Suprema de Justic¡a con los demás órganos jurisdiccionales'' ane ta Coñe Suprcna de Just¡c¡a, y por en cualqu¡er ins¡ancia, ! se eleúún sus an¡ecedentes tr d¡chd Cotte. El íncide e no stspende¡¿ el ju¡cio. que prosegüitú hasta el estado de sentenc¡d ". - friz Rodr guez J. F. (20t?). Contro¡ Constitucional - la co¡sulta coostitucional. Revista Ju¡idica De La Universidad Americanq 5 l). Recuperado a pañir de https/revistacienlifica-uamer¡cr¡a.edu.py/index.php/revistajutidicaua/article/vie l7l.
Óorrc lDH. Senlencia del 24 de noviembre de 2006. Caso TEbajadores Cesados ¿tet Conereso Vs. penl. E:{cepciones Preliminarcs, Fondo Ref'aracion€s y Cotas. ' C§ne I DH. Sentenc ia de 24 de febrero de 20 I I . Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Cetman r's. Uruguay_ cuest¡ón const¡rucional: ¿eci,, un soneti,niento de ortcio o laCo e Suprcna de Just¡cia enua cuest¡ón en E& ta nama apicable a lo solución del conjl¡cto pxede sel inconstihtcional" Mendc'ftc1 J.C (2007)- Cuesti( nes constilucionales (p.8ó). Asunción: L¡tocolor S.R.L.
Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalid¿d. La'Constitución ,,onvenciona¡izada". Néslor Pedro Sag0es. Libroiecnia. Cenfo de Esrudios Constitucionales de Ch¡le. Sántiago de Chile. 20t1. Algunos problemas constitucionales. Juan Carlos Mendonca. Intercontinental E-ditor.a.20l l. prc. @tf¿Hrm"CONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL EXP: CEFERINO ORUE C/ EBY S/ RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL Y coBRo oE GUARe¡¡les". lño: zozo ante la norma más tueñe. En lo cual'10.
Punlualménte, respecto de esta norma, tamb¡én, Juan Carlos Mendonca, advertía que: "...1a no¡ma consagra dos pincip¡os: 'el de la lex superiol, al declamr que la Const¡tuc¡ón es la ley suprema de la República; y el princip¡o de'jerarquia', al establecer el oden de prelación de /os ¡,hsfrumenfos normativos, que lleva la consecuenc¡a de que la noma más cede consiste ñnalmente, et pinc¡p¡o de tex superioll 11.E1 pr¡ncipio de supremacia const¡tuc¡onal "postula que todo el complejo notmativo jurÍd¡co se otgan¡za en base a un orden de prelación de nomas que necesaiamente debe ser respetado a f¡n de ev¡tar contradicciones ¡ntemas que hagan colapsar el sislemá. el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Code Suprema de Justicia la encargada f¡nal de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden..."8.
12.Pablo Villalba Bern¡é, ha dicho de manera lúcida que "La noc¡ón de supremacÍa const¡tucional es uno los puntos angulares sobre los que reposa ordenamiento jur¡dico, ¡mpl¡cando teconocer a la Constituc¡ón como noffna fundamental del Estado, ubicada en la c¡ma de la juidica, todo el ejido legal estructurado alrededor del ¡mpeño da la Const¡tuc¡ón, nada por sobre ella, todo dantrc de ella. T,^asluce erigir a la Constítución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad§.
13. Finalmente, el Dr. Manuel Ramirez Candia, s¡n duda, ya expresó con anterioridad la tes¡s que hoy sostenemos, al refer¡r que: "...pan dejar de aplicar una notma que se cons¡dera inconstituc¡onal no se requ¡ere que prev¡amente sea declarada su pdmer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la ConsÜtución y la ley, debe proceder a la aplicaciSn de la Constitución, en aplicac¡ón al criterio de jerargu¡a. Esto implica que el magistrado dejar de aplicar la ley que reputainconstituc¡onal,por el criteño de jerarqu¡a como mecanismo de rcsolución de lasin necesidad de requerir la declamción de ¡nconstítuc¡onalidad por via de En, en todo proceso, eljuzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la ad de un acto normativo cualquiera apl¡cable al caso, con principios, garantías constitucionales; deberá -por el principio de te la Constitución o los Tratados, Conven¡os y Acuerdos lntemacionales syrat¡f¡cados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezasp blica deben ejercer los controles de const¡tucionalidad y convenc¡onalidad leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del articulo 256 de la norma que, con claridad y, en pr¡mer térm¡no, expresa: "fod, deba ostar fiindada en esaa Const¡tución . . ."
encia, ante la falta de normas que estipulen vía de coñsultao eodecode const¡tuc¡onalidad y en atención a laÉ facul vas yconue cuentan todos los jueces de laúblicala ión esbdaellación del Trabaio, Segua Sala.la Caderec¡mproced ileralelr,§nemJ4 r'8iñ¡elJ!,fl Clceffi Año 201ó. Pá9. 85 Oi.do(2014). La Jurisd¡onstitucionailÁ$iilldúfharaguayLa Ley Paragüaya. Pág.88JJii5 . Pablo. Sisteñade Derechos Humanos. La Ley Paragua)". AsuncióDr. yl 5iti ctam deonstitucionalidad. Manuel Ramirez Candia. Aranduá. 2019. Pá9. 75"'$Í"1Í; Asutumo,el Doclor Jl ÉNEZ ROLóN düo: Se plantea en el presente caso el control ofic¡oso de constitucionalidad del art. 29 de la Ley ?4211O4, el cual d¡spone: "En los ju¡c¡os en que el Estado Panguayo y sus enfes citados en el Afticulo ? de la Ley No 153589 'De Administnción Financiera clel Eslado", actúe como demandante o demaqdado, en cuatqu¡en de ,os casos, su responsabilidad económica y patñmonial por los servi:¡os prolesionales de abogados y procuradores gue hayan actuado en su representac¡ón o en representac¡ón de la contraparte, sean en relac¡ón de dependencia o no, no podrán excede. del 50yo (cincuenta por cien@ del m¡nimo legal, hasta cuyo impofte deberán atenerse ,os.rueces de ta República para regubr los honoralrbs a cosfá de, Estado. Queda modiñada la Ley M 1376t88'Anncel de Abogaús y Pracundores", conforme a esta disposbbn."
Prel¡m¡narmente, caben algunas cons¡defÍ¡ciones acerca de la distr¡bución de competench en máteria de control de constitucional¡dad Asf pues, la declarac¡ón de inconsüfucional¡dad es competencia exclus¡va de la Sala Constitucional, ex Artlculo 260 de la Constitución y Artículo 1'l de la Le), 609/95; o del Pleno de la Corte Suprema de Just¡cia, ex Articulo 259 de la Const¡tución y Artículo 3 de la Lsy 609/95. Consecuentemente, en el s¡stema normativo nacional, la:; demás instancias ,ud¡c¡ales no t¡enen atribución para tal declarac¡ón.
Luego, para s¡tuaciones en que olro órgano jurisd¡cconal cuest¡one la constituc¡onalidad de una norma inferior que deba aplicar a un caso conorelo, está prevista la facultad réconoc¡da por el Artfculo 18 l¡teral "a'del Código Procesal C¡vil. Este remedio, denominado coloquial o doctr¡nar¡amente "consulta'de const¡tuc¡onalidad, expresamente perm¡te la rem¡sión, aún s¡n requerimiento de parte, a la máxima instancia judicial con competeno¡a material, a los efectos de la declaración de ¡nconst¡tucion rlidad de una norma consiste en un pedido, un requer¡miento, oficiosamente provocado, f)ara que se juzgue, direclamente, la constitucional¡dad de la norma cuest¡onada. Al ser así, dicha potestad no puede -ni debe- ser confundida con una solicitud de una opinión consult va o un dictamen no vinculante. La ¡nterpretiación de Ia doctrina es coinc¡dente: "La 'cor sulta' conat¡tuye en rcalidad, en esfos c€sos, un sometimiento ex oficio que hace el tribuqal incompgtente, al tibunal competente, pañ, gue quede establecido por este si la ley nvocada al caso es anstitucional o incgnstituc¡onal, de manen que, resufta lo segundo, el tribunal incompetente pueda exone/s,rse de su aplicac¡ón' (MENDONQA, Juan Carlos. 2000.
ganntía de inconstituc¡onal¡dad. Primera Edic¡ón. Asunción: L¡tocolor. p 85) Es c¡erto, por otro lado, que ex¡slen op¡niones contrarias a la v¡genc¡a de la facultad ofic¡osa prev¡sta en el Articulo 18 l¡teral 'a" del Rito C¡v¡|, dentro del s¡stema nac¡onal de confol constitucional. Sin embargo, dichas opin¡ones disim¡les nl se aiustan a la interpretac¡ón Ieg¡slativa que debe imperar para d¡lucidar la cueslión. Ciertamenle, las normas infraconstituc¡onales p¡erden v¡lencia como consecuenc¡a de la actividad legislat¡va, que puede consisl¡r en abrogac¡ón o derogación, empleadas expllc¡tia o ¡mpl¡citamente. De manera que, fuera de estos supuestos, aquellas normas persisten dentro del sistsma juld¡co nacional. Esta aclaración es ne@saria lara comprender la subsistencia mater¡al de la norma de menc¡onada En efecto, la Constituc¡ón de 1992 no ha derogado, ni mucho menos abrogado, expresa o tác¡támente, el referido Artlculo 18 literal 'a" del Cód¡go Pro(iesal C¡v¡|, dado que no se produjo su exclusión, en sentido lécnim, del ordenam¡ento positiva Ni siquiara puede - en buen Derecho- cuestionaBe la oparatividad de la remisión que viabilza el coñtrol oficioso de constitucionalidad.
Al respecto, cabe precisar que el carácter operativo de cualqu¡er remisión debe ser analizada a la luz del conten¡do de la norma objeto de ésta. La loctr¡na, al estud¡ar supuestos análogos, ha advert¡do: '[..J las remisiones a enunciados rlerogados pot dicha Ley no han de ser entendidas de forma estática, §no dinámica: hay ye entender que el objeto de dichas rcmisiones no son /os enunciados derogados, sino los enunciados que están contenidos en la propia L?y y que ¡egulan los mr.smos casos que los enunc¡ados dercgados" (HERNANDEZ MARIN, Rafael. ?002. lntroducción a la teorta de la norma .ruridica. Segunda Ed¡ción. Madrid: Marcial Pons. p. 336). Ergo, la Ley :undamental vigenle l¡ene un conten¡do semejante a la Carta Magna anter¡or, es perfectamente posible enlender que la rem¡sión de la norma de infer¡or jerarquia posee una .iustifi(ac¡ón constituc¡onal todavia sut¡ciente y, en mayor medida, no ha perdido operat¡v¡dad.
ORTE REMA STICIA il¡dad fCONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL EXP: CEFERINO ORUE C' EBY S' RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES". AÑO: 2O2O De admitir la tes¡s conlraria, se estaria desvirtuando por completo el dinamismo del enam¡ento pos¡t¡vo ¡nfraconstitucional, que postula la valkiez de las normas según puedan ser deducidas de la norma fundamental v¡gente, y no por su textual¡dad. La doctrina enseña: "De acuetdo con el cÍiteio de deduc¡b¡lidad, una notma pefenece a/ sisrerna cuando es consecuencia lógica (es deducible de) las nomas peienecientes s,ls¿ema." (BULYGIN, Madrid: Marcial Pons. p. 47) Luego, es innegable que la remis¡ón conten¡da en la c¡tada norma del Código de Formas no se d¡rige de manera estát¡ca al Artículo 200 de la Const¡tuc¡ón de 1967, sino que se orienta espec¡al y específicamente a la atribuc¡ón alli consagrada. En el artículo aludido se regulaba, obviameñte, la facuttad de la Corte Suprema de Just¡c¡a para declarar la inconstitucional¡dad de las leyes y d¡sponer su ¡napl¡cab¡l¡dad, en cada cáso concreto y con efeclos ,nferpaltes; también se reglamentaba las vias para peticionar tal garantia.
Tal disposición de la Constitución de 1967 fue reemplazada y recogida en los Articulos 132, 259 y 260 de la Const¡tuc¡ón de 1992. Estos enunciados normal¡vos conservan el sustrato del anterior; es decir, tratan sobre la facultad de la Corte Suprema de Just¡c¡a de éjercer el conlrol sobre la constituc¡onalidad -entre otros- de las normas juridicas, sus efectos y las vias para pedir su declarac¡ón. Esta c¡rcunstanc¡a ev¡denc¡a que, en puridad, no alteración suslanc¡al del conten¡do en el nuevo texto constituc¡onal.
Además, el Artlculo 132 de la Carta Magna de 1992 valida de manera implicita las disposic¡ones preexistentes del Cod¡go Procesal Civil, al permit¡r que la garantia de la inconstitucionalidad sea reglamentada por la ley. Efect¡vamente, nadie discute la vigenc¡a y la apl¡cabilidad del proceso especial de ¡mpugnación de la inconstituc¡onal¡dad previsto en el Código Procesal C¡vil, por vía de la excepción o de la acción; por lo que tampoco puede d¡scut¡rse la operatividad de la facultad of¡c¡osa reconoc¡da en el mismo De hecho, en el afán de adecuar el texto del Código Procesal C¡vil al diseño constitucional v¡gente, el leg¡slador la Ley 600/95, en v¡rtud de la cual se derogó la única que éntendió como ¡ncompat¡ble con el sistema de control de constituc¡onal¡dad es decir, el Artlculo 582 del referido Cód¡go, que permitia a Is ord¡narios declarar la inconstitucionalidad de las normas en los ju¡c¡os de amLey, en su vers¡ón mod¡ficada, emplea un mecanismo análogo a la facultadfuerea en el Artfculo 18!¡teral "a" del Cód¡go Procesal C¡vil, para casos en que rificar la constituc¡onalidad de una norma para decidir sobre el amparo.
as las normas del Código Procesal Civil, relat¡vas a la tram¡tac¡ón de la nst¡tucionalidad, se encuentran vigentes, excepto aquellas que fueron l¡dad así, la remis¡ón mencionada resulta operativa dentro del sistema jurid¡co por cuanto ex¡sten enunc¡ados en la Constituc¡ón de 1992 que just¡f¡can su , se pone a consideración la ex¡stencia de un sistema difuso de control de controI de const¡tucionalidad v¡gente, armoniza con la ¡nterpretación s¡stemát¡ca |uslitución; esp€cíficámenle los arts. 132, 259 y 260 y su relaciónlro ordprocesal,'18, lit a), 538 ss. y 550 ss. del Cód¡go Procesal Justicia2y13 de I, que determ¡nan la mmpetencia dela Corterema radlauc¡onalidad de las normas y resolucionesjud¡c¡a atatnconcten tres artlculos de la Coción. E el a,envI se establece esta garantíde manev litn¿n¿z fr,, Cesar M. Diesel Junghannsn suma, delai menteLa aflo pnmer fifíru¡tto Mini3tro C5J extensa: esto es, en lo reterente a la regulación del órgano competente para su estudio y tratamienlo, y la delegación de la función de establecer les conespond¡entes reglamentaciones, al legislador. El c¡tado artlculo, textualmente expresa "La Coie Suprema cle Justic¡a tiene facultad para declanr la inconst¡tucionalidad de las nonns juridicas y de las rcsoluciones judiciales, en la foma y con /os arcances eslablec¡dos en la Const¡tucbn y en la Dicha disposición, por supuesto, debe ser le¡da e ¡nterpretada en concordancia con el ségundo enunciado fundamental, el art. 259, que, en su numeral 5, entr: las atr¡buc¡ones de la Corte Suprema de Justicia, estatuye la de "conocer y resolver sobre iwonst¡tucional¡dad".
Correspondiente con ello, fue d¡spuestá la organ¡zación en Salas de esle órgano, ¡nstaurando a tal efecto una Sala especial¡zada, mediante el art.258 que ordenó: "Ia Coñe Suprema de Justic¡a esta¡á integrada por nueve miembrcs. 56 organizan en salas, una de las cuales será const¡tucbnel". F¡nalmente, tenemos al art. 260, el cual establec¡ó de manera especff¡ca los deberes y atr¡buc¡ones de la Sah Constitucional de la Cofte Suprema, en los sig r¡entes términos: "l) Conocer y resolver sobre la ¡nconst¡tuc¡onalidad las leyes y de otros instrumentos notmativos, declamndo la inaplicabilidad de las d,'spos,b,bnes contradas a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a e3e caso: y 2) Dec¡d¡r sobre la ¡nconstitucionalidad de las senfercras def¡nit¡vas o ¡nteflocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esla Constitución. El prccedinanto podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Code Suprema de Just)cia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedeotes a la Coñe".--- De los textos constitucionales transcriptos surge palmariament? que el control de constituc¡onal¡dad que previó nu€slra norma fundamental emplea un sislema que concentra d¡cha competencia en la máxima ¡nstanc¡a jud¡cial. En efeclo, un¿ ¡nterpretacrSn literal de los enunciados precedentes, la Cofte Suprema de Justicia -ac'tuando en pleno- y la Sala Constituc¡onal, son los ún¡cos órganos que tienen la competencla para declarar la -En este m¡smo sentido, este Magistrado ya ha dicho que, conforr e con los arts. 259 y 260 de la Constituc¡ón, y en concordanc¡a con los arts. 3 y 11 dr: la Ley 609/95, la declaración de inconstituc¡onalidad es competenc¡a exclusiva de la Sala Constituc¡onal, o del Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia. En nuestro esquema normativo, las demás Salas no t¡enen competencia para tal declarac¡ón y tampoco lo tienen los órganos de inferior jerarquía, conforme con el l¡teral "p" del citado art. 3 y los arts. 14 y 15 d€. la Ley 609/95; pues n¡nguna noma conslitucional -ni legal- les otorga competencia pa'a ello. (Acuerdo y Sentenc¡a No 103 de fecha 20 de mayo de 2020, dictado por la Sala Conit¡tuc¡onal).
Además, efectuando una interpretación s¡stémica, podemos afirmar que, la facuhad de rev¡sar la constitucional¡dad de lás normas pudiera recaer en jueces ordinar¡os de ierarquia ¡nferior a la Corte Suprema de Justic¡a, la vía de la excepc¡ón de inconsütucionalidad prev¡sta en elart. 260 de la Carta Magna y los arts. fi38 a 549 del Codigo Procesal Civil, quedaria privada de toda f¡nal¡dad y eficacia denlro dr,l sistema normat¡vo procesal y de control de const¡tucional¡dad. Ello supondría que ¡nterpcner la excepción de iñcoñst¡tuc¡onal¡dad no resulte necesário, ya que los juzgadores, de rodas las instanc¡as, podrían ejercer el control de constituc¡onalidad de todas las normas apl¡cables a la resolución de los casos que se les plantean, incluso sin ¡nstanc¡a de parte y sin alelac¡ón de una constituc¡onal, cual es palmariamente inadmis¡ble As¡m¡smo, debemos recordar que med¡ante la garantia de onstituc¡onalidad se controlan los ac{os normativos de los demás poderes del Estado. Es dec¡r, se verif¡ca la act¡v¡dad leg¡slat¡va eiercida por el Poder Legislativo y los actos de gob¡:rno, efectuados por el Poder Ejecut¡vo, cuando crea o d¡cta actos normativos, a través d? cualqu¡era de sus órganos, que puedan resultar lesivos de derechos consagrados constituc¡onalmente. Por d¡cho mot¡vo se ha d¡cho que 'el control caltral¡zado evidenc¡a una concepc¡ón permeada de un enotme resryto al pincipio de separa,c¡ón de poderes' fiORRES KIRMSER, José R.; FOSSATI LÓPEZ, Giuseppe. 2022. t'La excepción de inconstituc¡onal¡dad y su relac¡ón s¡stemát¡ca con la consulta conslituc¡onal' . 1ra Ed. Asunción: La Ley paraguaya. p.1B).
efecto, esto se traduce -con suma lógica- en que, la facultad dtr ejercer el control constitucional y, por ende, el control ¡nter poderes debe ser reservada a quienes ejercen la máxima autoridad, pues se trata no solamente de una tarea .iurisd¡cc¡ona s¡no también de CoRTESUPRIMA o'fusTIcIACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL.EXP: CEFERINO ORUE C' EBY S' RECONOCIMIENTO OE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES". ANO: 2020 ntrol polque se ejerce en razón del princ¡p¡o de separac¡ón de poderes. Los jueces ordinar¡os¡enen potestad para ejercer este control, porque si bien conforman el Poder Judicial,parte de la Corte Suprema de Just¡c¡a, a quien la Constituc¡ón, les reserva estqde manera exclus¡va Entonces, teniendo como premisa bás¡ca que los órganos jurisd¡ccionales ord¡nar¡os no tienen competencia para declarar la inconst¡tuc¡onal¡dad de ¡nstrumentos normai¡vos o resoluciones judic¡ales, surge la ¡ntenogante de cuál es la interpretación y el alcance que se debe dotar a los arts. 137, 247 y 256 de la Constitución y 15, l¡teral "b' del Cód¡go Procesal Civil Ciertamente, los iueces t¡enen el deber de fundar sus resoluc¡ones en la Const¡tuc¡ón, conforme con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del art. 256 de la Const¡tuc¡ón y el art, '15, l¡t. "b" del Cód¡go Procesal Civil, prev¡amente c¡tados. Este últ¡mo establece: 'Deberes. Son deberes de los jueces, sin peiu¡cio de lo establec¡do en el Código de Oryanizac¡ón Judic¡al: b) fundar las resoluc¡ones defrn¡t¡vas e ¡nle¡locutorias, en la Const¡tuc¡ón y en las leyes, confotme a la jemryuía de las nomas vigentes y al pincip¡o de congruencia, bajo pena de nulidad La obl¡gación aludida es ind¡scutible, no obslante, dichas normas no pueden ser interpreladas aisladamente y sin cons¡derar el resto del s¡stema de conlrol de const¡tucional¡dad v¡gente. Dicho deber no supone que los jueces ordinarios se encuentren facultados a declarar la inconstilucional¡dad de las leyes y disponer su inapl¡cabilidad, o me.ior d¡cho que los mismos compartan el eiercic¡o del control constituc¡onal con la Sala Constluc¡onal o la Excma. Corte Suprema de Juslicia.
En real¡dad, el deber que se enuncia fundar los fallos en la Constituc¡ón, no otorga competenc¡a a los iueces ordinar¡os para ejercer propiamente el control constitucional, sino que reafirma el rol de ¡ntérprete. Los jueces, s¡n importar su jerarqu¡a, interpretan los textos constitucionales junto con la Corte Suprema de Just¡cia, en el marco de su act¡vidad iuez ordinar¡o puede ejercer la act¡vidad interpretativa respecto de un enunc¡ado const¡tucional o incluso delerm¡nar la inleligenc¡a del prop¡o texto constitucional cuando debe ser aplicado al confl¡cto de manera directa. Empero esa labor jurisdiccional no puede, en ningún caso, exceder los llmites de su propia competenc¡a: puede analizar la contrapos¡ción de una nnferior jerarqula e interpretar la Constitución, pero no puede declarar su lo demás, cuando el juzgador ord¡nar¡o d¡luc¡da que la ley que debe la norma fundamental, puede, facultat¡vamente, exc¡tar la vía ofic¡osa 18 del Código Procesal C¡v¡|, para obtener un pronunc¡am¡ento de la jurisd¡cc¡onal al respeclo, y mediante tal pronunc¡amiento iustificar la¡naplica , que un iuez ord¡nar¡o cons¡dere que una norma es inconstiluc¡onal, no lo sea. Eljuzgamiento o la declarac¡ón de ¡nconst¡tucionalidad debe hacerlo premade Just¡c¡a. Ello, porque la inaplicabilidad de una norma, que forma parte am¡ento jurid¡co vigente, por inconstitucional solo puede obtenerse por efecto de la ya ha s¡do atendida por la más autodzada doctr¡na nac¡onal, quien, dal problema del control en la apl¡cac¡ón e interpretación dearma aha referidotodos los órganos jurisdicc¡onales se hallan facu manera dunconstitucional operat¡vo, con lo cual se sarlaluciónla norma fundamental, pero que, a su vez ''I loin prscepto ordina¡io aplicable ar liméwzen el ntmv lara que¡naplimaxpreSUPla {stlhl solución no essface set§s' N.iitistroala Cesar i/!. Diesel M,nkt,o Csl./os magrbfrados Dt. kío' Oj2¿4 hcuttados a declanr la inconstltuclonalidad del prccepto ordinado, que es un problema vinculado a la génesis de la sentencia, que debe ser prevlamente' dilucidado por el órgano competenle" (MENDONQA, Juan Carlos. 2011. llgunos Problemas Constitucionales. 1 ra Ed. Asunc¡ón: lntercontinental. pp. 4A $1.
Esta exéges¡s perm¡te comprender el porqué del Art. 247 de la C )nslitución que reza: "El Poder Jud¡c¡al es el custodío de esta Const¡tuc¡ón. La interpreta,ta cumple y la hace cumph [...f . Se atribuye, pues, a todos los órganos del Poder .ludicial la custodia, pero claro está, cada una de estas lacultades se ejerce a lrav:s de los órganos conespond¡entes y según sus respeclivas competencias El control constitucional eierc¡do por la máxima instancia jud¡cial en v¡rtud a los arts. 132,259 inc. 5) y 260 de la Conslitución, es una ac{ividad sumam€,nte d¡st¡nta a la de judicial o b¡en, interpretar las nomas confome con la Constituc¡ón, ad,:cuando la norma al marco constitucional. Asi lo ha entendido nuestra más autorÉada doctrina. "Esta toma de cuestión consütucional es la que se conoc€ con el nombre de '¡ntehgenc¡a de cláusula constitucional', es dect, de interyrctación de una dispos¡ción de la prcpia Constitución. En efecto, cuando se conttuvieñe la ¡nteryretación de uno de sus arfic¿.,ros, to que se ¡,ace es discutir substancialmente el alcdnce y sontido gue tiene, con el objeto de detem¡nar con alcance y sentklo debe ser apl¡cado." (MENDON9A, Juan Carlos. Op. Ci:. P. 45) En cualquier otro caso en que el enunciado normativo no haya s¡do revisado por la máx¡ma instanc¡a judicial y declarado ¡nconstitucional, el iuzgador se encuenlra habilitado a aplicar la norma, ¡ncluso efectuando una ¡nterpretac¡ón conforme según s u cr¡ter¡o.
Luego, el criterio interpráativo de lex supedor, como fundamento para adm¡tir que los órganos ordinarios ¡napl¡quen normas que consideran contrarias a la Caia Magoa, es divers¡dad de ¡nterpreiaciones sobre la inconst¡tucionalidad de una nomra puede llevamos a una situación pemanenle de ¡nseguridad jurldica en donde la v¡gencia / la estab¡l¡dad de la ley o de la aplicabil¡dad de normas consütuc¡onales quede a discreción del ju€z ord¡nario en cada caso concrelo Por este moüvo, nuestra Constituc¡ón reservó dicho control a a máx¡ma ¡nslanc¡a jud¡cial. El d¡seño de verificac¡ón de constituc¡onal¡dad que hemos deta lado en los párrafos super¡ores conforma la esencia misma de la división de poderes, cuyc, control se ejerce a través de los mecanismos que la propia Const¡tuc¡ón ¡nstaura a favor d: cada uno de ellos.
En el caso del Poder Judic¡al, la garantfa de ¡nconstitucionalidad, p)r excelenc¡a, es el "mécanismo" de control reservado a su máxima autoridad, como ya o hemos referido al hablar del componente polít¡co de esta garantia.
Esto no qu¡ere decir que se niega el valor normativo de la Carta Magna. La jerarquia de normas debe ser reconoc¡da y salvaguardada, pero elcr¡lerio interpretaliuo de lex supeior no puede soslayar los mecan¡smos de control const¡tuc¡onal estatu¡(los por nuestra ley fundamental Esia conclus¡ón, tamb¡én ha sido alcanzada por la más autorizad¿r doctrina nacional al referir que: una cosa es a/ príncipio de suqemacla cons'¡tuc¡onal y otra la inferior jenrqula con la Constitución, asl como la iden ftcac¡ón del órg?no competente a tal efécto. En efecto, nuestro s¡stema requ¡ere que la sentenc¡a esté fundilda confome con la Consütución y la ley, pero no predisryne un control d¡fuso, por el cual odos los juzgadores puedan ¡ndiscñm¡nadamente veif¡car la compatibilidad de la ley con la Const¡tuc¡ón. En pdncipio - con salvedad del mecan¡smo de consulta previsto en el añ¡2ulo 18 ¡nciso a) del Código Prccesal C¡v¡l- el juez debe fundaméntar su en la ley, pero no verif¡car su const¡tucionalidad: este temperamento está ¡eseruado a las pades, a las que el otdenam¡ento garanliza bs mecanismos de la acción y de la excepción como v¡as parc provocar el control."
(IORRES KIRMSER, Jose R.; FOSSAI LÓPEZ, G¡us€pp€. Op. Cit.. Pp 170t1711. Del¡mitada, pues, la procedenc¡a de esta yía, asl como la finaldad de la misma; y desl¡ndadas las cuesliones de competenc¡a, debemos proceder al estud¡o de la constitucionalidad del art. 29 de la Ley 2421lw, en cuanlo establece unir limitación relativa a la regulación de honorarios profesionales de los abogados que hayan d€sempeñado su labor en ju¡c¡os donde el Estado o sus entes sean parle Conrr Supnrul "')usTtctACONSULTA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO: "R.H.P. DEL ABG. JUAN ROBERTO INGLES EN EL.EXP: CEFERINO ORUE C/ EBY S/ RECONOCIMIENTO DE RELACION LABORAL Y COBRO DE GUARANIES". ANO: 2020 El art.de la Ley 2421104 es apl¡cable al caso de autos, ya que el solicitante,i'; AbooadoJerto lnglés, pretende el justiprecio de sus honorarios por los trabajos real¡zadosjuicio de reconocimiento de relac¡ón laboral y cobro de guaraníes promovido Orué, contra la Entidad Binac¡onal Yacyretá (EBY). El sol¡citante de la tegú o b¡en prop¡ade honorarios actuó en representac¡ón de la parte actora y, en consecuencia, se ve afectado por la d¡sposición del art. 29 de la Ley 2421104 Se ha excitado el control const¡tuc¡onal de la citada norma, con fundamento en el principio de igualdad, consagrado en los arts. 46 y 47 de la Constitución Recordemos que el princ¡p¡o de igualdad posee dos d¡mensiones: la igualdad formal, jurídica o de ¡ure y,la igualdad material, sustanc¡al o, de hecho. La primera de ellas, se proyecta en diversas facetas: a) ¡gualdad en la norma juríd¡ca general, obligando al creador de la norma a no efectuar distinciones arbitrarias o irrazonables; b) igualdad frente a la norma jurídica, vinculado de este modo al órgano encargado de aplicarla; y, c) ¡gualdad de derechos, significando que todas Ias personas son titulares, por ¡gual, de determ¡nados derechos, calif¡cados como derechos humanos. La igualdad de hecho al¡ende a las cond¡ciones de los sectores o grupos de personas, que sean soc¡al, económica o culturalmente menos favorecidos, e ¡mpone al Estado, mediante Ia realización de acc¡ones pos¡tivas, el deber de remover los obstáculos que impidan a tales personas un ejercic¡o real y efect¡vo de sus derechos o gozar de una igualdad de oportunidades (DlDlER, María Marta.
2012. El princip¡o de ¡gualdad en las normas juríd¡cas. Buenos Aires: Marcial Pons. pp. La consulta que se plantea se reflere a la primera de las d¡mens¡ones del pr¡ncip¡o de igualdad, el de ¡gualdad jurídica. La igualdad exige que se trate del m¡smo modo a qu¡enes se encuenlran en ¡guales s¡tuac¡ones, y, concomitantemente, implica el derecho a que no se establezcan excepc¡ones o priv¡legios que excluyan a unos de que se concede a otros en Const¡tuc¡onal Argenfliro. Buenos A¡res: Editor¡al Ediar. p. 259). Desde esta perspect¡va, el principio de igualdad se transforma en un mandato que impone al Estado el deber de respetarlo tanto en la formulación como en la aplicación de normas.
EI Tribunal Constitucional Español explica que:'El pincip¡o de igualdad que garant¡za la Const¡tución opera en dos p/anos d¡sf¡,htos. De una pañe, frcnte al leg¡slador o frente al poder reglamentario, ¡mp¡d¡endo que se otorgue relevancia juríd¡ca a circunstanc¡as que, ser tomadás nunca en cons¡derac¡ón por proh¡birlo asi expresamente la , o b¡en no guardan relac¡ón alguna con el sent¡do de la regulac¡ón que, en a¡b¡trariedad y es por eso d¡scr¡m¡nalor¡a. En otro plano, en el de aldad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos encuentran en la misma sltuacón" ISTC 14411988, c¡tado en DlDlER, María como d¡ferenc¡ar, exist¡endo al respecto libertad de configuración para , quién debe leg¡slar en base a las c¡rcunstanc¡as del caso. Por ello, no toda depuede considerarse violator¡a del pr¡nc¡p¡o de ¡gualdad, y no todo alitario, que ignore diferencias relevantes, puede estar conforme con libertad legislat¡va a la que aludimos no es absoluta. Se encue qraJe'encia de qued¡stinciones sean razonables, no sean arb privilegios iidosDebe existir, en otras palabras, una justif¡caci abDichagencra vrcula a las d¡ferenc¡aciones o distinciones pctprazo¡lidad, aqpnnque impone la adecuación de las no Sgmáticos dlaa Constituov ciqn.
linén¿z I'gue se El pr¡n tantotn nas, o n objetiva ales conlimit alospn hii¡iJtroCesar M. Diesel Junghanns Minktro C§1.D, ,r"riÍ,ÍÍ;Oiedo En ese sentido, la doctrina ha referido que: "Es razonable todo acto que no se tmduzca en la violación de la Const¡tución, o en la desnatural¡zación de sus preceptos. La razonabilidad de un acto está condic¡onada a su adecuación a los lrincip¡os del sentido común const¡tucional en orden a la just¡cia, moderac¡ón y prudenc¡a qte ella establece. Es así que un acto puede ser formalmente constituc¡onal, pero esenc¡aln ente inconst¡tltc¡onal cuando su contenido no guarde la deb¡da proporc¡ón con las circunstan(ias que lo motivan, o cuando no responda a una f¡nal¡dad constitucional de bien común" (BACENI, Gregorio 2006.
Tratado de Derecho Constituc¡onal. .romo l. Buenos Aires: La Ley. p. 120). La proporcionalidad a la que se refiere el autor, exige que los medios emFleados que en este caso son med¡os normat¡vos- sean idóneos y adecuados al f¡n persegu do con la toma de la Pero precisamente son esos los princ¡p¡os que se ven quebrantaJos con el art. 29 de la Ley 2421104. Para just¡ficar la limitación del justiprec¡o de honorarios tn un 50%, la norma toma como elemento discriminante la calidad de parte del Estad ) o sus entes. Dicha limitación, o priv¡leg¡o al Estado, aparece aqui como una medida desproporcionada e irrazonable porque, en esencia, impone remuneraciones diferertes para trabajos sustancialmente ¡dént¡cos a cualquier otro. La limitación en cuestión, tor lo demás, incluso omite toda consideración de ¡os parámetros establecidos en la Ley Aran,)elar¡a de Honorarios de Abogados y Procuradores: s¡n importar la mayor o menor complejijad o cal¡dad de los lrabajos, impone un porcentaje ún¡co, tasado en la milad de lo que correspondería, mín¡mamente, en cualquier juicio.
D¡cha determinac¡ón no resiste al menor análisis constitucional do razonabilidad, pues no se adv¡erte un cr¡ter¡o razonable u objetivo que permita justificar la reducción de un just¡precio, por el solo hecho de litigar contra el Estado o sus entes. El trabajo es igual y la labor profes¡onal justipreciada no es menor en extensión ni en complejid,rd No cabe duda que con la c¡tada normativa se establece una der;igualdad irrazonable entre iguales, en iguales circunstancias Esta d¡st¡nción vulnera, además, el emolumento que toda perslna tiene derecho a tener en v¡rtud de su lrabajo, conforme con el art. 86 de la Constituc ón, y el régimen de igualdad de oportun¡dades consagrado en el art. 107 de la Carta Magra, en relación con la libertad de iniciat¡va económica de los ¡nd¡viduos.
En conclusión, y por todo lo expuesto, el art. 29 de la t.ey 2421104 resulla evidentemente inconst¡tucional; consecuentemente, de conform¡dad coI el art.260 numeral "1" de la Const¡tuc¡ón, concordante con el art 555 del Codigo Procesal Civil, corresponde declarar la inmnstituc¡onal¡dad de dicha norma y su consigu¡ente inaplicab¡lidad al pnte caso, consignándolo expeenlaparte resolut¡va. Es mi volo Conlo qqe seo por teinado el acto, firmando SS.EE., todo por ante- mí, de q ndrdadaediatamente sigueco, q Ante esarM, DieselJunghanns Mirisrro CSIDr. t/lctor f,lo-s Ojedo @§ftHTe rúmeno:S0¿{.
unc¡ón, méritos del Acuerdo que anteceden, la -¡1'CORTE SUPREIIA DE JUSTICIA Sala Consl¡tuc¡onal
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TENrla consulta const¡tuc¡onal en lo9 términos expuen el ión y, en consecuencia, declarar la inconst¡tuc¡onaArl inapal pres€nte caso.N" reg¡strar Ante mlirnéflcz ,t&tist pe5el Junghanns lJtlo C' S¿",sfc8El¡Pl¡ ,esar lll