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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 585/2024

1 de julio de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ROLANDO MARTÍNEZ RIVEROS C/ ART. 1° DE LA LEY 4333/2011". AÑO 2016/861.

Antecedente ART. 1° DE LA LEY 4333/2011

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Conrr SUPREMA JUIC|O: ,,ROLANDO UtnrfXeZ RNEROS C/ f'-':,Y SENTENCTA ERo(Q,-ini¿^I¿5 ¿d¡enla'fC t¿1<- O ad de Asunc¡ón, Capital de la Repúbl¡ca del Iaaho , estando en la Sala de AcuerdosParaguay, a los u'o dias del año dos mil v¿i^ de Justicia, los Excmos. Señores Min¡stros de la Sala Constitucional DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIo§ oJEDA y ALBERTo i,ARTiNF2 mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdoel expediente caratu DO MARTINEZ RIVElado ACCtÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ROLANROS C, ART. 1" DE LA LEY 4333/20t1", a fin de resolyer la Acc¡ón de lnconstitucionalidad promovida por el Señor Rolando Martlnez R¡veros, por derec+¡o prop¡o y baio patroc¡n¡o de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Just¡cia, Sala Constituc¡onal, resolv¡ó plantear y votar la siguiente: CUESTIó : Es procedente la Acc¡ón de lnconsütucionalidad deduc¡da? Practicado el sorteo de ley para determ¡nar el orden de votac¡ón, dio el s¡gu¡ente resuttádo: DIESEL JUNGHANNS, ilART¡NEz SlilÓx y nfos Oleol A la cuesfión planEada, el M¡n¡stro Doctor CESAR UESEL JUi{GHANNS, dio: El señor Rolando Martlnez Riveros, por derecho prop¡o y bajo patrocin¡o de abogado, promueve la impugnación de inconst¡tuc¡onal¡dad, por la vía de Ia acción, en contra del Art. l' de la Ley N' 4333iefecha 24 de mayo de 2011 "QUE MODIFICA ELARTICULO 1" DE LA LEY N'2018/02 QUE AUTORIZA LA LIáRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y MAOUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS'. Sostiene como fundamento de su presentac¡ón que se dedica hab¡tualmente a la actividad comercial de ¡mportac¡Ón de vehiculos, por lo que esta norma restr¡nge las dispos¡c¡ones constituc¡onales que garant¡zan la igualdad entre los ciudadanos y ante la ley y la l¡bertad de concurrenc¡a en el mercado, contraviniendo asi los Arts. ¡16, 47, 107, 108, 137, 259 y 260 de la ConsütuciÓn Nac¡onal. Alega que la les¡ón a los más elementales derechos const¡tuc¡onales se produce al proh¡bir, en beneficio de una minorla, la ¡mportación de vehlculos que se encuentran dentro de un rango de antigüedad determinada <nás de 10 años- s¡n tensr en cuenta la real cond¡ción física o mecán¡ca de los mismos, l¡mitando asi in¡ustamente su act¡vidad comercial.

ElArt. 1'de la Ley N' 4333/20'11 dispone Modifrcase el Ad¡clrlo 10 de la Ley N" 2.018N2 "QUE AUTORIA LA LIBRE CIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRIcoIAs Y MAQUINARIAS DE USADOS', modificada por la Ley N" 2.1$n3, cuyo texto queda rédactado fonna Att. 1".- Se ptohla imporlación de vehícubs usado§ decia y modelo, una antigiiedada diez años, contados a del año dede despacho en el de esfaa las maquinaias más de veintes Cesar M. Diesel Junains Jrlir C. idecarga, Alb.lo Min¡str6 CSr. ' AL!ói11,:artda cualquier procedencia, modelo o año de fabr¡cación, sujeta al, cLtnpl¡m¡ento de las dísposic¡ones de la Ley N' 125/91 'QUE ESTABLECE EL NUEVO REGIIIEN TRIBUTARIO", y la Ley N" 1 .034/83 'OEL COMERCIANTE' y sus mod¡frcaciones.- Podrán ser ¡mpoñados, los vehículos depoft¡vos clás,bos de cualquier procedencia y modelo, con una ant¡gúedad superior a d¡ez años contados a patt¡r del a¡io de su fabricación, deb¡endo ser ceñ¡ficados, a ese efeclo, por la autoidad aduanen nac¡otal peñinante. como vehículos antíguos de colecc¡ón y de c¡rculación restring¡da a ocasiones spec¡a/es, conforme a las nomas vigentes.

Los m,.smos eslarán sujetos a medidas y controles técn¡cos veh¡cul¿,res, de conform¡dad a lo d¡spuesto por la Ley N" 3.850 del 15 de octubre de 2009,'QUE )REA EL S/SIEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR Y ESTABLECE U OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TECNICA COMO REQUSff) PREVIO PARA LA Los escnbanos y notaños públicos deberán exigir el docume tto que acredite la inspección técnica vehicular v¡gente paru protocol¡zar e ¡nscribir las escit )ras de transferencia de vehlculos usados, cualqu¡erc sea su t¡empo de uso.--- A los efectos de lo d¡spuesto en la primera parte del pármfo de esta Ley, queda prohibida cualquier discríminación en lo que se reñere a la ub¡cación originaldet sis ema de dirección del veh¡culo a ser impoñado, y que vaya más allá de /as resfnbclones vinc,)ladas at s¡stema de aire acondicionado, que no podrá ut¡t¡zar CFCOí1 y/o CFC1 2 años de antigüedad, v¡olenta o no alguna norma de n¡vel Constituc¡onal Es prec¡so punlual¡zar las normas const¡lucionales perlinen es, aduc¡das como v¡olentadas, referentes a la liberad de concurenc¡a y a la libre circulac¡r)n de productos. Dice la Const¡tuc¡ón Nacional: "A¡t¡culo 107. DE LA LTBERTAD DE CONCURRENCTA Toda persona t¡ene derecho a dedicarse a la act¡vidad económ¡ca l¡r¡ta de su preferencia, dentro de un régimen de ¡gualdad de opodunidades.

Pan su c¡rculac¡ón en el ten¡tor¡o nacional en ,odos /os casos. /a d¡recc¡ón del autovehlculo estara ubicada o reubicada en el tado izquierdo del mísmo> En primer término, cabe d¡stinguir que en real¡dad la Ley que d¡spore la restricc¡ón de la que se agravia el accionante es la N" 2018/02, en su Art. 1ro. lal com) se halla vigente en v¡rtud de la modificación últ¡ma de su redacción d¡spuesta en ta atudida t.ey N" 4333/i 1.

No obstante, ¡dent¡ficada la norma impugnada y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser determ¡nar la determinación por ley de una restricc¡ón de importac¡ón de vehiculos usados, imp¡d¡endo la de aquellos con más de d¡ez Se.garant¡za la competencia en el mercado. No serán pem tidas ta creac¡ón de monopolios y el alza o ra baja añif¡ciales de prec¡os que traben la iibre concu¡encia. La usura y el comercio no autofizado de a¡Ticutos noc,yos serán sancionados por la Ley penal,.

ORTE PREMA JUICIO: "ROLANDO MART¡NEZ RIVEROS C' Dice S1 08. DE LA LIBRE CIRCUUCIÓN DE PROOUCIOS. Los bien es de prcducción nacional, y los de proce&ncia extnnjera introducidos legalmenta, circularán del tenitorio de la Repúbl¡ca" alemos, in¡c¡almente, que se garant¡za que toda persona pueda: Ded¡carse a la act¡v¡dad de su l¡bre preferencia, a cond¡c¡ón que sea lfcita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. ElActor d¡ce ded¡carse a la actividad de su preferenc¡a, la cual es indudablemente lfcita: el comercio de automotores y maquinar¡as, deiando ver que dicha act¡v¡dad no c¡rcunscribe exclusivamente a la ¡mporlación de los vehfculos restring¡dos por la norma ¡mportada. Surge claramente que la l¡bertad de dedicarse a la act¡vidad llc¡ta de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su eierc¡c¡o dentro de un marco de ¡gualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restring¡da, pues la norma (que dice le agravia) r¡ge a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocas¡onal o habitualmente, como representante, dislribuidor o comerciante sin ráJimen establecido con los proveedores.

Tampoco se nota que la norma ¡mpugnada sea propiciadora de la creac¡ón de MonoPol¡os, ya que, como se ha señalado, es de aplicac¡ón general y no especial a un grupo de personas, ya sea negat¡vamente en favor de otras o pos¡tivamente en favor de ellas, creando una de desigualdad de oportunk ades y restricc¡ón a la compelenc¡a. Dist¡nto serfa si la norma impugnáda no rigiese para tales o cuáles comerciantes, lo cual no se produce con la situación puesta en crisis. Cabe señalar que, cuando la Const¡tuciÓn impone la libre circulac¡ón de productos nacionales o extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan s¡do "... ¡ntroducidos legalmente'. Se notá chramente la rem¡sión a la "ley'como ¡nstrumento normal¡vo dictado por el-Poder Legislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De all¡ que, por imperio de la mismi norma ¡nvocada, es atribuc¡ón del Poder Legislat¡vo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la intfoducc¡Ón de los pfoductos extfanjefos.

Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumpl¡r con nofmas sanitar¡as, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantia de l¡bre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhab¡lite toda iegulaciÓn, s¡tuación ésta que imp¡icaría el ábandono del Estado de su rol establecido por la m¡sma Const¡tución.

medson,r último, las alegac¡ones que se hacen invocando la justic¡a social, o la adopc¡ón de ienles a la correcc¡ón de los desequilibrios entre dist¡ntos sectofes de la población argumentos atend¡bles y de tratam¡ento recomendable. S¡n embargo, no es competenctesta Corte, y específ¡camente de esta Sala Constitucional, el diseñar o red¡señar o usurpandomplementar polfticas en tal sentido, a través de sus sentenc¡as, pues estaria const¡tuc¡onalesde otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo asi el frontalmente - aluil¡brio entre Poderes, lo que llevaria a una situac¡Ón contraria de Derecho constituido Porel Pueblo a través de la Convención Nac¡onal Constiluyenteotras palabras, escapaa las atribuc¡ones y a lanc¡a de la Const¡tucional deSuprema de Just¡c¡a, jlzgaf el Dqn el marco de las rnos d est quenaciones de inconstituc¡ona uestas en cr¡s¡s se adecuan Cesar M, Diesel Jro nos ocua, Nacional, Dt. Ylctot R/d.s Oiedaad de las leyes, o qpolíticas que implanten o melo Albertoe, SIEóis¡do dictadas Mini3tro CSin com requeridas, y s¡n contradec¡r los princip¡os y garantías establecidas lor la Const¡tución Nac¡onal En ese contexto y por tales razones, concluyo que la norna impugnada de inconstitucionalidad, el Articulo 1' de la Ley N" 2018/02 'OUE AU rORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS. MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y Ii]AOUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacc¡ón actual dada por el Ariculo 1" de la Ley N"4333/2011, no vulnera a la Constitución Nac¡onal y por tanto la acc¡ón jebe ser rechazada, y voto en lal sentido A su turno, ef M¡nistro Doctor ALBERTO MARTíNEZ S|MÓN dijo. Los argumentos del accionante reposan en dos lesis principales que demuestra, según sus cichos, una supuesta col¡sión normat¡va entre el art¡culo 'l " de la Ley 2O'l8l2OO2, modific;ida por la Ley No.

433312011, y la Constitución de la Repúbl¡ca; por consigu¡ente, et d()rrotero que deberá segu¡rse en esta oporlunidad es el s¡guiente: a) comprobar existe (, no vulneración del princ¡pio de ¡gualdad consagrado en el art. 46 de la Conslitución la Repúbl¡ca, y b) comprobar si son legítimas las restricc¡ones impuestas a la libertad de conrercto y concurrencia normadas en los arts. 107 y '108 de la c¡tada norma superior.

Pues b¡en, acometidos a determ¡nar si este pr¡mer argumento se co lfigura, tenemos que el accionante asevera que la normativa ¡mpugnada vulnera el principio de igualdad, puesto que el mercado del producto se encuentra l¡mitado al año de fabr¡cación d. los vehiculos a ser importados, lo cual favorece a unos pocos importadores y consumidores Este argumento del acc¡onante nos ¡ntroduce en la faz formal o de lure del pr¡ncipio de igrraldad, q-ue obliga al leg¡slador (en sentido ampl¡o) a " .. que se trate del mismo modo a qltie¡ es se encuentran en o-plvilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en :ɡles circunstancias" (Bidart Campos, cermán J. (1992) Tratado Elemental de Derecho Con:titucional Argentino, El art. 46 de la Const¡tución de la República no debe ser entendidc textualmente como un compromiso a una igualdad absoluta o total entre todos los hab¡tante i El legislador puede y debe tomar en cuenta ciertas desigualdades para proporc¡onarles u r trato distinto -y, de hecho, sería ¡ncorrecto no hacerlo- s¡empre y cuando esta disl¡nc¡ón se 3ncuentre justif¡cada.

Por el contrar¡o, cuando er trato desigual se funde en motivos arbitrario o irrazonabrés, esto es, cuando.carezca de criterios objetivos y relevantes de d¡ferenciación, la norma será injusta e, inev¡tablemente, inconst¡tucional Al respecto se ha enseñado que: ,En suma, la iguald'ad ante la ley cons¡ste en que las normas jur¡dícas deben ser ¡guales para todas las per""onas gue se encuenlran en las m¡smas c¡rcunstanc¡as y que no deben concederse p¡ivíleg¡os ¡mponerse obl¡gac¡ones a unos que no benefic¡en o graven a olros que se haren en :ond¡c¡ones s¡m¡lares.

No se trata' por cons¡gu¡ente, de una ¡guardad absotuta, sino que ha de a)r¡carse ta rey en cada caso conforme a las d¡ferenc¡as espec/r,cas. La ¡gualdad supone, por lo tanto, la'd¡st¡nción razonable entre quienes no se encuentren en las mismas condic¡ones pc r lo que ella no imp¡de que la leg¡slac¡ón contemple en forma d¡st¡nta s¡tuaciones difeientes. siempre quá b d¡scrim¡nac¡ón no sea a¡bitraia responda a un propósito de host¡l¡d.d contra determinada persona o grupo de personas, o importe indeb¡do. favor o pivitegio lersonal o de grupo,.

(Marnkov¡c, Mar¡o Verdugo, pfeffer Urquiaga, Emilio Nogueira Átc€ta, HumUerto Derecho const¡tuc¡onat. Ed. Jurid¡ca de ChiÉ, 2da ed., T l, p;.2j5t216) . . Por cons¡guiente, lo primero que convendrá establecerse en el l)resente caso es deberá cons¡derarse como iguardad, para ro cuar deberemos ident¡ficar una pauta objetiva de evaluación. Ya hemos dicho que ra ¡guardad formar no ¡mposib¡rila ras riferenciacionls entre personas que se encuenlren en situac¡ones d¡ferentes, siempre que, parír concluir que un c¡erto ORTE 6.-retvtduouna u otra categoría, se compruebe que se tomaron en cuenta datos levde distinción, y no arbitrarios, irazonables o discrim¡natorios. 861.

irrestr¡cto. Los efectos de Ide comercializac¡ón de ciertosondo en la soc¡edad, especialmen los sectores más neces¡tados, empgroa las polpúblicas della cual se perfila con cada reguldad, ambud de ¡os habita, etc., que se dicta. Ahora bie pretenurar estos dereci como salvaguafdar otros unae, por este órganor. En efecto, el estudAl margen de lo anter¡or, el acc¡onante ha introducido otra alegac¡ón que atañe al de igualdad: la supuesta d¡scdm¡nac¡ón a los @nsum¡dores que no pueden adqu¡rir otros bienás de mayor prec¡o. S¡n duda el accionante ha tocado un Punto sens¡ble, puesto que esia Mag¡slratura no es ind¡ferente a situación económ¡ca de muchos habitantes del Paraguay.

No obstante, a ello deberá responderse que el leg¡slador se encuentra plenamente hab¡l¡tado a restr¡ngir la concurrencia de ciertos productos -tal como lo establece el art 108 de lacaso que nos oqrpa, la igualdad deberá serjuzgada entre quienes llevan a cabo la vidad comercial que el a@ionante, ergo, la de importación de vehículos para su pals. lndudablemente, no podríamos adoptar una comparac¡ón tan ampl¡a como la , asi como nuestra leg¡slación en materia de derecho al consumidor- siempre y limitac¡ón se encuentre justificada por motivos de salud o seguridad de susen el de la m¡sma profes¡ón de cornerc¡ante, en tanto que, en el caso de maÍras, la restr¡cc¡ón está dada en relac¡ón con el ob¡eto comercial¡zado. Por consiguiente, debemos part¡r de la s¡gu¡ente prem¡sa: se exige un tralo igual¡tario para todos aquellos que se desempeñen en el mismo rubro de impoftación de rodados para su comercializac¡ón en el pais. Toda restricc¡ón o priv¡leg¡o que, basado en criter¡os subjetivos como la condic¡ón, creenc¡a o caracterfsticas de la persona, mejore o restrinja su part¡cipación en el citado rubro, y siempre y cuando aquella med¡da no se encuentra justificada, será arbibaria y, por ende, invál¡da Desde esta perspectiva, los argumentos del demandante caen por su propio peso: no se advierte excepción, pr¡vilegio o imposición alguna que agrave o benefic¡e la situac¡ón de un grupo seleccionado dentro de esta categoría, en tanto que la norma es general y de apl¡cación a la colecliv¡dad. Claramente, la restricc¡ón de importación se aplica a todos los comerciantes de vehlculos, s¡n excepciones ni desigualdades lncluso, y se qu¡ere ser aún más exacto, podríamos reduc¡r aún más el grupo homogéneo de comerciantes de vehículos, y juzgar 9l caso concreto de§de la s¡tuac¡Ón de los que desee importar vehlculos en las condiciones precitadas se encuentra enleramente habil¡tado para etlo, s¡empre y cuando cumpla con las formal¡dades ex¡g¡das por la ley. La compelencia se llevará s¡n obstáculos nifavores entre qu¡enés se dedican a esta área de la profes¡ón, y estos podrán importar vehlculos usados hasta el límite legal permit¡do, para su posterior oferta en venta.

Por lo anterior, mal podria argumentarse des¡gualdad alguna, por lo que este pr¡mer argumento resulta ¡mprocedente. Concuandoconsumttal como ahondaremos más adelanle. Se trata de supuestos en los que el legoptaacer prevalecef un derecho sobre olro, en el entend¡miento que no ex¡ste derecho, se limita a con óesar ijl Dieselfinaorma rmp A: ,1 J''i:. Vlc¡o¡ Rtos Oicda Ét¡tttro a ta!ónello r rev onalid ormat A¡hrto M1e, St0ón racionalmente, por lo que la bondad o acielo de aquella, as¡ como sus efectos mediatos o inmed¡atos en la faz económica o soc¡al, no podrá ser estud¡ada por el Pod.:r Judicial, al menos no sin extralimitar su área de competencia demarcada por el princip¡o de ( de poderes.- Por tanto, las problemát¡cas señaladas por el accionante referen e a la des¡gualdad económica de un cierto sector de la poblac¡ón podria, sin duda alguna, s:r atend¡da por esta Sala Constituc¡onal se constatase que una norma d¡scr¡mina c restr¡nge ilegal y arbitrariamente a dicho sector como consumidores, pero no los efectos lconómicos de esla restricc¡ón que, si bien indeseados, no hacen a la constituc¡onalidad o rro de la norma. Por d¡cho motivo, corresponde el rechazo de este segundo argumento Finalmente, queda por detem¡nar la constituc¡onalidad de las restrioc¡ones impuestas comercio y al ejercicio de la profes¡ón privada. Asl lenemos, por un lado. que el art. '107 Constitución asegura la libertad de concurrencia en el mercado, y erfablece que: "Toda persona t¡ene derecho a ded¡carse a la act¡vidad económ¡ca l¡cita de su p-eferenc¡a, dentro de un rég¡men de igualdad de opoñun¡dades. Se garantiza la competenc¡¿, en el mercado. No serán pe¡m¡t¡das la creación de monopolios y el alza o la baja art¡f¡c¡ales ce precios que traben la l¡bre concunenc¡a. La usura y el comercio no autorizado de añículos Doc¡vos, serán sancionados por la Ley PenáI" Sigu¡endo la misma línea, el atículo 10t que sigue pregona, en cuanto a la l¡bre circulación de productos, que: 'tos b¡enes de pro('Ltccíón o fabricac¡ón nacional, y los de procedenc¡a extranjera ¡ntroducidos legalmente, c¡rcutatán t¡bremente dentro del teffitorio de la República" individual, la intervención del Estado no solo estáperm¡tida, Sin,, que es necesaria Efect¡vamente, el Estado cumple un papel regulador ena econ( mia a fin de lograr determinados objetNos -que marcan el norte de su gest¡ón- como lo sor el progreso soc¡al. e bienestar general,el desarrollo íntegro, etc. El an. Q8 de la Constitu,)rón no deja dudas a respecto: elnterés particu¡ar de las personas no puede derogar, en gún caso o situación el interés general, por Io que todos los habitantes del Paraguay deben c( taborar,,en el bien del país". El propósito que se s¡gue no es el de l¡mitar la l¡bertad o di{tnidad de la persona caprichosamente, sinode benefic¡ar alnd¡v¡duo y a la sociedad nteciante una conv¡vencia armónica, asi como Ia consecución del b¡enestar general en func¡ón lel bien común de laTenemos, entonces, que nuestra Carta [,4agna asegura que !a in¡ciativa económica privada es l¡bre, lo cual nos enseña, a su vez, que ta ¡ntervención del Estado, en su sent¡do más ampl¡o, se da a través de diversos mecanismos jurld¡cos, pero comc excepción, ya que lo que se pretende fomentar es la existencia de un espacio de autonomía p¿rra los ind¡viduos que quede exento del dir¡g¡smo estatal En efecto, la l¡bertad y la dignidad hu¡rana, como derechos fundamentales, se encuentran consignados en el preámbulo de nuestr¡r Constitución, por lo que impregnan y dan sentido a todos los demás derechos y garantías (:onstituc¡onales persona'. "La Admin¡stración debe, en su méito, promover toda especie (,e industria y remover /os obsfácu/os que entorpezcan la l¡bre iniciat¡va privada. A la vez, debe respetar el derecho de toda persona a elegir su profesión y ejercer la l¡bertad de industda v c(,mercio, con /as solas l¡m¡taciones que ¡mpongan tas leyes (.. .) En def¡n¡tiva, todo cercenamien a o cond¡c¡onamiento al ejerc¡c¡o de la libre empresa ha de vonir ¡mpueslo d¡rectamente p,)r ley o en viñud de autorización expresa de una ley. quo está s¡empre sujeta a los tim¡tes cte razonab¡l¡dad que hagan compatible el ejerc¡cio det derecho ¡ndiv¡dual con los requer¡mrel¡tos socia/es,, ( Drom¡, Aun as¡, la l¡bertad no debe ser entend¡da de forma irrestricta. No d3be perderse de vista que, según nuestro articulo 1' de la Consl¡tución, el Estado paraguayo constituye un Estado soc¡al de derecho, que ¡mpl¡ca en pocas palabras que, si bien se reconoce la iniciativa 6sociedad que, sin caer en el dir¡gismo estatal, la intervención subordinada del Estado ámb¡to,econom¡a en un Estado social de derecho es, en realidad. for¿osa cuando se pretendurar el b¡enestar general: no se nos escapa gue e, estrangulamiento de la y de la iniciativa privada en materia éconómica se vuelve ¡nconstituc¡onaLtamb¡én lo serla el estatismo d¡tigista- hay que recalcar con énfas¡s que una estatal nzonable para la gestoria de la plÍt¡ca y de la aclividad económrbas se compadece peiectamente con la Constitución, y hasta es requeñda por su plexo de valores, cuando a éste se /o ¡nteryrota a tono con la democracia social y con el estado soc¡al de derecho. As¡ captamos nosotros la interyretación const¡tucional, actual¡zada a nuestra época contempóránea y compatib¡lizada con el const¡tuc¡onalismo social, remarcado en la reforma de 1994."(Bidart Campos, German (2000), Manualde la Const¡tuc¡ón reformada,zda. ed, Ediar.

Sociedad Anónima Editora, T. ll, p. 70) Los m¡smos artículos que fueron c¡tados por el acc¡onante confirman lo que hasta aquí tenemos dicho. Como se ve, elart. 107 de la Constitución ref¡ere expresamente respecto a la imposición de sanciones penales por el "comerc¡o no autoizado de adículos nociyos': por lo que se puede inferir, por mera lógica, que el Estado t¡ene la potestad de aulor¡zar o no la comerc¡alización de c¡ertos artlculos, as¡ como la t¡pmcación de eventuales sanciones en caso de contravención; en la m¡sma línea, el art. 108 de la Const¡tuc¡ón emplea el s¡ntagma "introducidos legalmenfa", lo que demuestra, a todas luces, que la importación de bienes no es de.iada al libre albedrio de los ¡nteresados, s¡no que deben cumpl¡rse ciertos requisitos y trámites impuestos por las leyes o las autoridades pertinentes, con las cuales se pretenden salvaguardar ¡nlereses o derechos de la generalidad como se ve, las dos normas precitadas contemplan de manera categór¡ca la facultad del Poder Legislat¡vo de dictar leyes reglamentar¡as de dichos dercchos, por lo que seria un enor creer, asi como lo hace elaccionante, que bajo la invocación de la libeftad delcomercio, aquel puede proyectarsu voluntad sin lim¡tac¡Ón iuridica alguna. La expl¡cación se encuentra en la m¡sma lógica denuesto s¡stema: la relación v¡nculante entre el Estado Paraguayo y sus habitiantes se material¡za con mediante normas constituc¡onales y legales que, por un lado, otorgan competencias al Estado Y, por el otro, derechos y garantias a los ¡nd¡v¡duos. Tanto las prerrogativas estatalés, asi comolos deréchos y garantías de los particulares' encuentran su iusto equilibrio entre autoridad Y l¡bertad Este balance se Plasma en el d¡ctado de las leyes reglamentarias. En lo que a nuestro caso compete, la libertad,en todas sus especies, no constituyeun valor absoluto. Como princ¡pio general, el E§tadose encuentra autof¡zado para ¡ntervenlr porvia de reglamentac¡ón en determinadas activ¡dades,a fin de dirigirlos en la med¡da queel aseguramiento de es como la salud, moral,la seguridad, el orden blico. etc., lo hagan necesano intervenc¡ón, desde luego, encuenlra a su vez una rusta limitac¡óñ: no Puede ser arb¡trantable, s¡no que debejustmcarse en la necesidadconcreta de salvaguardar el igenecomprometido, y debefozosamente ex¡slir unaproporc¡onalidad entre el objetivopersegulos med¡os empleados Estas lim¡tac¡ongarantias al actuar del Estado Y los instituyen una derivación necesar¡a dea sistemáticade un Estado soc¡almo loo, sefstif(:ad coonal), yni pecar , Por sobre todo,(anulando,los fin taciónser aonede . Vkot Rlos Olzdt Mhl¡rro 1explicado pánafosba. El Estado tiene lapotestad d e ¡nc¡dir ende las personas,ero Ana lis ncafeglam práctiuos Albertoez JJi:c C ta med¡da, a efectos de que tates med¡os no aparezcan como infundados o ahitrar¡os, es dec¡r, no proporcionados a las c¡rcunstanc¡as que los mot¡va ya los fines que s? procuran alcanzar con ellos (...) Irafase, p¿¡es, de una conespondenc¡a entre los med¡os prrpues¡os y /os flnes que a través de ellos deben alcanzarse. Establecer, pues, si en un caso d ?do se obseNÓ o no el princ¡pio de razonab¡lidad const¡tuye una cuestión de hecho, para cuy¿ soluc¡ón puede ser decisiva la d¡gnidad del razonamiento utilizado, la ecuanim¡dad de <tuien emita el fallo valorativo. Todo ello envuefue una cuestión de sensatez, de acedad¿¡ visión de la v¡da" (Mar¡enhoff, Miguel S. (1992). Tratado de Derecho Adm¡n¡strat¡vo, Ed. Ab.,ledo Perrot, Buenos De esta manera, descartada la tesis del acc¡onante, y delimitado el campo de actuación del Estado en el comercio, queda solo por realizar un test de razonabil¡da( . esto es, determinar la med¡da se encuentra just¡f¡cada con la neces¡dad de tutelar algún interés de la generalidad, y si existe una proporc¡onalidad entre los medios propuestos y los f nes que se desean alcanzar. Sobre el punto, la intención de la ley es clara. Existen faíses con sim¡lares legislaciones que, baio elentendim¡ento de los graves percances automcvilislicos que causan imped¡r su importac¡ón No caben dudas, pues, que nuestra normativa vela por la segu idad y la salubr¡dad pública de los habitantes, y de hecho, el articulo 7 de nuestra {)onst¡tución dispone expresamenle que la conservac¡ón y el mejoram¡ento del ambiente, asi como su conciliac¡ón con el desarrollo humano integral. constituyen obietos pr¡or¡tarios de ¡nt(,rés social, los cuales "orientará.n la legislac¡ón y la pollt¡ca gubemamental peñ¡nente,,. por co.sigu¡ente, el cuidado ambiental, asi como la salubridad del ambiente, const¡tuyen objet¡vos c aros y valederos que justifican la restr¡cción de la libertad de los habitantes en deteim¡nado:. casos, por ro que la medida en estudio se encuentra plenamente justificada.

Solo queda por determ¡nar su proporcionalidad. A tal efecto, deb( dec¡rse que el límite de antigúedad impuesto es por demás.razonable, ya que se permite ur margen amptro _djez años- para ra recomerciarización der b¡en. si bien es cierto, no todos rrs rodados se lornan obsoletos poreltranscurso de d¡cho plazo, y de hecho existen "rfoi "n ¡r"n "at"Oo con mayor ant¡güedad, basta con que el legislador tome un criterio u objeilro ! lip,,re,"o qr" sirva como pauta.o estándar Jurld¡co, y no la contemplación sub,etiva d" "á.o poi'" r.o. n"i, es ¡nnegable que el plazo de validez escogido por el legislador O¡ez "¡os ie'com,,rdece en la mJyoria de los cásos. con la reatidad. por io que est¡ma Entonces, como ya d¡jimos, la l¡m¡tación de los diez años, como rredida objetiva. espor demás proporclona con los fines propuestos por la norma ,yademás n(, incde gravosamente en el comerc¡o,como si lo haría una restriccrón mucho mayor, o la nisma proh¡b¡ción comerc¡alizac¡ón de rodados usados. por tales mot¡vos, corresponde el rechazo de la presente acción, por improcedenle A su turno, et Ministro Docto¡ vícToR Rlos oJEDA djjo 1.- El Señor ROLANDO MART|NEZ RIVEROS, por derecho prop¡o y bajo patroc¡n¡o deprofesionales det derecho. oromueve acc¡ón de inc;nsfitu;i;"áioáJiá, u, et Articuto I de ta Lev N-'-¿1333/, "eue uobnce et mr¡culó1-óE'ü'LÉlií:ziti,,,o2 "euE AUroRtzA u LtBRE tMpoRrActóN DE vEHtc^uLos. uÁoutianiis Á6a'tióio" r,oou,Noaus DE coN srRU cctóN usADos., uo or rcÁoe ió,ii' Léi'ir'ii íi,os,r 2'- La accionanle arega ra vu¡neración.de ros Anicuros 1.47.107,1og.tcdosderaconst¡tuc¡ón Nacronat. Y funda su acción manifestando, *ráoil..á""..'óuJia'iron,oicion de imporrar ORIE REMA TICTA861.

conl0 años de ant¡gúedad ¡mpuesta por la norma impugnada, const¡tuye rantede las garantias constitucionalesACCIóN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD EN EN "ROLANDO MART|NEZ RIVEROS C' nolmasde arr¡bar a una soluc¡ón razonada de la existencia o no de v¡olecionés de ales, es necesario traer a colac¡ón lo d¡spuesto por el aclo normat¡vo 4.-'Aliculo 1',- Modifrcase el Att¡culo 1" de la Ley N" 2U 8n2 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRICOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSrRUCC/ÓN USAOOS', modificada por ta Ley N' 215 03 cuyo lexto queda redactado de la siguiente foma: "Att. 1.- Se prohibe la ¡mpottación de vehículos usados de cualou¡er prccedenc¡a v modelo. con una antioüedad mavot a diez años. contados a padir del año de su fabicación hasta la de su despacho en el lugar de oñgen "Gubrayado es mlo).

5.- En la norma transcripta es razonable, cons¡derando que el Estado tiene el legítimo derecho de regular las pollt¡cas en esla materia, mn el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo benef¡cio de sus recursos económicos. Asim¡smo, la polít¡ca estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producc¡ón satisfactor¡a y normas de func¡onamiento, procedim¡entos adecuados de d¡stribuc¡ón, práct¡cas comorciales legales, comerc¡al¡zación informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los 6.- Con respecto al menoscabo que supuestamente sufr¡rlan los consumidores, en caso de ser pr¡vados porel derecho que les conesponde para adquirir los bienes y servicios de su elecc¡ón, quebrantando con ello la l¡bertad de concunenc¡a, desiacada doctina nos enseña: "Una orientación creciente en la politica económ¡ca del Estado ha ¡do produciendo paulatinamente limitaciones a la l¡bertad de comercio, justiricadas en el ¡nteÉs social de evitar los abusos que el ¡ndiv¡dual¡smo económico provoca. D¡storsionada la ¡gualdad de cond¡ciones -supuesto const¡tucional de la igualdad ante la ley por los excesos de la l¡bertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios of¡ciales de hecho o comefcializac¡ones compulsivas en benefic¡o del interés general". (Vide: aUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho Const¡tucional, Reimpresión, Buenos, Depalma, 1.987, pá9.145),--- 7.- Por otro lado, el vehículo denominado "utilitar¡o" es el que llega a la sociedad, y éste, en buenas cond¡ciones, s¡n duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un veh¡culo nuevo. Esa es la oPción que tienen los consumidores.

8.-atacada no pretende prohib¡r las ¡mportaciones de vehiculos usados, como ya hizolses como Peú, Panamá yCosta Rica, s¡no regular esa act¡v¡dad Para que no SEga engo la seguridad de los usuarios, no se áfecte emnóm¡camente al comprador y no se sature acon vehiculos recuperados.

9.- Una realidad palle nos ¡ndica que desde hace vaíos añosm¡les de automóv¡ descartados, deiemplo, los casos de autos ¡mportadosles feenos atmosféricosKatrina), sal¡dos de c¡rculación en susgr congest¡onadas calles deciudades del pa la obsolescencia delautom Oi¿da 9proproscircular¡genlses de enzafon os,@n A¡b¡ftotrc, Ce:ar M. DiesclJr¡ i,l:::tr. CS)ng A:gllD¡. Vlcto¡ Rlos Mlnlttro 10.- En su edic¡ón del 16 de noviembre de 2019, el diario La Nac¡ón, pu3licó datos sobre la 'Contam¡nación del A¡re Porcentaje sobre el nivel seguro, d¡c¡endo lo siluiente: "Según Ios indices demostrados, Asunción tiene un 800/0 de n¡vel seguro de contamir ac¡ón, un poco que Tok¡o (70%) y menos que Taipéi (90%), a pesar de ex¡stir una Ley de Calidad de Aire (5.211114) que gaentiza el control de emisión de contaminantes. Los fact )res que coadyuvan a desarollar la contaminac¡ón atmosfér¡ca son los combustibles fósrles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias tox¡cas para el organismo.

Miles de automóv¡les de gran porte c¡rculan por la capital y contam¡nan el ,ire que respiramos. En el 2018 se importaron 71 820 vehículos usados, de los cuales 63.5t2 t¡enen más de '10 años (...) la D¡rección General del A¡re cap¡tal¡na, remarcó que el ¿umento del parque automotor influyó en el ¡ncremento de índ¡ces de polución. En el 20'10 habi r un lolal de 872.126 vehículos, en tanto que en el 2019|a cifra llegó a 2.363.499. Cada uno esos motores em¡le poluc¡ón y cuanto más ant¡guo sea, mayores el n¡vel. Elpromedio de nues ro parque automotor es de 18 años". Advirtió el material periodísl¡co.

11.- De lo dicho hasta aquí, entiendo que la med¡da impugnada se e lcuentra ajustada al mandato constituc¡onal que obliga al Estado a preservar el ambiente, corro objetivo pr¡oritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas ha cond¡cionado la sanc¡ón y promulgac¡ón del disposit¡vo jur¡d¡co atacado. Cabe resaltr¡r que un amb¡ente saludable, ecológicamente equilibrado, provee elentorno necesario para la v¡da humana, flora y fauna. Razón por la cual el "derecho a habitar en un ambiente saludablrf' ha adquir¡do rango constitucional.

12.- No tenemos que perder de vista que el derecho a un amb¡ente salrdable, se encuenlra estrechamente v¡nculado mn el derecho la salud y la v¡da, reconoc¡dos const¡tucionalmente como derecho fundamenlal e ¡nherente a la persona humana, por lo lue toda norma que integre nuestro derecho posit¡vo deberá indefectiblemente eslar orienteda a tutelarlos, a los efectos de lograr el bienestar social, tornando operanle el carácter ,ie Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución, cuest¡ones estas observadas ?n el contenido de la norma atacada.--- Así las cosas. ent¡endo que la pretensión del legislador al dictar la rrorma impugnada fue mantener la vigencia de los derechos y pr¡ncip¡os tutelados por la Constitución, en coherencia con las convenciones ¡nternac¡onales que forman parte de nueslro orde.tam¡ento ¡nterno, con el objet¡vo de velar por los intereses de todos los c¡udadanos, enlre los (lue.

la vida, la salud y el bienestar social se encuentran en un lugar de pr¡vilegio 14.- Al respecto, la "Daclarac¡ón establece que toda persona t¡ene dUn¡versal de Derechos Humanos" en su numeral 25, erecho a un n¡velde v¡da adecuado ( ue le asegure a ella y su fami¡ia, la salud y el bienestar 15- La organización Mund¡ar de sarud se pronunc¡ó er 22 de setiembr,r de 2021 sobre datos y cifras reacionados a la "Conteminaclón del aire ambiente (»<aerior)". Düo que la contam¡nación delarre representa un ¡mportante riesgo medioambiental lara la salud, tanto en los países desarrolladoscomo en los países en desarrollo: Cuanto más bajos sean los n¡veles de contaminac¡ón dela¡re mejor sera la salud card¡ovascular y reloria de la poblac¡ón, tantocomo a coño plazo". Asi mismo, exigió que la salud debe serla máxima prioridad de los 16- Por lo tanto, en atenc¡ón a las man¡festac¡ones vert¡das, op¡no que ,)orresponde rechazar la presente Acc¡ón de lnconstitucionaljdad. Es voto oACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ART. I' DE lo que se d¡o por termiel acto, firmand queqanqo acordada lae inmed StEó!

Cesar M' DieselnghLA LEY 433 aÑnezDr. Vlcb¡ Rlot D,.Yr"'i;llÍiOjerlo': 20 A¡b¡rton Arr9. A¡0 JdioPa{óotiJ SFaE¡IAf..iA il-ritral¡ del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREI'A DE JUSTICIA Sala Constituc¡onal

RESUELVE:

AZAR la Acc¡ón denst¡tucionalidad promovida por el Señor MARTINRIUEROS, de @nforma lo expuesto en el exordio de la presente y registrar Atb.lo MelJunghanns Ante mlR o,deqss.EE.,