CORTE SUPREMA oFjUSTiCIA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN Ciudad Asunción, Capital de la República del mil veinte y cuatro, estando reunidos en Sala de J ~l os señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, CÉSAR ANTONIO GARAY y ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, bajo la presidencia del tercero de los nombrados, por Ante el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente intitulado: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MALDONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE" a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Sil vio Bení tez Mohgelos, representante convencional de la Parte demandada, coftra el Acuerdo y Sentencia Número 73, con fecha 2 de Septiemrre del 2. 021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes, ·--- En caso contrario, se halla ajustada a Derecho?
Practicado el sorteo de Ley, para determinar el orden de votación, dio el siguient~ JIMÉNEZ ROLÓN, GARAY y CUESTIÓN PREVIA, EL SEílOR MI TRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: esta Sala Civil de la Excelen ísima Corte Suprema de Justicia debe estudiar, preliminarment admisibilidad .. qe los recursos.
oficio, está Dicha facultad, que ser ej :. :tji'C " El art art. 41 7 Procesal rtínez Sim Secretarla ... , . ,. E CA El ,U~IA Justicia contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelación que revoque o modifique la de primera instancia; señala, además, que en el segundo supuesto será materia de recurso sólo lo que hubiere sido objeto de modificación y Por Sentencia Definitiva 153 de fecha 27 de noviembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y de la Adolescencia, Primer Turno, de la Circunscripción Judicial Concepción, Ciudad Horqueta, resolvió: "NO HACER lugar a la presente demanda por REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE presentado por el Abogado RAFAEL ANTONIO TORRES GONZALEZ, bajo patrocinio de la ABG. ANTONIOLLI DE TRORRES, en representación de las señoras LIDIA CECILIA MAIDANA VDA. DE ROJAS, ELSA GUILLERMINA ROJAS DE FRETES y del señor EDGAR ROJAS MAIDANA, en contra de la señora JUANA MALDONADO DE VALENZUELA y ampliado contra de la señora NERY SILDA VALENZUELA DE GOMEZ, y de los señores WILIAN GOMEZ y SALVADOR ANDRES GOMEZ, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. EXIMIR de costas a la parte accionante-perdidosa, por los fundamentos expuestos. ANOTAR Recurrida que fue la mencionada sentencia definitiva, y tramitados los recursos, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial Concepción, por Acuerdo y Sentencia N de fecha 2 de septiembre de 2021, resolvió: "DECLARAR LA NULIDAD -de oficio del devenido instrumento privado que emanara de la Escritura Pública 1 de fecha 30 de abril del 2002, a través de la cual los señores Lidia Cecilia Maidana Vda. De Rojas, Elida , Blanca, Raúl Ramón, Lidia Virginia, Nelson Venancio, Edgar, '. Elsa Guillermina y Lourdes Teresi ta Rojas Maidana, venden a favor d'la señora Juana Maldonado de Valenzuela un inmueble individualizado como Finca 9673, Padrón 5365 con una ' CORTE PREMA djdl de nueve has.
S.D. ( 9) / JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN que poseen en condominio por S.D. 15 e fecha 27 de noviembre de 2. 020, or el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Horqueta, a cargo del Juez Abg. Sergio Ruíz Méndez, por los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la presente resolución. HACER LUGAR a la demanda ordinaria por REIVINDICllCIÓN DE INMUEBLE promovida por el Abogado RAFAEL TORRES, bajo patrocinio de la Abg. ANTONIOLLI DE TORRES, en representación de las señoras LIDIA CECILIA MAIDANA VDA. DE ROJAS, ELSA GUILLERMINA ROJAS DE FRETES y del Sr. EDGAR ROJAS MAIDANA, en contra de la Sr. JUANA MALDONADO VALENZUELA y ampliado contra de NERY SILVA VALENZUELA DE GOMEZ, WILIAN GOMEZ y SALVADOR ANDRES GOMEZ. Debiendo, en 8onsecuencia, restituir el inmueble individualizado como: Finca 9673 de CONCEPCIÓN, bajo el número uno y al folio uno y siguientes del 15 de abril de 1994, con las siguientes dimensiones y linderos: AL NORTE: mide cien metros y linda con el lote 21; AL SUR: mide cien metros y linda con calle. AL ESTE: mide un mil metros y 1.inda con lado Este del lote 1 O.
AL OESTE: mide un mil metros y linda con el Lote 9. SUPERFICIE: 1 O hectáreas., en el perentorio plazo de diez días de quedar firme y ejecutoriada la resolución recaída en autos, bajo apercibimiento de que de no proceder forma se ordenara su lanzamiento por la fuera pública, lo expuesto en la parte analítica de la presente s DECLARAR INOFICIOSO el pronunciamiento de este Tribuna el recurso de apelación interpuesto por el Abg. en representación de los actores. DECLARAR pronunciamiento e Tribunal sobre el recurso de Silvia B finfii'' t: " 1 Ministro , -.
parte perdidosa, de conformidad a la teoría objetiva de la Recuérdese, cuando el recurso de nulidad procede, el órgano superior debe anular la resolución recurrida y resolver la cuestión de fondo, por imperio del art. 406 del Rito Civil. De este modo, la decisión consecuente no constituye una revocación o modificación de la resolución de la instancia inferior, sino más bien un reemplazo de ella. Resulta así que .. en el caso de que la impugnación se refiera a los vicios que afectan a la sentencia, la inmensa mayoría de los ordenamientos analizados acuerda al tribunal de apelación la doble facultad de declarar la nulidad de aquélla y de sustituirla por otra que dirima el fondo del asunto, concentrando por lo tanto en un mismo acto la emisión del juicio negativo (iudicium rescindens) y del positivo (iudicium rescissorium)." (PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo. 1982. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Tomo VI. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni. pp. 205/206) Entonces, la resolución del Tribunal de Apelación que anule la del Juzgado inferior y, en consecuencia, resuelva la cuestión de fondo, no solo tiene valor de resolución de segunda instancia, sino también de primera instancia. Por tanto, resulta lógico decir que se crea una ficción donde el a quo y el ad quem fallan en el mismo sentido a través de una misma resolución, vale decir, existe un pronunciamiento de dos instancias judiciales distintas a través de un mismo instrumento público, dado que la resolución en no implica una variación del sentido primigenio adoptado por la instancia inferior con respecto del adoptado en la instancia superior.
Ello se refuerza por el hecho de que el citado art. 406 del Rito . ·Ci,v-il sólo permite el pronunciamiento de la nulidad cuando el sentido del fallo va a dirigirse a admitir las mismas pretensiones que las ya declaradas como procedentes en la CORTE CIA JUICIO LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN DE nferior. istinto, De lo contrario, si el fallo va a tener la nulidad no se pronuncia y se procede e revocación. Esta es la interpretación que se . a en la sistemática del recurso de nulidad en el Código Procesal Civil; y la que esta Magistratura sostiene, desde inicios (vide: Acuerdo y Sentencia 48 de fecha 31 de julio de 2019; y, Acuerdo y Sentencia 91 de fecha 30 de septiembre Por ello, en los casos en que así sucede, la decisión dictada en la instancia revisora hace cosa juzgada, y ya no Ahora bien, en este caso i bien la resolución dictada por el Tribunal de Apelación resuelve anular el decisorio de primera instancia, no se pronuncia en igual sentido, sino en uno distinto. Claramente, al haber aquí una variación en el sentido primigenio, no se puede hablar, propiamente, de un pronunciamiento en doble instancia conforme. Cabe apuntar, además, que lo determinante para resolver la admisibilidad de los recursos no es el nomen -revocación, modificación, confirmación o nulidad-utilizado en la resolución recurrida, sino el efecto que las decisiones producen respecto de las tomadas en la instancia inferior. Si esto no fuese así, se correría el riesgo de privar injustamente a las partes de su derecho a recurrir, cuando el superior emplee un nomen que no refleje la verdadera coh sobre la del inferior, en un caso análogo, este expedirse en este mismo sentido de septiembre de su resolución produce este caso. Antes de ahora ha tenido ocaside Acuerdo y Sentencia el Tribunal sentido a ra r declarado su nu 'd e con e lberto . . rtfnez S 'món Mw1trn Abg. Maria Rita Monges Dos Sa Secretaria .
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: Esta Magistratura ha Resoluciones dictadas declaren la nulidad sentenciado -invariablemente-que las por el Tribunal de Apelación que de la Sentencia de Primera Instancia tienen carácter de Sentencias originarias, siempre que se dicte otra en su reemplazo, estudiando la cuestión de Fondo, por aplicación del Artículo 4 06 del Código Procesal Civil, independientemente del sentido de lo resuelto por el nuevo juzgamiento. En efecto, al dejar sin validez la decisión de la Instancia anterior, la dictada en su reemplazo constituye primer juzgamiento de la cuestión sustancial o de Fondo, que -a no dudarlo-debe ser controlado y verificado por otro juzgamiento del Superior jerárquico a fin de garantizar el cumplimiento de la doble Instancia. Ello, en razón que el litigio no puede agotarse con la Sentencia de primer grado de conocimiento, porque cuantos más Jueces juzguen, el marco de falibilidad y error serán inexistentes, razón por la cual es imperioso que sea previamente revisado por otros Juzgadores, para así lograr la recta aplicación del Oerecho.
De esa manera, se cumple el Principio de doble Instancia en el que se encuentra estructurado nuestro ordenamiento procesal y del que el Justiciable no puede ser privado, pues hace a la garantía para la defensa en Juicio, que tiene Por tales motivaciones jurídicas, los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos fueron correctamente concedidos por el Tribunal de Apelación. Es mi voto.
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO A:LBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Me adhiero al sentido de los votos de los distinguidos Ministros que me anteceden en orden de votación, por los 1En efecto, acorde con el art. 417 del C.P.C., el órgano judicial de revisión tiene suficiente potestad para proceder :--. JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN oficioso de la forma en que fueron concedidos los caso de autos, mediante el Acuerdo y Sentencia 人 23 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Concepción, se resolvió: "DECLARAR LA NULIDAD -de oficio-del devenido instrumento privado que emanara de la Escritura Pública 人1 de fecha 30 de abril del 2002, a través de la cual los señores Lidia Cecilia Maidana Vda. de Rojas, Elida Blanca, Raúl Ramón, Lidia Virginia, Nelson Venancio, Edgar, Elsa Guillermina y Lo urdes Teresi ta Rojas Maidana, venden a favor de la señora Juana Maldonado de Valen zuela un inmueble individual izado como Finca 人967 3, Padrón 人5365 con una superficie de nueve has. (9), que poseen en condominio por adjudicación de S.D. 人234 de fecha 27/10/2000. ANULAR -de oficio-la S.D. 人153 de fecha 27 de noviembre de 2.020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Horqueta, a cargo del Juez Abg. Sergio Ruiz Méndez, por los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la presente resolución.
HACER LUGAR a la demanda ordinaria por REIVINDICACIÓN DE INMUEBLE promovida por el Abogado RAFAEL TORRES, bajo patrocinio de la Abg. ANTONIOLLI DE TORRES, en representación de las señoras LIDIA CECILIA MAIDANA VDA. DE ROJAS, ELSA FRETES y del Sr. EDGAR ROJAS MAIDANA, en contra de la Sra .. MALDONADO DE VALENZUELA y ampliado contra de NERY SILVA SALVADOR ANDRES GÓMEZ pronunciamiento de este interpuesto por el actores. , nez Sim i~tro DE GOMEZ, WILIAN GÓMEZ y DECLARAR INOFICIOSO el sobre el recurso de apelación sen represen 'os nunciam· e bg. Maria Rita Monges Dos 锠 Secretarla s demandados. IMPONER las COSTAS, a la parte perdidos a, de conformidad a la teoría objetiva de la derrota. ANOTAR ...
Asimismo, con relación a los recursos interpuestos por la parte demandada contra esta resolución, el Tribunal dictó el A. I. 320 del 23 de septiembre de 2021 y dispuso: "CONCEDER el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el Abog. SILVIO BENITEZ MONGELOS, contra el Acuerdo y Sentencia 73 de fecha 02 de septiembre del 2.021, libremente y con efecto suspensivo, y elevar los autos a la Excma. Corte En tal sentido, ya en votos anteriores, he argumentado que las resoluciones que declaran la nulidad de otra resolución dictada en una instancia previa, y mediante las cuales se dicta fallo sus ti tuti vo, son recurribles ante la Corte Suprema de Justicia, discusión que, ciertamente, no es pacífica en la jurisprudencia y la doctrina.
Al respecto, sostengo que, a efectos prácticos y procesales, la resolución sustitutiva dictada por el Tribunal debe ser considerada originaria, en los términos del art. 403 del C.P. C., aun cuando haya sido dictada en revisión de un pronunciamiento previo de primera instancia ya que se trata del primer pronunciamiento válido que ha sido dictado en Asimismo, al anular la sentencia definitiva de primera instancia y dictar un fallo sus ti tuti vo, necesariamente el mismo recae dentro de la esfera del art. 403, puesto que este expresa que será procedente el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia definitiva del Tribunal de Ap~l~ción que revoque o modifique la de primera instancia y, /declara'cl,a nula la sentencia de primera instancia, no puede rs ~ que 'entenderse como una revocacio modificación total w 锠 deꄠJa mi;;ma, pesto que los errores acaecidos en el dictado JUICIO LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN trajeron aparejados la nulidad del mismo vo por el cual es pasible de revisión ante la Corte la sentencia definitiva del Tribunal que resuelva la nulidad y, consecuente, al estudio de este decisorio, corresponde el estudio del fallo dictado en Por lo demás, no or.orgar la apelación contra el fallo sustitutivo seria vulnerar el principio de la doble instancia, puesto que para que se encuentre cumplido, necesita un doble juzgamiento por diferentes grados de jurisdicción, cosa que, de privar los recursos contra el fallo sustitutivo, sólo quedaria un juzgamiento válido en el proceso.
No puede dejarse de lado que, tanto como el a quo es pasible de errores que traigan aparejada la nulidad, como de errores en su juzgamiento que no ameriten la nulidad, pero que merezcan la revocación de lo resuelto por éste, los miembros del Tribunal de Apelación no son menos infalibles que los órganos de primera instancia, motivo por el cual sus resoluciones también son factibles de revisión por un órgano superior. Si bien la falibilidad se encuentra en todas las instancias -y en esta, obviamente, también-, alguna vez los pleitos deben concluir, por lo que, a pesar de aquella, el pronunciamiento último se habrá de producir -aún con aquel Lo cierto y concreto en estos casos, es que el hecho de la irrecurribilidad anular el pronunciamiento de fallo sustitutivo dictado al instancia, podria dar pie a generar una no deseable práctic dicial por parte de los Tribunales de Apelación, donde propias resoluciones, declaren primera proc so el'-de estos ando us e lo aLLos .,.
Se Ue:I ta Abg. Maria Rita Mon~es Dos Corte Suprema de Justicia, órgano orgánicamente superior, encargado de la revisión de las resoluciones dictadas por los De tal forma, el Tribunal de Apelación se convertiría en el único contralor del cumplimiento del Art. 403 del Código Procesal Civil, decidiendo arbitrariamente los casos que pueden llegar a la Corte Suprema de Justicia y los que no, creando una situación de hecho que bajo la supuesta aplicación restrictiva del derecho, daría lugar a un abuso del mismo.-- Al respecto, la doctrina ensefia que "El principio admitido en nuestro derecho del doble grado de jurisdicción consiste en que todo litigio excepto en los casos expresamente previstos por la leyr debe poder pasar para su pleno conocimiento por dos tribunales sucesivamente: y este doble gradar en la intención del legisladorr representa una garantía de los ciudadanos bajo tres aspectos: a) En cuanto un jui.cio reiterado hacer por mismor posible la corrección de los errores. b) En cuanto los dos juicios están confiados a jueces diferentes. c) En cuanto el segundo juez se presenta como más autorizado que el primero (el pretor respecto del conciliadorr el tribunal respecto del pretorr la Corte de apelación Continúa en tal sentido la doctrina, ... excluido que pueden coexistir con la misma eficacia las dos sentencias respectivamente pronunciadas en el procedimiento impugnado y en el procedimiento de impugnaciónr se entiende que la segunda tiene que sustituir a la primerar por lo cual ella tiene una doble eficaciar negativa y positiva: la eficacia negativa se resuelve en la rescisión de la sentencia anteriorr esto esr en~acikla desaparecer; la eficacia positiva consiste en la sustitución de ellar esto esr en ocupar su puesto; según su 1 Principios de Derecho Procesal Civil, CHIOVENDA, José. Traducción de Joqé Casais y Santaló Reus, Madrid, 1925, ps. 488-489.
JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN o de expresión, no enteramente claro, se habla en a primera de iudicium rescindens, y en cuanto a la i udi ci um rescissor i um"2锠Además, " ... l el rescindens juega en todo medio de impugnación, aún en los destinados a obtener, como finalidad esencial, el Con todas estas cuestiones en consideración, estimo admisibles los recursos interpuestos contra las resoluciones sus ti tuti vas dictadas por los Tribunales de Apelación, en Por lo demás, se concluye que el recurso a ser decidido por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia -se trata lo impugnado de una resolución originaria del Tribunal de Apelación o de un Fallo def ini ti vo-deberá imprimirse el trámite "en relación", aunque se constata que el Tribunal, a través del A.I. 人320 del 23 de septiembre de 2021 (f. 435), concedió los recursos contra el fallo impugnado y lo hizo libremente y con efecto suspensivo, lo que no altera ni el trámite dado en estos autos en esta instancia, ni la sentencia A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN DIJO: el Abogado Silvio Benítez Mongelos, representante convencional de Juana Maldonado de Valenzuela y Nery Silda Valenzuela de Gómez, de acuerdo con el testimonio de poder qu-obra a fs. 174/177; y de Salvador Andrés Gómez Valenzuela y Gómez Valenzuela, de acuerdo con el testimonio de poder presente recurso en los términos 2 Carnelutti, Francesco. Instituciones del Sentís Melendo, Proc e Foro, , inst-ncias ct· . recursos or 1nar1os 锠1 Alberto .
Minlstro . Abg. Maria Rita Monges Dos Secretaria Manifestó que en la resolución impugnada se ha violado el principio de congruencia, ya que los agravios vertidos ante el Tribunal de Apelación refirieron únicamente a la admisión de la prueba de informe y no a la supuesta irretroactividad de la ley aplicable. Reiteró que se analizaron cuestiones no propuestas en los agravios, en concreto, la validez de un acto jurídico. Agregó que el Tribunal de Apelación se ha apartado de lo dispuesto por el art. 379 del Código Civil, al anular la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002. Sostuvo que, al haberse demostrado la voluntad de las partes de suscribir la mentada escritura, no se pueden desconocer sus efectos. Entendió que la resolución impugnada no es solo incongruente sino contradictoria en misma, ya que después de mencionar que un acto nulo no produce efectos, insta a incoar pretensiones como consecuencia del mismo. Además, alegó que el Tribunal de Apelación no ha fundamentado la nulidad de la Sentencia Definitiva de primera instancia, y que, la nulidad de cualquier efecto del contrato no implica la nulidad de la sentencia definitiva. Solicitó la declaración de nulidad del fallo recurrido y, consecuentemente, la confirmación de la resolución de instancia originaria, con costas en las tres Corrido el traslado de rigor, el Abogado Rafael Antonio Torres, bajo patrocinio de la Abogada Marta Antonioli de Torres, en representación de Lidia Cecilia Maidana Vda. de Rojas, Elsa Guillermina Rojas de Fretes y Edgar Rojas Maidana, de conformidad con el testimonio de poder obrante a fs. 12/14 y reconocimiento de personería de fecha 4 de junio de 2013 de f. 22, contestaron los agravios en los términos de fs. 451/452.
Sostuvieron que el Tribunal de Apelación, de manera unánime, ha resuelto declarar nula la Sentencia Definitiva de primera instancia, con argumentos sólidos e inatacables. Agregaron que en ningún párrafo del escrito de expresión de agravios se eéavt CORTE PREMA TlCIA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN ninguna crítica ni descalificación jurídica contra cuestionada. Manifestaron que la resolución no contiene violación de ningún principio jurídico, no procede la declaración de nulidad. Solicitaron la desestimación del recurso de nulidad.
En el sub lite, se postulla nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido, por tres motivos: primero, por la configuración del vicio de incongruencia; segundo, por las contradicciones en relación con la validez de la escritura pública y sus efectos; y por último, por la falta de fundamentación en relación con la nulidad de la Sentencia El recurso de nc1lidad procede contra las resoluciones dictadas con violación de las formas prescriptas por las leyes, ex art. 404 del Código Procesal Civil. Así pues, la sanción de nulidad está reservada para vicios in cogitando - de logicidad-o in procedendo -de procedimiento-que impidan .dictar válidamente sentencia definitiv tenor del art. 113 En cuanto al aludido vicio de incongruencia, el art. 15 l ílcódigo Procesal Civil dispone: "Son deberes de los ju e ces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: ... b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme a la jerarquía de las no s vigentes y al principio de congruencia, bajo pena dd necesaria y únicamente sobre lo salvo disposiciones especiales;". ... d) pronunciarse sea objeto de petición, el art. 159 del mismo Código prescribe que las sente definiti contener: ... e) la decisión expresa, p conformidad con retensiones deduc por la Ministro Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 113."
La norma ti va transcripta consagra la necesidad de la fundamentación de las resoluciones definitivas conforme con el principio de congruencia. Éste puede definirse, según Peyrano, como la "exigencia de que medie identidad entre la materia, partes y hechos de una litis, incidental o sustantiva, y lo resuelto por la decisión jurisdiccional que lo dirime" (PEYRANO, Jorge W. 1978. El Proceso Civil.
Principios y Fundamentos. Buenos Aires: Astrea. p. 64) Del examen del Acuerdo y Sentencia impugnado se advierte que, el Tribunal de Apelación ha pronunciado de oficio la nulidad de un acto jurídico -a pesar de la impropiedad de la expresión "nulidad del devenido instrumento privado" (sic), puesto que evidentemente ha juzgado la validez del acto y no sólo del instrumento-de conformidad con lo dispuesto por el art. 359 del Código Civil, que impone su declaración cuando aparece manifiesta. Esta norma fue invocada en el Acuerdo y Sentencia impugnado para justificar la declaración de nulidad En concreto, el Tribunal de Apelación entendió que el acto jurídico contenido en la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002, autorizada por -a la sazón-la Escribana Pública Fabiana María López de .,Storm, titular del Registro Notarial 430, es nulo. La nulidad referida reconoce como fundamento, siempre a criterio del Tribunal de Apelación, que el objeto prohibición /'.,. J ,f ! . del acto ~Jrídico estaba comprendido en una de la leyen los términos del art. 299 literal 13.'' del' Código Civil. Ello ! ' ,. así, dado que se consideró que tpsaoa sobre el inmueble una restricción para su enajenación, CORTE SUPRIMA TICIA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN a que, el juzgamiento del Tribunal de Apelación, to del art. 35 9 del Código Civil y las demás notmas ordenamiento aplicables al asunto, no puede e'. eber de resol ver siempre según la ley, a norma del art.
15 literales "b" y "c" del Código Procesal Civil.
En estas condiciones, el aludido vicio de nulidad por Llegados a este punto, se torna imperioso aclarar que la corrección -o incorrección-de la apreciación acerca de la nulidad manifiesta del acto jurídico en cuestión es materia del recurso de apelación, y allí deberá ser juzgada. En efecto, la correcta aplicación de las normas hace referencia a la labor in iudicando, cuyo análisis debe acometerse en sede de En cuanto al postulado vicio de contradicción interna, la doctrina explica que: "El caso que quizá se da alguna vez es el de la violación del principio de contradicción (o de no contradicción) . .,) que puede traducirse diciendo Nada puede ser y no ser juntamente ... En lógica podría enunciarse así: No se puede afirmar y negar juntamente una misma cosa de un mismo sujeto. Va de suyo que la imposibilidad lógica se encuentra basada en la imposibilidad ontológica. El adverbio juntamente tiene un significado temporal cuando hablamos de cosas contingentes.
de decir 'juntamente', utilizando la expresión 'al - sentido', según sea el caso" judicial. Buenos Aires. De la lectura del fallo recurrido iku . --pelación de la n lidad del expresar que, en lugar manifestar lo dicho y 'en el mismo Olsen. Lógica del e abri Al tr.to rtínez Simón b-í'n!stro Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria e reivindicación debe prosperar." (sic, f. 431). Lo expuesto en el Considerando se corresponde con la parte Resolutiva del Acuerdo y Sentencia recurrido (f. 431 vlto.), con lo cual no se advierte la contradicción que se alega. El hecho de que el Tribunal de Apelación haya mencionado que su decisión puede generar otros efectos, no torna a la resolución impugnada, en absoluto, contradictoria; y, sobre todo, no impide comprender su alcance, que surge patente de su lectura.
Entonces, el postulado defecto de contradicción interna En cuanto al aducido vicio de falta de fundamentación, a tenor del art. de la Constitución, toda sentencia debe estar fundada en la Carta Magna y en la ley. También el art.
15 literal "b" del Código Procesal Civil impone a los jueces el deber de fundar las resoluciones en la Constitución y en las leyes, bajo pena de nulidad. La fundamentación requiere que el juzgador exponga de modo lógico las razones que conducen a la aplicación de los preceptos normativos, vinculándolos a los datos fácticos tenidos como probados o admitidos. De este modo, la acción de fundar implica tanto una operación fáctico normativa como una operación lógica.
En el Acuerdo y Sentencia impugnado, el Tribunal de Apelaciespecificó que: "En el caso que nos ocupa la nulidad es manifiesta, ya que emerge diáfanamente de la Escritura Pública 1 de transferencia de Inmueble -devenido en instrumento privado según el A-quo-suscripto por la Sra.
Lidia Cecilia Maidana y otros a favor de la Sra. Juana Maldonado en abierta contravención de lo estatuido por el art. por .l"éJ. declaración . ' de nulidad de of.icio del devenido in~Jrpto privado que emanara de la Escritura Pública 1 d:fec~a 30 de ~bril del 2002 pasada ante la Escribana PJblica . Fab~ana María-López de Storm (fs. 340/341) y en consecuencia CIA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN de la sentencia puesta en crisis, fundado en el 15 del C.P.C." (sic, f. 429). Los argumentos por el Tribunal de Apelación son suficientes para ar cumplido el deber de fundamentación y descartar la declaración de nulidad del Acuerdo y Sentencia impugnado.-- Por tanto, el aducido vicio de falta de fundamentación atención a lo expuesto, y no advirtiéndose vicios que autoricen a una declaración oficiosa en los términos del art.
113 del Código Procesal Civil, corresponde desestimar el ........ ""'::t.~_~'D.A A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CÉSAR ANTONIO GARAY DIJO: 7llíh A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN DIJO: Adhiero al voto del Ministro preopinante, Dr. Eugenio Jiménez Rolón, por compartir idénticos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: la parte resolutiva de los fallos de las instancias anteriores ya fue transcripta en sede de cuestión previa, por lo que al泭cabe remitirse.- El Abogado Sil vio Bení tez Mongelos, representante convencional de Juana Maldonado de Valenzuela, Nery Silda Valenzuela de Gómez, Salvador Andrés Gómez Valenzuel Willian Gómez Valenzuela fundó este medio de impugnación en los términos Tribunal de Apelación ha aplica la Ley 8 54 / 63, derogado al 443/446. Manifestó que el erróneamente el art. 137 de de la compraventa de inmueble, so pretexto de irretroacti 'dad de la le colación el art. 114 de la Ley 1863/02, virtud deroga la Ley 854/63. Reiteró que el art.
establece p~ra años la e.; Abg. Maria Rita Mon~es Dos Secretan a al no haber impedimento para la enajenación del bien inmueble, es plenamente aplicable el art. 37 9 del Código Civil a la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002 que no pudo llegar a inscribirse. Adujo que no están dados los presupuestos para la procedencia de la reivindicación, por falta de precisión, en el escrito de demanda, de la superficie del inmueble, sus linderos, la ubicación y la superficie reivindicada. Indicó que el actor Edgar Rojas Maidana se encuentra ocupando parcialmente el inmueble objeto de litigio; y que, a pesar de ello, el Tribunal de Apelación ha decidido hacer lugar a la reivindicación respecto de una superficie de 10 hectáreas. Expresó que sus mandantes no están obligados a restituir la cosa, puesto que han adquirido el inmueble a título oneroso y de buena fe. Finalmente, solicitó la revocación del Acuerdo y Sentencia impugnado y, en consecuencia, la confirmación de la Sentencia Def ini va de El Abogado Rafael Antonio Torres, bajo patrocinio de la Abogada Marta Antonioli de Torres, en representación de Lidia Cecilia Maidana Vda. de Rojas, Elsa Guillermina Rojas de Fretes y Edgar Rojas Maidana, contestaron el traslado del escrito de memorial de agravios, en los términos del escrito de fs. 452/454. Solicitaron que los recursos sean declarados desiertos, porque la fundamentación no reúne los requisitos del art. 419 del Código Procesal Civil. Manifestaron que los agravios de su adversa no pueden ser objeto de estudio, puesto que ya han sido resueltos oportunamente en el juicio sobre obligacide hacer escritura pública. Alegaron que no puede /d°a'-rs'e atención a supuestos agravios que no tienen relación con ,' -lo dist:~n.ido en el presente proceso. Sostuvieron que en autos ' se/~11f debidamente agregado el tul o de propiedad, con la délimtacy ubicación del inmueble, y también se encuentra demostrada la presencia de los demandados en el 1 ugar que IA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN a. ,0upan Apuntaron que la resolución recurrida es abso,:f ... ..... . -;te legal, justa y aplicada a los rigen la reivindicación. En fin, parámetros peticionaron nfirmación de la resolución recurrida, con costas.
En primer lugar, se debe atender el pedido de declaración De la lectura del escrito de expresión de agravios que obra a fs. 440/447, se advierte que 班contiene una exposición de motivos suficientes para sustentar el recurso en alzada, en los términos del art. 419 del Código Procesal Civil. Esta sola constatación basta para estudiar el mérito de los El sub iudice, trata de una demanda de reivindicación de La procedencia de la acción de reivindicación requiere el cumplimiento de los siguientes presupuestos: a) la individualización precisa de la cosa cuya reivindicación se pretende; b) la justificación -a su respecto-de la titularidad de un derecho real que se ejerce por la posesión; y, c) la obligación de restituir del demandado. Es lo que surge de los arts. 2407, 2408 y 2409 del Código Civil.
En cuanto a la individualización de la cosa reivindicada, los actores, en su escrito de demanda, identificaron con claridad el inmueb que pretenden reivindicar: la Finca 人 solamente de una porcion o un no obsta al cumplimiento fraccionamiento jurídico de con posterioridad a actores, no Alb La ocupación de los demandados, lote del inmueble reivindicado, mentado requisito. Es que, el Finca reivindicada, realizado de la propiedad por los ivindicar Abg. Maria Rita Mon~es Dos Santos Secretana CRETARfA : Entonces, el primer ::-equisi to de procedencia se halla En cuanto a la titularidad del inmueble, los actores agregaron, para justificar su propiedad sobre la cosa cuya reivindicación pretenden, el certificado de adjudicación de fecha 13 de febrero de 2 1, en virtud del cual, por el fallecimiento de Venancio Rojas Seput, se adjudicó a sus herederos Lidia Cecilia Maidana Vda. de Rojas, Elida Blanca Rojas Maidana, Raúl Ramón Rojas Maidana, Lidia Virginia Rojas Maidana, Nelson Venancio R~jas Maidana, Edgar Rojas Maidana, Elsa Guillermina Rojas Maidana y Lourdes Teresita Rojas Maidana el inmueble individualizado como Finca 9673 de Concepción, con una superficie de diez hectáreas; inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos en fecha 27 Los demandados agregaron, para enervar la reivindicación reclamada por los actores, la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002, en virtud de la cual se transfirió un lote de la Finca 9673 de Concepción, a favor de Juana Maldonado de Valenzuela (fs. 52/54). Nótese que, con la agregación de la citada escritura pública, los demandados postularon, en primera instancia, la propiedad del inmueble objeto de litigio (f. 66 y f. 191); sin embargo, al expresar agravios en esta instancia, ya no alegaron su derecho de dominio, sino el derecho a ~oseer el inmueble reivindicado por imperio de lo dispuesto por art. 37 9 del Código Civil; es decir, de la conversión del susodicho instrumento público a De manera que, se reputa cumplido el segundo requisito qe AEOtedencia de la reivindicación En -;¡:::~anto a la obligación de restituir, como se precisó, .,.
r lo9 .demand~dos, en esta instancia, invocaron su posesión justa de-v.ada dJ la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de CORTE CIA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN ('A -itlicto se circunscribe -principalmente-sobre los f..Jcto~, producir la escritura pública aludida. La pl::"a de tal aserto, y la dilucidación de la cuestión, -Pues bien, a fs. 52/54 obra una copia simple de la escritura pública 人1 de fecha 30 de abril de 2002, agregada por la demandada Juana Maldonado de Valenzuela en oportunidad de oponer excepciones previas (fs. 65/68). Luego, al tiempo de contestar las excepciones previas opuestas, el Abogado Rafael Antonio Torres, representante convencional de los actores, solicitó expresamente: "Se libre oficio a la Escribana Pública FABIANA MARIA LOPEZ DE STORM, para que remita al Juzgado copia o fotocopia autenticada del protocolo donde se asentara la Escritura Pública número UNO (01), de fecha treinta del mes de abril del año dos mil dos, pasada ante la misma." (sic, f. 75). En virtud del Oficio 人524 de fecha de 'julio de 2 O 13, se requirió a la escrr뜠bana pública autorizante copia autenticada del protocolo de la susodicha escritura pública (f. 81). La Escribana Pública Fabiana López Baruja arrimó una copia simple de la escritura pública mencionada (fs. 111/112) y manifestó que: ... no fue inscripta por adolecer de defectos en su contenido ya que las dimensiones y linderos de la superficie no coinciden con la señalada con la superficie que se estipula en el informe del topógrafo. Para lo que hubiere lugar, informo que actualmente ya no me encuenejerciendo la profesión de Notaria, en este sentido el registro 먠430 se encuentra actualmente a cargo de la escribana Wilma ... (sic, f. 113). Después, el Abogado Silvio Benítez Mo gelos, representante convencional de los demandados, oficio a la re istro que rnunez :!' ,.;:~~t:a Ni.1.ühUl'O o prueba de informe se libre Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria 1 de fecha 30 de abril de 2002 (f. 256). El Juzgado de Primera Instancia, en atención a ello, libró el Oficio 480 de fecha 27 de junio de 2018 (f. 274) La Escribana Pública Wilma Villalba Peral ta contestó la solicitud de informe (f.
342) y adjuntó copia autenticada de la escritura pública en Aquí, importa destacar que, en todos los testimonios agregados de la mentada escritura pública, obran las firmas de todas las partes otorgantes del acto jurídico, esto es, los ocho cedentes y l esionaria; y también, obra la firma y el sello de la escribana pública autorizante. Ergo, en todas las respectivas copias se aprecia la conclusión del acto jurídico pertinente, o, igualmente, de una escritura plica cerrada.- Sin embargo, en las copias autenticadas del protocolo, arrimadas por la Escribana Pública Wilma Villalba Peral ta, titular actual del registro notarial que usufructuaba la Escribana Pública Fabiana Mara López de Storm, se observa un agregado en el margen inferior derecho, posterior a las firmas de las partes otorgantes, y a la firma y el sello de la escribana pública autorizante; que reza: "Nota: En este estado dejo sin efecto la presente escritura por: 1) Restricción del Estatuto Agrari INDERT) 2) Falta de pago.-Conste." (sic, fs. 336 vlta. y 341 vlta.. Al pie del agregado transcripto, se halla estampada la firma y el sello de la Escribana Pública Hasta aquí, se tiene que la escritura pública agregada por los demandados no pudo ser inscripta en la Direcci General de los Registros licos, y que la escribana pública autorizante "dejó sin efecto" la misma.
A ello cabe añadir que, con posterioridad, la demandada Juana1Mdpnado de Valenzuela promovió demanda de obligación de 1acer e:r.i tura pública contra los tres actores de este j uiicoy losdemás herederos de Venancio Rojas Seput, con CORTE r , '-' JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN i 'fn ,ocac de un preliminar de compraventa de fecha 14 de en virtud del cual Venancio Rojas Seput, de su esposa Lidia Cecilia Maidana, "vendió y transfirió" a su favor el inmueble individualizado como Lote 10 L.O., con una superficie de 9has 5000m2 (f. 22 y vlto.
del expediente que corre por cuerda). Empero, el referido preliminar de compraventa fue anulado en el marco de la mencionada demanda (fs. 137/138 vlto. y fs. 160/162); y, por ende, ningún efecto jurídico puede producir.
El Juzgado de Primera Instancia, por Sentencia Definitiva 153 de fecha 27 de noviembre de 2020, entendió que la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002 fue dejada sin efecto por la escribana lica autorizante, y que, según el art. 379 del Código Civil, dicho instrumento público valía como instrumento privado entre las partes (f. 397) .
El Tribunal de Apelación, a su vez, juzgó que, si bien la escritura pública referida valía como instrumento privado, el acto jurídico allí contenido era manifiestamente nulo, J porque su objeto estaba prohibido por ley (f. 428)
: ;;,, , .. / ~ Las circunstancias expuestas en los párrafos anteriores Gpe iten entender el temperamento de los demandados, en esta f si:ancia, en relación con la escritura pública analizada; ciertamente, la falta de inscripción registral, el contenido de la "Nota" agregada por la escribana pública autorizante, la anulación del preliminar de compraventa, y las decisiones recaídas en las instanc demandados acerca de inmueble reivindicado.
jurídicos inferiores, pudieron inducir a los de titularidad sobre el la luz del Derecho aplicable, no que sea, aludida serán antes juzg de la "Nota" pública /ut ( }t.Jber iménez P . .'J~:..!'i.~~_st:D rtinez Simón Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria reproducido precedentemente, fue harto irregular. En efecto, el art. 382 del Código Civil establece: "Los testigos de un instrumento público y el oficial que lo autorizór no podrán contradecirr variar ni alterar su contenidor a no ser que lo hubieren suscripto por dolo o violencia.". En ese sentido, la doctrina expone: "La autorización es la operación de ejercicio mediante la cual el escribano con su firma y sello asume la paternidad del instrumentar dándole forma pública y auténtica al acto celebrado. ...
autorizada ya no puede La escritura públicar una ser modificadar sino por vez complementaria o rectificatoria. ... Una vez autorizado el instrumento se encuentra cerrado y ya no puede ser modificado en ninguna de sus partes." (DI MARTINO, Ana María. 2012. Lecciones de derecho notarial. Asunción: Marben. pp. 242 y Entonces, el agregado posterior a la autorización de la citada escritura pública y, con ello, a la conclusión del acto jurídico, resulta -sin hesitación-manifiestamente contrario a Derecho. Por tanto, a tenor de la facultad conferida por el art. 38 4 del Código Civil, corresponde declarar su nulidad, Consecuentemente, el agregado referido, cuya invalidez ha sido advertida y pronunciada, no puede afectar al acto jurídico instrumentado en la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002, en cuanto a sus efectos inter partes.-- Recuérdese, el art. 383 del Código Civil estatuye: "El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civilr en juicio principal o en incide.f-! ter sobre la realidad de los hechos que el autorizanteenunciare como cumplidos por o pasados en su preséncia~" En este caso, ninguna de las partes ha argüido de falso el in.s .. trumento ni probado en contra de su veracidad. -- :l, CORTE -ilrii?,-RE MA irTC:Js~ClA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN ase, también, que la transferencia del derecho de dtj[ílini e inmuebles, a tenor del art. 700 literal "a" del , , debe ser realizada por escritura plica; y que e"ficacia respecto de terceros depende de la inscripción registral, según el art. 1968 del mismo Código. De manera que, el contrato traslaticio de dominio tiene efectos ínter partes a partir del consentimiento instrumentado de conformidad con las formalidades exigidas por la ley.
En este orden de ideas, la transferencia de la propiedad de un lote del inmueble litigioso instrumentada en la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002, aunque no puede ser oponible a terceros por su falta de inscripción registral (f. 113) , tiene efectos entre las partes contratantes. Máxime, cuando dicha transferencia no tiene ningún viso de ilegalidad. Sobre el particular, rige la Ley 1863/02, que se hallaba vigente en ese momento; y no la Ley 854/63, ya derogada. De acuerdo con el art. 90 de aquella Ley, la restricción para enajenar la propiedad y los derechos y acciones que de ella resulten de los inmuebles adjudicados cesan a los cinco años de haberse cancelado el importe del inmueble. Luego, como el título que acredita la cesión efectuada por el Instituto de Bienestar Rural a favor de Venancio Rojas Seput data del año 1994, y que la venta realizada por los adjudicatarios data del año 2002, el plazo de la prohibiciqn de enajenación previsto en la Ley 1863/02 f ' se encontraba eeci La aplicabilidad de esta tima Ley se impone, no posterior a la adquisición del dominio del inmueble por s beneficiarios de agraria, ejercicio porque Alb fa M:11rtinez Simón Ministro más permite on ') SECREl ARIA Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria En esta tesitura, no se ajusta a Derecho la decisión del Tribunal de Apelacide anular de oficio el acto jurídico instrumentado en la escritura pública 1 de fecha 30 de abril de 2002 autorizada por la Escribana Pública Fabiana Así pues, examinado el acto jurídico instrumentado en dicha escritura pública, se advierte que tuvo por objeto la transferencia de la propiedad del Lote 10 L.O.-I (fs. 52 vlta., 111 vlta., 335 vlta. y 340 vlta.) de la Finca 9673 de Concepción. Aquí, importa aclarar que el adjudicado a los actores fue fraccionado en dos inmueble lotes de distintas dimensiones: ... según información obtenida en la página web del Servicio Nacional de Catastro, el inmueble mencionado posee un fraccionamiento y empadronado como Lotes 10 L.O con Padrón 6524 y Lote 10 L-OT con Padrón 5367, cuyo dato se adjunta al informe. Le corresponde el Lote 10 L.O, con superficie de 9 Has. 5000 m2, quedando la otra fracción como Lote 10 L. OT y una superficie de 5000 m2" (sic, f. 319). Es decir, la fracción denominada jurídicamente Lote 10 LO.T -rectius: L.O.-I-tiene una superficie de 5000m2, y la fracción denominada jurídicamente Lote 10 L.O.
La determinación precedente acerca del -Lote-inmueble transferido no obvia el agregado "Nueve has," en la escritura pública analizada, sobrescrito en el segmento correspondiente a la especificación de la superficie. En efecto, tal agregado ninguna incidencia tiene para juzgar el objeto de la compraventa, porque no se condice con los linderos detallados ni cdn el número de lote identificado. Ergo, no puede haber dudas respecto de la identidad jurídica del inmueble ransferido: Lote 10 L.O.-I, con una superficie de 5000m2.
Sin embargo, la demandada Juana Maldonado de Valenzuela, IA JUICIO LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN DE .... par.ti" es el objeto reivindicado, habida cuenta la inmueble 9673 con Padrón No. 9673 en dos lotes, favor de Juana Maldonado de Valenzuela y Lote (Reserva de los condóminos propietarios)." (sic, f. 65) l pasaje transcripto, de poca claridad, debe ser ponderado en concordancia con la absolución de posiciones de la mencionada demandada; en dicha oportunidad confeso que: ... compró el inmueble la dimensión de nueve hectáreas y media y se le habia quedado de media hectáreas al Seflor Rojas" De lo expuesto resulta que la demandada Juana Maldonado de Valenzuela afirmó haber adquirido la propiedad del inmueble con superficie de 9has 5000m2锠Contrariamente, la compraventa instrumentada por la escritura pública referida versa sobre Inclusive, los demandados en ningún momento negaron estar ocupando el inmueble individualizado como Lote 人10 L.O., con una superficie de 9has 5000m2锠Además, la inspección judicial (f. 298 y vlto., contrastada con el informe técnico (f. 319), confirman la ocupación de los demandados del inmueble citado.- Así las cosas, la transferencia de dominio del Lote 먠 10 L.O.-I, instrumentada en la escritura pública 人1 de fecha 30 de abril de 2002, no para enervar la hallan ocupando rJ, ~:ngún título que justifique su I'/~ --En este orden de ideas, v&i!U ..YMÚu7Uú ~ demandados 1 O L. Oque se respecto del cual no tienen del caso está o de lapo decantada; comprobado el los demandados, ligación d l L.O.
art e,Cónce os 瓩. -1 , no tienen bl 뜠锠 i SECRETARIA Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria de restituir el Lote 10 L.0.-I de la Finca 9673 de Concepción, cuya posesión no ostentan.
No se olvida que, el Lote N 1 O L. O. reivindicado se encuentra ocupado efectivamente por la demandada Nery Silda Valenzuela de Gómez y sus familiares, y no por la demandada Juana Maldonado de Valenzuela, quien alegó -erróneamente-la adquisición del dominio sobre dicho Lote y, con ello, su derecho a poseer; en efecto, dicha circunstancia no obsta la solución arribada, a tenor de lo establecido en el art. 1910 del Código Civil. Ciertamente, Nery Silda Valenzuela de Gómez y sus familiares son simples servidores de la posesión de Juana Maldonado de Valenz~ela, dada la relación de parentesco -no controvertida-entre ambas demandadas.
Consecuentemente, corresponde estimar la demanda de reivindicación, concretamente respecto del Lote 10 L.O. de En cuanto a las costas, cabe ponderar -muy especialmente las particularidades del caso; en concreto, las vicisitudes generadas a partir de la falta de inscripción de la escritura póblica agregada por los demandados e la actuación de la escribana póblica autorizante posterior a la conclusión del acto jurídico, a la nulidad del preliminar de compraventa declarada en el marco de la demanda de obligación de hacer escritura póblica, al res~ltado de dicha demanda, y, en fin, a la conducta de las partes de esta demanda, tanto judicial como extrajudicial. Todo 2110 ha generado un conflicto harto intrincado. Al ser , de conformidad con lo dispuesto en el art. 193 del Rito Civil, este Ministro entiende que resulta a-decttado y pertinente imponer las costas en el orden causado, -~~ En cnclusión, corresponde revocar los apartados primero y texto del Acuerdo y Sentencia 人73 de fecha 2 de setiembre 1 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial asimismo, corresponde modificar el apartado mencionado Acuerdo y Sentencia.
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO CESAR ANTONIO GARAY PROSIGUIÓ DICIENDO: Adhiero al voto del señor Ministro preopinante por esos fundamentos y pergeño motivaciones:
La discusión está en dirimir si es procedente o no la demanda por reivindicación de inmueble, promovida por Lidia Cecilia Maidana Vda. de Rojas, Elsa Guillermina Rojas de Fretes y Edgar Rojas Maidana contra Juana Maldonado de Valenzuela, Nery Valenzuela de Gómez, William Gómez y Salvador La Acción de reivindicación es la que tiene el titular del Derecho real de propiedad (no poseedor), contra quien posee la cosa indebidamente, según rezan Artículos 2. 407 y 2.408 del Código Civil. Es de condena y carácter restitutorio, pues con ella se impone al demandado la pena de dar o restituir Es requisito ineludible para su procedencia demostrar: I) la correcta individualización de la fracción ocupada ( ex Artículo 215, inciso c) , del Código Procesal Civil) ; I I) la titularidad del inmueble, por Escritura Pública ( según reza el Artículo 700, inciso a), del Código Civil); III) la posesión r, , . G Respecto al prime~ presupuesto, se aprecia que los 7ceionantes indi vidualizao el inmueble litigioso como Finca / N~ 9.673 de Concepci, padrón 5.365, superficie de 10 has., según medidas y linderos design das en el Certificado de Adjudicación, inscripto en 僺licos bajo el N~ 2 y al folio 5 (fs. 5). , los accionados de ei vindic" ción no e e la H a General _¿=13~ os .{tt뜠 SECRETAR Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria Lote N~ 10 L.O., con superficie de 9 has. 5.000 ms. y 2) Lote N~ 10 L.O.T., de 5.000 ms2. Esa situación fue -eficientementedemostrada a través de informe pericial y planO de fraccionamiento, fiscalizados y aprobados por la Dirección de Catastro Municipal y el Servicio Nacional de Catastro, según consta a fs. 55/60. Sin embargo, la falta de la precisa designación de la res litis no es óbice ni obstáculo para el progreso de la Acción, en razón que los accionantes invocaron ser propietarios de la totalidad de la superficie, acompañando instrumento público que no fue impugnado de falsedad por la La fracción litigiosa, por lo demás, fue precisada por demandados, quienes aseveraron ocupar y ser propietarios del Lote N~ 10 L.O., con superficie 9 Has. 5.000 mts2., acompañando plano e informe pericial s. 64 / 5) . Para acreditar la propiedad de la res litis, presentaron Escritura Pública N 1, del 30 de Abril del 2.002, autorizada por la Notaria Fabiana María López de Storm, por la cual Lidia Cecilia Maidana Vda.
de Rojas y sus hijos Elida Blanca, Raúl Ramón, Lidia, Nelson Venancio, Edgar, Elsa Guillermina y Lourdes Teresi ta Rojas Maidana, vendieron a favor de Juana Maldonado el inmueble ubicado en el Departamento Concepción, designado como Lote N L.0.-I, con superficie de 5.000 m2, "que linda con el Lote N.::.. 10 L.O. a transferir a Juana Maldonado" (fs. 52/4) A fs. 111/2, se encuentra agregado Protocolo Notarial de la Fedataria, correspondiente a dich~✓Escritura Pública en el que consta que después de la fras"DOY FE" , ' se agregó "nueve hectáreas. VALE". A fs. 335/6, existe otra copia del Proto,colo,. en el que la Fedataria dejó constancia: "En este esta:€1.o djo sin efecto la presente Escritura: ꄭ1) Por re;str i e-ción del Es ta tuto Agrario ( Indert) ; 2) Falta de Pago". - ;goel Fallo impugnado, el Tribunal anuló de oficio la Esgrituta Pú~lica 1, juzgando el objeto del Acto C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACI 'o 1:11:staba prohibido por el Artículo 137 de la Ley ,, :: _s,4 l statuto Agrario). Sin embargo, como sentenció el nistro preopinante, la normativa aplicable al caso es N~ 1.863/02, que derogó la N~ 853/63, que se encontraba vigente al tiempo de la celebración del Acto Jurídico y que posibilitaba la venta del inmueble. De igual manera, la Nota puesta por la Escribana Pública autorizante, al pie de la Escritura Pública, no puede tener validez alguna, a tenor del Artículo 382 del Código Civil, razón por la cual habrá que decretar su nulidad oficiosa, en los términos del Articulo 384 de esa misma normativa. En consecuencia, la Escritura Pública N~ 1, del 30 de Abril de. 2.002, tiene plena validez jurídica entre los firmantes, porque se cumplió con el requisito del Artículo 700, inciso a), del Código Civil, por más que no haya sido inscripta, pues tal exigencia es al solo efecto de ser oponible a terceros (Artículo 1.968 del Código Civil). Surge -diáfanamente-que la venta del inmueble designado como Lote N~ 10 L.O.I-de 5.000 metros cuadrados, realizada por los herederos de Venancio Rojas a favor de la accionan te es ':_v. ~ . En rigor, los accionantes no impugnaron tal cuestión, TDl:UJA, S:Í1ifv .rU/J ',CUa'7 /, ues el reclamo fue por la reivindicación del inmueble con superficie de 9 has. 5. 000 ms2.. En efecto, los actores demandaron por reivindicación del inmueble, en razón que resultaron vencedores -e, las Instancias-en el expdte.
intitulado: "JUANA MALDNA DE VALENZUELA C/ LIDIA CECILIA MAIDANA VDA. DE ROJAS Y OTROS / CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OBLIGACION DE HACER ESCRITURA . ICA", agregado por cuerda. de Valenzuela promovidemanda obligación de Pública, Mai ana -...Vda. ec SECRETARIA Abg. María Rita Monges Dos Santos Sccretal'ia Teresi ta Rojas Maidana, esgrimiendo: " ... el señor Venancio Rojas Seput, propietario del inmueble individualizado como Lote N 10 L.O., de la manzana XV, con superficie de (9 has. 5.000 m2.) ... . con el consentimiento de su esposa Lidia Cecilia Maidana Rojas, me vendió, transfirió y otorgó la posesión material de parte del inmueble ya citado.... En fecha 14 de Julio de 1.997, el titular del referido inmueble, por contrato privado suscrito entre el mismo, su esposa y la suscripta Juana Maldonado de Valenzuela, se acordó a mi favor la venta, transferencia y posesión de la parte señalada... que no pudo formalizarse la escritura traslativa de dominio debido a la necesaria autorización del I.B.R. .. los herederos adjudicados, todos ya mayores se muestras en forma permanente, renuentes a cumplir con lo acordado ... " (fs. 47/50). Sin embargo, la demanda fue rechazada en Primera Instancia, resolviéndose que el Contrato de compraventa era nulo (fs. 137/8), decisión que fue confirmada en (fs. 160/2).
Posteriormente, la Segunda accionan te Instancia promovió Acción de Inconstitucionalidad contra esas Resoluciones Judiciales, que fue rechazada "in limite", según consta a fs. (fs. 181) .
Desde esa perspectiva, tenemos que los accionantes demostraron que son legítimos propietarios de la fracción litigiosa ocupada por los accionados. De igual manera, que la pos~sión ejercida por los reivindicados es sin Derecho, según Resoluciones Judiciales que resultan -a estas horas inmutables e inalterables por haber pasado en autoridad de Por las motivaciones pergeñadas, cabe en estricto Derecho, hacer l~gar a la demanda por reivindicación de inmueble respecto a la fracción de inmueble individualizada como Lote N..':.. 10 L.O., con superficie de 9 has. 5.000 m2, cond~n'.°1odo--a los demandados a la restitución del inmueble en 1 pi.zo de diez días de quedar firme esta Resolución, bajo CORTE PREMA TICIA JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN 'b,, perc ento que si no lo o por la fuerza ~ública . hicieren se dispondrá el . lar:iza .,,.'... En consecuencia, MODIFICAR tercero del Fallo impugnado. Las Costas serán as a la perdidosa, con sujeción a los Artículos 192 y 205 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A SU TURNO, EL SEÑOR MINISTRO ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN PROSIGUIÓ DICIENDO: Adhiero al voto del Ministro preopinante, Dr. Eugenio Jiménez Rolón, por compartir idénticos Meramente obiter dicta, cabe referirse a la legislación aplicable a la restricción del derecho de enajenar el inmueble. El mismo fue adjudicado al causante de los actores por el Instituto de Bienestar Rural (I.B.R.), hoy INDERT, en 1994 y, luego fue vendido parcialmente al causante de los demandados, conforme la Escritura Pública 01 del 30 de abril de 2002, pasada ante la Escribana Pública Fabiana María López de Storm, cuando ya se encontraba en vigencia el Estatuto Agrario Ley 1863/02. Esta situación es relevante pues la legislación anterior, -Ley 854/63-bajo la cual se realizó la adjudicación a favor del causante de los demandantes, disponía un plazo superior en cuanto a la restricción de enajenar los inmuebles, que era de 10 años, mientras que la Ley 1863/02, vigente al tiempo en que los demandantes y sus condóminos vendieron la fracción del inmueble E=a=~ ada escritura lica, establecía que la r inenajenabilidad era que correspondía aplicar en Cabe resaltar que, ac la restri inmuebles adjudicad atuto Agra el plazo de 10 encia de la e nu por /04 "QUE MODiFICA S ARTÍCULOS DE LA A g. María Rita Monges Dos Secretaria restricción al derecho de enajenar el inmueble al tiempo en que se formalila escritura de compraventa de una porción del inmueble a la parte demandada, habida cuenta que este fue adjudicada, por el entonces IBR, bajo la vigencia de una ley que imponía una restricción mayor que aquella establecida por la legislación vigente al tiempo de efectuarse dicha Sobre el punto, como es sabido as leyes entran en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación o desde el día que la misma ley determine, conforme lo establece el art. l5 del e. e. Además, debe tenerse en cuenta que en nuestro país rige el principio de irretroacti vidad de las leyes, 6 por lo que las leyes rigen a futuro, no pudiendo afectar derechos ya adquiridos, pero pueden privar a las personas de aquellos derechos en expectativa, es decir, los que aún no han sido ejercidos, como surge del art. 27 del e.e.
Esta norma se refiere a las leyes nuevas que privan a los particulares derechos en expectativa, no así a aquellas leyes que otorguen un beneficio o sean más favorables al ejercicio de derechos por las personas, las que claramente son aplicables en todos los casos, al no existir prohibición alguna al respecto y por el imperio del art. 1 ya señalado Es tal el caso del inmueble objeto del juicio, cuyo derecho entdnces 1 propiedad IBJ~-bajo ,,.. la proviene vigencia de la adjudicación Ley 854/63 por el (hecho 5 Art. te.e. Las leyes son obligatorias en todo el territorio de la Re 4blic~ desde el día siguiente al de su publicación, o desde el día que ella~ de't;e.rm.iner:,:1 retroa1:;,ti vo, -ir ...... Constitución de la República. Ninguna ley tendrá efecto silva que sea más favorable al encausado o al condenado.
2, e. C. Las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos. Las leyes nuevas deben ser aplicadas a los hechos anteriores solamente cuando priven a las personas de meros derechos en expectativa, o de facultades que les eran propias y no hubiesen ejercido. Q.-JUICIO LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE VALENZUELA S/ REIVINDICACIÓN te a la nueva ley), más el derecho de disposición de no fue ejercido sino hasta después de entrar en -, cia la Ley 1863/02, la que atenuaban las ' ricciones de los propietarios de inmuebles otorgados por el IBR. Por ende, el derecho de disposición y las restricciones legales al ejercicio de dicho derecho se encontraban regulados por la ley vigente al tiempo en que se pretendiera ejercer dicho derecho, a saber, aquella vigente en el 2002 que, a la postre, derogó la normativa establecida en el art. 137 de la Ley 854/63 (que imponía la restricción por el plazo de 10 años) 8, favoreciendo a los particulares al atenuar la restriccidel derecho de disposición (enajenabilidad) del Ahora bien, relativo a las normas nuevas que restringen derechos, debe mencionarse también el art. 5 del C.C.,9 que dispone que dichas leyes solo son aplicables a los casos y Con relación a esta disposición normativa, tampoco puede ser-aplicada porque, tal como lo indica, hace referencia a la situación donde una ley establece una restricción. En el caso de marras ocurre lo opuesto, ya que el art. 90 de la Ley 1863/02 (en su redacción original vigente al tiempo de formalización del acto jurídico), no restringe derecho alguno con relación a los adjudicatarios bajo la Ley 854/63 sino que, por el contrari mplía y mejora los dere adjudicatarios de inmu del IBR (hoy INDERT el tiempo de la restriccio el bien rtinez Simón Mini1ttro o ECJIIET ARfA as reglas generales y tiempos que los Abg. Maria Rita Monges Dos Secretaria Por tanto, tampoco la disposición norma ti va puede ser aplicada al presente caso, en el sentido que solo aquellas situaciones que restringen derechos deben considerarse aplicables a los casos y tiempos que ellas establezcan, más no aquellas normativas que amplían los derechos de las personas, como es el caso del art. 90 de la Ley 1863/02 en relación a aquellos adjudicatarios del IBR bajo la Ley 854/63, pues lo que hizo, en puridad, fue reducir el tiempo en que regían las restricciones, lo que era en beneficio de Sostener otro criterio nos llevaría al absurdo de considerar que a una persona adjudicada por el IBR el día anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1863/02 -y bajo la vigencia de la Ley 854/63-, le regiría la restricción por 10 años para la venta del inmueble, mientras que a otra persona adjudicada un días después, le regiría la restricción de 5 años -establecida en la Ley 1863/02 o que, además, generaría una desigualdad entre las personas adjudicadas en cuanto al ejercicio de idéntico derecho adquirido.
En virtud de todo esto, siendo que la normativa vigente al tiempo de la realización de la transferencia de inmueble no se encuadra en las disposiciones de los arts. 2 y 5 del e.e., a la vez de ser más beneficiosa para los titulares del derecho de propiedad, permitiendo la conservación del acto jurí<lioo celebrado en el año 2002, corresponde la aplicación de'a Ley;,1863/02 en cuanto al tiempo de duración de las tstfi-~Q~Of.le't? de enajenar el inmueble, por lo que, al tiempo efe Eealizars,e la transferencia de la porción del inmueble r1ef~nLd:a,.;. la'.s restricciones ya habían cesado, como bien lo e liceldistinguido Ministro Dr. Eugenio Jiménez Rolón, a cuy~-votq dhiero íntegramente en todo lo demás.
CORTE PREMA TICIA t0JUICIO: "LIDIA CECILIA MAIDANA C/ JUANA MAL DONADO DE S/ REIVINDICACIÓN c~rtifico f irmanq. EE.
r,:J ,(. ,, 'IJ ~ SECRET APIIA g Asunción, de ovn,o . del 2. Y VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima; .SALA CIV--:OMERCIAL DESESTIMAR el Recurs de Nuliiinterpuesto.
DECLARAR LA NULIDAD i, d
if d": r de la "Nota" agregada en la Escr.:.tura Pública N~ 'l de fe.cha JO de Abril del 2. 002 por la Escribana Pública -a:biana' 랷Ma'r:'ia López de Storm, con posterioridad al otorgam.1:ento Y: . .' a autorización del acto REVOCAR los apartados primero y sexto del Acuerdo y Sentencia Número 7 3, con fecha 2 de Septiembre del 2. 021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial Concepción, de acuerdo con los fundamentos expuesto en el exordio de esta MODIFICAR el apartado tercero del Acuerdo y Sentencia Número 73, con fecha 2 de Septiembre del 2.021, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial Concepción.
HACER LUGAR a la demanda de reivindicación promovida por Lidia Cecilia Maidana Vda. de Rojas, Elsa Guillermina Rojas de Fretes y Edgar Rojas Maidana contra Juana Maldonado de Valenzuela, Nery Silda Valenzuela de Gómez, Willian Gómez Valenzuela y Salvador Andrés Gómez Valenzuela, respecto del inm~eble individualizado como Lote N~ 10 L.O., superficie de 91h~s 5.000m2., inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca N~ 9.673 del Distrito Concepción, oqndehando ~ los demandados a la restitución del inmueble en e;L-pla_.zo de .diez días de quedar firme esta Resolución, apercibimierlto que si no lo hicieren se dispondrá el IMPONER las en las tres Instancias, en el orden a-rr,io Jiminez P..
vf:i.nistro A g secretarla ) l-