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Auto InterlocutorioSala PenalAdministrativa

Auto Interlocutorio N° 257/2024

5 de junio de 2024

JUICIO: "PEDRO RUBEN BAEZ MONGES C/ RESOLUCIÓN FICTA DICT. POR LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES" N° 424; AÑO 2023.--

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CONSIDERANDO

OPINIÓN DEL MINISTRO GUSTAVO SANTANDER DANS: Que, por la providencia de fecha 1 O de mayo de 2023, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "Atento al escrito obrante a fs. 172 de 'autos, admitanse las pruebas ofrecidas por el representante de la parte demandada, y agréguense las instrumentales mencionadas en autos. De la solicitud de oficio, en relación al oficio solicitado para la Caja Bancaria, no ha lugar en virtud al Art. 372 el cual cita "Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados ... " es decir, no ambiguos, oscuros o vagos; en concordancia con el Art. 373 del mismo cuerpo legal, en razón a que tiende a substituir otro medio de prueba que específicamente corresponde por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos, debiendo solicitar en su caso, un informe sobre los mismos y no el traslado en sí de toda la documentación, señalando específicamente que todo documento esclarecería En cuanto al recurso de NULIDAD: El apelante, Abg. Martín Riera Duarte, representante convencional de la Caja de. Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, ha desistido expresamente de este medio de impugnación, conforme surge del memorial de fs. 181/182. En consecuencia, al no advertirse vicios o defectos que autoricen el pronunciamiento oficioso de la nulidad, en los términos de los arts. 113 y 404 del C.P.C., ce-eeser por desistido al apelante del presente recurso.

representante c nvencional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos mes., expr só agravios contra la providencia apelada en los términos del memorial de fs.

--:--,-:.:!- Agr via al apelante la providencia recurrida, en cuanto la misma deniega la prueba ,g.:tu ta ofrecida por su parte al momento de contestar la demanda,refiee que en dicha fl--'oosec ocasión su arte ofreció las pruebas instrumentales que hacen a su derecho, entre las cuales se encuen ra la Resolución Nº 7, Acta 62 del 27 de diciembre de 2021. Con relación a esta resolucié administrativ {'Señala el recurrente que su parte hizo uso del art. 219 del C.P.C., ocumento y solicitando se traiga a la vista del Tribunal vía oficio, y que Ministro 372, como tampoco el art. 373 del C.P.C. son aplicables al caso, dado que dichas normativas refieren a la pr,ueba de informe, y no a la prueba instrumental, debiendo haberse plicado en su lugar el art. ,219 del mismo cuerpo legal. Por todo ello, solicita se revoque la providencia apelada y, en consecuencia, se admita la prueba ofrecida por su parte al contestar la demanda, ordenando el libramiento del oficio .a la Cajá de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, a ls efectos de que remitan a la vista la Refolución Nº 7, Acta 62 del 27 de diciembre dt 202 . Estos agravios fueron contestados por el Abg. Gilberto Penayo Zarza, representante convencional de la parte actora Sr. Pedro Rubén Báez Monges, en los términos. del escrito de fs. 184/1 6. Al respecto, refiere el citado profesional que el apelante intenta dilatar infundadamente el procedimiento a través del pedido de oficio que ha formulado, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, por lo que entiende que su conducta se ajusta a lo .dispuesto en el numeral 3 del art. 52 del C.P.C. Señala que el apelante ha formulado dos incidentes, dos apelaciones y pretensiones procesalesimprocedentes y desprovistas de fundamento, todo lo ,cual incursa -a su consideración- en el numeral d) del art. 53 del C.P.C. Por todo ello solicita se1 declare al abogado de su adversa como litigante de mala fe y el ejercicio abusivo El debate en esta alzada propone el análisis acerca de la admisibilidad dé la prueba ofrecida por la parte demandada, que fuera rechazada en virtud de la providencia apelada.

Conforme se ha visto, por dicha providencia el Tribunal de Cuentas decidió el rechazo del pedido de .oficio formulado por la parte demandada, fundado. e1,1 lo dispuesto enlos arts .. 3 72 y 73 del C.P.C. Es decir, elTribunal de Cuentas consideró que con tal solicitud de oficio, la parte deandada había ofrecido una prueba de informe, petición que fue juzgada como improcedente bajo el entendimiento de que ello tiende a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponde por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos, lo cual se encuentra expresamente vedado por la citada disposición del art. 373 del C.P.C.

El agravio principal del apelante lo constituye precisamente la calificación que el Tribunal ha dado a la prueba que su parte ha ofrecido, y señaladamente, el rechazo de la misma; refiere el apelante que su parte no ha ofrecido una prueba de informe, antes bien, alega que dicha resolución fue ofrecida como prueba documental, habiendo su parte cumplido con los requisitos de forma contenidos en el art. 219 del C.P.C en cuanto a la oportunidad de su ofrecimiento al tiempo de la contestación de la demanda, y su correcta Al respecto, se advierte que, efectivamente, al contestar la demanda la parte demandada ofreció como prueba la Resolución.N? 07, Acta 62 del 27 de diciemld emanada del Consejo de la Caja Bancaria, inyocando expresamente la norma corh9nida en el art. 219 del C.P.C., relati 1 a a la prueba docum1 ental; "Se ofreck cmo prueba:il(umental: ... En'. a Reslucón Nº 07)eta 62 "' 27 dJ icir:zlbre de 2f, bmitio por e1l 9fnsejo de la Caja Bancaria. Se solicita que dicha resolucián sea traz'd 1a q la vista del ribunal de Cuentas, de conformidad con el art. 219 del PC, y para tal ef¡ectp se solicita .s¡ }Jre oficio a la Caja Bancaria" (sic., fs. 168/169); El,li° lueg? fue reityaqo al tiempjb , uf la parte Ello evidencia que, en sentido formal, la parte demandada no ha , 1citado el libramiento de oficio al efecto de procurar la. producción de una prueba de info me, en los términos de los arts. 371 y sges. del C.P.C,lcomo lo ha entendido el Tribunal', 111cuentas, sino más bien, la parte, demandada ha ofrecido dicha rol'ción co1f prueba oE1."'s CQ' ,.Td ¡: JJ1c1ri: "PEDRO ÍkuBEN BAEZ MONGES c1 i ')l sun1 :'M.A I REI s,: OLUCIÓIN Fid,TlA DI'G, ,T. POR LA e, AJA DE ';, - I!JSlJ1(ClA I' JUB;11LACIONES I Y i PENSIONES DE 1samente el tr2.1.9 dl .P.C.

1-phcly 1al.caso por l¡are1s10n (l'-' rtó'finativ ¡¡hce el art. 5 inc. c)l dell C:P.cr.-, norma ¡<ilUe disJpbIW "El ac,tdr deberá 'lh-..aollltu : /ºhi la demanda f prueba 10;c4me;ntal que tuviere ,en u poder. Si o fa tuvire -..-spJsícióbj1 .ta individua¡zza'rá indil Jndo su cbntenido; b1 1 luglr; archivo, oficinii pública Ahwa qien, aun cuando se h" 1cpnstatado que la ¡parte Ae111iandada ha ofrecido tal resolución ,comf prueba documental ya al contestar la demanda, ,y no como una prueba de informe, el rechazo decidido en virtud de' la providencia apelada se ajusta a derecho, precisamente por disposición, expresa del art. 219 del C.P.C. En efecto, la norma citada es imperativa en disponer como :deber de la parte la agregación de la prueba documental que se encontrare en su poder, con el escrito de demanda, o en su caso, con el escrito de contestación de la misma (art. 235 inc. c) del C.P.C.), Sólo excepcionalmente las partes se encuentran dispensadas de cumplir codicha carga, esto es, cuando la prueba documental no se encontrare en poder de quien: la ofrece, hipótesis en la que, no obstante, la documental debe ser individualizada, indicando su contenido, el lugar, archivo oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre, por mandato expreso del art. 219 del C.P.C.

. l El mencionado texto normativo es claro en diferenciar los supuestos: la hipótesis en la que la parte cuente con la prueba documental con la que intenta hacer valer su pretensión, en donde carga con el deber de acompañarla con el escrito de demanda, o con el escrito de contestación, en su caso; o bien, el supuesto en que la parte no tenga a disposición la prueba documental, circunstancia en la que debe individualizarla de la manera en la que dicha norma dispone, con el fin de que puedan ser identificados. Es decir, la norma en cuestión no faculta, a opción de la parte, la agregación de la prueba documental en estadios procesales distintos; por lo demás, impone expresamente que ,ella sea acompañada con el escrito de demanda -o con el escrito de contestación, a tenor del art. 235 inc. c) C.P.C.-, y solo excepcionalmente, la parte se ve dispensada del cumplimiento de dicha carga, esto es, ante una imposibilidad material de cumplirla, como lo es el supuesto en que la documental no se encontrare en su poder: "Las partes tienen la carga de presentar todos los documentos que tengan en su poder o a su disposición. Las excepciones a esta regla general están establecidas en la ley. Ellas son: 4.1. Do entos no tenidos a disposición: Se deberá individualizarlos, indicando su ..IBtffl,ff:J9ñar los documentos originales: que ellos no estuviesen en poder de quien debe ,.,.,.,.......,..'"a- os" (FENOCHIETT , , arlos Eduardo y ARAZI, Roland. Código procesal civil y En eLcaso, la Resolución 07, Acta Nº 62, del 27 de diciembre de 2012, e a: or el Consejo d a Caja B caria, ofrecida como documental por la parte demanda a, no t de un documento en pode al expedm.' Por el Gustavo E. Santander Dans contestación de la demanda -confesión de parte, a tenor del art. 302 del C.P.C.-, la documental pretendida trata de una resolución emanada del Consejo de la Caja Bancaria, es decir, de una dependencia administrativa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, parte demandada en el presente juicio. De hecho, el mismo profesional que representa a la parte demandada, la Caja de, Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, solicita se libre oficio a su propia representada, al efecto de De tal manera, no caben dudas que la pretendida prueba documental no podía encontrarse en otro sitio más que en manos de la propia parte demandada, por lo que ella -la documental en poder de la demandada- debió haber sido necesariamente acompañada por esta parte con el escrito de contestación de la demanda, tal corno lo requiere el mencionado art. 35 inc. e) deJ C.P.C., que se .. remite al art .. 21del mismo cuerpo legal. Así no lo hizo, limitándose a su identificación en el escrito de contestación de la demanda, y pretendiendo su agregación a juicio en una etapa ulterior, y a través de un mecanismo que se encuentra reservado excepcionalmente para el supuesto en que la prueba documental no se encontrare a disp9sicón de la parte interesada en ella, lo cual, conforme hemos visto, no acontece en el Por estas razones, corresponde la confirmación de la providencia apelada, con imposición de costas de esta instancia a la apelante, de conformidad con el art. 203 inc. a) Por otra parte, la actora al tiempo de contestar el traslado del memorial de agravios, solicitó la declaración de litigante de mala fe y ejercicio abusivo del derecho de la parte apelante (fs. 184/186). Ciertamente, las partes se I rncuentran facultadas de efectuar dicho pedido en cualquier etapa del proceso y ante cualquier instancia, de acuerdo con lo dispuesto enel art. 54 del C.P.C.: "En cualquier etapa del proceso y en cualquier instancia, antes que se dicte resolución, podrá requerirse que en la decisión el magistrado se pronuncie sobre la mala fe o el ejercicio abusivo del.derecho": por lo que nada obsta el análisis en esta sede del Con respecto al litigante de mala fe, establece el art. 52 del C.P.C. "Repútase litigante de mala fe, a quien: a) omita o altere manifiestamente la verdad de los hechos; b) provoque o consienta el diligenciamiento de medidas cauteares decretadas a su pedido, en forma evidentemente innecesaria y no adopte en tiempo oportuno medidas eficaces para evitarla; y c) use el proceso con el fin de conseguir un objeto o beneficio ilícito"; por su parte, establece el art. 53 del mismo cuerpo legal, que: "Ejerce abusivamente sus derechos, la parte que en el mismo proceso: a) hayapromovido dos o más impugnaciqnes de inconstitucionalidad, rechazadas con costas; b) haya promovido y perdido tres incidentes con costas; c) fuere sancionada más de una vez con medidas disciplinarias; y d) formule pretensiones o alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas e fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho".

i--- La parte actora sostuvo que la conducta de la apelante incrsa en.el supuesto tercero del art. 52 del C.P.C.: "use el proceso con el fin de conseguir ur objeto o b 1neficio ilícito", al haber formulado el pedido de oficio analizado precedentemente, que ya lo había realizado, según la actora, en otras ocasiones. De las constancias del epediente surge que la parte demandada había solicitado ,slibre oficio. al contestar la demanda (f. 1,69), ly al ofrecer sus pruebas (f. 172), y en esta sede al solicitar la revocatoria del proveído apelado, lo cual, por sí solo no alcanzan a configurar la hipótesis normativa del mencionado art. 52 del C.P.C. Es !MOGES C/ , 11. REsb, luQNlFicrÁ oicl '.f. Po'R tA cAJA DE ' 1 , ¡' /' ' '.ft' .llJ ¡¡ ; JflJBILACIONES "V: ¡ PENSIONES DE 1¡evi encian e prlolpos1to e a parte I e 1man 1¡1. a , e procurar a w.-,l" eac1 , ub:a prueba oloa 1 mental, que aun c;uand ellodevi o improcedente, de acuerdo co ' cid n sede deJápelación, estl no. s'. jtratluce precisa , ne eti uria.utilización 'del Por Ji:;a parte, la pm;te actora mencione que el1 apelante a fo 1rmulado dos incidentes, dos apela iopy;s y pretensi 7s¡procesalfs;m¡pr, ce'.htes y :ddpto¡yistas de!füameto, todo lo cual ektirha que se ajds;ta al supuestb: noJ 1 atilbI del incisb )I del art. 1 "formule pretensiones o : alegue defensas que, juzgadas, resulten manifiestamente desprovistas de.fundamento o innecesarias para la declaración o defensa del derecho". De las constancias. del expediente surge que la parte demandada no ha formulado incidente alguno, y que opuso una excepción de falta de acción como de previo y especial pronunciamiento, conforme con el escrito de fs. 111/117, la cual' fue rechazada, con costas, por el Tribunal de Cuentas en virtud del A.I. Nº 535 de fecha 14 de julio de 2021 (fs.

124/125). Esta decisión fue recurrida por esta parte, y luego confirmada por esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del Aj.'I. Nº 900 del 24 de octubre de 2022 (fs. 1511157). - Ahora bien, en dicha resolución,! y pese a que el recurso interpuesto por la parte demandada no prosperó, esta Sala estimó procedente la imposición de costas en el orden causado conforme con el art. 193 del C.:p.c., por las siguientes razones: "En cuanto a las costas, deberi ser impuestas eri el orden causado, considerando la manera en fue resuelta la cuestión, que requirió una interpretación normativa, conforme al art. 9 de la Ley Nro.

l. 462/35 y al aA 193 del C.P. C" (Del voto del Ministro Manuel Dejesús RAMÍREZ CANDIA, f. 154 vito.) "En cuanto a las costas corresponde sean impuestas en el orden causado, en virtud a lo dispuesto en el art. 193 del C.P. C" (Del voto de la Ministra 1a. Carolina LLANES O., f. 156); "En cuanto a las 'costas, y dada la forma que esta Corte resuelve la cuestión en instancia de revisión, corresponde imponerlas en el orden causado, a tenor de lo previsto en el art. 193 del C.P. C" (Del voto del Ministro Antonio FRETES, f. 157). De ello se tiene que, al efecto del juzgamiento de la cuestión planteada en dicha ocasión por la parte demandada, s', hrequerido de un nálisis pormenorizado del asunto pqr parte de esta Sala, circunstancia que ha servido de mérito 'para.la eximici?n de costas a la demandada vencida, todo lo cual impide calificar a dicha pretensión como manifiestamente improcedente, en los términos del El segundo recurso de apelación ue interpuso la parte demandada ha sido objeto de análisis precedentemente en sede de apelación, en donde hemos juzgado su improcedencia.

No obstante, ello por sí solo, tampoco alcanza a configurar el supuesto de hecho contenido e nci d) del art. 53 del C.P.C., que requiere de una pluralidad de pretensiones o defensas Lanifiesta ente desprovistas de fundamento. Por estas razones, voto pqr el rechazo del pedido de/declaración de litigante de mala fe y ejercicio abusiv? del derecho con respecto a drmandada, que fuera efectuado por la parte actora. ASI VOTO.

OPINIÓN DE LA MINISTIM MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS:

RESPECTO AL RECURSO DE NULIDAD: Me adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Gustavo Santander Dans, porsus mismos fundamentos, en el sentido RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN: Me adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Gustavo Santander Dans, por sus mismos fundamentos, en el sentido de rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la providencia de fecha 1 O de mayo de 2023 dictada por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala y confirmar dicha resolución, así como rechazar el pedido de declaración de litigante de mala fe y ejercicio abusivo del derecho que efectuara la parte actora en contra de la parte Óbiter dictum y con relación al rechazo de la pretensión de la parte demandada en cuanto, a la inclusión de la Resolución Nº 07, Acta 62 de fecha 27 de diciembre de 2012, emanada del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, se debe resaltar que ello se erige en un acto administrativo de alcance general y de carácter normativo como tal, resulta impertinente generar el debate de su inclusión o no como medio probatorio, pues más bien, llegado el momento procesal oportuno, correspondería evaluar su eventual aplicación o no en lo concerniente a la cuestión principal debatida en estos autos. ES MI VOTO.

OPINIÓN DEL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA: Me adhiero al voto de la Ministra María Carolina Llanes Ocampos, por compartir los mismos SALA PENAL

RESUELVE:

l. TENER POR DESISTIDO al apelante del recurso de nulidad.

2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de fecha 1 O de mayo de 2023, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, 3. COSTAS a la parte apelante perdidosa. carohftll