EXPEDIENTE: “RECUSACION C/CAUSA C/LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE APELACION DE CANINDEYU ABG. CARLOS DOMINGUEZ Y ABG. SOFIA JIMENEZ PRESENTADA POR EL ABG. DERLIS MARTIN ESCUDERO EN LOS AUTOS: RHP EN 2DA INSTANCIA DE LOS ABGS. FLORENTIN CESPEDES AGUIRRE Y BLAS TROCHE ORTIGOZA EN LA CAUSA: MP C/FLORENTIN CESPEDES AGUIRRE S/ SHP DE ESTAFA LESION DE CONFIANZA”.
AUTO INTERLOCUTORIOVISTA: la recusación deducida por el Abg. Derlis Martin Escudero, por la representación del Sr. Luis Prandini, contra los Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, yCONSIDERANDO: Que, se presenta el Abg. Derlis Martin Escudero, a los efectos de recusar a los Miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal de Circunscripción Judicial de Canindeyú, Magistrados Carlos Domínguez y Sofía Elizabeth Jiménez. A ese efecto, expresa cuanto sigue: vengo por el presente escrito a recusar con expresión de causa a los miembros del tribunal de apelaciones Abg. Carlos Dominguez Rolon y Abg. Sofia Jimenez…los magistrados recusados en los autos caratulados: “REGULACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABG. RODRIGO RENE GALEANO DELGADILL” violando disposiciones reguladas en la Acordada 107 han realizado un cómputo de plazo torcido arbitrario y contrario a la ley, incluyendo en el plazo el día en que fue alzado una resolución al sistema Judisoft, olvidando que cuando la misma se realiza fuera del horario de oficina que se extiende hasta las 13:00 hs aún no se visualiza en el usuario dentro de la Gestión de Expedientes del interesado, apareciendo recién al día siguiente a primera hora, por lo que dicho día es tomando en cuenta como fecha de notificación, realizando este cómputo dicho magistrado al solo efecto de beneficiar al abogado citado presumiblemente con intereses crematísticos, por lo que han perdido toda confianza de mi parte…según ha llegado a mis conocimientos estos magistrados poseen larga relación de Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
amistad con el abogado Galeano y la abogada Leticia Bóveda, siendo conocidos en esta circunscripción de que todas las causas en donde intervienen los magistrados y estos abogados las resoluciones le son favorables…por lo que necesariamente se deberán apartar de seguir entendiendo en el presente proceso ahora o después y así lo solicito…
A través del informe respectivo, los Magistrados Carlos Domínguez y Sofía Elizabeth Jiménez, miembros Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, manifestaron: como podrán notar V.EE. de los términos del escrito presentado por la parte recusante, esta ensaya una insostenible exposición desprovista de toda motivación seria y atendible, lo que de buena a primera en puridad desnuda la mera finalidad dilatoria del planteo…Resulta elocuente la carencia total de envergadura de lo denunciado como causal de recusación…El recusante arguye ciertas irregularidades procesales realizadas en el proceso, de los cuales sostiene violación a la Acordada 107, en el cómputo de un plazo procesal con interés de beneficiar a la contraparte, para por ultimo manifestar que ha llegado a su conocimiento que poseemos larga data de relación de amistad con el Abg. GALEANO y la Abg. LETICIA BOVEDA, quienes serían beneficiados con resoluciones favorables, circunstancias fácticas presumidas injustificadamente por el recusante…Asimismo, es de considerar que, para casos de supuestas actuaciones procesales y decisiones irregulares, la parte afectada goza de canales o remedios procesales pertinentes para reclamar al órgano jurisdiccional competente la rectificación o revisión del decisorio que considera injusto, ergo, la causal de recusación NO puede surgir de la apreciación que el magistrado de que se trate, haga del ritual, de sus actuaciones y decisiones en consecuencia no resulta procedente por la vía de la recusación con causa como excusa, entrar a meritar la justeza o no de las decisiones que en trámite procesal adopten los jueces…Las manifestaciones del recusante no poseen la mínima consistencia, y nuestra intervención en esta causa se da por el ejercicio propio de la función jurisdiccional que ejercemos en el marco de nuestros deberes legales como magistrados, la sana crítica e imparcialidad debida…Por los motivos expuestos consideramos la recusación intentada, resulta notoriamente improcedente, manifiestamente infundada, y evidencia una conducta conducente a la mera dilación del proceso en curso Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
Como cuestión previa cabe recordar que esta Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que el Instituto de la recusación constituye una figura que debe ser interpretada de manera estricta, con recta observancia al principio del Juez Natural, y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre sostenida con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. Contrario, los simples dichos de cualquiera de ellas, dirigidas contra un Magistrado determinado serían suficientes para provocar la separación, lo que conduciría a desnaturalizar el instituto. No debe permitirse que meras afirmaciones sin sustento probatorio, surjan como razones atendibles para provocar el alejamiento de un Magistrado, a cuya competencia se halla el conocimiento de una causa determinada.
Lo expuesto nos lleva a afirmar que las normas que regulan el Instituto de la Recusación exigen antes del estudio sobre su contenido un previo examen riguroso para discernir la admisión del incidente al procedimiento pues, el escrito correspondiente deberá estar rodeado del cumplimiento de los presupuestos formales indispensables para ello, como ser: presentación por escrito, dentro del plazo señalado en la ley, a lo que se debe sumar las condiciones de fundamentabilidad, que se resumen en la demostración de la causal que se alega, apuntalada con los medios probatorios necesarios que demuestren o hagan verosímil su existencia.
La presentación que nos ocupa carece justamente de dicho presupuesto formal pues; en primer término el recusante no invoca inciso alguno del Art. 50 del C.P.P., para indicar la causal de separación en la que basamenta su pedido, más bien lo formula sobre la base de suposiciones carentes de contenido que no son más que meras conjeturas. Esta palpable deficiencia en la formulación del incidente de recusación planteado, en términos carentes de prueba, impiden la consideración de los argumentos expuestos por el recusante. En efecto, la pretendida separación en contra de los Miembros del Tribunal de Apelación Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, carece de argumentación en torno a la demostración causal alguna pues, el escrito hace más bien alusiones vagas, imprecisas y generales de supuestas anormalidades, por las cuales el Tribunal de Apelaciones, supuestamente bajo premisas arbitrarias y con intención, habría fallado contra los intereses del procesado; no obstante, no se puede Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
deducir la existencia de irregularidad alguna para considerar la recusación solicitada; lo que se vislumbra es más bien inconformidad con lo resuelto anteriormente en la causa por el Tribunal de Apelación recusado, lo que no puede ser tenido como fundamento para separar al citado Tribunal, más aun teniendo en cuenta que posee las herramientas procesales para subsanar cualquier error de procedimiento, empero la recusación no es una de ellas. Estas circunstancias se traducen en un obstáculo insanable para considerar admisible la causal alegada.
Cabe apuntar que, el artículo 343 del C.P.P. prescribe: “La recusación se interpondrá por escrito, en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave”.
Todo ello no hace sino incidir negativamente en la presentación efectuada por la recusante y, conducir indefectiblemente a la declaración de inadmisibilidad de la recusación promovida por el ostensible incumplimiento de las formas indispensables en su presentación. Es mi opinión.
OPINIÓN DE LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS: Considero que corresponde NO HACER LUGAR a la recusación interpuesta por el Abg. Derlis Martín Escudero, por la representación del Sr. Luis Prandini, contra los magistrados Carlos Domínguez y Sofía Elizabeth Jiménez, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal, de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, por los siguientes fundamentos: Sobre el punto, cabe recordar que la recusación de jueces es un resorte procesal que la ley establece a los fines de precautelar la independencia e imparcialidad del juzgador, en aras de un juicio justo. Las causas que lleven a una de las partes de un proceso, a echar mano a esa herramienta procesal tienen que ser atinentes a aspectos intrínsecos del órgano Jurisdiccional, a alguna circunstancia que influya de tal manera que peligre su capacidad de administrar recta justicia.
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En ese sentido, la Sala Penal en numerosos fallos, ha sostenido que la recusación constituye una figura que debe ser interpretada estrictamente, con recta observancia al Principio de juez natural; y su utilización por las partes en un proceso determinado debe ser siempre esgrimido con los elementos de prueba que sustenten la afirmación que se pretende incorporar al proceso. En consecuencia, las simples manifestaciones de cualquiera de ellas dirigidas contra uno o más magistrados no tienen la entidad suficiente para provocar la separación, puesto que ello desnaturalizaría el instituto en estudio.
Asimismo, cabe recordar que el Art. 50 del Código Procesal Penal reza: MOTIVOS. Los motivos de separación de los jueces serán los siguientes: 1) ser cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad, de alguna de las partes o de su representante legal o convencional; 2) ser acreedor, deudor o garante, él, su cónyuge o conviviente, de alguna de las partes, salvo cuando lo sea de las entidades del sector público, de las instituciones bancarias, financieras o aseguradoras. Habrá lugar a la inhibición o recusación establecida en este numeral sólo cuando conste el crédito por documento público o privado, reconocido o inscripto, con fecha anterior al inicio del procedimiento; 3) tener él, su cónyuge o conviviente, o sus parientes dentro de los grados expresados en el inciso 1), procedimiento pendiente con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes si el procedimiento ha sido civil y dentro de los cinco años si ha sido penal. No será motivo de inhibición ni de recusación la demanda civil o la querella, que no sean anteriores al procedimiento penal que conoce; 4) tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios o de las personas mencionadas en el inciso 1); 5) ser contratante, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes; 6) haber intervenido anteriormente, de cualquier modo, o en otra función o en otra instancia en la misma causa; 7) haber dictado una resolución posteriormente anulada por un tribunal superior; 8) haber intervenido en el procedimiento como parte, representante legal, apoderado, defensor, perito o testigo; 9) haber sido condenado en costas, en virtud del procedimiento que conoce; 10) haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento, que conste por escrito o por cualquier medio de registro; 11) tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato; 12) tener enemistad, Para conocer la validez del documento, verifique aquí.
odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos; y, 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia.”
Al respecto, el Art. 343 del Código Procesal Penal dispone: “La recusación se interpondrá por escrito; en cualquier estado del procedimiento, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes. La interposición de recusaciones manifiestamente infundadas o de modo repetitivo con la finalidad de entorpecer la marcha del procedimiento se considerará falta profesional grave.”
El recurrente manifiesta, que en el expediente caratulado: “R.H.P. del Abg. Rodrigo Rene Galeano Delgadillo”, hubo una suspuesta violación de la Acordada 107, respecto a un computo de plazo; tacha el computo de arbitrario y contrario a la ley, y que se tuvo la intención de beneficiar a la contraparte. También, dice tener conocimiento de la amistad entre los magistrados recusados y los abogados Galeano y Leticia Bóveda; manifestado, que estos últimos, son favorecidos por los primeros, cuando coinciden en la intervención de las causas.
Ahora bien, del análisis de la cuestión planteada, se puede inferir claramente que, los motivos aducidos por el recusante carecen de fundamentación fáctica y jurídica, puesto que, del análisis de las constancias de autos se advierte, la inexistencia de aval probatorio que demuestre las supuestas circunstancias de irregularidad señaladas en el párrafo que antecede, que hagan posible concretar la pérdida de confianza en los miembros del Tribunal de Apelaciones recusados (no se aplican ninguna de la causales del Art. 50 del C.P.P.); pues, no corresponden, las especulaciones formuladas por el incidentista, respecto a la supuesta falta de imparcialidad de los miembros de Alzada, debido a que, no se cumple en absoluto con la exigencias del Art. 343 del C.P.P.; a esto se suma, que tampoco se ha especificado ninguna causal del Art. 50 del C.P.P., y que más bien, se observa el desacuerdo con lo resuelto por los magistrados recusados (situación que tampoco configura motivo que aparte a los jueces de las causas); razones por las cuales, deviene improcedente la separación de los miembros de segunda instancia recusados.
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Ante lo expuesto, cabe recordar, al profesional del derecho, lo dispuesto en el Art. 112 y 114 del Código Procesal Penal, el cual dispone que las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que el Código les concede y de comprobarse ello la norma legal le otorga a los Jueces la facultad de aplicar sanciones.
Por todo lo expuesto ut supra, corresponde NO HACER LUGAR a la presente recusación. ES MI OPINIÓN.
VOTO DEL DR. MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA:Me adhiero al voto del Ministro preopinante, el DR. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por compartir los mismos fundamentos. ES MI VOTO.
POR TANTO, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENALRESUELVE:1.- DECLARAR INADMISIBLE la recusación contra los Magistrados Carlos Domínguez y Sofía Elizabeth Jiménez, miembros Tribunal de Apelación en lo Penal de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2.- ANOTAR, registrar y notificar.
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