ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI CI ART. 9 DE LA LEY Nº 2345103 Y SU MODIFICACION DE LA LEY Nº 42521201 O Y EL ARTR. 3 DEL c<Xe0 ;.liin'" 1 iudad de Asunción, Capital de la República del Para9uay , J1ndd) ,días del mes de .v10..-¡.o , del año ,qi' ,woko, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de "10s Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI CI ART. 9 DE LA LEY Nº 2345103 Y SU MODIFICACION DE LA LEY Nº 42521201 O Y EL ARTR. 3 DEL DECRETO Nº 1579104, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI, por sus propios derechos y bajo P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: Se presenta, JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado e impugna de inconstitucionalidad el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico". Debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 In a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, nitario, ndivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la demacra ia repres ntativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento d dig idad hu ana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno s eJ re do por I s poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separ: ci n, equili ria, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede a ribuirs , ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, faculta extt: ordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". T d s stas características tienen importantes derivaciones en los institutos ue ea misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y encionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Le tivo .J; ,c.enen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a trlés de un 1 tema de enos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad el si tema, el perio de un Estado de Derecho y la vigencia de l,s libertad s fu I damentale . Ninguno de ell , subordinado a otro poder u ór ano estat 1, pero tienen u a necesari mterdepe ciencia a nivel funcional. E ese ord n, existen ciertas atrib ci0ne y competen ias específicas, asignadas al unas po la-: ,G;-M,-Di el J1nghanns Dr. Víctor 1 Gustavo E. Santander Dans MiniSt ro L:.,1. MiniSlrO Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de jubilaciones de los. funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal.
Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" ( el E n consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.
Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad E s por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... aocupar funciones o empleos públicos" (Art.
101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/03 Y SU MODIFICACION DE LA LEY Nº 4252/201 O Y EL. ARTR. 3 DEL Est Q<, t I funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un m it que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada F i alme te, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la event I insu iciencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación tiva del alario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que 1 funcio ario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida tancia así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema norm s de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y so ncia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es a o e corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito /d u1c10 teni en cuenta, que el recurrente aún no se ha jubilado, paf lo que o -::u tmsnt!tudda
:adicha normativaaun nº le S aplica le -- . ,;; Junghanns Gustavo E. Santander -- - Mi111.::.xro csi.
Ministro Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada por el señor JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI. Corresponde, además, el levantamiento de la medida de suspensión de la norma impugnada, dispuesta en autos. Opino en ese sentido.
A su turno, el Doctor RIOS OJEDA, dijo: 1. El Señor Jorge Sebastián Acosta Rubiani, por sus propios derechos y bajo patrocinio de la abogada Celia Cáceres con Matricula de la CSJ Nº 10.076, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", articulo 1 de la Ley 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" y articulo 3 de Decreto Nº 1579/04 "POR EL CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 2345 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del 2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 47 y 57 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "... las leyes hoy impugnadas son discriminatorias, considerando que los profesionales del derecho tienen la posibilidad de trabajar para el Estado Paraguayo hasta los 75 años de edad, sin embargo otros funcionarios solo hasta los 65 años de edad, es decir, parten de la depreciación lenta de las facultades físicas y mentales de cierto sector específico, en este caso los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, pero en otros sectores (funcionarios públicos en general, incluidos los mismos funcionarios dentro del poder judicial) pareciera que esa misma depreciación debe ser más acelerada .. .///. .. Decreto Nº 1579/04 Art.
3º .. .///... lo considero inconstitucional, porque el monto del haber jubila torio debiera ser actualizado al mismo tiempo que el haber de los trabajadores activos 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que el accionante, a la fecha de la presentación de la acción contaba con la edad de 64 años y por Resolución Nº 409/96 se constata su calidad de funcionario público.
4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O al señor Jorge Sebastián Acosta Rubiani, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ( ... )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador. -- 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIO ISABELINO DELVALLE c/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/2010, QUE MODIFICA LOS ARTS. 3, 9 y 10 DE LA LEY Nº 2345/2003" Nº 2937 Año: 2019 Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes dI Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/03 Y SU MODIFICACION DE LA LEY Nº 4252/201 O Y EL ARTR. 3 DEL i Social, -asít= mo convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a ec9,nocerJ-eguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.-- J. -- 7.,.":'-:-. aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social ;¡,, r,- Ff:!Corzrqfití a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al s, 'monio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.0 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/10. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será 8. Aliora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte' no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y-competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector púb ,' e, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretende acce r a un puesto de trabajo en la función pública.
11. La Co stitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al e pleo (A ículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar y emp eos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de s esta lecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad ra el cceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto d e ilibrio entre los "derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubil or haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y/ s que d e cceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impuq ada antiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trábajo.v-' --- .-Ju .... --,, .. a' medida impugnada responde a un interés social, por lo que no 'b" riamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. EII I no res Ita ir acional e el entendimie e que no de los fines del Estado es acer efec vo el derecho e t .Gk5para ayo de acce r a cargos en la Adrninistrack n Públic . - Ministro -cesar F.::e>:,: unghanns . 1,1ini,t:ró CSJ.
Ministro 13. En relación al art. 3º del Decreto 1579/04, cabe manifestar que de las instrumentales que acompañan a la acción se constata que la parte accionante no ha justificado fehacientemente la calidad de jubilado o pensionado de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, no se ha acreditado de modo alguno tal condición, por lo que esta Magistratura se ve imposibilitada a estudiar la inconstitucionalidad o no de la norma impugnada, dado que la acción ha sido dirigida contra una disposición que afecta a quien ostente necesariamente la calidad de jubilado o pensionado de la Administración Publica.
14. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promoví; y, en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos dispuesta en autos: Es mi voto.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 03/05/23 y procedo a Seg u id a mente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por el señor JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogada, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico" y Articulo 3 del Decreto Nº El recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los principios consagrados en los Arts. 47, 57 y 103 de la Constitución Nacional.
De las constancias obrantes en autos, surge que el recurrente acredita La calidad de funcionario de la Administración Publica, prestando servicio específicamente como Coordinador de la Asesoría del Registro Electoral Civil dependiente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. No obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad del recurrente, se evidencia que a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, contaría con sesenta y siete años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose inevitable el estudio de la acción planteada.
En cuanto a las impugnaciones vertidas en relación al Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior a los 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILA CION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 "DE LA FUNCION PUBLICA ", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay ".
Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/03 Y SU MODIFICACION DE LA LEY Nº 4252/201 O Y EL ARTR. 3 DEL ,-'. :1 R1e : . onstitución Nac!onal, dispone: . "Dnto del sistema :1acinal de s gund§ff, ciet, la ley regulara el requnen de jubiteciones de los funciona nos y de rnfñ..,..ml-) oos públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados t.e propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario E I artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio.
El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
Por último, en relación a la impugnación contra el Art. 3 del decreto Nº 1579/04, Cabe señalar que el recurrente de manera alguna se halla legitimado a promover la presente Acción de lnconstitucionalidad contra la mencionada normativa, habida cuenta que tanto de sus propios manifestaciones así como de la documentación acompañada surge que se desempeña como "funcionario activo", es decir, aún no se ha jubilado - no ha acreditado tal extremo en autos-, por ende no ha sufrido agravio alguno que le permita alzarse contra lo establecido en la normativa impugnada, ello debido a que la misma no la ha sido aplicada.
En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor JORGE SEBASTIAN AGOSTA RUBIANI. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Al. Nº 1176 de fecha 30 de junio del 2021. Es,to. --- Con lo que se dio por te ina o el acto, firmando SS.EE., todopor ant mí, de que certifico, quedando cord entencia que inmediatament sigue: ghanns Dr. Víctor Rfos Ojeda SENTENCIA NÚMERO: Sl{S Asunción, 7,,.:¡ de rn O.¡ <a VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante, señor JORGE SEBASTIAN ACOSTA RUBIANI.
LEVANTAR, la medida de suspensión de efectos dispuesta a tra¡escl I A.I. M. nistro . . Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro