ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RODOLFO GALLA TI MARTÍNEZ C/ RESOLUCIONES N391 16/02/2018 Y LA . bJE - Y SENTENCIA NÚMERO: U) I 'l.; -iu,d8 Asunción, Capital de la República de! Paraguay, a los ue;-l-; Ju,, días del mde , ,-,. iº del año dos mil v'1 ,¿1.10, fl'ü , estando en la Sala de e:,. Acuerdos. a Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala 1. ' nsf , oo 1, Doctores CESAR DIESEL JUNIGHANNS, GUSTAVO SANTANDER DANS Y -(;E JIMENEZ ROLÓN ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el . expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RODOLFO GALLATI .MARTÍNEZ C/ RESOLUCIONES .Nº391 16/02/2018 Y LA RESOLUCION Nº2381 DEL 27/12/2017", a fin de resolver laacción de inconstitucionalidad promovida por el señor RODOLFOGALLATI MARTÍNEZ por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CESAR DIESEL JUNGHANNS, EUGENIO JIMENEZ ROLÓN Y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor CESAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor Rodolfo Gallati Martínez, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, a promover acción de inconstitucionalidad contra la Resolución DPNC-8. Nº 2381 del 27 de diciembre de 2017 "Por la cual se deniega por improcedente la solicitud de pensión como heredero de Veterano de la Guerra del Chaco, presentada por el Sr. Roda/fo Gallati Martínez", y, la Resolución DPNC-8. Nº 391 del 16 de febrero de 2018 "Por la cual se deniega por improcedente la solicitud de reconsideración de la Resolución OPNC-8. Nº2381 de fecha 27 de diciembre de 2017, presentada por el Sr. César López López", por reputarlos contrarios a las disposiciones contenidas en el Art. 130 de la Constitución Nacional.
EI actor aduce que " ... en mi condición de hijo discapacitado y heredero de Veterano de la Guerra del Chaco, instrumentada ante el Ministerio de Defensa Nacional Exp: SIME Nº 25133 (2017) y /os demás recaudos obremos en el Expte., he solicitado el cobro de la pensión en mi condición de hijo discapacitado heredero del extinto Veterano de la Guerra del Chaco mi padre el Tte. Segundo de Infantería RODOLFO GALLA TI OUARTE y que por resolución Nº 2381 de fecha 27 de diciembre de 2. 017, emanada del Ministerio de Hacienda hoy cuestionada, se ha denegado dicho pedido por improcedente en base a no ajustarse a derecho; por no cumplir el principal requisito expreso en las normas ut supra citadas, pues la enfermedad que padezco supuestamente es posterior a la fecha de fallecimiento del causante y que no reúno los requisitos expresos en el Art 115 de la LEY 5554116 ... ".
Analizada cuestión planteada en la presente acción y, en este sentido, se constata que el señ or Rod lfo Gallati Martínez, ha acreditado su calidad de hijo de extinto Veterano de la Guer del Ch co, Tte. Segundo de lnfanterla RODOLFO GALLATI DUARTE -según las str entales o rantes en el Expte. SIME Nº 25133, Año 2017, adjuntado a autos-y, que al ismo la gativa de la Dirección d13 Pensiones No Contributivas del Ministerio de a su p tición de cobro de pensión, a través de la Res ución DPNC-8. Nº 2381, del 27 de diciembre de 2017 y a Resolución DFNC-B. Nº 391 del 16 de febrero de 2018, denegatoria del pedido de reconsideración de la resolución citada anteriormente.
Resoluciones administrativas que fueron dictadas en base a lo dispuesto en los Artículos 115 de la Ley Nº 5554/2016 y 261 del Decreto Reglamentario Nº 4774/2016, normas que exigen, como requisito fundamental, para otorgar la pensión a los herederos, acreditar que la condición de discapacidad, a más de ser del 100para toda actividad laboral, se dio antes del fallecimiento del c:ausante y probar la misma, en porcentaje y tiempo aproximado de padecimiento, a través del informe emitido por la Junta Médica para Al respecto, debe considerarse el exacto contenido y alcance de lo estatuido por el Articulo 130 de la Constitución Nacional, norma vinculada a los Beneméritos de la Patria. El texto normativo literal prevé: "Los veteranos de la guerra del Chaco, y los de otros conflictos armados internacionales que se libren en defensa de la Patria, gozarán de honores v privilegios; de pensiones que les permitan vivir decorosamente; de asistencia preferencial, gratuita y completa a su salud, así como de otros beneficios, conforme con lo que determine la ley. En los beneficios económicos les sucederán sus viudas e hijos menores o discapacitados, incluidos los de los veteranos fallecidos con anterioridad a la promulgación de esta Constitución. Los beneficios acordados a los beneméritos de la Patria no sufrirán restricciones y serán de vigencia inmediata, sin más requisito que su certificación Es así que, el Artículo 130 de la Constitución al reconocer derechos, privilegios y beneficios económicos a los veteranos de la guerra del Chaco, no puede ser interpretado restrictivamente, sino más bien en forma amplia. De hecho, la misma, pone énfasis al prescribir que " .. .En los beneficios económicos les sucederán sus viudas e hiios menores o discapacitados .. Los beneficios acordados a los beneméritos de la Patria no sufrirán restricciones v serán de vigencia inmediata, sin más requisito que su certificación eficiente ... " por lo que, a mi entender, la intención de los Convencionales era no hacer distingos entre Veteranos y sus herederos, sino más bien que la pensión pase a beneficiar a éstos íntegra e inmediatamente, sin restricciones ni otro recaudo que el establecido en la propia Por ello, las leyes - al igual que la Autoridad Administrativa-, habrán de limitarse en establecer las condiciones y mecanismos para operativizar el postulado constitucional, y no para restringirlo, de manera a que los herederos puedan acceder al beneficio económico sin mayores dilaciones, y sin otro recaudo que la acreditación fehaciente del vínculo con el causante, que sería el único requisito al que alude la Constitución Nacional.
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Además, es fundamental recordar que el derecho a percibir la pensión se adquiere por transmisión hereditaria, la cual opera desde el mismo momento del fallecimiento. En efecto, el Artículo 2446 del Cód. Civil determina: "Desde la muerte del causante, sus herederos le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales. Son poseedores de lo que su autor poseía aún antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias. El heredero que sobrevive un sólo instante al causante transmite la herencia a sus propios En esa línea de razonamiento, cualquier disposición legal o administrativa que aduciendo como fundamento cuestiones no regladas en nuestra Carta Magna para el traspaso de los beneficios a los herederos de los Veteranos (como porcentaje de discapacidad y padecer la misma antes del fallecimiento del causante), desconociendo el legitimo derecho del heredero, no puede sino entrar en colisión con el mentado precepto constitucional y carecerán de validez conforme al orden de prelación que rige a nuestro Por las razones precedentemente expuestas, considero que corresponde hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad y, por ende, la Resolución DPNC-B. Nº 2381 del 27 de diciembre de 2017 y la Resolución DPNC-B. Nº 391 del 16 de febrero de 2018 deben ser declaradas inconstitucionales e inaplicables con respecto al accionante. Voto en ese ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RODOLFO GALLATI MARTÍNEZ C/ RESOLUCIONES Nº391 16/02/2018 Y LA 'l. siro prec¡'ante, respecto de la interpretación del art. 130 de la Constitución, en este caso concrej9, el accionante no impugnó. una norma jurídica, sino resoluciones administrátiás dictadas por la Dirección de Pensiones No Contributivas, dependiente del ' Mimsto,..,d'e Hacienda (fs. 10/15), por las cuales se le deniega una pensión como heredero cfiscapacitado de veterano de la Guerra del Chaco. Por estemotivo, eminentemente En efecto, recordemos que los órganos jurisdiccionales solo pueden decidir el asunto sometido a su juzgamiento, sobre la base ele los límites y conforme con la facultad de . La regla general en cuanto a Ia competencia de la Sala Constitucional es la contenida en el art. 260 de la Carta Magna, que prescribe: "Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso, y 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte". El art. 11 de la Ley 609/95, orgánica de la Corte Suprema de Justicia, repite Por su parte, el art. 132 de la Ley Fundamental reza: "De la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Es to no quiere decir que nuestra Constitución excluya del control de constitucionalidad a actos de autoridad que no son estrictamente normativos o resoluciones judiciales. En efecto, esta Corte Suprema de Justicia ha admitido y extendido el control constitucional sobre actos de poder que no se encuadran en ninguno de los supuestos denunciados (vide: Sala Constitucional, Auto Interlocutorio Nº 322 de fecha 16 de marzo de 12024 ).
Sin embargo, esa extensión de la competencia de la Sala Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, en su caso, está reservada para casos excepcionales, en los que, por las características, los afectados no cuentan con vías ordinarias de acceso a la justicia.
Por ello, si un acto de poder público cuenta con vías ordinarias de revisión; el afectado debe agotarlas, y la existencia de éstas, lo veda de recurrir directamente ante la Sala Ennuestro sistema, existe una jurisdicción especializada para juzgar la regularidad y legalidad de las resoluciones administrativas de carácter individual. La propia Constitución, en el art. 265, previó el establecimiento de los Tribunales de Cuentas, y delegó a la ley su composición y competencia. El Tribunal de Cuentas "está concebido como una primera instancia y se sigue un auténtico juicio o proceso entre partes, al mismo tiempo contradictorio e inquisitivo. El Tribunal examina las pretensiones del demandante que impugna una resolución administrativa previa, por cuya razón se trata de una acción y de un recurs la vez. La jurisdicción tiene una función revisora y el particular puede aducir en esta 1.(a pa a obtener la declaración de nulidad de los actos ilegítimos de la administración" CHAS PLATE, Luis nnque. 2007. La justicia constitucional y 1dministrativa.
Cesar M. Diese j nghann io fiménee Ministro 3 En este caso concreto, la resolución dictada por la Dirección de Pensiones No Contributivas es un acto típicamente administrativo de carácter individual, que cuenta con una vía ordinaria de revisión; esta es la demanda contencioso administrativa que se deduce ante el Tribunal de Cuentas contra las resoluciones administrativas que reúnen los siguientes requisitos: a) que causen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ellas; b) que la resolución de la administración proceda del uso de sus facultades regladas; c) que no exista otro juicio pendiente sobre el mismo asunto; d) que la resolución vulnere un derecho administrativo pre-establecido a favor del demandante (art. 3 de la Ley 1.462/35).
Las acciones contencioso-administrativa y de inconstitucionalidad, no pueden promoverse indistinta ni alternativamente. Si el interesado o lesionado pretende la revocación de un acto administrativo debe recurrir ante los órganos ordinarios de revisión; y si, postula que la resolución administrativa se basa en una norma inconstitucional y, por tanto, pretende la inaplicabilidad de esta norma en el proceso ordinario de revisión, éste debe necesariamente provocar el control constitucional respectivo.
En este caso concreto, el accionante promovió la acción de inconstitucionalidad de manera directa contra resoluciones administrativas sin agotar las vías ordinarias de revisión; y; en esta demanda, no impugnó los actos normativos en los cuales se basan dichas resoluciones, que son - según se lee de las resoluciones impugnadas-, el art. 115 de la Ley 5554/2016 "Que aprueba el Presupuesto General de La Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 y el art. 272 del Decreto Nº 6715/2017 "Por el cual se modifica el Decreto Nº 4776/2016 Que reglamenta la Ley Nº 5554, del 05 de enero de 2016' vigente para el ejercicio fiscal 2017" (f.
EI accionante debió recurrir ante la instancia contencioso-administrativa contra las resoluciones administrativas en la oportunidad prevista en el art. 4 de la Ley 1.462/35 y, si así lo consideraba, de manera autónoma, debió haber promovido la acción de inconstitucionalidad contra las normas citadas, para así obtener la inaplicabilidad de dichas disposiciones. Esta postura ya fue sostenida por este Magistrado en caso análogo al de autos (vide: Sala Constitucional, Acuerdo y Sentencia Nº 473 de fecha 05 de agosto de En consecuencia, al no haberse agotado las vías existentes, ni impugnado normas en esta demanda, la presente acción contra las Resoluciones DPNC-B. Nº 2381 del 27 de diciembre de 2017 y DPNC - B. Nº 391 del 16 de febrero de 2018, debe ser desestimada en A su turno, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS, dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 18/07 /23 y he procedido a emitir mi voto en fecha 02/08/23.
Coincido con la solución dada por el Ministro Dr. Cesar Diesel, dado que el texto constitucional aplicable al caso extiende los beneficios económicos a las viudas, hijos menores o discapacitados de los veteranos, calificando a estos beneficios como irrestrictos y de vigencia inmediata, con lo que la resolución que en consecuencia se dicte es declarativa de la condición que se trate, no estándole permitido a la ley conferir menos de lo que el texto P o r lo que corresponde hacer lugar a la acción y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de las resoluciones DPNC-B Nº 2381 del 27 de diciembre de 2017 y DPNC-B Nº 391 del 16 de febrero de 2018, en lo que afecta a los derechos del señor RODOLFO GALLATTI MARTINEZ, de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CPC. Es mi ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RODOLFO GALLA TI MARTÍNEZ C/ RESOLUCIONES N391 16/02/2018 Y LA io por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por da la sentencia que inmediatament gue:
í, de q e Asunción 1,'l, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR la Acción de lnconstitucionalidad promovida y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad de la Resolución DPNC-8 Nº 2381 del 27 de diciembre de 2017 y la Resolución DPNC-8 Nº391 del 16 de febrero de 2018, en relación al accionante el señor RODOLFO GALLATI MARTÍNEZ, de conformidad a Gustavo E. ::n _:i:-1uer Dans