ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VIDALIO GONZÁLEZ C/ ART 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y ART. 3 DEL . DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2004 Y LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODIFICA EL ART 9º POR LA CUAL SE REGLAMENTA DICHA LEY" Nº:602 AÑO: ,., 1 2uE: Y SENTENCIA NÚMERO: cQvi' v1tl +o() e,,í nc,v.l)o1. ¡ .ocho, En la .Ciud e Asunción, Capital de la República dI ?ragay, a lose,i 4; 60 :¡ días del 91 - 1:r , e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala . ucional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y . GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VIDALIO GONZÁLEZ C/ ART 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2004 Y LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODIFICA EL ART 9º POR LA CUAL SE REGLAMENTA DICHA LEY", a fin de resolver la acción de inconstitucional id ad promovida por el Señor VIDALIO Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANNS.
A la cuestión planteada, el Doctor CÉ:SAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En Fallos anteriores, ya, me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Y Art. 3 del decreto reglamentario Nº1579/2004. Ello, de En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art 9 de la Ley Nº2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Ministro CSJ. .usravo E. Santander Dans lirustro Dr. Yíctol' Rws Ministro Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de C o m o se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de eilos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la siqnificación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' ( el subrayado es En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en Ia referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VIDALIO GONZÁLEZ C/ ART 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2004 Y LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODIFICA EL ART 9º POR LA CUAL SE REGLAMENTA DICHA LEY" Nº:602 AÑO: 1,. ,'v).,')Es por E¿i que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitjusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto ,,. de víta,.-,, -'ue un awavio, es un ?neficio social que el Esto otga afncionario por '_g}rlnsanó -'1.permanencia y de servicros prestados -a la Administración Publica, dando el i§.JtJor satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad socia!' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de . principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efe , a jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado posib ita la igualdad de oportunidades en el acceso a la f ión pública (Arts. 47 y 1 O C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, ientr s que, por el otr , el e idor públ o que pasa a una situación de retiro, disfruta en lante d su derecho des nso, con el disfrute dE:!I pertinente haber jubilatorio, y I especia protección co o per na de la rcera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 9 J Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ, 3 . d D Víctor Ríos OJe ª Ministro Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito P or todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada, así como el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A. l. Nº 3194 de 1. El señor VIDALIO GONZALEZ, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, en calidad de funcionario permanente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme instrumentales obrantes en autos, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULO3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", y Art. 3 del Decreto Nº 1579/04", conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.
2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución y que aparte de ser discriminatoria por no tomar en cuenta su desempeño profesional implicará un menoscabo a sus ingresos y que goza de buena salud y 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que el accionante, a la fecha, cuenta 4.- Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O al señor VIDALIO GONZALEZ, procederé al estudio de esta 5. - Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ( .. .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VIDALIO GONZÁLEZ C/ ART 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTWO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2004 Y LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODIFICA EL ART 9º POR LA CUAL SE REGLAMENTA DICHA LEY" Nº:602 AÑO: .. - En ara- facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel t9. 1. nacional e,f f rnacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y ,.. , , funcionaci,'s- públicos, que prestan sus servicios .en el sector público, el "derecho a la 9,, rnjH 1i,lriq' -,. en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº !412 ,_2l1-0Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria" ;.
8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. - Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RE GIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10.- Además, debemos considerar que el llrnite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones.
Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes I Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo Cesar M. Diesel Jungharms Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro 50. da D Víctor Ríos 1e Ministro Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.
12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en I a Administración P ú b I ica. :.
13. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/04/23 y procedo a emitir mi voto en VIDALIO GONZALEZ, por derecho propio, bajo patrocinio de Abogado promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la l.ey 4252/1 O que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 de "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, Sistema de Jubilaciones del Sector Público y el Art. 3del decreto del Poder Ejecutivo Nº 1579/04, específicamente El accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 14, 46, 47, 88, 102, 103, 132 y 137 de la Constitución Nacional
Consta en autos copia de la documentación que acredita que el recurrente reviste la calidad de funcionario de la Administración Pública, de la Justicia Electoral. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que la misma hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº 2345/03.- EI Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9. El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Articulo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).
Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edeo, la jubilación será obligatoria, sea ella la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tenoren derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Lev Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VIDALIO GONZÁLEZ C/ ART 9 DE LA LEY Nº 234512003 Y ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTNO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2004 Y LA LEY Nº 4252/201 O QUE MODIFICA EL ART 9º POR LA CUAL SE REGLAMENTA DICHA LEY" Nº:602 AÑO: 1, ,, Ahora bie!l, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de ju ilacionepensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacib al disp,eme: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el 9J f]¡-f'J d!i>)úbílacínesde las funcionarios y de Iempleados públicos, atendíeno que os e t1.rftsmos autarqwcos creados con ese proposito acuerden a los aportantes y Jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de las haberes jubílatoríos en igualdad de El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador en virtud al principio de reserva de ley la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la CN. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
En relación al Art. 3del Decreto del Poder Ejecutivo el cual contempla el cálculo para la determinación de la jubilación obligatoria, cabe señalar el accionante no fundamenta la supuesta inconstitucionalidad de la norma impugnada, por el cual no corresponde el estudio En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Es El , opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promoví a por I Señor VIDALIO GONZÁLEZ. En consecuencia, ordenar el levantamiento de a edida e utelar dispuesta por el Al. Nº 3194 de fecha 1 e por ter inado el acto, firmando SS.EE., todo por ante ¼, de que . gnanns Cesar M. Diese Ministro CSJ. Con lo qu certifico, quedan Gustavo E. Santander Dans Ministro D Víctor Ríos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: ':):) Asunción, 7.,, i de de 2.0¼- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor VIDALIO GONZÁLEZ, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente ORDENAR el vanta iento de la Medida de Suspensión de Ef ctos, dispuesta por . Nº 3194 d fecha 31 de DICIEMBRE de 2019, dictada P, r esta Cesar M. Oiese-l-<lunghanns Ministro CSJ. Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro