ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANASTACIA CABAÑAS CANO C/ ART. 1DE LA LEY N4252/10 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 1 O DE LA LEY e n-to f -sei el mes de ¡.o.io del año dos mil Jvn,cw.qestando en la Sala de curdos de laCort&,Jptema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, 9 f?tR-r.)'CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RÍOS OJEDA y GUST VO " ,AO-ÉR DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANASTACIA CABAÑAS CANO C/ ART. 1DE LA LEY Nº4252/10 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 10 DE LA LEY Nº2345/03", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora Anastacia Cabañas de Cano por derecho propio y bajo patrocinio de abogada.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta, ANASTACIA CABAÑAS DE CANO, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado e impugna de inconstitucionalidad el Art. 1de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público". Debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del artículo 9º de la Ley Nº 2345/2003; concretamente, en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1define a la República del Paraguay, como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de la ley".
Todas estas características tienen importantes derivaciones en los instit s e crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de uncio ami/to.
Como se mencionó supra, los tres-oceeres del Estado j cuti o, Legi latifo y Judi ial) tienen el mismo rango y el--ec:juilib o entre el s se da a tr vé d un sis m: de freno y Gustavo E. Santander Dans Ministro contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinadó a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente y que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.202 CN, la formación y sanción de las leyes (Art. 203 C.N), el juicio político (Art.225 CN), la designación de sus autoridades y empleados (Art.200 CN), la citación e interpelación (Art. 193 CN), el voto de censura (Art. 194 CN); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 CN, tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y de administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).
En consecuencia a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de Ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de Ley Nº2345/03, modificado por la Ley Nº4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se e¡-ige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por Ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de CORTE PREMA TICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANASTACIA CABAÑAS CANO C/ ART. 1DE LA LEY N4252/10 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 10 DE LA LEY vis , más fl'e un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los 1, .años de penr,ianencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado ' por satitti el derecho constitucional de todo paraguay? " ... a ocupar funcioneso emplo, pú.bJ(o1/s' 'Art. 1 O 1 CN) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de segundad social i':e)-fegimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 CN) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo, en consonancia con el Art. 47 lnc. 3 de la" CN, así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica ente el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la CN), de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad, (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.
Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos, en el ámbito público, sin embargo, ésta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 CN), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 CN) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el goce del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la CN). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.
Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el prob a de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestació ustit iva el salario e se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al fun on rio trata de posterg lo posible su jubilación. Mas, la ref a Jnstancia, así orno 1 ipo de tratamiento otorgan a este comp.lej'Ótema as normas de Segurid Soc al que nt ran nue . t. Santanaeí Dans Dr. Víctor Ríos 1e Ministro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.
Corresponde, además, el levantamiento de la medida de suspensión de efectos de la norma 1. La Sra. ANASTACIA CABAÑAS DE CANO por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. Bethania Mendieta con Matr. CSJ Nº 40459, se presenta a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 39º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. /SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.- 2. Alega el accionante que, se halla en situación inminente de la aplicación la Ley 4252/1 O, art. 9, que dispone la jubilación obligatoria una vez cumplido los 65 años de edad.
3. Expresa que el Art. 1 º de la Ley Nº 4252/1 O resulta contraria a los Artículos arts. 6, 46, 47, 57, 86, 88, 95, 102, 103 y 137 de la de la Constitución Nacional, pues vulnera derechos y garantías constitucionales al disponer la jubilación obligatoria, produciéndole un daño patrimonial con el exiguo monto que pretenden abonarle en concepto de jubilación y con el cual no podrá llevar una vida digna. Que goza de buena salud física y mental para seguir 4. De las instrumentales agregadas a autos, surge que la Sra. Anastacia Cabañas de Cano a la fecha de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad contaba con 64 años de edad, y por Resolución Nº 1106 de fecha 19 de marzo de 2004 se constata su calidad de funcionaria pública, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O a la señora ANASTACIA CABAÑAS DE CANO; procederé al estudio de esta acción en los siguientes 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .) ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANASTACIA CABAÑAS CANO C/ ART. 1DE LA LEY Nº4252/10 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 1 O DE LA LEY 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos. tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevasgeneraciones.
Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que ti (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocu r tunenes (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límit se tabl cidos 102). La norma atacada, al limitar 1"1---.r,,,,.ra el acces a lo b neficio intentando alcanzar un pJJ.A.te-d equilibrio e tre los de echos d ambo Gustavo E. Santander Dans Ministro al pleno empleo empleos blicos orla ley (A 'culo jubilatorios. stá g upas: los ue , 01ieda V, tot RWS J MnsttQ acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad. Asimismo corresponde levantar la suspensión de efectos contra el art. 1 de la Ley 4252/1 O dispuesta en autos por A.I. Nº 739 de fecha 27 de mayo de A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: Antes de entrar el estudio de cuestión planteada es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por la señora ANASTACIA CABAÑAS DE CANO, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del La recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los principios consagrados en los Arts. 6, 46, 47, 57, 86, 88, 95, 102, 103 y 137 de la Constitución Nacional.
De las constancias obrantes en autos, surge que la recurrente acredita la calidad de funcionaria de la Administración Pública, prestando servicio específicamente en la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). No obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad de la recurrente, se evidencia que a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, contaría con sesenta y ocho años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, En cuanto a las impugnaciones vertidas en relación al Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9º- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Articulo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Todos los funcionarios que fueron afectados por el Articulo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO" tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun CORTE IClA 'ó' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANASTACIA CABAÑAS CANO C/ ART. 1DE LA LEY N4252/10 QUE MODF. LOS ARTS. 3,9 Y 10 DE LA LEY Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubila torios en igualdad de tratamientodispensado al funcionario público en E I artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida la señora ANASTACIA CABAÑAS DE CANO. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Al. Nº 739 de Con lo que se dio por ter certifico, quedando acordada 1 Ufüal00-ei--Rr.to, firmando SS.EE., todo por an e mí, de ue ia que mediatamente sigue: .;
-- Ante R, 01'eda D Víctor 105 Ministro SENTENCIA NÚMERO: SC:,<ó VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora ANASTACIA CABAÑAS DE CANO, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente ORDENAR el levantamiento Medida de Suspensión de efectos, dispuesta por el ' Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro