ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "ABOG. ALICIA FERNÁNDEZ, AGENTE FISCAL EN LO PENAL DE UNIDAD Nº 3 DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, AREA III, REGIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL S/ ENJUICIAMIENTO". S , La Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Abogada Alicia Beatriz elme, Agente Fiscal Penal, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra 11 de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de
CONSIDERANDO
1 Artículo 21 de la Ley Nº 3759/2009, establece las disposiciones generales a ser serva as en el proceso de Enjuiciamiento y remoción de Magistrados. Dicho artículo dispone: "El rocedi 11.o de juicio de responsabilidad se regirá por las disposiciones de la presente ley y, Uort mente, por las normas del Código Procesal Civil y leyes complementarias, en cuanto le Es importante recordar que, conforme a lo establecido en el Art. 172 del Código Procesal Civil, el lazo para que opere la caducidad de la instancia en este tipo de juicio es de seis meses.' Sie do el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento.
En ese orden de cosas, el Art. 175 de dicho código dice: "La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal ... ", de igual forma el Art. 174 establece: "La caducidarj__ge opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No NORI rp&'tfftfr,Yt;::ise con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por .elJ,CIO Sabido es que la caducidad de la instancia es un modo de terminación de los procesos que opera de pleno derecho y se basa en la inactividad injustificada de la parte a quien corresponde J!npulsar el trámite. Ahora bien, tratándose de un modo anormal de terminación del proceso, se ha establecido que las normas que lo rigen son de interpretación restringida, y que en caso de duda debe esta se por la continuación del proceso y no por su extinción. Por tanto, examinaremos si se dieron ctivamente los requisitos que hacen procedente su declaración, es decir, si hubo inacción procesal imputable a la parte interesada en mantener vigente la instancia recursiva durante el plazo previsto Coceo ¡f el expediente se colige que, esta eman fue presentada en fecha 03 e ne'.o, de 2012, ttaldS&iiargo obrante f. 24 vito. Desde esa fecha, no se mprueba que hubo un tramite idóneo para Cap -sr la instancia, habiéndose cumplido en exceso plazo de seis meses de inactividad establecidos por Ley para que se o ca la caducidad de la 1 tancia. Esto es así, en vista de que no obra en autos escrito a no de rgimiento de prosecución e trámites presentado por la ac ionante, el cual huJ¡ier sido idóne para interrumpir la caducida la instancia (Apt. 1 del ódigo .P. oca Civil) onsecu cia, la stancia caducó, efectivai nte, el 03 de julio de 'O 2. l i bien xis . ron cacion s posterio es para la integración de est Corte (f.. 25/28), s . fha son i ó 1e s pra impulsa la 1'i:stancia Ji 'pueen P:1-iiila c ídad ya opdiadu. Esto 11 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Ministra Página 1 d5 Por último, resulta pertinente advertir que el hecho de que se hallara pendiente el dictado de la resolución que ordena el traslado, no puede impedir que se declare la caducidad de este juicio. Ello, porque dicha decisión es de mero trámite y la misma se relaciona únicamente con la sustanciación del contradictorio ante esta instancia, a tenor de la disposición recientemente mencionada, sin que exima al accionante de la carga de impulsar la instancia.
Esto decimos, para indicar que la circunstancia de autos, en la que se hallaba pendiente de dictado una resolución de mero trámite, no está incursa en el Art. 176 inc. e) del Código Procesal Civil. La operatividad de dicha disposición se circunscribe a las resoluciones que deciden artículo, es decir, a aquellas que tienen por objeto el pronunciamiento sobre una pretensión de las partes. Las providencias de mero trámite, como se advierte del texto del Art. 157 del Código Procesal Civil, solo tienden al desarrollo del proceso y ordenan actos de ejecución, por lo 'que el dictado de las mismas, al ser cuestión de diligencia procesal, no puede impedir la caducidad, atentos a que el Art.
173 del Código Procesal Civil requiere la actividad tendiente a impulsar el procedimiento. El conjunto de las normas citadas indica que la providencia de mero trámite solo tiende al impulso del procedimiento, y la caducidad se cuenta desde la última actuación en tal sentido.
Esta posición ha sido sostenida por mayoritaria doctrina y jurisprudencia: "(..) La "resolución" la que se refiere el inc. 3del Art. 313, "se imbrica en las especies contemplas en los Arts. 161, 163 y 164 del Código Procesal. No comprende, en cambio, la especie 'providencias simples' del Art. 160 del mismo Código. En tal orden de ideas, no podría vincularse la pendencia de resolución a la demora en dictar el llamado de autos que sólo tiende, sin sustanciacion, al 'desarrollo del proceso"'. (Loutayf Ranea, Roberto G. y Ovejero López, Julio C. Caducidad de la instancia. Buenos Aires, Astrea, 1 ª ed., 1999, págs. 330/331 ). "La inactividad del tribunal que impide el transcurso de los plazos de caducidad, no se refiere a la demora en dictar providencias de mero trámite, que deben ser urgidas por los interesados". ED 23-459; ED 46-433. "Solo existe demora imputable al Tribunal cuando la resolución pendiente es la definitiva o una interlocutoria, y no en los casos de las providencias de mero trámite". (Eisner, Isidoro. Caducidad de instancia.
Buenos Aires, Depalma, 1 ª ed., 1995, pág. 185). "Mientras las demoras del proceso no se vinculen al dictado de la resolución del fondo del asunto es obligación de las partes urgir e instar el procedimiento en todas aquellas cuestiones de simple trámite, so pena de caer en la caducidad de la instancia". ED, 46-434; ED 54-359; 54-355; 59-435. Efectivamente, no debe olvidarse que "si bien el art. 313, inc. 3. del Código Procesal determina que no se producirá la caducidad de instancia cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al tribunal, no lo es menos que sobre las partes pesa la carga de impulsar el Así, es evidente que la demora en dictar resolución -prevista en el Art. 176 inc. e)- no puede entenderse extendida a las resoluciones de mero trámite. Al no haberse pronunciaco el órgano jurisdiccional, la accionante debió urgir e impulsar su dictado a los efectos ele mantener en vida la De esta manera, que claro que al haber transcurrido el plazo de seis meses establecido por el Art. 172 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la caducidad oficiosamente, en virtud a lo dispuesto en el Art. 175 del Código Procesal Civil. Con imposición de costas a la accionante. Es mi En lo que concierne a la admisibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, previamente corresponde aclarar la naturaleza de las decisiones dictadas por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Al respecto, la doctrina nacional ha sostenido con gran acierto que "Cuando se trata . de una sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, nos encontramos ante decisiones adoptadas por órganos de carácter politico . En el caso del Jurado dicho carácter deriva del modo en que está integrado el mismo . teniendo a que nuestra Ley Suprema exige que en los procedimientos que culminan con mencionadas resoluciones, se observen los derechos procesales . una mejor solución será equipararlas a aquellas a actos jurisdiccionales" (LEZCANO CLAUDE, Luis; El control constitucional en el Paraguay. La Ley P!firia 2 de G ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL FISCAL EN LO PENAL DE UNIDAD Nº 3 DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, AREA 111, REGIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL SI ENJUICIAMIENTO".
Adici911l mente, el art. 33 de la Ley Nº 3759/2009 -cuya aplicación corresponde por haberse iniciado 1 . . estigación preliminar que precedió al dictado de la sentencia con anterioridad a la i enci 'el:, la Ley Nº 6.814/2021, según se desprende de fs. 6/14 - expresamente prevé la ad de Enjui iamiento de Magistrados, a saber: "Contra la sentencia definitiva del Jurado podrá int rp nerse a emás del recurso de aclaratoria, la acción de inconstitucionalidad, que será Así p s, el régimen legal aplicable a esta acción de inconstitucionalidad debe ser aquel i to p a los casos de inconstitucionalidad de resoluciones jurisdiccionales.
ese orden de ideas, en atención a lo dispuesto por el art. 557 del C.P.C., es obligación de la uprema de Justicia examinar si se encuentran reunidos todos los requisitos previstos en la ley ce al para imprimir el trámite de rigor a la acción de inconstitucionalidad incoada. Por el contra -io.. so de que no se constate el cumplimiento cabal de los requisitos de forma, modo y -iM"''nque la ley establece para la presentación de la acción, la misma debe ser rechazada E ese lineamiento, los requisitos cuya verificación debemos examinar se encuentran Ar . 556 del C.P.C.: "Acción contra resoluciones judiciales. La acción procederá contra esolucio es de los jueces o tribunales cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitucion; o b) se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, . Art. 557 del C.P.C.: "Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su RIN ff/.dfo,t>f&R".:.¡Jemanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución Nº,,.a ,{lasí como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, 1 c11 l'rntía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso Concordantemente, el art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "Rechazo in limine. No se dará tramite a la acción de inconstitucionalidad en testiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional afectada ni justi q la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto istablecidas las bases para la admisibilid ,d de la ción de inconstitucionalictad contra 'b, CJ¡ones jurisdiccionales -entre las que, como señalamos, emos incluir a aquellas dictadas nrcl-urado de Enjuiciamiento de Magistra -, sólo resta analizar resentación del accionante.- apital La Abg. Alicia Beatriz Fernánd Riqu !me promovió una accí 'n de inconstitucionalidad contr a S.D. Nº 43 11 d 1 15..de d' iembre e 2011, dictada por el Jura de Enjuici nto de Ma. istrados en c sa in ividua 'ida com "Abg. ALICIA FERNÁNDEZ, gent Fiscal n lo Pe al de la Unid d 43 cda de Vi a Elis , Área III - Región de Depart nto Centr 1 s/ ane a, la cion nte ha mplido su deber de identific concretame ate proceso en el ue fue d c da, Por la,iemá 1 ién se advierte que la 'Euge io J¡ /1 ' ., ¡)-RA SiELLA MARIS ZRAiE G. - . MIEMBRO -- , Ríos Ojeda TRIBUNAL DE APELACIÓN pr. Victor Mnstro Ministra Página 3 de 6 Asimismo, podemos ver que la accionante ha alegado que la resolución dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados adolece de arbitrariedad, por lo que la misma sería violatoria de la Constitución. También ha manifestado que se encuentran conculcadas las garantías fundamentales previstas en la Constitución, como ser: el derecho a la defensa en juicio (Art. 16) los derechos procesales (Art. 17), el orden de prelación de las normas (Art. 137), y la legalidad de las resoluciones judiciales (Art. 256), así como también el Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, el Art. 8, numeral 1, de la convención Americana sobre Derechos Humanos o La recurrente también explicó los motivos por los que considera que la resolución impugnada es inconstitucional. Dijo que la sentencia es arbitraria por basarse en pretextos y argumentos psicológicos meramente subjetivos, y por interpretar de manera arbitraria las normas, apartándose así de las disposiciones constitucionales que considera conculcadas.
En esta etapa, no se examina el mérito de las argumentaciones esbozadas por la accionante. El análisis se limita al cumplimiento de las formalidades requeridas por la norma para la admisión de la No obstante, se advierte que la accionante no ha acompañado la cédula de notificación por la que se le notifica de la sentencia, a pesar de que manifiesta que lo hace y que tiene fecha del 20 de diciembre del 2011 (fs. 11). Por tal motivo, resulta imposible determinar si es que se cumple con el requisito temporal de promoción de la acción, habida cuenta la inexistencia de un documento auténtico que compruebe la notificación de la resolución impugnada en el plazo señalado por el accionante, lo que impide tener por acreditado dicho requisito, no teniendo otra opción que optar por Debe recordarse que la acción de inconstitucionalidad constituye una acción autónoma e independiente de los procesos o procedimientos de los que derivan las resoluciones o actos impugnados por esta vía. Por consiguiente, el material probatorio que se acompañe con la pretensión de inconstitucionalidad debe ser suficiente para la resolución de la causa, no siendo posible la admisión y posterior decisión de las acciones que no acompañen el material probatorio necesario En estas condiciones, no habiéndose cumplido los requisitos formales previstos en 13 ley, corresponde rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abg. Alicia Beatriz Fernández Riquelme contra la S.D. Nº 43/11 del 15 de diciembre de 2.011 dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa "Abg. ALICIA FERNÁNDEZ, Agente Fiscal en lo Penal de la Unidad Nº 03 de la ciudad de Villa Elisa, Área III - Región de Departamento La Agente Fiscal de Villa Elisa, Abg. Alicia Beatriz Fernández Riquelme, por sus derechos propios y bajo patrocinio de Abogado, plantea acción de inconstitucionalidad en contra de la Sentencia Definitiva Nº 43/11 de fecha 15 de diciembre de 2011, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el marco de la causa: "ABG. ALICIA FERNANDEZ AGENTE FISCAL EN LO PENAL DE LA UNIDAD Nº 3 DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, AREA /JI, La accionante sostiene que dicha resolución vulnera los mis. 16, 134, 137 y 256 de la Constitución Nacional, como también el art. 8 ele la Declaración de Derechos Humanos y el art. 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Manifiesta en lo medular ele su escrito que: "El análisis del proceso seguido en mi perjuicio y de la SD dictada por el Jurado en consecuencia, no constituyen el resultado de la adecuada interpretación de las normas, por el contrario, se ha establecido que la misma adecua su texto a las previsiones de la Doctrina de la Arbitrariedad, y carecen de fundamentación adecuada, padeciendo lo que en la doctrina judicial ha denominado "fundamentación aparente", al no realizar las valoraciones de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, de las cuestiones sustanciales sometidas a consideración del ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL FISCAL EN LO PENAL DE UNIDAD Nº 3 DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, AREA 111, REGIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL S/ ENJUICIAMIENTO".
-:Jiz »ado, quiflle expresan como fundamento de su decisión, interpretaciones abiertamente ',Dctura de los antecedentes del presente caso, se colige que el Jurado de Enjuiciamiento 9¡ ,-1 ,<;le é:¡lgt' s, conside,a corno ":nal 1esempeño" un cai:1bio de criterio del inisterio Público: que --J!....,tah e inmotivado , por coincidir con el planteamiento de la defensa: tecmca, pero al mismo tiempo, afirma que la mencionada "ratificación del Ministerio Público en los términos que lo hizo la defensa del imputado" denota un grado de reprochabilidad disminuida, en cuanto a sus acciones.
En este sentido, es de trascendental importancia para el funcionamiento del sistema penal, que esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia, determine si puede ser considerado como mal desempeño en sus funciones, el hecho de que un Agente Fiscal comparta los argumentos desarrollados por la defensa y, al mismo tiempo pueda ser considerado este mismo supuesto, como El art. 557 del CPC dispone: "Art. 55 7.- Requisitos de la demanda y plazo para deducirla. Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido, fundado en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de nueve días, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción".
Así también, el art. 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, Que, analizado el escrito de presentación se constata que la accionante ha justificado concretamente la lesión constitucional alegada, como también ha citado las normas que considera vulneradas, exponiendo con claridad y precisión su planteamiento, razones por las que corresponde dar trámite a la acción de inconstitucionalidad y librar el oficio correspondiente, de conformidad con En atención a las consideraciones expuestas, corresponde admitir la presente acción de QU, se agravia la accionante contra la resolución dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por la cual se ha resuelto su apercibimiento. Funda la impugnación en los Arts. 16, 17, 137 y 256 de la Constitución Nacional, y sostiene, entre otras cosas lo siguiente: " ... la titularidad del derecho lesionado, se encuentra debidamente acreditado, a partir de mi condición de Agente Fiscal Penal, sometido a una sanción de carácter ministrativo, dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, como consecuencia d un p ocedimiento irregular iniciado y en cuyo marco ha sido dictada la decisión que i one u castig por el mero hecho de haber dado QUE, el Art. 557 del C.P.C. dis one: " i -rá (el ctor) además la norma, derecho, exención, garantía o principio constituc anal q e sosteng, 1 haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su petición. .. . n todos l caso la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso (imará sin más trámite la acción.".
Página 5 de 6 QUE, el artículo 12 de la Ley Nº 609/95 establece: "No se dará trámite a la demanda que no precise la norma constitucional afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto QUE, la ley 3759/2009, prevé en el art. 33: "Contra la sentencia definitiva del Jurado podrá interponerse además del recurso de aclaratoria, la acción de inconstitucionalidad. que será QUE, analizada la pretensión y conforme a la normativa citada, debemos precisar que la accionante se limita a estructurar una serie de afirmaciones que hacen a una valoración subjetiva sobre las consideraciones de hecho y derecho que llevaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a pronunciar la sentencia definitiva impugnada. Sin embargo, se observa en el fallo en cuestión, que éste ha sido dictado acorde a la Ley 3759/2009, normativa vigente, específica y Q UE, en la acción de inconstitucionalidad objeto de análisis, no se observan argumentos convincentes, sólidos y diáfanos que sean suficientes para sustentar la pretensión ele la recurrente.
No puede dejar de señalarse que la accionante no ha logrado - en forma cierta, verosímil y razonada - justificar la lesión concreta producida por la resolución impugnada por esta vía, por lo que se concluye que no se ha ciado cumplimiento a lo establecido por el A1i. 557 del CPC en concordancia con lo previsto por el Art. 12 de la Ley Nº 609/95, arriba transcriptos. En consecuencia, habiéndose dictado la sentencia conforme a la Ley y no configurándose los supuestos necesarios, para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad, corresponde su rechazo in llmine sin más trámite.
A sus turnos los Doctores Alejandrino Cuevas y Stella Maris Zárate manifestaron que se adhieren a la opinión del Ministro Alberto Martínez Simón, por sus mismos fundamentos.
A sus turnos los Doctores Esteban Kriskovich y Guido R. Coceo Samudio manifestaron que se adhieren a la opinión del Doctor Linneo Ynsfr, aldivar, por sus mismos fundamentos.
manifestó que se adhiere a la
POR TANTO, la
CORTE SUPREMA DE .JUSTICIA Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Abg. ALEJAMORINO CUEV ACEíl'.:: fAagistr-ndo Tribunal de Apelacl6n 5t11. Sala l . Página 6 de 6