ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "CLARA DANIELA ZORRILLA DE MASUZZO C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. LOS ARTS 3, "i,a'Ciu e Asunción, Capital de la República dI ParaguaÑ:Ja los v<2;"' días del mes d :-.. """ªo dlel año dos mil "1 Gu, estando en la Sala de onstitucional, Doctores CESAR. DIIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO caratulado: "CCIÓN DE INGONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "CLARA DAl"IELJ11 ZORRILLJDE MASUZ,;o C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. LOS ARTS 3º, )º Y 10 DE L.J!LEY Nº2345/2003", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Abg. PATRICIA ADRIANA PARODI CANTERO en nombre y representación ele la Señora CLARA DANIELA ZORRILLA DE MJ!1SUZZO.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGI-IANNS dijo: En Fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 425/2010, que modifica los artículos 3, 9 y 10 de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". A pesar de ello es ele tener en cuenta que en relación con las disposiciones cuestionadas por la recurrente, no existe actualmente vulneración constitucional que recaiga sobre su persona, debido lél1 viqencia de las Leyes Nº 6302/:2019 y 6522/2020, que rige a los sujetos situadas e11 la misma cateqorla de la accionante, e:; decir profesionales médicos. A pesar de ello los aqravios persisten y son los mismos, por lo que me remito a los fundamentos Se írnpuqna de inconstituclonatidad e! Art. 1 ºdela Ley Nº 425 2/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley ?:M5/2003 " )H Reforma y Sostenibilidad de la caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones ele/ SHc1'or Publico". Debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2002,; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se clesprende de los términos en que Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraquay como: " ... un Estado social de derecho, unitalio, indivisible y descentrnlizado que adopta para su gobierno la democracia repres a, participativa y pluralista, fundada en el reconccimiento de la dignidad human ". n el m srno contexto, el artículo 3 dispone: "El qobiemo ,s Ejercido por los poderes .egisla o, Ejec tivo y Judí a1 en un sistema de sepa1i1c.ión, equilibrio, coordinación y rec j,roco ontrot. N nguno/ de stos poderes puede atribuirse, ni ot - a otro ni a persa a algu a, indivi uel r colee va, facultades extr, , , ,)urrw del der Público. La ictadu está fu re d ley".
Gusta 1 0 E. "l'("n er Dans Todas estas características tienen importantes derivacicnes en los institutos que crea la misma "" Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
A. Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo. y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcio 'ialidad di:d sistema, el imperio de un Estado de De-echo y la vigencia de las libertades fundamentales. Nin!uno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional.
En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias especñcas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente q.ie, por ello, constituyen su zona de'resetve, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan eri ella o pretendan ejercer esas. atribuciones y competencias exclusivas.- ..
Así, dentro de nuestro régimen constituciona, constituyen zonas de reserve: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en ed Art. 202 C.N., la de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.;i, ,a citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto die censura (Art. 1 !34 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la adrninistraciói qeneral del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Pocler Judicial, básicamente la función jurisdiccional, E!B decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el J1 1rt. 103 dla Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional efe seguridad social, la..J.&,y_regulará el réqimen de jubilaciones de los funcionarios y de los . empleados públicos, eienaienoo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los apon'a itee y jubilados la administración de dichos entes bajo control estete: Participarán del mismo régimim todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará i'a actuafización de fos heberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario (Júblico en actiictad'' (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De elle, se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativa, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disp siciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben Her respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta MaJna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta f;ala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, le que ne, significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la mconstítuclonalldad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La ju ilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado conrs SJPRJElvlf "-Q, , ,J' DE Ju STlC[A t:- -atf,3 el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos 1. p4P,JtC'6s' 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad frcil-"s'giar' . . . égimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C. N.)
fdeja nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art 47 a, s t1:3 , a C.N., asl como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los l guayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts, 13, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Segurida l Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabsjo OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serte de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación J acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de 01 ro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, le. norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llei¡ado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa e e los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; e11 el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación dE!I sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con 1al fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. E:n efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.I.) y ed recambi de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con al disfrute del pertinente haber ubilatorio, y la especial protección como persona ele la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser eprochada de inconstitucional.-- Finalmente, clebe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del ha ber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por eil paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan c1 este complejo tema d,las normas de Seguridad Soci q integran nuestro ordenamiento jurídico. y su consonancia o no por las fórmulas co siderad 8 más flexib es o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gr al de de la ac vidad.al retir es algo que corresponde a la valoración política y legi ativa, y o al á ito del juicio de constitucionalidad.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "CLARA DANIELA ZORRILLA DE MASUZZO C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. LOS ARTS 3, Gustavo E. 2n',11 er Dans ,... .
rv;;, ii::..d"O -Cesar M. Die5cl J Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonabtements dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. "' Corresponde, además, el levantamiento de la medida de suspensión de efectos de la norma 1.- Me adhiero al voto del Ministro Dr. Cesar Dié:;I, por el REC I-IAZO de la presente Acción de lnconstitucionalidad planteada por la Jbg. Patricia Adriana F'arodi Cantero en representación de la señora Clara Daniela Zorril a de Masuzzo, según Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos, obrante a fs. 2/4 de ª' rtos, m1 contra del art. 9º de la Ley Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBIUDAD DE LA C4.JA FISCALSISTEMA DE' JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" modi1icado por el art. 1º de la Ley 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, S1 que establece JUBILAC/ON OBLIGATORIA) del ur: 127 de la Uw l>528 ''QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PAlA EL EJERCICIO FISCAL 2019" y del art.
302 efe/ Decreto Nº 1145 Reglamentario de la Ley de Presupueste; y en ese sentido me permito 2. - Manifiesta la accionante que su representada posee la calidad de Funcionaria Publica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, lo cual se veri1ica conforme instrumentales agregadas en autos. Sosteniendo en lo medular de su escrito que las normas impugnadas 3.- Cabe señalar que, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción, los agravios de la accionante van dirigidos a la modificación clel Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR P1JBLICO" 4.- De acuerdo a la copia de la cédula de identidad de la Señora Clara Daniela Zorrilla de Masuzzo, obrante a fs. 5, podemos inferir que la misma a la fecha cuenta con 69 (sesenta y nueve) años de edad, es decir, pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O (Que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03), razón por la cual procederé al estudio de esta acción 5. - Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimot, represememes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la c'ignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nue stra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 15), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
COll1'1E '--_JC.. J' E Ju S'Il e IA t.-En_arns: acil tar lavigencia dederecho a la seguriad s?cial reconocido a nivI nacional ilfma - 1,. I leqislador ha incorporad?. al patrimonio de qellos trabajadores y ::r>1fi,fic1on . públicos, que prestan sus servicios en el sector publico, el "derecho a la ,n,ii,l,ff,l',,iw, en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº "'o.P=n . Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar 8 los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la representada de la accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos to« 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria".
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "CLARA DANIELA ZORRILLA DE MASUZZO C/ ART.1DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. LOS ARTS 3, 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho proqrarnático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del leqislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustifi cadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estaclo, en este caso, a favor del Poder Legislativo.
8.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario pú lico debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomend ada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10.- Además, debernos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones.
Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder 11. - La Constitució 1 obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el e erecho ele tocio paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101), en un réqirnen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, ali limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio en re los derechos de ambos grupos: los ue acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los ue esean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma irnpuqnada garantiza anto derecho a la 12. La medida imp rqna a responde a un interés social, por o que o odríam desmedida, arbitraria o infundad . : a no sulta irracional Dr. Víctor Ríos Ojeda Min isr ro los fines del Estado es hacer efectivo el derecho d13 todo paraquayo íje acceder a cargos en la 13. Finalmente, la accionante impugna de lnconstítuctor-a' el artículo 127 de la Ley Nº 6258/2019 y el Decreto Nº 1145/19 que reqlarnenta la Ley W 6258/2019, sin embargo, omitió desarrollar de forma clara los agravios ocasionaclos por los mismos, por lo que, por falta de fundamentación e individualización concreta do la lesión, debe desestimarse la acción con 14. Por las consideraciones que anteceden, opino que corres onde rechazar la presente Acción de lnconstituciunalidad, y ordenar el levantamiento de la medida suspensión de los efectos dictada por el Al. Nº 982 de fecha 15 de j .mio d13 2D1. ES MI VOTO.
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A su turno, el Doctor SANTANDER DANl::L dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos 'fueron puestos a mi consideración en fecha :29/06/23 y procedo a emitir mi voto en fecha La señora CLARA DANIELA ZORRII..UDE MASUZZO, promueve Acción de Inconstitucional id ad ce. ntra los Arts. 3, 9 y 1 D de la Ley l'Jº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" modificado por la Ley Nº 4(52/1 O "Que modifica los Artículos 3º, 9º y 1 O de la Ley 2.345103 De Reforma y Sostenibilidad ci'e la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico", contra el Art. 127 de la Ley N" 6258 "Que aprueba el presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019" y contra el Art. 302 del Decreto Obra en autos la constancia que la accionante tiene la calidad de Personal Médico del La recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los Arts. 6, 47, 57, 86,88 y 137 de la Constitución Nacional al obligarlo a jubilarse y sostiene que " ... las normas que imponen la jubilación obligatoria, citadas más arriba, por la sola razón de la edad, sin tener en cuenta la productividad, la salud física y mental del funcionario, la expectativa de vida de la En relación a las disposiciones cuestionadas por la recurrente, considero que el caso particular no existe actualmente vulneración constitucional que recaiga sobre su persona, debido a que mediante la vigencia de las Leyes Nº 6302/2019 y 6522/2020, el derecho positivo puso en vigencia una norma distinta que rige a las personas situadas en la misma categoría de la accionante, es decir profesionales médicos. Cabe recordar que la Sala Constitucional requiere en sus pronunciamientos la existencia de n agravio co stitucional actual respecto a las personas que se consideren afectadas, por lo ue el pronunciamiento al respecto del ajuste o no de una norma a la supremacía o jerarquía constitucionales producido en abstracto no P o r las consideraciones hechas precedentemente y visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la acción de lnconstitucionalidad promovida por la señora CLARA DANIELA ZORRILLA DE MASUZZO. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada por el A.INº 982 e fecha 15 de junio de 2021.ES MI VOTO.- ACCIÓN DIE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "CLARA DANIELA ZORRILLA DE MASUZZO C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. LOS ARTS 3, Ante mí: Mi.,iL o CSJ SENTENCIA NÚMIERO: 0 '2 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Asunción, io de l'Ylo.1.....¡o VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR'. la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida la Abg. CLARA OJ1NIELA ZORRI ttA DE MASUZZO, de conformidad a lo establecido en el ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, dispuesta C:ustavo E. 2n,:;1 ler Dan. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro