ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GLADYS MABEL VILLORDORECALDEC/ ART. lºDELALEY , íl 1.,,i r1i"2 aj Ji.Ati o cho. O Y SENTENCIA NÚMERO: (j/ - - e Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 0 a, n-re días del O."jo del año dos mil e,,,;t1 Cuaro , estando en la Sala de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala nal, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO NDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE C/ ART.1º DE LA LEY Nº 4252/10 "QUE MODF. LOS ARTS 3, 9 Y 10 DE LA LEY Nº2345/03", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE por derecho propio, bajo patrocinio de abogado.- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En Fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público". Ello, de acuerdo con las consideraciones que siguen:
En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, índívísíble y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralísta, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por /os poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equílíbrío, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ní otorgar a otro ní a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.
Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de u ema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema el impe io de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. ng o e ellos e tá subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria i terde ndencia a nvel f cional.
En ese orden, existen ciertas atri y competencias specí i as, asign d,rs algun s por la Constitución, en forma excl iva y exclu ente que, por el o, co s ituyen s z me de res rva, Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 lJr. 1-'Yctor Rtos Ojeda Ministro vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se 'inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., la formación y sanción de las leyes, (Art. 203 C.N) el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas eñ el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo deJas relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo;y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.
En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)
y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han " lla'tlo a dad determinada por la ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la e puntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización onal del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre /os Trabajadores de Edad 80), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada.
Ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por A. I Nº 688 de fecha 24 de mayo PROMOVIDA POR "GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE C/ ART. 1 DELA LEY 1.- Se presenta la señora GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE, R0r derecho propio y bajo patrocinio de abogado JAIME JOSE BENITEZ DOMINGUEZ a remover Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley 4252/ O "Q E MOD!Fjf;_ LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10º DE LA LEY N 2.345103 "DE R M Y SOS ENIBILJOAD LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENS/ NE O L SEC OR PUl3L!CO" e lo que respecta a la modificació I Artículo 9 d 2345/ "DE REFORM Y "-;--FISCAL /STEMA D IONE Y PE SIGNES EL Ministro .- Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro SECTOR PUBLICO" en su calidad de jubilada de la administración 'pública, conforme se desprende de las irstrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de !a 2.- Alega la accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14,46,47,86 y 102 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que"( ... ) sostengo que afectan las normas constitucionales de referencia, por el hecho de que se obliga a pasará la INACTIVIDAD LABORAL por la sola razón de tener 65 años de edad, vulnera el derecho de continuar trabajando a una persona capaz, honesta e idónea, que son factores indispensables .
exigidos para el acceso a las funciones públicas de nuestro país.
3.- De las instrumentales agregadas, tenemos que la accionante reviste calidad de funcionaria pública, ya que agrega a autos constancia emitida por el Departamento de Recursos Humanos Nº 209/2019, en donde se constata que es funcionaria de la Universidad Nacional de Asunción, así mismo surge de la Cedula de Identidad glosada a fojas 3 que la misma cuenta con 69 4.- Examinada la documentación citada (que obra en autos) y considerando que la accionante a la fecha de emitir esta opinión cuenta con 69 años de edad y ante la inminencia de la aplicación de le ley 4252/201 O, procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:- 5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del 6.- Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES" los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social ,:;orno un derecho humano, con cobertura universal.
7 .- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la representada de la accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria".
8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE C/ ART. 1 DELA LEY 8.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 10. - Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la 13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad, y ordenar el levantamiento de la medida suspensión de los efectos dispuesta por el Al. Nº 688 del 24 de mayo de 2021. ES MI VOTO.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 27/06/23 y procedo a emitir mi voto en fecha La Sra. GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/10 "Que Modifica Los Art 3º,9º y 1 O de la Ley Nº 2345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad De La aja iscal- Siste a De La accionante sostiene que los artículos impug ado infringen las/ disposici nes -..u-."". ii Junghanns Gustavo E. S:rntander Da ns Jlinis ,!,O CSJ. 5 Dr. Vietor Ríos Ojeda Ministro De las constancias de autos surge que la recurrente acredita su calidad de funcionaria Docente de la Universidad Nacional. No obstante, teniendo a la vista las copias de los documentos de identidades de la recurrente se evidencia que a la fecha en que se emite el presente voto los Sra. GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE cuentan con 69 años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, tornándose E I Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria :-,e calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).
Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella T odos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA de la Ley 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubila torios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad'.
El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuerra con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Sra. GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A. l. Nº 688 de fecha 24 de mayo del 2021. ES MI VOTO.- ORTE REMA TICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR "GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE C/ ART. 1 DELA LEY do el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de ue cI ue inmediatamente sigue: -- Asunción, 1,,0 de de 2 .O il(. - VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por la señora GLADYS MABEL VILLORDO RECALDE, por derecho propio, bajo patrocinio de abogado, de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.
ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, disp sta por A.I. Nº A.I. Nº 688 de fecha 24 de mayo del 2021, dictada por esta Sala.
--- Gustavo E. Santander Ministro Ante mí: