ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR V ALERIO RUIZ DIAZ Y OTROS C/ ART 9DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA EL ART. 9POR EL CUAL REGLAMENTA 02 lJ1 . " ,';)-Ae'OSENTENCIA NUMERO: wv1 1,.r.1:rl"l'r,rf,.:t' ' la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala éional, Doctores CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VALERIO RUIZ DIAZ Y OTROS C/ ART 9º DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA 30/01/2004 Y LA LEY 4252/2010, QUE MODF. EL ART. 9 POR EL CUAL REGLAMENTA ESA LEY" ", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por los señores VALERIO RUIZ DÍAZ JARA, VICTORIA PEREIRA DELVALLE, MARCIAL ARNALDO VERA FERREIRA, ODILON BOGADO SEGOVIA, VICTOR MIGUEL LOPEZ TINTEL, BIENVENIDO LARROZA, BENIGNO ARCE LOPEZ Y FIDEL LEGUIZAMON OVANDO, por sus propios derechos y Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad- de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de los accionantes se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta acción.
Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el articulo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura esta fuera de ley".
Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en atribuciones y deberes, en su finalidad oda de Como se men n .upre, lo tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legi lativo y dicial) tienen el mismo ra go y I equilib io i;).Ai'!"1">-os se da a través de un si ema de tr. nos y contrapesos, ue ntizan la ncionalidad del sistema, 1 imperio e un ustavo E. S ntande Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ, , o 1eda r Víctor tuos D Ministro Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias especificas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 CN), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 CN.), la citación e interpelación (Art.
193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 CN.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica especifica (sentencia definitiva) con imperio En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulara el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier titulo, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución.
Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros fundamentos.-:
Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad socia!' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR V ALERIO RUIZ DIAZ Y OTROS C/ ART 9DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA EL ART. 9POR EL CUAL REGLAMENTA 7 .) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en cñson , . ,a con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en :o ne: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.
Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos, en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas ro.=-,riurid d cial que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o o p r las fór uls consi eradas más flexibles o equitativas, como las que postulan so cion s de paso I radual d sde la actividad al retiro, es algo que ccc spon la valoraci n polí I a y legisla a, y no al mbito del juicio de constitucdad . .:.
Gustavo E. Santander Dans !1inistro 3 1eda Víctor R!OS Dr- Ministro Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta por el A.I. Nº 435 de fecha 12 de abril de 2019. ES MI OPINIÓN Y ASÍ 1. Se presenta ante esta Sala, los señores VALERIO RUIZ DIAZ JARA, VICTORIA PEREIRA DELVALLE, MARCIAL ARNALDO VERA FERREIRA, ODILON BOGADO SEGOVIA, VICTOR MIGUEL LÓPEZ TINTEL, BIENVENIDO LARROZA, BENIGNO ARCE GOMEZ y FIDEL LEGUIZAMON OVANDO, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", y contra el Art. 3 Decreto Nº 1579 de fecha 30 de enero de 2.004, siendo los mismos funcionarios de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la acción.
2. Alegan los accionantes que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 14, 46, 47, 88,102 y 103 todos de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "( ... ) es discriminatoria por no tomar en cuenta el desempeño profesional, implicará un menoscabo a sus ingresos, que gozan de buena salud y capacidad para seguir en el cargo".- 3. Se constata a fojas (2) que por Resolución Nº 623/96 de fecha 21 de junio de 1996, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor FIDEL LEGUIZAMON, a fojas (4) que por Resolución Nº 823/12 de fecha 20 de agosto de 2012, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor VICTOR MIGUEL LOPEZ TINTEL, a fojas (7) que por Resolución Nº 113/98 de fecha 17 DE MARZO DE 1.998, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor ODILON BOGADO SEGOVIA,, a fojas (10) que por Resolución Nº 521/2012 de fecha 25 de junio de 2.012, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor BENIGNO ARCE GOMEZ, a fojas (13) que por Resolución Nº 377/96 de fecha 7 de febrero de 1.996, fue nombrada como funcionaria del T.S.J.E. la señora VICTORIA PEREIRA DELVALLE,, a fojas (14) que por Resolución Nº 62/98 de fecha 12 de febrero de 1.998, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor MARCIAL ARNALDO VERA FERREIRA, a fojas (18) que por Resolución Nº 329/98 de fecha 9 de setiembre de 1.998, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor VALERIO RUIZ DIAZ, a fojas (20) que por Resolución Nº 90/97 de fecha 25 de febrero de 1.997, fue nombrado como funcionario del T.S.J.E. el señor BIENVENIDO LARROZA, por lo que todos revisten la calidad de funcionario de la administración pública.
4. Examinadas las documentaciones adjuntadas al escrito de promoción y verificadas las copias de las cédulas de identidades de los accionantes, glosadas en estos autos, a través de ellas se constata que todos, a la fecha del pronunciamiento por parte de este Magistrado, superan la edad de sesenta y cinco (65) años de edad, es decir, son pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/201 O que establece "LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS POR LA CAJA FISCAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES", razón por la cual procederé al estudio . 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ( ... )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR V ALERIO RUIZ DIAZ Y OTROS C/ ART 9DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO N1579 DICTADO EN FECHA )Jm1tori e:, ntegral de seguridad social (Articulo 95), abarcando "todas" las cuestiones en 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.
ESA LEY". AÑO: 2018.- Nº: 2424.
7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto implica una medida que promueve el derecho al trabajo a posibilitando su legitimo eso al peo p lico, más Ministro s genera iones, a contracc ón de , Ojeda Víctor Rios pr. M,n'lsuo la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Articulo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el derecho al trabajo.
12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a 13. Finalmente, en cuanto al Art. 3 del Decreto Nº 1579/04 de fecha 30 de enero de 2004, cabe resaltar que al derogarse el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 por una nueva (Ley Nº 4252/201 O) esta norma -Decreto Nº 1579/04- ha perdido total virtualidad, por ser reglamentaria de la disposición legal modificada, razón por la cual, para este Magistrado, no 14. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad intentada por VALERIO RUIZ DIAZ JARA, VICTORIA PEREIRA DELVALLE, MARCIAL ARNALDO VERA FERREIRA, ODILON BOGADO SEGOVIA, VICTOR MIGUEL LÓPEZ TINTEL, BIENVENIDO LARROZA, BENIGNO ARCE GOMEZ y FIDEL LEGUIZAMON OVANDO, en consecuencia corresponde el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de efectos decretada en estos autos por A.I. Nº 435 de A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 19/04/23 y procedo a emitir mi voto en A la cuestión planteada, se presentan los Señores Fidel Leguizamón Ovando, Víctor Miguel López Tintel, Odilón Bogado Segovia, Benigno Arce Gómez, Victoria Pereira Delvalle, Marcial Arnaldo Vera Ferreira, Valerio Ruiz Díaz Jara y Bienvenido Larroza, por sus propios derechos bajo patrocinio de Abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 Oº de la Ley 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Los accionantes sostienen que las disposiciones normativas impugnadas mediante acción de inconstitucionalidad infringen disposiciones contenidas en los Arts. 6, 14, 46, 47, Consta en autos copias de documentaciones que acreditan que los recurrentes revisten la calidad de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral. De los argumentos expuestos en el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº 2345/03.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR V ALERIO RUIZ DIAZ Y OTROS C/ ART 9DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3DEL DECRETO DEL PODER "tl . "r,J-An. la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9- El aportante que complete e(.#'nta s) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, :- tena:á " a la jubilaciónornaria. El montode la jubilación ordinaria se alclará ( Jjil :1-Pf ?eflYla Tasa ?e Sustitucion (val?!" del pnmer pago en conpto de jubüecion o la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2. 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento).
Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la EL ART. 9POR EL CUAL REGLAMENTA Todos los funcionarios que fueron afectados por el Articulo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.
- Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE. SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con f3Se propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos La ley garantizará la actualización de . los haberes jubilatorios en igualdad de El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatori . 1 principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser a soluto o relativo y, en este sentidoel Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la ual el fu cionario público debiera jubilarse, orlo cual, la reserva de ley es absoluta. e sentido, e órgano legislador por dis 1ón' nstitucal cuenta on la at u ió de re ular este y otros Gustavo E.SantanderDans Ministro r.
Cesar M. Diesel Jungha ns Mi ,tr CSJ, 7 aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional alguna.
Finalmente, con relación a la impugnación del Art. 3 del Decreto Nº 1579/2004, se advierte que la parte accionante no expone ni desarrolla agravios concretos generados por las disposiciones cuestionadas, se verifica más bien una impugnación genérica -falta de desarrollo de agravios-, esta circunstancia que releva a esta Magistratura de mayores En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los Señores Fidel Leguizamón Ovando, Víctor Miguel López Tintel, Odilón Bogado Segovia, Benigno Arce Gómez, Victoria Pereira Delvalle, Marcial Arnaldo Vera Ferreira, Valerio Ruiz Díaz Jara y Bienvenido Larroza. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 435 de fecha 12 de a b ri I de 1 2 O 1 9. ES MI V OTO.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por a e mí, certifico, quedando acordada la ntencia ediatamente sigue:
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR V ALERIO RUIZ DIAZ Y OTROS C/ ART 9DE LA LEY 2345/2003 Y EL ART. 3DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº1579 DICTADO EN FECHA EL ART. 9POR EL CUAL REGLAMENTA SENTENCIA NÚMERO: SO. Sala Constitucional
RESUELVE:
ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, fecha 12 de abril de 2019, dictada por esta S- .
-. ,,,íJunghanns esar mS.E :einte/JD: , 01eda D Víctor Rws Ministro