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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 507/2024

20 de mayo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUIS ALBERTO SAMANIEGO BOLAÑOS C/ ART. 9 DE LA LEY N° 2345/2003. AÑO: 2019 - N° 2705.-

Antecedente ART. 9 DE LA LEY N° 2345/2003

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A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Sr. Luis Alberto Samaniego Bolaños, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado contra el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De Retotme y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralísta, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. ictedure está fuera de ley". Todas estas características tienen importantes deriv cione en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y de eres, e su finalidad y modo de funcionamiento.

Como s m ncionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tie n mismo ango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sis de frenos y cont pesos que en conjunto garantizan la funcionalidad del siste a, imperio de un E tado e Derecho y la vigencia de las libertades fundam ntales.

Ninguno de ello está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tie en una esaria in rd p encía a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atrib ciones y c rnpetenc a . ecificas. asi . as a nas por la Constitución, en formae elusiva y e) luyenf e, p rello, to'ri, ituyeii su z1 a de reservá,';vedada- 1a . osibi dad de .wO . ?,(Q es . se ung an11=-- 1 t. Sant nder Oans 1),1 9. ,('lft" Mlnlstu1 CSJ. Gusta JO '. . . r Vícto M1n1stro D . Minislro quotos poderes u órganos estatles se inmiscuyan e 1n ella o pretendan ejercer esas As í, dentq dnuestro, régimen. cotitucional, co,nstituyen zonas de reserva: a) del Poder Leqislativo, entre otras: los deberes y atribuciones. mencionados en. el Art.

202 C.N., Art.203 .N. de la formación y anción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados .(Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en elArt. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministrosdel Poder .Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, bsi?mte la función jurisdiccional, ,es .. decir, de, juzr y administrar justicia, con la slqnificación y el alcance de resolver :: (conocer y juzgar) los conflictos, jurídicos suscitados entre dos o más personasnaturales. o jurídicas, mediante el dictado de. ha .

norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.---.

::.--'?,:,;;En ese, orden, por expreso mandato de la .Constitución, la facultad de regular el :!Tégimen jubilatorio es delegada al Conqreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los: empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito . acuerden .a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten. servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes júbiteiorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).

En consecuencia, a tenor de la, norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al. sistema jubilatorio es materia deleg.ada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley., De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.

Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional,del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de n0 intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Suprernacía .de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria; lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición rconstitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance Es por' elló que el benficiario duna jubilación otorqada por ley, no puede, sin incurrir en una Jctitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde . todo.punto.de.vista; ':1ásque u:tLa.grai-, .es un .benfdUOCi.al queeLE.atad-.torg,al funcionario por los anos de pe:rmanec1a, y de serv1c1qs prestados a la Administración Pública, dando ¡el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " a ocupar fufcioneso empleos públi9os" (Art. 10¡1 C.N.) y el .deber de otorgar " dentro del sistema nacional de seJ¡uridad social" .. ; 1 "el régimen de jubilaciones de los funcionarios¡ y empleados públicos" (Arit. 103 C.N.) ¡y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro p 1araguqyo en éonscnancia con rl Art. 47 inc. 3 de la C.N,, así como del Art. 1¡01 de la Carta. Magnp, en: cuant? isRne: " ... Todos los paauayos Ljub!lacipn,:commodde terincj;ión de. la rl 1aci6>n jurídi?a ntre el Estado y el funcionario publico, leJos de ser un dast1g'o o arbitrariedad, es un,1nt1tuto que ACCION DINCONSrlTUCIONALIDAD PROMOVIDA 1 POR LUIS ' ALBERTO ' SAMANi'EGO BOt.AÑOS C/ ART. 9 DE LA LEY h I d desde é'tlceritra s ndamento pn , clpal en a propia 1gm a umana, proc ama a ya 'l.. (b e nuestra Contitución, ascomo e,n la calidad de vidá y .en el derecho al 91 7"'5(,-:r11n bajadores quehah llegado a la edad determinada por la iley para ser tenido

t,:Ji-JJl-l::itn:::nta desde la óptica dla Seguridád Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar Vale apuntar que, er:i¡ relación a, los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en. su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien Ia fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C. N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales .. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita 1¡3 igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor públicoque pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.).

Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de Fin al mente; debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones .de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo puest , concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no p dría co siderarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la , cci n intent da, así como el levantamiento de la medida caut r dispuesta por .I l. Nº 621 d fecha 20 de mayo de 2021. Es mi opinión.

1 Minitro es;.. , JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECtOR uauco-. en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 '.'REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y .PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su calidad de funcionario' .de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que 'obran en autos y del escrito inicial de 2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 14, 45, 46, 47, 49, 57, 86, 88:, 92, 101, 102 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "( ... )Conforme constitucionales citadas resultan patentes la inconstitucionalidad de las disposiciones legales y reqlamehtarias citadas y atacadas por esta vía ... ya que por el hecho que sustentado n el :siniplé elemento erario (cumplir 65 años) conlleva a la obligatoriedad de. pasar a la: pasividad laboral. Además el derecho a la igualdad entre los iguales tampoco resulta resguardado mediante esta ley, al contrario discrimina de modo injusto' donde no debe-hacerlo".

3. Por Resolución Nº 123 de fecha 22 de junio de 2007, se incorpora a la función pública . como funcionario de , I. . Aqencia Financiera -de Desarrotlo.j.Se constata .a fojas seis (6) de autós, la Nota AFD RRHH NO 01/2019, por r,'.,edio de la cual la Encargada de Recursos Humanos, se comunica al accionante, que se dará inicio a los trámites para la jubilación 4. Examinadas las instrumentales. obrantes en autos, y considerando la notificación recibida por parte de la encargada de Recursos Humanos para iniciar los trámites para la aplicación de la Ley Nº4252/201 O "QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE JUILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS POR LA CAJA FISCALDEJUBILACIONES Y PENSIONES", procederé al estudio de. esta acción, manifestando cuanto sigue:

:-.

5. Nuestra Constitución Nacional contempla un. alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los. derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ... ". Para garantizar a la . persona su dig:idad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integrade seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.

6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos. mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especiai el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social 7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.0 modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre IOs que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la CORTE SUPREMA DE JUST,IClA ..... "' A¡CClqN tjE; 1 INCÓNSrlTUCIONALIDAD PROMOVIDA 1 POR LUIS ALBERTO AMAIEGBOLAOS 91 A0 :-.. ión" del legislador. Así,, en I razonamiento .de que el constituyente otorgó al ' ador la atribución de dictar; la normativa impuqnada, stableciendo éste debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beeficios jubilatorios, e o que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Con5¡titución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo Jstaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.'

1 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual e! funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones, más aun, considerando la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva Jun descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstanc!as éstas que escr,n a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública .. ;., 11. La Constitución obliga al Estado a promover pJlíticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo parabuayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforfe y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional. en. el ,; ..

entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder a cargos en la Administración Pública. --- ..

13. Por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad intentada por Luis Alberto Samaniego Bolaños, y, en consecuencia, corresponde el levantamiento de la medida cautelar decretada por 0. eda Ministro Víctor Rios JMi1nt!oS El impugnante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones Consta en autos copia de -la documentación que acredita que el recurrente reviste la calidad de funcionario de la Administración Publica. De. los argumentos expuestos en el escrito se verifica que los mismos hacen exclusiva referencia al límite de edad para el ejercicio de la función pública, el cual se encuentra contemplado en el Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo concerniente a la modificación del Art. 9 de la Ley Nº 2345/03.

El Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente, dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente 'con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá aerecno a la jubüecio« ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustiiucion (vaíor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. LaTasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales porcede eño de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de . edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria-o le extraordinaria.

. s»: Todos Íos funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUB!,CO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior a los 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de . Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LAACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILA CION Y PENSION PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 'DE. LA FUNCION PUBLICA ", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay ". - Ahora bien, corresponde traer a colación la, disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal.

Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cuaíquier título, presten servicios al La ley qerentizeré la .actualización de los hebetes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".

El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta.

En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se En consecuencia, en atención a las consideracionesque anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor LUIS ALBERTO SAMANIEGO BOLAÑOS. En consecuencia, ordenar el levantamientode la medida cautelar dispuesta ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LUIS ALBERTO SAMANIEGO BOLAÑOS C/ ART. 9 DE LA LEY do el acto, firmando SS.EE., todo. por ante entencia que inmediatamente sigue: Dr. Vctol' Ríos Ojeda Ministro /A NÚMERO: 'SOtVISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la.

Sala Constitucional

RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante, Señor LUIS ALBERTO SAMANIEGO BOLAÑOS.

"'

L LEVANTAR, la medida de suspensión de efectos dispuesta a través del .l. Nº ANOTAR, registrar y notifi Gustavo E. Santande'. Qans .... - Ministro ., Dr. Víctor Río.sOeda Ministro