Constitucional,.Doctores C Santacruz. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTIÓN: Por la primera de las resoluciones impugnadas, el Ad{uem resolv¡ó revocar los Autos lnterlocutorios N"113 de fecha 3 de mazo de 2016vN'162 de fecha 15 de mazo de 2016 dos por el Aquo, en el sentido de rechazar concostas el proyecto de liquidación de por Al.2de fecha 06 de junio de 2019, resuelve no hacer lugar al recurso de aclaratoria interpi¡estoCimportex por imProcedente. ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?
Éraci¡ca¿o el sorteo ley, resultó el siguiente orden de votac¡ón: DIÉSEL JUNGHANNS, R¡os oJEDA y UARTíNz slmÓN. A la cuestión ptanteada, el Ministro Doctor CÉSAR D|ÉSEL JUNGHANNS dijo: El Ai-og' Rodolfo Gubetich Mojoli, en nombre y representación de la firma Cimportex Paraguaya ICSA, "onto-" poder espetiai agregado a'fs.4l7 de autos, bajo patrocinio-q9llbog Oscar Gómez óánü"rr., prorrér" a"ción-¿e inconstitucionalidad contra el A.1.N"475 de fecha 08 de ambos dictados poreiTribunal de en lo Civil y Comercial Segunda Sala de la capital, la Cortelsuorema de Justicia. los Excmos. Señores Ministros de la Sala Esan o¡Es* JUÑcHANNs, v¡croR R¡os oJEDA y ALBERTo de la firma accionante alega que los fallos impugnados devienen de los Arts. '16,47, 137 y 256 de la Constitución Nacional. Señala queACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PRO¡IOVIDA POR CIMPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARATULADOS.
"ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA C' CIMPORTEX I.C.S.A. PAGO POR SENTENCIA NUTERO:(0r¡.i¿^la a^" d de Asunción, Capital de la Repúblicadel Paraguay liLua+ro:abs d:d5ei1días del año dos mil n , estando en la Sala de , salvoMART¡NEZ SffiÓN, ante ml, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratutado: ACCIóN DE TNCONSTITUCIONALTDAD: "PROMOVIDA POR CIMPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARAT,I'LADOS. "ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA C' CIMPORTEX I.C.S.A. S' PAGO POR CONSIGNACION", A fiN dC TESOIVET IA Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abog. Rodolfo Gubetich Mojoli, en nombre y representación de la Firma Cimportec Paraguay ICSA, bajo el patrocinio del Abg. Oscar Gómez El represen arbitrarios y vio los magistrados han tfao a colación resoluciones que no hacen a lanatida y que no fueron objeto de aPelan en total quebrantamiento a lonc. d) del cPcSon deberes de /ossin perjuicio de lo e JpronuncBrse especia/es" y ely únicamente rsmo cue Cesar M. DiesJuns del Bíos o)eda M'lni¡tf ode peticI ecede avonA¡bcrte.;.d) MincsJ.han ns Tribunal. El Tr¡bunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuesfas en I rimera ¡nstanc¡a, tampoco sobre aquello que no hubiese sido mateia de recurso, sin perjl icio de lo dlspuesfo en el artículo 1 13. No obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños v perjuicios, u ofras cuestiones accesorias derivadas cte la sentencia de pimera instancia. Considera que el Tribunal no ha realizado una construcción razonada ni ha fundado ni positi,/a ni negativamente su fallo sino simplemente se ha limitado a la enumeración de resoluciones que fueran dictada§ en el marco del juicio principal llegando a la conclusión de que la Entidad Binacional Y aqretá-EBY- ya habia cancelado el capital, siendo que lo discutido en el cas eran los intei&6É-- devengados por el retraso en el curnplimiento del acuerdo a que se había anibado . lfÉ.44t5'll.
Corrido traslarjo de la acción. se presenta el Abog. Alfredo Gonzále; Amarilla en hombre y representación de la Entidad Binacional Yacyretá, conforme poder fs.69/74, bajo patrocinio del Abog. F{icardo D. Cárdenas Aguilar y solicita el rechazo con ()ostas de la acción intentada. Afirma que en el Acuerrjo suscripto y homologad ). no se pactó suma alguna en concepto de intereses, distintos a los ya reconocidos en dicho locumento y forman parte del monto asumido. Por lo rrismo, mani{iesta que Ia demo¡a en e :-etiro de los f,:ndos no es akibuible a la Entidad -EBY, sino a la firma cimportex lcsA, por os impedimentos de orden legal que tenía la misma respecto al inmueble objeto de la litis , la imposibilidad de trasferencia hasta ese momento de los inmuebles expropiados a favor d: la rnt¡daa. Agrega además que la firma Cimportex lC{iA retiró los fondos sin hacer reserya; lguna respecto a los intereses (Ar1. 574 CC). Y por otro lado, en cuanto a la causal de arbitrari,:áad expuesta por el accionante de no decidir cuestiones planteadas y prescindir de pruebar decisivas, entiende que la liquidaciÓn pretendida por el accionante fue estudiada y la misma I a sido rechazada en atención a lo resuelto por el A.1.N1175 del 08 de setiembre de 2016, resclución basada en los elementos aportados por las partes; y obrantes en autos, por lo que no cale hablar de omisión de pronunciamiento ni mucho meros de la supuesta introducción de ele ¡entos extraños a lo desanollado en autos, pues en los fallos cuestionados el Tribunal analizó las pruebas conducentes y decisivas para la resolución de la controversia. (fs.75lg7) - Por su parte, el FiscalAdjunto, encargado de la atención de expedie ttes y vistas dirigidas a la Fiscalía General del Estado, Abog. Federico Espinoza, se expide en los términos del Dictamen Fiscal N '1428 de fecha 14 de julio de 2021 , señalando que cc .r esponde el re,chazo de la acción de inconstitucionaliclad plantead,a. señaló "...Es impoftaate señalar, que las cuesfiones planteadas por el accionante ya han sido amptiamente ,lebatidas en ambas instancias, advitliéndose así que, los juzgadores han emitido sus //os conforme a las normativas legales que los mlsmc¡s consideraron prudente aplicadas, habiendo sido el caso sometido a su consideración exhaustivamente estudiado tanto por e!
.¡uzgado de primera instancia como por el tibunal de ;zpelación interviniente, según se des¡.ienáe det análisis de ambas resoluciones, precedentenente aludidas; por to qué aún en supuesfo que no se compañiera el criterio sustentada por los mrsmos en la consideración de Ia causa. ello no podría dar lugar a la declaración ole inconstitucionalidad de tos fallos im¡ugnados, puesto que la vía excepcional de Ia acción de inconstitucionalidad no es el medio p'ari imponer un criterio de interpretación distinto al sostenido por los juzgadores de /as instanci¿ s ordinarias, siempre que ésfos actúen dentro del margen de discrecionalidad que la ley tes oiorga, tal como ocurre en el presente caso" (fs.89/92).
parte accionante pretendt: la nulidad de las resoluciones dictad¿s por los magistrados inferiores pues alega que se traLta de decisiones arbitrarias que ,:or trárían los p-rincipios constitucionales de la defensa en juicio, de las garantías de la igualdar y de la forma de los juicios. Veamos el caso concreto.
La Entidad Binacional Yacyretá-EBy- a través de su represenl rnte legal, promueve dem.anda de pago por consignación contra la firma Cimportex Comer:ial e lñduskial ICSA, por la suma de Dólares Americanos Un Millón Quinientos Sesenta y C uatro Mil Seiscientos L ORIE ACCIÓN DE INCONSTTTUCIoNALIDAD: "PROMOUDA POR CIIIPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARATULADOS.
"ENT¡DAD BINACIONAL YACYRETA CI CIiIPORTEX I.C.S.A. S' PAGO POR ---PREMA USTICIA (U$S.1.564.674) por la expropiación de tres (3) inmuebles, además de las traslado e instalación. (fB.f 691173). 7 del23 de diciembre de 2009, el Juzgado de Primera lnstancia en lo Civil del Cuarto Turno, resuelve: "HACER LUGAR la'demanda de pago por promovida por la Entidad Binacional Yacyrcta contra Cimpoftex ICSA, en laconmedida qqe la suma consignada de Guaraníes Siete Mil Ciento Noventa y Siete Millones Quinientos Mil Cuafiocientos (G.7.197.il0.400) rcprcsenta parcialmente, el monto adeudado por la exprypiación de los inmueblesy sus meioras identiñcados como Fincas N' 23.435, 8678, 23.434 todas del Distrito de Encamación, y los gasfos de tnslado e instalación conespondienites a la Finca N"23434. IMPONER las cosfas de la demanda de pago por consignación en elorden causado. CONDENAR a la acton al pago de los intereses generados como consecuencia de la rnora en la que incunió, según lo expuesto y con el alcance expuesto en el considerando de esta ¡esolución, y cuyo monto será establecido en la etapa procesal oportuna- HACER LUGA& con cosfas, la demanda rcconvencional promovida por Cimpoñex ICSA contra la Entidad Binacional Yacyreta, en el sentido de dejar establecido que el precio de la expropiación de los inmuebles con sus mejons individualizados precedentemente, asciende a la suma de Gua¡aníes Once Mil Ciento Cuarenfa y Sets Millones Ciento Tres Mil Quinientos Cuarenta y Nueve (G.11.146.103.549). Por consiguiente, se le condena a la Cuarcnta y Ocho M/lones Ser.scientos Tres Mil Ciento Cuarcnta y Nueve (G.3.948.603.149) en concepto de dife¡encia del valor mencionado de los inmuebles exprcpiados, en el plazo de cinco días'de quedar frnne y según lo expuesto en los considenndos de esta sentencia.
lNflNAR a la entidad acton para que deposite la suma de Guaranies Novecientos Ochenta y Cinco Millones Cincuenta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Uno (G.985.051.551) que conesponde como declaración de inconstitucionalidad y consiguiente inaplicabilidad del añículo 4 de la Ley N"16Un1 modiñcada por Ley N'1il4n1 dispuesta por la Excma. Cofte Suprema de Justicia confotme Acuerdo y Sentencia N"1326 del 23 de diciembre de 2008, individualizados en los considerandos precedentes de esta sentencia, en el mismo plazo señalado en el pánafo precedente. CONDENAR a la accionada Cimportex ICSA, a otoqar la escritura p(tblica de tnsferencia de los citados inmuebles individualizados precedentemente, en el plazo de ocho días de quedar frrme esta rcsolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere lo hará el Juzgado en su representación. ORDENAR el levantamiento de las medidas cautelares de prchibición de innovar y anotación de litis odenados por prcvidencia del 20 de febrcrc dp 2008, una vez firme esta resolución. ANOTAR, rcgistrar y remitir copia a la Excma.
Coñe Suprcma de Justicia'lte.73gn 4li1. Prmente, por A.l.N'1776 del l6 de diciembre de 2011, el Juzgado de Primera lnstanciaCivif y Comercial del Cuarto Tumo de la capital resuelve: "HOMOLOGAR el acuerdo alArribAr1ri IA ENTIDAD BINACIONAL YACYRETAy la firma CIMPORTEX PARAGUAYA S.a los té¡minos trasciptosen el considerando de esta resolución DISPONER el archiento de esfos aufos. ANOÍAR, registrar ya a la Excma Cofte Suprema de J"(fs.807r809). nte elincurtplimientodicho acuerdo la firma Cim de aco, la qub fuera resr S.D.N"638 del 12 dede Primelnstancia en lo Civil y Cuarto TurnNO Cesar lll. Diesel . Vlcto¡ Ríos OieilaIueha in 201rtex caplJuzg pto dice:eJe ADcrto Ministrcsl.anns SecrctarMinrstf o HACER LUGAR a la Excepción de lnhabilidad de Título opuesta por lt Entidad Binacional Yacyreta contra la Ejecución seguida por la firma CIMPORTEX l(:5,4, Oo, cobro de Gs.8.662.888.726 y en consecuenc:ia LLEVAR ADELANTE, con cosúas /a citada ejecución, hasta que la parte deudora haga integro pago del capital reclamado, tntereses y cr)stas.
ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Cofte Suprema de Justicia"lfs.g71l972l. .
Luego por S.D.N'674 del 25 de setiembre de 2013, el Juzgado de )rimera lnstancia dnr . lo Civil y Comercial, Cuarto Turno, capital resuelve "NO HACER LUGAR el recurso de ':) aclaratoria interpuesto por el abogado Silvino Benítez, en represent¿ción de la Entidad., , Binacional Yacyreta, contra la S.D.N"638 de fecha 12 de setiembre de 2013, según lo expubstg en los considerandos precedentes. ANOTAR, reg¡strar y remitir copia a la F-xcelentisima Co¡ie Estas sentencias fueron objeto de apelación por la parte ejecutade , Entidad Binacional Yacyretá -EBY- y el Tribunal de Al;:ada por Acuerdo y Sentencia N'27 de fecha 19 de mayo de 20'15, ha resuelto "TENER POR DESTSITDO el recurso de nulid¿cl. CONFIRMAR, la S.D.N'638 del 12 de set¡embre de 2013 que rechazó la excepción de nhabilidad de titulo ordenando llevar adelante la ejecución. REVOCAR la sentencia en aclaratoria y en su, lugar dejar establecido que la EBY ha abonado integramente el capital obleto de la ejecución.
IMPONER cosfas en ambas instancias en el orden causado. A^IOTAR, registrar...". Seguidamente, el representarrte convencional de la firma Cimporter ICSA se presenta a los efectos de proponer la liquidaci,5n de gastos e intereses moratorios según surge del escrito de los autos prinr:ipales, y con relación a dichas preten;iones el A-quo dictó el A.l.N'113 del 3 de marzo de i2015, mediante el cual resolvió modif c.ar la liquidac de intereses y gastos presentada por la parte denrandada, dejándola es:ab ectda en la suma de Gs. 1.430.430.034. Así. resuelv€): "0 MODIFICAR la liquidación de intereses y !/asfos presentada por la pañe demandacta, al 21 de ciiciembre de 2012, dejánc ctla establecid¿t en la SUMA dE GUARANÍES MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONE: CUATROCIENTOS TREINTA MIL TREINTA Y CUATRO (cs. 1.430.430.034), conforme a tos fundantentos expues¿os en los cons¡derandos precedentes. ll) ANOTAR, registrar y ren,tir copia a Ia E'xcnta.
Cofte Suprema de Justicia (Ís.106211064). Posteriormente, recurso de aclaratoria mediante interpuesto, el Juzgado de Primera lnstancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, capital resuelve por A.1.N"162 del 15 de marzo de 2016: "ñ/O HACER LUGAR el recurso de aclaratoria interpues o contra el A.1.N"113 del 03 de marzo de 201 6, en lo que a /as cosfas se refiere, por los funda rrenfos expuesfos en los considerandos precedentes. ANOTAR, registrar y remitir copia a la E: cma. Coñe Suprema Recurrido el A.1.N"113 del 3 de marzo de 2016, por los represer tantes de la E:ntidad Binacional Yacyreta así como de a empresa Cimportex ICSA, el Tribur de Apelaciórr en lo Civil y Comercial, Segunda Sala d,-. la capital, dicta el A.l.N'475 de fech; 08 de setiembre de 2016 que resolvió: "DECLARAR desiefto el recurso de nulidad interpues.: por el Abog ,Alfredo González. TENER por desistido del recurso de nulidad al Abog. Rodolfo )ubetich REVOCAR, el 4.1.N"113 de fecha 3 de marzo de 2016, y rechazar el proyecto de lt luidación presentado en autos por los abogados de CII/IPORTEX. REVOCAR, el A.l.N"162 t e fecha 15 de marzo de 2016 y en consecuencia. impcnerias cosfas a la firma CIMPOR-ID' por no prosp.zrar su pedido de liqu¡dación. IMPONER las cosfas de esta instancia, a la fim¡a )IMPORTEX en base al 4ft. 203 del CPC, por haber prosperado el rc|curso de la EBY. ANOT qR, registrar y remitir copia a la Excma. Corfe Suprema de Justicia" (fs.1106111071 l6ACC6N DE INCONSTITUCTONALIDAD: "PROMOVIDA POR C¡TPORTEX PARAGUAYA "ENTIDADEN LOS AUTOS CARATULADOS.
CIiiPORTEXBINACIONAL YACYRETA CI I.C.S.A. S' PAGO POR os de alzada sostuv¡eron que los representantes de la firma Cimportex ntado una liquidación de intereses, por el tiempo transcunido, entre lac tcan logI acuerdo y el cobro efectivo de la suma acordada, lo cual ocurrió en fecha 21 2012, es decir reclamaron intereses por el plazo de 11 meses, siendo que la sudepositada en eI mes de mayo de 2012. En cuanto a los términos del acuerdo al que habían arribado las partes y que fuera homologado por A.1.N"1776, la suma habia quedado establecida, incluyendo capital, gastos e intereses, o cualquier otro rubro derivado del juicio, expresados en el referido acuerdo. Por lo mismo, fundamentan en que en el A.l.N'27 del 19 de mayo de 2015, dictado por el mismo Tribunal, la EBY ya había cancelado el capital de la ejecución, que no era otro que la suma acordada y que esta incluía, de acuerdo a la cláusula segunda det acuerdo entre las partes, todos los rubros que pudieran ser originados en el presente juicio lnterpuesto recurso de aclaratoria contra el A.l.N'475 de fecha 08 de setiembre de 2016 por la firma Cimportex ICSA, el Tribunal de Apelación, Civil y Comercial, Segunda Sala capital, resuelve por medio del A.1.N"2,[2 de fecha 06 de iunio de 2019: "NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoia interpuesto, por imprccedente. ANOTAR, registnr y remitir copia a la Excma. Coñe Suprema de Justicia" (f.1f31) Fundamentan en que no se dan los requisitos formales para la procedencia del recurso Así, la cuestión puesta a consideración de los juzgadores, gira en tomo al cobro de intereses reclamados por Cimportex ICSA contra la Entidad Binacional Yacyretá -EBY-. Por un lado, C¡mportex ICSA alude que además del capital (ya cobrado) le corresponde el pago de los intereses que fueron establecidos a pedido del mismo en el A.l.N'113 del 3 de mazo de 2016 dictado por el Aauo, el que fuera posteriormente revocado y rechazado por el Tribunal de Alzada de acuerdo a las resoluciones impugnadas de inconstitucionalidad, asf el A.l.N'475 de fecha 08 de seüembre de 2016y su aclaratoria A.l.N'242 de fecha 06 de junio de 2019.- En óontraposición, la Entidad Binacional Yacyretá -EBY- considera que las resoluciones impugnadas se encuentran fundamentadas conforme a la ley y que el reclamo de intereses por parte de Cimportex no conesponde por 3 motivos: I ) los intereses se encuentran subsumidos en el acuerdo suscripto y homologado; 2) la demora en el retiro de los fondos no es atribuible a la EBY; y, 3) Cimportex retiró los fondos sin hacer reserva alguna respecto a los inte(Art. 574 CC) Puesn, hablendo analizado los aspectos señalados por las partes, entiendo que el emolumentoamado por la flrma Cimportex ICSA no fue reservado como lo manda el Art 574 del CodigoI que dice: "El recibo del capital por el acreedor, s¡'h reserva alguna sobre los intereses, extin totalidad el capitalla obligación del deudor respedo de ellos". Habiéndose abonado en su intereses, el cual fuera acordado por ambas partes y sin la existencia de reserva de derechbre intereses ulteriores, ya no se puede de manera alguna discutir o peticionar intereses uporque la deuda ya se exting or loma mas. 574 mencionado, el Artindica Frno' uénta"Etporc cionalidadde capital eygasfog se intereses y, por últimocAl respecto, ,enelnido Cesar M' Dighanns Yíclot Ríos Oieda Julio C. Pnstitucrsmo Nnal ha s 7 de fechol a los92 oySeta Sal Suór illinio SecletaMart¡Mtni§tro5 setiembre de 2017, dictado en el expediente caratulad( 'ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: IVANLTEL GIMENEZ CABALLERO C/ EL ArtT 592 DE Lh LEY N"1183/85 DEL CÓD|GO CtVtL PARAGUAYO C/ ELART.44 DE LA LE y N"187112013. El fundamento en lo medular se basaba en que "...1a ,nputación del pago contemplada en et Aft. 592 del C:ódigo Civil, en primer término a /os (las¿os, luego a los rnfereses, y por último al capital, tiene como suslenfo el principio de intt g1ridad del pago. En efecto, y también como derivación clel mismo princ¡p¡o, en cuya virtud "el p tqo debe ser integro.
completo, abarcar todo lo debido; es que el A¡f. 560 del mismo cuel'pc eeal, recién estima como completo el pago después de saüsfecños el cap¡tal y los interese:. Ello se debe a que "Los infereses constituyen un accesorio del capital, y por consiguiente, integran con este un todo único. De ahi que no puede el deudor abonar los inferer;e-s sin satisfacer el capital, ni pretender el pago de sóIo el cap,ital con la finalidad de ':letener el curso de nuevos irúereses. El principio de integridad se aplica a otros accesorios de la deuda Obligaciones, Tomo l, 2da. Ed, p,eg. 379) Llegando a la conclusión de, que "...e/ orclen de imputaciÓn del pago consagrado por nuestra legislación civil, ni aún en I r práctica, puede dar lugar a ningún tipo de abuso ni extralimitación en la percepción de rnfu.re ;es. La normativa en si misma simplemente tiende a hacer efectivo el principio de integridad le pago. teniendo en cuenta el carácter accesorio de los ¡ntereses y en seguridad del crédito" Así, del análisis de las cons,:ancias procesales y de las resolucio res impugnadas, me permito sostener que la decisión adoptada por los magistrados de alzad,r está fundada en la ley. La misma no puede ser descalificada por la mera disconformidad ;on el criterio de los magistrados intervinientes. si ar;í lo hiciéramos estaríamos equrpa ando la acciin de inconstitucionalidad a un recurso o-dinario de tercera instancia, lo cual res,-lta rnadmisible dada la naturaleza excepcional con que la misma ha sido concebida_
Los fundamentos esgrimidos por el accionante no denotan los agravios que prelenden hacer valer como sustento de sus pretensiones, puesto que un jesacuerdo cr¡n las resoluciones dictadas por los triburrales no es motivo suficiente para irnp r¡narlas por la vía de la acción de inconstituciona lidad. ''El aciefto o desacie¡fo de los arguner'os expuesfos oor /os iuzgadores, no puede ser revisado por esta Co¡te en tanto no exist,, tr interpretacictnes o apreciaciones caprichosas, totalm'=nte divorciadas de las constancla-s dt /a causa o de Io que las leyes establezcan al respecto" (Ac. y Sent. N'19/99, en el m¡sm( sentido Ac.
Sent. Por lo que, conforme a los argumentos expuestos y en coincidel,l¡a con el Di<:tamen Fiscal N"1428 de fecha 14 de julio de 2021 , considero que corresponrje :, rechazo ccn costas de la presente acción de inconstitucionalidad. Es mi voto A su turno, el Ministro Doctor VíCTOR RíOS OJEDA dijo 1 .Adhiero a la opinión del Dr. Diésel y me permito agregar unas brc ves consideraciones 2. La parle acc¡onante sostiene que la resolución del Tribunal no se halla fundada porque se limitó a citar resoluciones que se dictaron en el marco del juicio princical, para concluir que la EBY ya abonó el capltal, cuando que, lo peticionado fue el establecim ento de la liquidación de intereses.
3. Esta afirmación se aleja de la verdad, en tanto el Tribunal entenJió que en realidad la EBY ya no debía nada bajo concepto alguno, a partir del acuerdo de partes que fuera incluso. homologado en sede jurisdiccional, a través del A l. N" 't776 del 16 d= diciembre de 2011, 6obrante en el tomo lV, a fs. 792 del principal RTEACCÉN DE INCONSTTTUCTONALIDAD: .PROTOVIDA POR C¡TPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EI{ LOS AUTOS CARATULADOS. "ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA CI CIMFORTEX I.C.S.A. S' PAGO POR --REMA el cr¡estionamiento ac{ual es inconducente puesto que en dicha asentado que los pagos realizados por la EBY a la hoy accionante: "se idos en la suma acordada en este documento el cual consütuye en ca y definiüva por todo concepto" (el resaltado es propio).
5. Esta solución es conecta puesto que también en el Acuerdo y Sentencia N" 27 de fecha 19 de mayo de 2015, obrante en el tomo Vl, a fs. -1039 de los autos principales, se que: "...1a ejecutante, CIMPORTEX ICSA, y sus abogados, ya han percibido, inclusive antes de la sentencia de primera instancia, todos loe montos establecidos en el acuerdo que se pretende eiecutar, por lo que no corrEsponde ordénar o disponer un nuevo pago a favor de los mismos por sumas ya percibidas, ni tampoco sus accesorios, a tenor de los términos del acuerdo homologado..." (el resaltado es propio) 6. Fjnalmente, suma claridad el voto del preopinante, al que adhiero, cuando se señala que, a partir de la aplicación de los adiculo 574 y 592 del Codigo Civil Paraguayo, "el recibo del capital por el acreedor, s¡n reserva alguna de loe intereses, extingue la obligación respecto de ellos'y "el pago por cuentia de capital e ¡ntereses y gastos, se imputará, en primer término a los gastos, luego a los intereses y, por último al capital", del que, necesariamente debe concluirce que el nuevo reclamo de intereses por parte de la accionante, al no haberse asentado la reserva conforme a la ley, ya no procedía 7. Por lo demás, algún otro vicio de índole constitucional no es advertido, debiendo en consecuencia rechazarse la acción, con costas a la perdidosa, de acuerdo a lo establecido en el aficulo 192 del Procesal Civil. Asl voto.
A su tumo, el Ministro Doctor ALBERTO IúART¡NEZ Sl¡lÓN dijo: El Abg. Rodolfo Gubetich Mojoli, en representacón de CIMPORTEX |.C.S.A., promovió acción de inconstitucionalidad en los términos del escrito de Ís. 44151. Se desprende de este que la acción se dirige contra dos resoluciones judiciales: l) el A.l. N" 475 del 8 de sepüembre de 20'16: y 2) su aclaratoria, el A.l. N' 242 del 6 de junio de 20'19. Ambas ri¡soluciones fueron dictadas por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, en el marco del expediente caratulado: "ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA C/ CIMPORTEX ,.c.s. S/ PAGO POR CONSTGNACTÓN", que tengo a la vista por hallarse agregado por cueexpediente que se tram¡ta ante la Sala Constitucional Antesentramos a los argumentos del accionante, pasemos revista a lo resuelto por cada una de lasuciones impugnadas. Así, por el A.l. N' 475 del I de septiembre de 2016, se resolvió: "DER desieño el ¡ecurso de nulidad interpuesto por el Abg. Atttedo González. TENERpordel ¡ecursode nulidad al Abog. Rodolfo Gubetich. REVOCAR, el A.l. N" 113 de fecha 3mazo de 2016, y r*hazar el proyecto de endeaufos 16,CIMPORTEX. REVOCAR, elA.l. N" 1 Ias cosfas a la fitmaSU de liguidación. IMPONERcosfas de esfa aldelCPCrccu¡sode il1. Diunghanns Dr. Víctor Rlos Oiedo711Ét1TEX, en15 AD.r0o Cesar Julio C. P SecreMartíMini¡tfo Asimismo, por el A.l. N' 242 del 6 de junio de 2019, se resolvió: 'N(t HACER LUGAR al recurso de aclaratoia interpuesto, por improcedente" (f. 1131) Al respecto, dijo el accionanle que las resoluciones impugnadas t'an sido dictadas de manera arbitraria y en violación de los articulos 16,47, 137 y 256 de Constitu6iÉl¡!e ta República. Mencionó que las resoluciones impugnadas están fundadar; arbitrariamenter§r5 otras resoluciones que no guardabi:n relación con la cuestión planteada y 1ue no fueibn o[ieto de recursos. Señaló que, por la forma de concesión de recursos, le estaba vedaddal Tribuhaf referirse a esas otras resoluciones, extralirnitándose así de su m arco de anatr§t' y quebrantando el art. 15. inc. d), del C.P.C.
Argumentó que, de esta manera, el Tribunal violó la disposición cor tenida en el art. 420 del C.P.C., puesto que consideró cuestiones no propuestas y no discu:idas por las partes.
Sostuvo que el Tribunal no ana lizó la resolución recurrida y que, rdemás, carece de motivación, por lo que es violatoria y atentator¡a de los arts. 47 y 256 de la Constitución de la República A su turno, el Abg. Alfredo González Amarilla, representante conve rcional de la Entidad Binacional Yacyreta (en adelante "EBY"), se pnesentó a contestar el tra;iado de rigor en los términos del escrito de fs. 75188 Solicitó el rechazo de la acción de ,nconstitucionalidad planteada ya que, a su criterio, el accionante está intentando abrir una tercera instancia, lo cual es inadmisible, apoyando su argumento en citas doctrinarias y jurispr rdenciales. También señaló que las resoluciones impur¡nadas se hallan debidamente fundanrentadas y expresan claramente la normativa aplicada al caso. Asimismo, indicó que no es r ierto que el Tribunal haya tratado asuntos no puestos a su consideración y que, por el contrari(r. se pronunció sobre los recursos interpuestos y, en particular, sobre la liquidación de intereser; discutida en autos.- A su vez, el fiscal adjunto FerJerico Espinoza, encargado de vistas r traslados corridos a la Fiscalía General del Estado, prersentó el Dictamen Fiscal N' 1428del 14 de julio de2021 a fs. 89/92, en el cual se recomienda el rechazo de la acción de inconstitur;ionalidad planteada, teniendo en cuenta que no se i¡dvierte la violación de principios, d:rechos o garantías con stitu cio n a les Se trata, pues, de resolr,,er una acción de inconstitucionall j ad promovida por CIMPORTEX I.C.S.A. contra el A.l. N" 475 del 8 de septiembre de 2016 y su aclaratoria, el A.l. N" 242 del 6 de junio de 2019, dictadas por el Tribunal de Apelación e n lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, en el marco del expediente caratulado: 'ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA C/ CIMPORTEX /. C- IJ.A, S/ PAGO POR CONS/G NACIÓN Ahora bien, antes de entrar al análisis concreto de la acción de ir constitucionalidad, y con la finalidad de comprender cabalmente el escenario ante el cu,¡l nos encontramos, considero importante referirme al marco general del juicio y sus antececentes Así pues, de las constan«:ias del expediente caratulado 'EN -|DAD BINACIONAL YACYRETA C/ CIMPORTEX tCS,q S/ PAGO POR CONS/GNAC/ÓN", tr¿ rrnitado Íntegramente ante el Juzgado de Primera lnstancia en lo Civil y Comercial de la Cap tal, Cuarto Turno, se desprende que el juicio culminó cr¡n la S.D. N' 897 del 23 de diciembre ile 2009 (fs. 739/748), la cual quedó firme "PROMOV¡DA POR CITFORIEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARATULADOS.
"EIIITIDAD B|}¡ACIONAL' YACYRETA Cl CIUPORTEX I.C.S.A. S' PAGO FOR TICI,A del Acta de acuetú enfie la Entidad Binacional Yacyeta y Cimpoñex presentado ais.778t787, el Juzgado dictó el A.l. N' 1776 del 16 de 1'l (is.79A79A) por el que homologó el acuerdo anibado entre las partes y ivo del expediente. Cabe destacar que, en virt¡.d de ese acuerdo, quedó ltjado el monto de la det¡da de la EBY en la suma total de G. 8.662.888.726, err concepto de capital e intereses. Además, las partes tambén acordaron respecto de los gastos deljuício y honorarios profusionales. Según los términos del acuerdo, el pago sería exigible .una vez homologado judicialmente el oonvenlo.
.lncumplirJo este, CIMFORTEX |.C.S.A. promovió el procedimiento de ejecución de sentencia en los términos del escrito de fs. 813/816, reclamando h suma de G. 8.662.888.726. Reconido todo el íter procesal pert¡nente, se dic{ó la S.D. N' 638 del 12 de septiembre de 2013 (fs. 9711972) po¡ b que se resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de titulo opuesta por la EBY y, en consecuencia, lbvar adelante la ejecución promovida por CIMPORTEX |.C.S.A. por la suma de G. 8.662.888.726. Esta resolución fue confirmada por el Acuerdo y Sentencia N" 27 del 19 de mayo de 2015 (fs. 1039/1042) en el cual, además, se dejó establecido que la EBY abonó íntegramente el monto redamado. De hecho, puede verse a f.
959 vlto. h constancia de reüro de la orden de pago librada por el Juzgado a favor de CIMPORTEX I.C.S.A. por la suma btal de G. 8.662.888.726. Ya devuelto el expediente al Juzgado de Primera lnstancia, CIMPORTEX |.C.S.A. presentó un proyecto de liquidacitin de intereses moratorios y gastos (sin incluir el capital ya abonado por la EBY), solicitando que, en concepto de intereses moratorios computados a partir del 'l de febrero de 2012hastael?l de diciembre de2012, se establezca h suma de G. 2.8fi.753.279, más el monto conespondiente a gastos judiciales de G. 43.314.,143, Corrido el traslado de rigor, el Juzgado dictó el A.l. N' 113 del 3 de marzo dg 2016 (fs.
) y resolvió modficar el proyecto de liquidación de intereses y gastos presentado por CRTEX |.C.S.A., quedando fiiada la deuda de la EBY en la suma de G. 1.430.430.0Es estia la resolución que fue recurrida por las partes y que provocó la apertura de la instanciaen cuyo mar@ se dictaron las resoluciones ahora impugnadas de inconstitucionalid La EBY solicitóI Tribunal la revocación de lo resuelto en primera instancia con fundamento en el hechoque la deuda estaría enteramente canceladaUyesolo elpital, sino también¡ntereses moratorios y los gastos judiciales plado§ ehun monto eno de pago homoo.Ms taIMPORTEX I.del punto Cesar ltll' ilDieleiJunghanns inlstro c5'' AIdicia,t asativo Ab.rto SecraDr.Vf"'{r#:;üeilo Así las cosas, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, resolvió, mediante el A.l. N" ,17 5 del S de septiembre de 2016, revo )ar lo resuelto por el Juzgado de Primera lnstancia y, por consiguiente, rechazar el proyeclo de liquidación de intereses y gastos presentado por CIMPORTEX l.C.S.A. En cuanto a las eostas, resolvió imponerlas a CIMPORTEX l.C.S.A., puesto que no prosperó su proyecto cie liquidación.
Luego, interpuesto el recurso de aclaratoria por CIMPORTEX l.C.S A., el Tri!.uñal dictó la otra resoluc¡ón impugnada de inr:onstitucionalidad, el A.l. N" 242 del6 rle junio de 20( 0, por la que se rechazó el recurso de aclaratoria interpuesto. Lo que pretendía ') recurrente era qi.l"e se aclare la expresión obscura resultante del punto referido a las costas que le fueron impuestas Pues bien, habiendo hecho el recuento de las actuaciones rele vantes del proceso principal, corresponde ahora que abordemos el estudio de la acción de inconstitucionalidad promovida por CIMPORTEX LC.S A En ese sentido, puede advertirse fácilmente que el agravio concrr)to de la accionante radica en la imposibilidad de cobrar los intereses moratorios devengados Jel monto adeudado por la EBY y determinado en la sentencia de remate, así como los gastos judiciales erogados.
Es decir, lo que implican las res,¡luciones atacadas de inconstitucion¿ rlidad es el rechazo definitivo de la pretensión de CIMPORTEX l.C.S.A. consistente en incluir monto ya abonado por la EBY -G. 8.662.888.726- u't importe en concepto de intereses rnoratorios y otro en concepto de gastos judiciales Resulta oportuno expresar aquí, que acorde con reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, y opinión coincidente repetidamente expues ta, la acc¡ón de inconstitucionalidad no se erige en una tercera instancia mediante la cu ll pueda revisarse Ia corrección sustancial de lo decic ido, sino únicamente la conculcaciór de las garantías y derechos constitucionalmente establecidos Al respecto, la doctrina tiene dicho que: '1..De acuerdo con las paLtas establecidas por la Cofte Suprema. la sentencia arbitraria no es aquella que contiene ur error cualquiera. Es la que padece, según indica, desacie¡tos de gravedad extrema que a descalifican como pronunc¡amiento judicial. De allí que la acción de inconstitucionalidad po' arbitrariedad revista un carácter excepc¡onal y no terga por objeto abrir una tercera insta rcia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que simplemente se estimen equ¡voc )das. Por tanto, no pretende sustituir el criterio de los jueces proplos de la causa por el de Coñe Suprema. De todo ello se sigue que la acció,l de inconstitucionalidad por arbitrariedad ha de ser de aplicación estr¡ctamente excepcional, precisamente para no convertir a ta Corte Suprema en tercera ¡nstancia ordinaria . . ."1 Ello implica que al analizar la procedencia de una acción de in ;onstitucionalidad no podríamos inmiscuirnos nuevamente en la valoración de los hechos y pruebas, a ¡nterpretar el derecho, so pena de convertir la instancia en cuestión en apreciac sobre el mérito o casac¡ón, según que se configure uno u otro caso Mendonca, Daniel; Sapena, Josefina. Senl6,ncra aú¡traia. Análisís de la doctrína const¡tuciona 1e la Cofte Supre¡na de Just¡cia. 1ru. Edic¡ón. lntercontinenlal Ed¡tora. Pá9. 74 RIEACC¡ÓN DE INCOI{STIruCIoNALIDAD: "PROTOVIDA POR C¡TPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. Eil LOS AUTOS CARAfULADOS.
"EIIITIOAD BIilACIOilAL YACYRETA C, CItrPORTEX I.G.S.A. S' PAGO POR -RXMA queCIA pues, estudiar el caso únicamente en cuanto a los agravios de índole izar un pormenorizado análisis respecto de los principios y derechos , a criterio de la accionante, fueron supuestamente conculcados por el ación en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, al dictar el A.l. N' 475 del 8 de sepüembre de 2016 y el A.l. N' 242 del 6 de iunio de 201 9. Dicho esto, pasamos al análisis que nos compete. Así las cosas, además de estimar que las resoluciones impugnadas son arbitrarias, la accionante alega que se han violado los artículos constitucionales que se refreren al derecho de defensa en iuicio, al principio de igualdad.de las partes y al debido proceso. Estas violaciones, se debe aclarar, se habrían dado en el procedimiento de segunda instancia iniciado a¡aizde ios recursos de apelación y nuliriad que interpusieron las partes contra el A.l. N'113 del 3 de marzo.de 2016 y su aclaratoria, elA.l. N" 242delelA.l. N" 475 del I de septiembre de 2016, resoluciones dictadas por el Juzgadó de Primera lnstancia en cuanto al proyecto de liquidación de intereses y gastos presentiado por CIMPORTEX I.C.SA. Por consiguiente, el análisis se acotará a los trámites realizados en la mencionada instancia recursiva.
a. Violación de la garantía consüü¡ciona! del debado Pnoceso y deÍensa en iuicio durante la tramitación del juicio Como se dijo líneas aniba, el accionante sostiene que se ha violado el art. 16 de la Constitución de la República, que reza: 'De la &fensa en iuicio. La defensa en iuicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser iuz§ada por tibunales y jueces ampetentes, independientes e imparciales". Ahora bien, la accionante no ha especificado de qué manera se habría violado su derecho de defensa en juicio, sino que s¡mplemente se ha limitado a afirmar genéricamente la violación de este derecho. Sin embargo, revisadas las constancias de autos, advierto que, contra riarnente a loque señala, la accionante ha tenido plena participación en la discusión sua en segunda instancia respec{o de su proyec'to de liquidación. Es decir, además de tundrtunamente sus recursos (que se referían únicamente al punto atinente a las costas),contestar la fundamentación de recursos interpuestos por la EBY (por la que se cuestionaproyecto de lk¡uidación), y luego ha ejercido su derecho a interponer el recurso de aclaratorialo resuelto por el Tribunal de Apelación.
Veamos demaconcreta lo ocurrido. Por el A.l. N" 113 del 3 de mazo de 2016 (fs. 1062/10O4), elJuzgadPrimera lnstancia resolvió modificar el proyecto dede y g{stos po por CIMPORTEX I.C.S.A., quedandoladEBY ela sumá de G. 1.430.034. Contra esta resoluc¡ón, CIMP de aclaratoria únicameen cua las costasd del 15afzo Junghanns llS.A. iad de liquaI inci Gesar ltl' Diesel 'illlnlstro sio6 o¡. Vícto¡ Ríos Oie Minirtrodo Ambas resoluciones fueron rercurridas tanto por la EBY (f. 1065) corto por CIMPORTEX lC.S.A (f. 1070), los cuales fueron concedidos por providencia del 29 d: marzo de 2016 ('f.
). Vemos que a fs. 107311076 obra el escrito de fundamentación de ecursos presentado por la EBY. El 10 de mayo de 2016 el Tribunal corr¡ó traslado de este es:rito a CINIPOBfEX l.C.S.A., que se presentó a contestarlo oportunamente según los térmiros Oet esáÉftUUi.tq. 107811092. Como se ve, CIMPORTEX LC.S.A. ejerció aquí su derec ro a la dgfensa dd manera satisfactoria. En cuanto a la fundamentar:ión de sus recursos, CIMPORTEX C.S.A. presentó el escrito respectivo a fs. 1093/'1098 de manera oportuna, del cual se corr traslado a la otra parte en virtud de la providencia del 20 de mayo de 2016, cuya cor testación rola a fs.
1103/l 105. Vemos aquí que CIMF,ORTEX l.C.S.A. pudo ejercer su derecho de fundamentar los recursos que interpuso Además, dictado el A.l. N'475 del 8 de septiembre de 2016, CTMPORTEX lC.S.A interpuso contra recurso de acl,aratoria, el cual fue rechazado por el q.l junio de 2019. Cabe destacar quer el recurso de aclaratoria fue correct¿rmente tramitado de acuerdo con las reglas que al respecto prevé el C.P.C Surge entonces del recuento de las actuaciones pertinentes que, de la tramitación de los recursos interpuestos contra el A.l. N" 113 del 3 de marzo de 2016, eta¡ra que el accionante vincula con supuestas irregularidades procesales, no surge la existencia rle violaciones a las garantías constitucionales de defensa en juicio o igualdad de las partr rs en el proceso. Al contrario, resulta incuestionable qure la accionante tuvo la oportunidad de :jercer sus derechos -y de hecho lo hizo- a lo largo del procedimiento en segunda instancia Además de lo hasta aquí expuesto, debe decirse que las ev:ntuales y posibles irregularidades que existan durante el proceso, habiendo sido parte del rnismo la accionante, deben ser impugnadas en el momento procesal oportuno mediante las vi recursivas con las que cuentan las partes, o bien mediante el incidente de nulidad, a fin de conseguir tal fin, no constituyendo la acción de incon:¡titucionalidad la vía adecuad a pan l) revisión de dichas cuest¡ones En este orden de cosas, resulta patente que el argumento de violrción al derecho a la defensa y al debido proceso, con el que el accionante pretende la declaración de inconstitucionalidad de las resoluc;iones dictadas en el caso, no es acert rdo a dicho fin.
b. Arbitrar¡edad de las resoluciones impugnadas por violaci,ln al art. 256 de la Constitución. La accionante también arguyó que las resoluciones en cuesti in son arbitrarias e incongruentes. Al respecto, hizo rrención de tres argumentos en concreto: 1) que el Tribunal no analizó el A.l. N' 113 del 3 de marzo de 2016 y que se pronunció sobre cuestiones no propuestas y discutidas en primera instancia, violando así el art. 420 cel C.P.C.; 2) que las resoluciones impugnadas no se encuentran debidamente fundadas; y 3) 1ue el Tribunalomitió aplicar la solución normativa prev sta al caso planteado REMADE INCONSNTUCTONALIDAD: "PROTOVIDA POR CITPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARATULADOS.
"EilNOAD BI}IACIOiIAL. YACYRETA CI CITPORTEX I.C.S.A. S' PAGO POR coilstcNActoN". Affo: 2019. il": 1343. --TICIA también cuestiona el punto resolut¡vo que guarda relación con la del incidente de liquidación en primera instancia, pero este aspecto será rtado siguiente por constituir una cuesüón accidental o secundaria respecto n principal que gira en torno al proyecto de liquidación presentado por CIMPORTEX I.C.S.A. Así pues, en lo que respecta a la arbitrariedad corno causa de inconsütucionalidad, el mandato inserto en el art 256 de la Constitución de la República es claro al prescribir que: "...Túa sentencia judkial debe estarfundada en esta Conditución y en la tey...".
Por su parte, y en @nsonancia con dicha disposición constitucional, el art. 15 del C.P.C., que enumera los deberes de los jueces, establece: "...b) fundar las rcsoluciones &frnitivas e inte¡locutorias, en la Constitución y en las leyes, anfotme a la ieraquía las notmas vigentes y al principio de congruencia, baio pena de nulidad; c) rcsolver siempre según la ley, sin que tes sea prmitido juzgar del valor intrtnseco o la equidad de ella;...". En el mismo sentido, el art. 9 de la Ley N'879/81 'Codigo de Organización Judicial' dispone: "Los Jueces y Tribunales aplicarán la Constitución, los Tratados lntemacionales, los Códigos y otns leyes, /os decrefos, o¡denanzas municipales y rcglarnentos, en el oñen prclación enunciado...".RTE Como se ve, tanto el Código Procesal Civil como el Código de Organización Judicial son concordantes con la Constitución de la República, en el sentido de establecer clara y categóricamente que los fallos deben estar fundamentados. [a doctrina de la arbitrariedad encuentra su finalidad en la protección de los justiciables ante decisiones que no tengan otro fundamento que la voluntad de sus firmantes, encontrando su sustento en la gravedad de la lesión al "servício de justicia' que se produce cuando una resolución judicial no responde a una derivacióñ'' razonada y coherente del derecho aplicable al caso concreto. En definitiva, para determinar si nos encontramos o no ante una resolución arbitraria, debe sencillamente realizarse un control lógico de la motivación seguida por los jueces, de que estos hayan nado de forma clara las razones que preceden a determinada voluntad declarada y a dar,almente, r¿¡zones suficientesque legitimen la parte resoluüva de la sentencia y que encuen apoyo en el sistema normativo aplicable al caso, aun cuando no sea citada e)Qalguna disposición.
Sobre el p , la docffina contribuye en cuanto que: "...fodas las senfencrbs deben ser fundadas,el rcsultaú un rczonamiento lógico que pemita inferir sin esfuezo el camino intelectualpor el sentenciante pan anibar a ladel caso, aunque sea gn vinclusive en los júicios en ¡ebeldla, elelrazonadamente derivadov a losla causa, afinne de laab i/I. Diest¡lunghannsl3 Dr. Yícror R{os Oiedo C. Pasen Cesa¡ SecretariMartiMirirtro fundamentación a parente'2 "Sin embargo, la mención expresa de la norma que rige el caso no r,.s necesána cuando ella surge implicita de la propia mol¡vación, ni cuando por su obv¡edad no 'equiere declpración expresa, ni cuando las normas a¡tlicabtes surgen inequívocamente de tas consideiacifit»,- expuesfas en et fatto y de las conclusiones a que arr¡ba el juzgador... nt t:uando §et,c^¡Í"|^Jfr los argumento.s expuesfos po r las partes en el curso del pteito, o en contt a . . .'3 ' Así, lo que ameritaría calificar de infundada una resolución es la cmisión a este deber elemental de fundamentación que deben cumplir los magistrados al ,lictar resoluciones.
judiciales. Además, la decisión judicial sería arbitraria, por cuanto ql e de ella no podrá desprenderse, debidamente, los motivos que dieron lugar a la decisión oLtenida en el proceso judicial. Por esta razón, no es ocioso reiterar que, para descartar el supue sto de arbitrariedad, es imprescindible que de la lectura del fallo surjan claramente las razones de hecho y derecho en que el órgano decisorio haya fundado su decisión, de manera a que s()a posible garantizar la tutela judicial efectiva de los justrciables. Caso contrario, el fallo deberá ser declarado nulo.- Ahora bien, es preciso dejar en claro que este requerimiento se re'iere exclusivatnente a la existencia de fundamentaciór, y no a la corrección material o jurídi:a de la misma que, como se dijo, es cuestión de cas,ación o apelación y no de inconstitu,:ionalidad. Desde el momento en que existe una fundamentación razonable, desarrollada de modo inteligible, no se configura el vicio de arbitraried:¡d que torna inconstitucional a un pror unciam¡ento judicial, pues el requisito exigido en la Cana Magna se halla presente En este lineamiento, no se puede, so pretexto de arbitrariedad, declarar inconstitucional un fallo meramente equivocado en cuanto a la interpretación de la ley, porque tal circunstancia importa desnaturalizar y exceder erl marco tutelar previsto por el ordenan iento jurídico para el instituto. Pasaremos por ello a estudiar, la legalidad de la resolución atar;ada Como se dijo líneas arriba al hacer el recuento de los antecede ntes procesales, las resoluciones impugnadas de incorrstitucionalidad fueron dictadas en el rnarco de la instancia recursiva abierta como consecuencia de los recursos de apelación y nul clad interpuestos por las partes -por diferentes motivos- contra el A.l. N' 1 13 del 3 de marzo de 2016 y su aclaratoria, el A.l. N" 242del el A.l. N' 475 del S de septiembre de 2016, dictados en el marco del incidente de liquidación En ese incidente, la disputa :ie centró en los intereses moratorios los gastos judiciales que CIMPORTEX l.C.S.A. pretendió rncluir en su proyecto de liquidació solicitando que, en concepto de intereses moratorios computados a partir del 1 de febrero d',. 2012 hasta el 2'l de diciembre de 2012, se establezca a suma de G.2.858.753.279, más el nonto correspondiente a gastos judiciales de G. 43.314 443, totalizando así la suma de 2.902.067.722 (fs.
Por su parte, la EBY se opuso terminantemente a que se incluy tn esos rubros en la liquidación de la deuda, puesto que, según su ,:riterio, esos rubros se ir cluyeron en el monto de G. 8.662.888.726 tlado por las, partes en el acuerdo de transacción que fuera homologado 'z PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELI-OSO, Adolfo. "Código Procesal Civit y Comerc¡at t e la Nac¡ón". tomo ll Rubinza¡-Culzoni Ed¡tores, Santa Fe. Po. 83/114. ORTEACC!ÓN DE INCONST¡TUCIONALIDAD: .PROTOV¡DA FOR C¡TPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS GARATULADOS.
"EI{T¡DAD BINACIONAL YACYRETA CI CITPORTEX I.G.S.A. S' PAGO POR -REMA TICTA go hecho en la cuenta judicial pertinente, por lo que con este se cancelaron moratorios y los gastos judiciales, no adeudando ya suma alguna. el A.l. N" 1'13 del 3 de marzo de 2016 10621064), recordemos,el Juzgado de Pr¡mera lnstancia resolvió modificar el proyecto de liquidación de intereses y gastos presentado por CIMPORTEX |.C.S.A., quedando fiáda la deuda de la EBY en la suma de G. 1.430.430.034, en los conceptos de intereses moratorios y gastos judiciales.
Por supuesto, ante la admisión parcial por parte del Juzgado del monto que pretendió incluir CIMPORTEX |.C.S.A., se agravió la EBY, que interpuso recut§os de apelación y nulidad. Por su parte, CIMPORTEX i.C.S.A. interpuso recurso de aclaratoria, solicitando que el Juzgado supla una omisión en que incunió y se pronuncie respecto de la imposición de las costas procesales a la EBY, de conformidad con el art. 192 del C.P.C. El recurso de aclaratoria fue rechazado por el Juzgado bajo el argumento de que el incidente de liquidación no genera costas independientes, por lo que no hubo omisión alguna que suplir. Por esto, CIMPORTEX |.C.S.A. también interpuso recursos de apelación y nulidad contra elA.l. N' 113 del 3 de mazo de 2016 y su aclaratoria, el A.l. N' 242 del el A.l. N' 475 del S de sepüembre de 2016.
Asl las cosas, llegamos a las resoluciones hoy impugnadas de inconstitucionalidad. En el marco de la instancia recu¡siva abierta en el incidente de líquidación, el Tribunal de Apelacióh en lo Civil y Comercial de la Capital, Segunda Sala, resolvió, mediante el A.l. N' 475 del S de septiembre de 2016, revocar lo resuelto por el Juzgado de Primera lnstancia y, por consiguiente, rechazar el proyeclo de liquidación de intereses y gastos presentado por CIMPORTEX LC.S.A. En cuanto a las costas, resolvió imponerlas a CIMPORTEX |.C.S.A', puesto que no prosperó su proyecto de liquidación.
Luego, interpuesto el recurso de aclaratoria por CIMPORTEX |.C.S.A., el Tribunal dicló la otra resolucir5n impugnada de inconstitucionalidad, elA.l. N' 242 del 6 de junio de 2019, por la querechazó el recurso de aclaratoria interpuesto. Lo que pretendía el recunente era que se aclareexprcsión obscu¡a resultante del punto referido a las costas que le fueron Como yalanté precedentemente, en este punto sólo me referiré al A.l. N" 475 del 8 de septiembre de16, en lo concemiente al incidente de liquidación allí resuelto, para luego referirme en otroo en lo que guarda relación con las costas procesales.
i puesanalcuáles fueron los fundamentos expuel Apepgra rechazar ede liquidación presentadopor enitiva,rubros dereses morE¡torios yla prop Gesar M. Diesel Junanns Dr, Vícror Ríos Oieila Julioc.Pvón Martínde IMPO les cor.c.s lados f|iin¡stro gecfoloMini¡tro Al respecto, vemos que el arr;umento principal por el que el Tribur al decidió rcchazaÍ dichos rubros reside en el acuerdo al que arribaron las partes y que fuerz homologado por el A.l. N" 1776 del 16 de diciembre de20'11 (ts.792n99, en el sentido de 1ue en ese acuerdo se pactó que en el monto allí consignado se incluirían, además del capital, os gastos, inferesés y cualquier otro rubro derivado del juicio: "...De acuerdo a los términos r'el acuerdo ariibado entre las pañes y homologado por A.l. N' 1776, fs. 792/794, la suma allí ;onsignadal incluye, capital, gastos e intereses, o cualquier otro rubro denvado del presente ,t Licio, expreaanilo al final de Ia cláusula segunda que cuzlquier suma, rubro o concepto que de,>a abonar ld,Eiffdad, Binacional Yacyreta a la firma CIM,DORTEX se entenderán subsumrdos e n la suma acordada de Gs. 8.662.888.726, cantidad a la fecha ya percibida por la CIMPORT _X. constituyéndose dicha sima en cancelator¡a única y definitiva por todo concepto..." '110 ' I Seguidamente, el Tribunal argumentó: "...Como se seña/a en el Act.erdo y Sentencia N" 27 del 19 de mayo de 2015, dicta<la por el Tribunal, la EBY ya ha canct,lado el capital de la ejecuciÓn, que no es otro que la cantidad acordada que incluye, de acuetdo a los términos de la cláusula segunda, fodos /os rubros originados en el presente juicio..."
En el párrafo s¡guiente, el Trihunal de Apelación funda estos argumentos -bien o mal- en los artículos 372 y 715 del Código Civil, y concluye'. "...Como ta firma CIMPORTEX y sus abogados ya percibieron totalmente lo acordado como cifra cancelator,a de ta deuda de ta EBY, antes inclusive de dictarse /as senfenc,as ordenando llevar adel nte la ejecuclón, Ia pretensión de seguir percibiendo intereses, sobrc una cifra que ya inctuye rlicho rubro, es decir rnfereses, antes que un ejercicio adecuado y de buena fe de los derecho::, Atf. 372 del cc, se acerca al enriquecimiento srn causa- Con el dictado del Acuerdo y Sentcncia 27 de fec:ha 1g de mayo de 2015, donde el Tribunal estableció que la EBY ya había annado el monto del acuerdo, el juicio ha perdido su ob.ieto, y no existe suma alguna que recl,tmar a la misrna, por endelaliquidaciÓnpresentadadebióserliminarrechazadaportaA-quo Como se puede advertir, contrariamente a lo señalado por la accicnante, el Tribunal de Apelación se ha expedido y pronunciado respecto de las pretensiones ecursivas deducidas por su parte y también por la EtlY. Esto es, se ha circunscripto a evaluar el proyecto de liquidación presentado por CIMPORTEX y la procedencia de los rubro; que ésta pretendió incluir en la deuda de la EBY. De este modo, concluyo que el Tribunal o rservó el princrpio de congruencia que debe regir en el dictado de las resoluciones judiciales de conformidad con lo que prescriben los arts. 15 y 420 del C.P.C Asimismo, se ve también que el Tribunal de Apelación ha fundado su decisión en la ley.
Específicamente, en los articulos 372 y 715 del código civil, como ya se mencionó. por demás, la exposición realizada precedentemente nos indica claramente que no existe falta o ausencia de fundamentación, por lo que no nos hallamos ante un caso de resolución judicial arbitraria. El órgano juzgador el;aboró argumentos lógicos con base :n normas vigentes, exponiendo las razones fácticas y jurídicas que lo llevaron a la conc usión final. En otros términos, el Tribunal realizó sus conclusiones y basó sus decisiones en normas positivas vigentes, y también analizaron y desarrollaron fundadamente todas las crestiones propuestas y sólo esas.
Entonces, no es cierto que se hayan desatendido o ignorado las cuestiones propuestas, ni que el actuar del rribunal res;ponda a un desconocimiento de la l:y. lgualmente, debe decirse que el requisito const¡tucional de fundamentación no exige el tr¡tamiento extenso de "PROTOVIDA POR CIUFORTEX PARAGUAYA "ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA CI C¡TiPORTEX I.C.S.A. S' PAGO POR -REMA TICIA s -aspecto que hace más bien a la bondad o grado de convencimiento resolución- sino a que toda decisión encuentre un sustento legal y racional &l principio de rczón suficiente- que demuestre que la cuestiÓn sólo pser resueltia tal como lo ha resueJto eliuez y no de otra manera.A decir de Leibniz en Monadotogía, que excluya el mero capricho o voluntad del juez como sustento del decisorio y que le otorgue una nzón s.rfrcienfe para fallar en el senüdo consignado. Por tanto, aun cuando el tratamiento de una cuesüón haya sido breve o suc¡nta, esto no supone necesariamente que la resolución sea "manifiestamente infundada', situación que amerita su nulidad por arbitrariedad.
iEn este punto, cabe hacer la salvedad de que lo expuesto no se implica que la interpretación y el anáÍ.sis de las notmas que sirvieron de base para el juzgamiento sean correcfos puesto que el estudio de estas cuestiones, es decir, de la decisión en sl misma y el análisis db h corrección o inconección del razonamiento jurldico, asl como el pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de las cuest¡ones planteadas en sede oportuna, se hallan absolutamente vedadas en esta instancia. En efeclo, el control de constitucionalidad no puede avanzar sobre la conección jurídica del razonamiento, pues tal control no se halla dentro de los límites de su competencia. Así, si bien al examinar la procedencia de la acción puede existir una discrepancia con los argumentos que el Tribunal de Apelación desarrolló para justificar la decisión tomada, no se considerará que la misma carece de motúación mientras ellos no sean contradictorios, inacionales o inexistentes, por cuanto que una sentencia manifiestamente infundada presupone ausencia de una exposición de los motivos que justifican la convicción del tribunal en cuanto a los hechos acontecidos y las razones que han motivado la aplicaciÓn de la norma específica a ese hecfio. Esta auseneia total de aqumentos fácticos y jurídicos es la que amerita, finalrnente, la declaración de inconstitucionalidad.
En este orden de cosas, considero que el A.l. N'475 del 8 de septiembre de 2016 se encuentra debidamente fundado en lo que se refiere al incidente de liquidación y que, además, no existióación a los principios de defensa en juicio, debido proceso e igualdad de las partes. S{-independientemente de la corrección o incorrección de este-, la proyecto de liquidación presentado por CIMPORTEX |.C.S.A. en lo de intereses moratorios y gastos iudiciales adicionales. En este estadio, no podemos sino, con la jurisprudencia constante de la Sala Constitt¡cional, que la alcanzada por el inferior no es argumentoque habilite laimprocedencia concerniente al discrepancia con la co instancia incoada por elnente.
este mofló, al no hausencia de fundamentos, . ¡azony congruente respec'toademás de ft¡ngo,resente afosperareste Cesar M- D¡&el Junghannsmo D¡. Vlctor Ríos Oiedatel res lio C.Abcrtop Elra! Itrinist c. Análisis de constituciona lidad relativo a las costas procesales del incidente de liquidación en primera instancia. Ahora bien, consideración aparte merece la cuestión que se r :fieré a la0 ogsla.s procesales impuestas por el Tribunal de Apelación en cuanto al trám te del inQidente déi;.., liquidación en primera instancia Recordemos una vez más que, mediante el A.l. N" 113 del 3 de marzo O" 2Oü,,"i Juzgado de Primera lnstancia res;olvió modificar el proyecto de liquidación de intereses y gastos presentado por cIMPORTEX l.c.s.A., quedando fijada la deuda d= la EBy en la suma de G. 1.430.430.034. Sin embargo no emitió pronunciamiento alguno res )ecto de las costas.- Ante esta situación, CIMPORTEX l.c.s.A. interpuso recurso de aclaratoria con la intención de suplir la omisión. En consecuencia, el Juzgado dictó el A I N" 162 del 'l marzo de 2016 y rechazó el recurso de aclaratoria. Argumentó que el inc ciente de liquidación no genera costas ¡ndependientes, por lo que no hubo omisión alguna quc suplir cIMPoRTEX l.c.s.A. interpuso recursos de apelación y nul clad contra ambas resoluciones y ante el Tribunal de Apelación solicitó que se subsane la orlrsión y se impongan las costas del incidente a la EBY 2016, argumentó y resolvió en erfe punto que las costas sean impue;tas a clMpoRTEX l.c.s.A. al decir: "En cuanto al segundo auto apelado, A.l. N" 162, el mis,no también debe ser revocado, puesto que la tramitación otorgada por la A-quo, at pedido de tquidación, fue el de un incidente, por lo que corresponde la imposición de cosfas, las cuales <leben ser impuestas, en el presente caso, a la firma clAlPoRTEX, al no prosperar su pedido )e liquidación" En la parte resolutiva, el rribunal se pronunció: "...REV]1AR, et A.t. N" 162 ce fecha 15 de marzo de 2016, y en consecuencia, imponer las cosfas a la firma ctMpoRTEx por no prosperar su pedido de liquidación ..."
Luego, por A.l. N' 242 del 6 de junio de 2019, el Tribunal rc,)hazó el recurso de aclaratoria interpuesto por cIMPORTEX l.c.s.A. en cuanto a las costar,, argumentanclo que lo que pretendía la recurrente era modificar la forma de imposición c e costas, lo cual se encuentra prohibido por el art. 3€;7 del C.P.c. y que ninguno de los sucuestos previstos en este artículo tuvieron lugar en el caso. Así las cosas, el Tribunal de A pelación reafirmó su decisión de imponer las costas del incidente de liquidación en primera instancia a CIMPORTEX I.C.S.A Pues bien, en lo relativo a la decisión de las costas tomada por el T ribunal de Apelación, debo decir aquí que el A.l. N' 475 del 8 de septiembre de 2t"16 es parcialmente inconstitucional. Consecuentemerrte, la resolución aclaratoria, el A.l. N' 2.42 del6 de junio de 2019, que se refiere únicamente a las costas, es inconstitucional en st integridad. Veamos porqué como bien es sabido, del principio de congruencia que deben obr ervar los Juzgados y Tribunales al dictar resoluciones virtud de la cual le está vedado al órgano jurisdiccional empeorar la situ lción del litigante que apeló si su contrario no lo hizo, ni puede mejorirr la situación del litigant: que no apeló.
nRXMAICC6T DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROTOVIDA POR CMPORTEX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARATULADOS. "ENTIDAD BINAC¡OI{AL, YACYRETA CI C¡TPORTEX !.C.S.A. S' PAGO POR --ICIA e estudio, el Juzgado de Primera lnstancia habla resuelto que el incidente genera costas independbntes; ya gue es consecuencia -la liquidación- del limiento de una resolución fime en la que ya se ha establecido el modo de Vale decir, a ninguna de las partes se le impuso soportar costas derivadas del incidente de liquidación. Esta decisión del Juzgado de Primera lnstancia sÓlo fue recurrida por CIMPORTEX LC.S.A. Por su parte, la EBY la consintió al no interponer recursos al respecto.- Es por ello que resulta insostenible la decisión del Tribunal de Apelación al resolver imponer hs costas a la única apelante de este punto, CIMPORTEX !.C.S.A. y, de esta manera, empeorar su situación con rehción a la que se encontraba en primera instancia. En otras palabras, el Tribunal alteró arbitrariamente la foma de imposición de costas en detrimento de la única apehnte, CIMPORTEX ¡.C.S.A. que, de no hallarse obligada a soportar las costas en el incidente de liquidación, pasó a estarlo luego de lo resuelto por el Tribunal.*-:
Así, al rebasar los límites objetivos y subietivos de la impugnación, el Tribunal de Apelación incurrió en arbitrariedad, descalificando las resoluciones ahora impugnadas: parcialmente, en el caso del A.l. N" 475 del S de septiembre de 20't6 y totalmente en el caso del A.l. N' 242del6 de junio de 2019.
Sobre el punto, Azpelicuenta y Tessone han señalado que: 'l-a S.C.B.A. ha dicho que la reformaüo in peius es un principio de jenrquía constitucional, que i¡tdloatgqe,.$l Qrga49 apelación no tiene más po&¡es que los que cqben denho de los límites derro§'Pc¿rr§ós dducidos y que veda la posibilidad de agruvar perjudicar o empeo¡ar obietivamente la situación del rccunente, impidiendo que se prive a la impugnación de su frnalidad especffica de obtener una ventaia o un rcsuftado más favonbba Por las consideraciones expuestas, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida contra el A-1. N" 475 del 8 dede 2016 dictado por el Tribunal 6s Apelación en lo Civil y Gomerchl de la Capital,'la y, en @nsecuencia, declarar parc¡almente su nulidad, en la parte quenela imposición de costias a CIMPO. en el incidente de liqnen primera instancia.
Cesar M. Diesel Junghann: ft¡nistro csJ. Azpelic eta, Juán Jo8é; Tessone, Alberlo. La Nzada. Púeres y debres. 1fa.4 Julioc.avón MartÍunda ucid SetarigS.R,L Asimismo, debe rechazarse contra el A.l. N" 475 del 8 de septiembre de 2016 dictado por el Tribuna de Apelación en,lo Civil y Comercial de la Capital, Segr-rnda Sala, en la parte que se refiere al :studio del proyecto' de liquidación presentado por CIMPORTEX t.C.S.A. Por otro lado, corresponde lacer lugar a la aw--lt iomevidacción de inconst¡tuc cnalidad 'i contra el A.l. N" 242 del 6 de junio de 2019 y, en consecuencia, declarar su nulidad:,
l ' En consecuencia, y de corrformidad con lo que prescribe el ert. 560 0", 'a.át.
corresponde reenviar el juicio al Tribunal que sigue en orden de turno t)ara que la cuestión relativa a las costas procesales del incidente de liquidación en pri nera instancia sea nuevamente juzgada. En cuanto a las costas de esta acción de inconstitucionalic ad, considero que corresponde imponerlas en el orden causado, teniendo en consideració r la complejidad del asunto y a la justa razón que pudo haber asistido a la accionante para litr3ar sobre el punto, la jurisprudencia ha ido sentando, en forma pacífir:a, las causales que pueden justificar la exoneración parcial o total de las costas: "La conduct,t procesal de actor y demandado, dificultando y facilitando, respectivamente, el esclarecimie¡ to de /as cuesliones controveñ¡das; la falta de interpret,ación más o menos uniforme sobre el lerecho aplicabte; et camb los elesprudencia; la dificultad o novedad de los probtemas jurirlbos debatidos, son que determinan la eximición, que escuetamente suele exl resarse con la frase 'razón probabara litigal".s Es mi voto n lo que se dio por certificquedando acordadanteinadel acto, firmando SS.EE., todo cor antedque inmediatamente siguec Albertortlnez Dr. I ictt'! Rits Oi¿ds tjIORTEICC¡ÓTT DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PRO¡IOVIDA POR CITPORTEJX PARAGUAYA I.C.S.A. EN LOS AUTOS CARATULADOS.
"ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA CI C¡TPORTEX I.G.S.A. S' PAGO POR Sala Gonsütucional
RESUELVE:
la Acción de lnconstitucionalklad promovida por el Abog' Rodolfo li, en nombrc y neprcsentación de la Firma GIilPORTEC PARAGUAY nio del Abg. Oscar Gómez Santacruz; de conformidad a los en el exordio de la presente Resolución. rrPoNfRa la perdidosa, en virtud a lo dispuesto en elA¡t.c.P.c.- ANOTAR, registrar lflrlar.REMA STICIA SENTENC|A t¡ÚUenO: Óoo' Asunción, lb ae r'.'aJo Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, CORTE SUPREUA DE JUSTICIA . DieGlJ-u¡ghanns lf,inittro L>¡ ' Ante Martl rrlioc. Pav Secfeuro licriEtr