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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 484/2024

10 de mayo de 2024

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L. EN LOS AUTOS CARATULADOS: "BASILICIO LOPEZ QUINTANA C/ PÉTROBRAS PY OPERACIONES Y LOGISTRICA S.R.L. S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS". AÑO: 2022. Nº: 2485.

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ACC:ION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L. EN LOS AUTOS CARATULADOS: "BASILICIO LOPEZ QUINTANA CI PÉTROBRAS PY OPERACIONES Y LOGISTRICA S.R.L. SI INDEMNIZACION DE 0 DAIOS Y PERJUICIOS". AÑO: 2022. Nº: 2485. 0 Cd de Asunción, Capitade la República del Paraquay, a los I e z_, días 1:- es de,vrliD-0 del ano dos mil veiV11 cvaro , estando en la Sala de i'-' i,,,.Ac;urdos ci la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala :. '16nal, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L. EN LOS AUTOS CARATULADOS: "BASILICIO LOPEZ QUINTANA CI PÉTROBRAS PY OPERACIONES Y LOGISTRICA S.R.L. SI INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Abog. Viviana Gómez, en nombre y representación de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: DIÉSEL JUNGHANNS, A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta ante esta Corte la Abg. Viviana Górnez, en nombre y representación de Paraguay Energy Operaciones y Logística S.R.L., a promover acción de inconstitucionalidad contra la S.D Nº 41 de fecha 22 de setiembre de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo de la Capital, y contra el Ac. y Sent. Nº 100 de fecha 22 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala 1.- "RECHAZAR la excepción de prescripción de la acción de resarcimiento por improcedente. //.- HACER LUGAR a la excepción de prescripción de la acción de nulidad de contrato por vicio de la voluntad ... /JI.- RECHAZAR la excepción de prescripción de la acción de nulidad de contrato por clausula nula, leonina e ilegal, por improcedente. IV.-NO HACER LUGAR, a la demanda de nulidad de contrato por clausula nula, leonina e ilegal promovida por BASIL/C/O OSVALDO LOPEZ QUINTANA contra PETROBRAS PARAUGYA OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L., de conformidad a lo expuesto ene I considerando de esta resolución. V.- HACER LUGAR en parte, a la demanda de indemnización de daños y perjuicios P,, ovida por BASJL/C/O OSVALDO LOPEZ QUINTANA contra PETROBAS R RA AY OPERACIONES Y LOGJST/CA S.R.L., de conformidad a Jo expuesto n I con iderand de esta resolución y en consecuencia condenar a la accionada al pago e la s ma e TRES IL CUATROCIENTOS DOCE MILLCUATROCIENT S ENTA Y OCHO IL OCHOCIENTOS CINCUENTA S. 3.41 .

,ustavo E. Santander Da Ministro e esar M. Diese! Junghanns Ministro CSJ. 1eda V, tor Rros promoción de esta demanda. VI.- COSTAS, en la siguiente proporción, 30a la parte actora y en Alzada: "TENER POR DESISTIDA a la parte actora del recuro de nulidad. RECHAZAR el recurso de nulidad interpuesta por la demandada por los motivos expuestos. CONFIRMAR In Totum la Sentencia Definitiva Nº 421 de fecha 22 de setiembre de 2020 conforme a los argumentos expuestos en la resolución. IMPONER las costas por su orden. La accionante alega la inconstitucionalidad de las resoluciones por arbitrariedad pues, refiere, fueron dictadas en violación a los principios de defensa en juicio, debido proceso, e igualdad, además de carecer de fundamento legal y constitucional, además de aplicar una ley distinta por analogía en vez de aplicar las disposiciones del Código Civil referente al contrato de locación. Además arguye que el monto indemnizatorio tiene como base la totalidad de los ingresos de las tres estaciones de servicios explotadas por la parte actora, cuando que el A quo, rechazo la pretensión respecto a dos estaciones de servicio, debiendo establecerse el monto solo respecto al ingreso de una de ellas, la que fue acogida por la mencionada sentencia. Además alega la incongruencia del fallo. Por tanto, sostiene la violación de los Arts.

Seguidamente respecto al Acuerdo y Sentencia de Segunda instancia manifiesta que el Tribunal al confirmar la sentencia de primera instancia no expone argumento alguno, sin mayores disquisiciones confirma la sentencia recurrida. Agrega asimismo que los magistrados omitieron fundamentar de manera razonable y coherente el Acuerdo y Sentencia hoy impugnado, señalado solamente que la sentencia debe ser confirmada, lo que amerita su Corrid o traslado de rigor, la parte contraria contesto la acción, señalando que la accionante pretende la reapertura de la cuestión de fondo ampliamente debatida y analizada minuciosamente por los juzgadores, pudiendo notarse el acabado análisis desarrollado en ambas instancias de las resoluciones dictadas. Solicitando el rechazo de la acción por E I Ministerio Publico, por su parte, manifiesta que existiendo violación en su análisis - dictamen Nº 950 de fecha 16 de mayo de 2023 (fs.127/132)- violación de disposiciones constitucionales, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción.

En esencia, la cuestión constitucional propuesta a debate se circunscribe a determinar si el argumento esgrimido por los magistrados inferiores -que hizo lugar a la demanda y posterior confirmación en alzada-, es una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de autos o si, por el contrario, constituye una decisión antojadiza, desprovista de un fundamento normativo racional y, por tanto, que atenta contra las garantías del debido proceso legal, cuestión que al comprobarse merece la tacha por arbitrariedad.

En lo sustancial, el Juzgado argumentó que los daños reclamados había tenido su origen en la decisión de PETROBRAS de dar por terminado de forma abrupta e intempestiva, el vínculo contractual con la parte actora, que incluía la locación de inmueble, distribución de combustible, franquicia y explotación de las tiendas de conveniencia y licencia de negocios.

Expuso que la decisión de PETROSAS PARAGUAY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L., se ha apartado de la obligación de observar el principio de buena fe, principio transcendental en toda relación contractual, pues a pesar de que los contrato prevean los motivo de terminación del vínculo, los mismos fueron ejercidos y utilizados por el demandado y hoy accionante, causando un daño incensario al operador, concluyendo que la demandada debe responder por los daños y perjuicios causados. Menciono asimismo que ninguna relación ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L. EN LOS AUTOS CARATULADOS: "BASILICIO LOPEZ QUIINTANA C/ PÉTROBRAS PY OPERACIONES . l>: 00 Y LOGISTRICA S.R.L. SI INDEMNIZACION DE .si;, til só' ;. respecto la '-fil±6}réJe inoemnizecion de danos y pequicto, comparte lo resuelto por el a-quo, que ha realizado un análisis crítico y detenido de las actuaciones procesales, pruebas ofrecidas y "Son deberes de los jueces, sin perjuicio de lo establecido en el Código de Organización Judicial: ... b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias, en la Constitución y en las leyes, conforme I jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia bajo pena de nulidad ... ".

"procede en los supuestos en que resulta manifiesto el apartamiento de la solución legal prevista para el caso o cual el fallo esta desprovisto por completo de fundamentación" brindar razón alguna y fundado en su sola opinión personal, e pronuncia haciendo caso omiso de los extremos facticos y legales del caso, arribando una conclusión jurídicamente inadmisible, provocando por ende un daño a ambas de las partes o bien ambas". Según la doctrina y fallos constantes de esta Corte, una resolución es arbitraria cuando es evidentemente insostenible, irregular, desprovista de todo fundamento y con desconocimiento deliberado y Cesar M. Diesel Junghanns En cuanto a los cuestionamientos atinentes a la inconstitucionalidad de la sentencia de primera instancia, no corresponde el estudio de la misma en esta instancia ya que la misma deberá ser analizada nuevamente por el Tribunal de Apelaciones que sigue en orden turno, lo que impide un pronunciamiento al respecto por parte de esta Sala.

Con relación a las costas, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 205 del Código Procesal Civil, en concordancia con el Art. 192 del mismo cuerpo legal, corresponde imponer las mismas E n atención a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de Energy Operaciones y Logística S.R.L., y en consecuencia, declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 100 del 22 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, reenviándose estos autos al Tribunal que sigue en 1. Adhiero al voto del Ministro César Diésel, no obstante, me permito agregar unas breves consideraciones sobre el deber de fundamentación, cuya falta importa la anulación de la sentencia del Tribunal en el caso que analizamos; todo ello, desde la óptica del derecho 2. Conviene señalar, desde luego, y, siquiendo lo manifestado por el preopinante, que, efectivamente, una expresión lacónica como general dada por la alzada, en tanto nada dice de los agravios relativos a la decisión sobre los daños y perjuicios reclamados, conculca el principio de razón suficiente e incurre en lo que la doctrina especializada ha dado en llamar como arbitrariedad por falta de fundamentación.

3. Coetáneamente se halla vulnerado el principio contenido en el aforismo "tantum apellatum tantum devolutum", según el cual los agravios del recurrente son los que definen la competencia del Tribunal de alzada que debe resolver sobre ellos y limitado a 4. De igual modo, la resolución del Tribunal adolece del vicio de incongruencia por defecto u omisión en la especie, citra petitum, por cuanto que los juzgadores de alzada han omitido referirse a uno de los agravios expresados por el recurrente. Recordemos que los juzgadores se hallan obligados a pronunciarse estrictamente respecto a todos los agravios expresados por el apelante y no puede omitir referirse a las cuestiones propuestas. Sobre este particular, la doctrina enseña: "a) Que la omisión de cuestiones o temas conducentes oportunamente propuestos por las partes es causal de arbitrariedad en las resoluciones judiciales, las que deben en su consecuencia ser dejadas sin efecto1 5. En un fallo reciente, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha expresado que "Una exposición clara de una decisión constituye parte esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida como la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. En este sentido, el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos Saqüés, Néstor Pedro, Compendio de derecho procesal constitucional. (2009) Astrea: Buenos Aires -Argentina. Pág 252 .... est' debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serian decisiones E 1:i:et caso traído a estudio, el apelante hizo uso de la "garantía del doble conforme". que es el mecanismo procesal que permite que el agraviado pueda recurrir una decisión que es contraria a sus pretensiones, a fin de que otro órgano jurisdiccional superior revise de manera completa y en forma suficiente el fallo dictado por el órgano inferior, y por el cual también los magistrados se hallan obligados a estudiar todas las cuestiones sometidas a su competencia al momento del planteamiento de los recursos. Sin embargo, al corroborarse que el Tribunal de Apelación no ha analizado ni respondido todos los agravios del apelante, ha vulnerado la citada garantía.

ACC:ION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L. EN LOS AUTOS CARATULADOS: "BASILICIO LO PEZ QUINTANA C/ PÉTROBRAS PY OPERACIONES Y LOGISTRICA S.R.L. S/ INDEMNIZACION DE DAIOS Y PERJUICIOS". AÑO: 2022. Nº: 2485.

7. De lo que se sigue, la falta de fundamentación también viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada y ratificada por la República del Paraguay, por Ley Nº 1/89 en sus arts.: 8.1, 8.2. h) y 25.1, como a 8. En primer lugar, el art. 8.1 establece que: "toda persona tiene el derecho a ser oída", y este derecho se materializa cuando el órgano juzgador responde motivadamente los agravios expresados por el apelante, por lo tanto, en este caso, cuando el tribunal de alzada omite pronunciarse respecto de puntales agravios, vulnera el derecho a ser oído3 En segundo lugar, el art. 8.2. h) establece que: "toda persona tiene derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior"; en otras palabras, las personas tienen el derecho a la doble instancia, y ello obliga a los magistrados a estudiar las cuestiones sometidas a su competencia por medio del recurso y deben pronunciarse fundadamente al respecto; por tanto, en este caso, cuando el tribunal omite expedirse sobre dichas cuestiones vulnera el principio de la doble instancia. Finalmente el art. 25.1 establece que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes"; lo cual implica que toda persona tiene derecho al "acceso a la administración de justicia" comúnmente conocido como "acceso a la justicia". Este constituye un derecho fundamental que garantiza a todas las personas la facultad de utilizar herramientas y mecanismos legales establecidos con el fin de lograr el reconocimiento y protección de los derechos que considera lesionados.

9. La referida garantía de acceso a la justicia, se materializa cuando el órgano uzqador responde motivadamente los cuestionamientos expresados por el justiciable; po tanto, en este caso, como el tribunal no respondió fundadamente lo pretendido no izo ef tiva las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicasde inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado ... Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. En efecto, cuando una resolución judicial ignora las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que fuera ratificada por la República del Paraquay. por Ley Nº 1/89; vulnera el orden de prelación establecido en el citado artículo 137. Es mi votoA su turno, el Ministro Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Concuerdo con los Ministros Diésel Junghanns y Ríos Ojeda en cuanto hacen lugar a la acción de inconstitucional planteada contra el fallo dictado por la instancia revisora por ser carente de fundamentos Tal como lo mencionan los preopinantes quienes me precedieron, una sentencia incurre en causal de arbitrariedad cuando fuera infundada o inadecuadamente fundada. Sabido es que la administración de justicia tiene la competencia de conocer y decidir en los actos de carácter contencioso -arts. 247 y 248 de la C.N. por medio de sentencias que deben ser fundadas en la Constitución y en las leyes art. 256. Entonces, la Magistratura, como órgano encargado de la jurisdicción, no puede dejar ele emitir un pronunciamiento fundado a fin de poner fin a la controversia que se le plantea. El deber de fundar estos pronunciamientos impone al magistrado la exigencia de motivar y de fundar sus fallos. En efecto, el deber de motivación es la materialización del derecho de una persona de ser oída y de las "debidas garantías" incluidas en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Ley 1 /89- para la determinación de sus derechos y obligaciones en orden civil o de cualquier otro carácter con el fin de salvaguardar la garantía de un debido proceso. Así, la motivación exige una derivación razonada del complejo factico apuntado por las partes, y corroborados mediante una adecuada valoración de las pruebas aportadas; más, la f indamentación requiere el pertinente encuadre jurídico ajustado al plexo existente al momento de fallar. Debe advertirse que esta disquisición no es rígida y solo se ha hecho a efectos dialécticos que se refieren a continuación.

Siguiendo este lineamiento interpretativo, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada el 5 de Agosto de 2008 en el caso "Aptiz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) c. Venezuela", en su párrafo 77 ha resaltado "la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática". En este contexto, la Corte asimismo en su párr. 90 agrega "el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha 11 Ahora bien, ya la Constitución y las leyes obligan a fundar la sentencia judicial. Al respecto, Sagüés utiliza el concepto de "fundamentos mínimos suficientes", como pauta elástica para apreciar la fundamentación valida de los fallos4 . De tal suerte, explica que la sentencia para estar correctamente fundada no tiene por qué citar todas las prescripciones legales concernientes al caso, sino las fundamentales". En esta inteligencia, la parquedad de un pronunciamiento no fundamentación; sin importa por ello una falta embargo, Sagüés aclara Néstor Pedro Sagüés, Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, Tomo 2, Ed. Astrea. Bs.As., p. 152.

Sagüés. op. cit., p 153. Sagüés, op. cit., p. 153. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA S.R.L. EN LOS AUTOS CARATULADOS: "BASILICIO LOPEZ QUIINTANA C/ PÉTROBRAS PY OPERACIONES Y LOGISTRICA S.R.L. SI INDEMNIZACION DE q"'a fuentación minina tiene que aplicarse en el contexto de las circunstancias de la En el caso que nos ocupa, la sentencia dictada por el colegiado revisor respecto de su análisis del recurso de apelación textualmente sostuvieron: "Respecto a la acción de daños y perjuicios y de los rubros solicitados por el actor, también compartimos lo resuelto por el a quo, que realizó un análisis crítico y detenido de las actuaciones procesales, pruebas ofrecidas y certificadas y aplicando las normas correctas" (sic.) fs. 1140 de los autos principales.

Como primer punto debe advertirse que ambas partes han apelado la sentencia de la baja instancia: sin embargo, del texto transcripto podría válidamente entenderse que la respuesta dada por el colegiado solo es referente a los puntos de los agravios expuestos por la parte actora-Basilicio López. Nótese que la aquí accionante -Paraguay Energy Operaciones y Logística S.R.L. ha expuesto concretamente sus agravios donde explicita los motivos por los que considera inviable la admisión de la demanda y las consecuencias atribuidas a su acogimiento con lo que per se podría deducirse que nos encontramos ante una sentencia que trasgrede principios de congruencia. Amén de ello, si bien soy de opinión que la motivación y la fundamentación mininas que la Magistratura como administrador de justicia debe otorgar a los ciudadanos en respuesta a su delegación constitucional puede variar según la naturaleza y la complejidad de la decisión puesta a su consideración; en este caso puede claramente advertirse que las palabras expuestas por el tribunal no hacen una alusión explicita mínima del relato de los hechos controvertidos o de los aqravios expuestos en la alzada, como tampoco los ha cotejado con el aporte probatorio. El órgano revisor sustentó totalmente su decisión en las argumentaciones expuestas por el del grado originario. Lo deseable es que la resolución judicial sea lo más diáfana posible, mostrando que las personas han sido oídas mediante la apreciación de los hechos expuestos en el litigio y del cotejo de estos mediante la prueba respectiva al amparo de las pautas axiológicas dispuestas en el plexo normativo. En este caso, como lo notáramos, la sentencia dictada por la alzada ha obviado estos lineamientos lesionado gravemente derechos constitucionales Y convencionales de innegable correlación a saber, las garantías de la doble instancia, de la defensa en juicio, del debido proceso y de acceso a la L os agravios expuestos contra la sentencia dictada por el grado inferior deberán ser nuevamente evaluados por un nuevo tribunal revisor, lo que impide un pronunciamiento ante esta instancia, conforme lo expresa el ministro Diésel Junghanns.

Por tanto, cabe la admisión parcial de la presente acción y la consecuente declaración de nulidad del fallo de segunda instancia impugnado, con expresa imposición de costas a la parte perdidosa. De tal suerte, corresponde remitir los autos al Tribunal que le sigue en orden de turno, a fin de que se pronuncie sobre los recursos interpuestos contra la resolución de primera instancia, conforme lo establece el art. 560 del Cód. Proc. Civ.

Sagüés, op. cit., p. 153. Sagüés, op. cit., p. 153.

Ante mí: ,. ) Cesa- M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. SENTENC A NÚMERO: Asunción, )o de , Ojeda Víctor RWS Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad por la Abg. Viviana Gómez en representación de PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGÍSTICA S.R.L., y en consecuencia, declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia Nº 100 del 22 de setiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y ORDENAR el reenvío al Tribunal que le sigue en el orden de turno, conforme a ANOTAR, registrar Gustavo E, Santander D Ministro Ante mí: