CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS LUIS LEGUIZAMON STORM, VICTOR EDUARDO CARONI LICHY, AMADA LICHY DE CARONI EN: JULIA RAMONA VDA DE ACHAR C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) SI INDEMNIZACION DE c"rijn"fctl de Asunción, Capital de la Hp 1ública 1del Paraguay, a los de"2. días el mes , 'Iº del año dos mil 12."-rl¿uo.rro, estando en la Sala de Acuerdos 9. ,1 ; &tsprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doc ores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONA.L: R.H.P. DE LOS ABOGADOS LUIS LEGUIZAMON STORM, VICTOR EDUARDO CARONI LICHY, AMADA LICHY DE CARONI JULIA RAMONA VDA DE ACHAR C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS" , a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: P ra et i cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VÍCTOR RÍOS OJEDA, CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: Por A.I. Nº 81 de fecha 18 de octubre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos "R.H.P. DE LOS ABOGADOS LUIS LEGUIZAMON STORM, VICTOR EDUARDO CARONI LICHY, AMADA LICHY DE CARONI JULIA RAMONA VDA DE ACHAR C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS" a la Corte 2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 29 de la ley 2421 /04, disposición que el mencionado tribunal estima aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.
3. El artículo 18 del digo Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructo 1ás. os jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expedí nte a I Corte Supreme de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efe re Vistos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decret u ot d sposició normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".
4. En pri er lug r, la norm de remisión contenida en el articulo 18 inciso a) del Céc igo Procesal Civil que fa Ita la e vación de los autos a la Corte a los efectos previsJós en 1 Articulo 200 e la C n tituci , se refiere, en realidad, a la Constitución dictada fn el añ 1967 que a la fecha e ne ntra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar q e el propi artículo 200 e la on ución de 196.7---ta poco hacía referencia a la vía de a consult e lando úni afuente la a ción y excepción de,,. inconstitucionalidad. Gustavo E. S2nt nder ans Cesar M. Diesel Junghanns Ministro ;,,-- Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos 1Oje ci llinistro decir, "el articulo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer lugar. "1 Al derogarse la Constitución de 1967, el mencionado art. 18 inc. a) del CPC quedó automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático que no ha validado estas dos normas (Constitución de 1967 y art. 18 inc. a) del 5. El Articulo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuesto.s a lo establecido en ella.
6. En cuanto a la administración de justicia, el Articulo 247 de nuestras magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "2 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicial'?
7. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.
Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta consütucionar- cabe ahora preguntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de nuestra Carta Magna).
8. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma sub constitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución" .5 En la Carta Magna del año 1.967, encontrarnos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de los disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.
El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Co11e Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicho Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia".- Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional -la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1) Recuperado a partir de https: / /revistacientifica. ua me rica na. ed u. py/i ndex. php/revistai u rid ica ua/article/v iew/ 171 Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs Perú Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas.- 3 Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay.- 4 "No es una consulta que el juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución clel conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007). Cuestiones constitucionales (p.86) Asunción: Litocolor S.R.L.
Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad La "Constitución Convencionalizada. Néstor Pedro Sagües Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014. CORTE CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS SUPREMA ABOGADOS LUIS LEGUIZAMON STORM, !IJ'riM! ST C VICTOR EDUARDO CARONI LICHY, AMADA 1l> o; l 1A LICHY DE CARONI EN: JULIA RAMONA VDA DE ,.,,.,.,. ELEC1LRICIDAD (ANDE) S/ INDEMNIZACION DE Csttt,t de 92, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la c:i;. metencia odas los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la ', itt-ffi.i, mo integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es c6hi-¡j!:irt7n este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos jurisdiccionales"6 1 O. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... /a norma consagra dos principios: 'el do la /ex superior, al declarar que la Constitución es la ley suprema de la República: y el principio de jerarquía", al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva I? consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En Jo cual consiste finalmente, el principio de /ex su pe rio r '7 11. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 12. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, . implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida hum a na en sociedad'. 9 13. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. .para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer Jugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en apli ect al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la le que puta inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de re so/u ión de ntinomia, sin necesidad de requerir la declaración de vía de la Consulta. "10 n todo oceso, el juzqador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibil dad d un ac o normativo cualquiera aplicable al caso, con principi s, derechos y g rantía consti ucionales: deberá -por el principio de jerarqua- aplica directamente Co tituci n o los. Tratados, Convenios y Acuerdos lntern cionales os y ra ifica s P. el Para_9J-Jay-;-es--ctecir, todos los jueces y todas las ju as de la a debe ere los con o1es de coonsstlt ucionalidad y convencionalidad de las leyes.
n el mandato ele artículo 256 de orma fundam ntal, que, Ai 9S evs ron:Iituci nales. Juan @ciflronca. lntercontinentg] l;;eirg ,P.ihHgrrfs7 La interp etr_ral en el erecho Juan Carlos Mendonca. lntercontirttgY. ;A..T'l'q Wf"f::lag 85. Amaya, A (2014) La Jurisdicción Constitucional. Asunción, Paraguay: La Ley u;Jf P Pág. 88 . illalba 1ernie, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Apci0íl:,rae4.5 O;ec ª 'º Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá, 2019. Pág. 75. con claridad y, en primer término, expresa: ''Toda sentencia judicial debe estar fundada 15. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Capital, debe ser rechazada A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Mediante Al. Nº 81 de fecha 18 de febrero de 2022 (fs. 65), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscaf' es o no constitucional.
Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que la Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.
Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.
Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que al tratarse de la constitución de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos". No obstante, en este expediente ya se ha dictado providencia "Autos para resolver".
Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar considerar el E I Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Articulo 3de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante a demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y 50RTE UPREMA USTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS LUIS LEGUIZAMON STORM, VICTOR EDUARDO CARONI LICHY, AMADA LICHY DE CARONI EN: JULIA RAMONA VDA DE ACHAR C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) S/ INDEMNIZACION DE ' triwdQial los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado !Jrpra , ación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia ó no, na 'n exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe llB.h.enerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.
da modificada la Ley Nº 1376188 "Arencel de Abogados y Procuradores", conforme a Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Maqna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No S(3 admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".
De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Sí no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguar (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).
En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a percibir la retribución quepor ley les e.s debida.
Según Gregorio Badeni " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iguales circunstancias, se . desconozca respecto de otras ... " (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional.
En esa misma línea, sala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la i ald ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, si la.vasta acepción con que a emp ea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, q no e sólo la igualdad el le islador ue sanciona la ley, sino también ante todo acto ormativ (decreto, resolu ión, rd anza, c.). Se extiende, además, a los otros campos d actuació del Estado (igu ldad nt la Adm nistración y ante la jurisdicción) y comprende, esfera privada (igual a ante Y. entre particulares) .... (Zarini, Helio Juan, ob Cesar M. Diesel J ghsnns Gustavo E, .. s.at .. nder DDarn. SVfr1"'' n:,,f)jeda Ministro csi, M ll' ro 'i ., 1,. Ministro ínez Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privilegiado a favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.
Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2:421 /04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución.
A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Comparto la opinión del Dr. Víctor Ríos Antes que nada, sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorian. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic).
Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un articulo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual procesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 CN donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 CN, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional.
En efecto, el articulo 259 CN, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 CN, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.
La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: Toda persona lesionada en su legitimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capitulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, CORTE SUPREMA ... ,. ni; 1USTICIA llinPL!.91:.-do, , su caso, la disposición inconstitucional. Citará, además, la norma, derecho, ee.f1t;.t6n gía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concret, 'Je-,. "etición" (sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una ";.; "constitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.
En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada Inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control ele convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación :.. derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso- no se purga por el hecho dque nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función.
Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, d e eclararla por !,í mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curi ' y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa (Bidart Campos ermá . La terpretación y el control constitucional en la jurisdi n ABOGADOS LUIS LEGUIZAMON STORM, VICTOR EDUARDO CARONI LICHY, AMADA LICHY DE CARONI EN: JULIA RAMONA VDA DE ACHAR C/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) S/ INDEMNIZACION DE os qu I Sala onstitucional carece de atribuciones para evacuar onsultas de vista -1)racticseguir haciéndolo desembo a en u a disipe, de la actividad jurisdiccional.
- esar M, Diesel J9Agttanns --v Ministro CSJ.
En atención a las rechazada por improced racio es que anteceden, la pretendida consulta debe er wHtr11v1, Diese unghanns Minist4'?>" CSJ. Ante Asunción, .A. 0 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPRIEMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
NO EVACUAR la Consulta Constit cional elevada por Tribunal de Apelación en lo ivil .,.. , Gustavo E. Sar.t; nder Dans Cesar M. Diesel Junghanns ,. ¡n:''"'0 Ministro CSJ. /