CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P DEL ABOG. RAUL MONGELOS ENL LOS AUTOS VICTORINO SOTO MENDOZA C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y C,vo. roev1 tob nove.111 Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VICTOR RÍOS OJEDA,GUSTAVO SANTANDER DANS, CÉSAR DIESEL A su turno, el Doctor SANTANDER DAIS dijo: Mediante el A.I.Nº 567 de fecha 09 de setiembre de 2020 dictado por la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó la remisión del proceso regulatorio de honorarios en el juicio " Victorino Soto Mendoza c/ Municipalidad de Asunción s/ Indemnización de daños y perjuicios - Exp. Nº 134 Año 2007 " a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que esta se expida sobre la constitucionalidad o no del art. 29 de la Ley 2.421/04, disposición que la mencionada Sala considera aplicable al caso de regulación de honorarios antes mencionado.
Antes que nada, sostenemos la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surqe la discusión relacionada a la vigencia del art.
18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida es preciso realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorias. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic).
Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogado por ia Ley Fundamental de 1992 -i ente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritual proc al e estríe a e un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin ernbar o, so tene os qu la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el erro de u r misión un norma ue evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar a me ta a cons Ita, ncluso e el MinisLro Cesar M. Diesel-Ju Dr. vtct»: ,Pos Ojeda Ministro Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 de la Constitución Nacional donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 de la Carta Magna, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. En efecto, el artículo 259 de la Ley Fundamental, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 la Carta Magna, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución ", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los La máxima instancia judicial en reiterados. pronunciamientos ha dejado sentado de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: "Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipeles, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación, principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo ". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: " Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, impugnado, o en su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición" Sic). Sobre el punto, es importante señalar que la promoción de una acción de inconstitucionalidad implica acreditar la titularidad de un interés particular y directo, en contrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por jueces y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.
En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, dicha figura Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control de convencionalidad en cada proceso. Son las CORTE SUPREMA ,,-DEJUSTICIA 03 04 tCONSUL TA CONSTITUCIONAL: R.H.P DEL ABOG. RAUL MONGELOS ENL LOS AUTOS VICTORINO SOTO MENDOZA CI MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN SI !INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y -s que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas ecisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes 91 s1 sesconocer lo preceptuado por el art. 17 de la Ley 609/05 en cuanto a que la resolución de honorarios profesionales originarios de cualquiera de las Salas, solo son susceptibles del recurso de reposición, más aún los ministros integrantes de la Sala Civil Y Comercial de la Corte Suprema de Justicia están obligados constitucionalmente al control fundamental de la función jurisdiccional de interpretar y aplicar el derecho positivo nacional, inclusive el control de convencionalidad en cada caso sometido a estudio, en atención a las normativas legales y constitucionales que reglamentan su ejercicio.
Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos afirma: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccioner la que tiene prioridad constitucional.
Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango preva/ente ha de regir el caso - no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función. Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí etrence el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, debe declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curia" y de la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa ... " (Bidart Campos, Germán. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción constitucional. Bs As, Ediar, 1 º Ed. 1987, pág. 154).
Sostenemos que la Sala Constitucional carece de atribuciones para evacuar consultas, inclusive desde un punto de vista práctico, seguir haciéndolo desemboca en un prejuzgamiento evidente, y una disipación redundante de la actividad jurisdiccional.
En atención a las consideraciones que anteceden, la pretendida consulta debe ser A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo:
1. Por A.I. Nº 567 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictado por la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó la remisión de I a tos "R.H.P D A OG RAUL MONGELOS EN LOS AUTOS: VICTORINO SOTO EN ZA C MUNICIP IDAD E ASUNCIÓN S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PER IC Gustavo E. Sant nder Oans Cesar M. Dil Junghanns M¡nistro Minio SJ. ,/ Dr. Víctor u.os Ojeda 2. La citadrmisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc.
a) delCd1goProcesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la cost1tuc1onahdad o no del Art. 29 de la ley 2421/04, disposición que el órgano colegiado estima aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.
3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatoriae instructrias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remltir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia ?euios, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su 1wc10, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas 4. En primer lugar, la norma de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, que faculta la elevación de los autos a la Corte a los efectos previstos en el Artículo 200 de la Constitución, se refiere, en realidad, a la Constitución dictada en el año 1967 que a la fecha se encuentra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar que el propio artículo 200 de la Constitución dE1967 tampoco hacía referencia a la vía de la consulta constitucional, contemplando únicamente la acción y excepción de inconstitucionalidad. Es decir, "el artículo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la 5. En definitiva, las normas citadas en el punto anterior, aprobadas en plena dictadura, quedaron automáticamente sin el más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho, a partir de la Constitución de 1992. Cabe apuntar que las leyes aprobadas en democracia tienen mayor legitimidad, o como bien señalaba Carlos Santiago Nino 2 6. El Artículo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.
7. En cuanto a la administración de justicia, el Artículo 247 de nuestra carta magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "3 , estableciendo, finalmente, que el En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El mismo rezaba cuanto sigue: "fo Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso. El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicha Corte. El incidente no suspenderá el juicio, que proseguirá hasta el estado de sentencia". - Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional - la consulta constitucional. Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1). Recuperado a partir de https ://revista científica. u ame rica na. ed u. py /in dex. p h p/ revista ju ridica u a/ a rticle/view /171.
Nino, Cs.- Etica y Derechos Humanos. Bs As., Astrea.1989. Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ICONSUL TA CONSTITUCIONAL: R.H.P DEL ,ABOG. RAUL MONGELOS ENL LOS AUTOS VICTORINO SOTO MENDOZA C/ MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y R.espec -.; :--. aso sometido a estudio - consulta constitucional, las lyes dictadas con r-p_-;:.,,;;'ri'r-10' 8ád a la Constitución del año 1992, carecen de requlación sobre el tema.
s :a151ecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional5 - cabe ahora preguntarse que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos dHI Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que sí tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral 5 y 260 de 9. Néstor Pedro Sagüés, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que" ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma subconstitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución"6 1 O. Juan Carlos Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la Constitución de 1992, la cuestión quedó resuelta en el sentido apuntado: a favor de la competencia de todos los órganos jurisdiccionales para hacer la interpretación de la Constitución, como integrantes del Poder Judicial. O sea que la facultad de control es compartida en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demás órganos ti a en una cuestión en que la ). Cuestiones constitucionales más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente el principio de 12. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se orgamza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o si se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho orden". 9 13. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica; todo el ejido legal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste 14. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " ... para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley que reputa inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de resolución de antinomia, sin necesidad de requerir la declaración de inconstitucionalidad por vía de la Consulta"11 15. En definitiva, en todo proceso, el juzgador, cualquiera fuera su instancia, al advertir la incompatibilidad de un acto normativo cualquiera aplicable al caso, con principios, derechos y garantías constitucionales; deberá -por el principio de jerarquía- aplicar directamente la Constitución o los Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados por el Paraguay, es decir, todos los jueces y todas las juezas de la República deben ejercer los controles dé constitucionalidad y convencionalidad de las leyes. Con ello se satisface igualmente el mandato del artículo 256 de la norma fundamental, que, con claridad y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial 16. En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como mecanismo de control de constitucionalidad y en atención a las facultades interpretativas y de aplicación con que cuentan todos los jueces de la República, la pretensión esbozada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, debe ser rechazada por improcedente.
La interpretación Literal en el Derecho. Juan Carlos Mendonca. lntercontinental. Año 2016. Pág. 85. Amaya, J. A. (2014). La Jurisdicción Constitucional. Asunción, Paraguay: La Ley Paraguaya. Pág.88. Villalba Bernié, Pablo, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asunción, Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Canclia. Arandurá.2019. Pág. 75 CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P DEL ABOG. RAUL MONGELOS ENL LOS AUTOS VICTORINO SOTO MENDOZA C/ !MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN 5/ !INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y t'.1-<srtu u:, el Doctor DIESEL JUNGHAMNS dijo: Mediante A.I. Nº 567 de fecha 09 de se.ptbre - 020 (fs. 5/7), la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, rW;uélve ,r estos autos en consulta a esta Sala Constitucional, a los efectos de que la l'h-t,.......,,".li'i..,..,,...,...,"re si el Art. 29 de la Ley Nº 242'1/04 "De Reordenamiento Administrativo y de F rente al imperativo de aplicar la ley que rige -la materia, la Sala Civil y Comercial - requirente- considera que el referido Art. 21 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que la Sala se expida respecto de la Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: ''Art. 18.- Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".
A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose -incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, Delimitada la procedencia y finalidad de ésta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.P.C. para la viabilidad de este planteamiento.
Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Altratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de los honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos".
Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los arqurnentos expuestos por la Sala Civil y Comercial acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar el E I Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenarniento Admini rati y d Ade uación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo sus e tes ciado en el ículo 3º de la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del st o" actúe o o dema dante e ºdemandado, en cual dé /os-ca0esponsabili ad ec n mica Y, pa timonia/ , Cesar M. Diesel Jun hanns Gustavo E. Sant nder Dans Ministr'oCS . .
Ministro , , s 01eda Millltl o servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuado en su representación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia o no, no podrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe deberán atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado. Queda modificada la Ley Nº 1376188 "Arancel de Abogados y Procuradores", conforme a esta disposición".
Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Magna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se edmiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual" (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).
En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el 50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben atenerse los jueces al S i el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lo debe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a Según Gregario Badeni: " ... la igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en iquetee circunstancias, se desconozca respecto de otras ... ". (Badeni, Gregario. Instituciones de Derecho Constitucional. AD HOC S.R.L. pág.
En esa misma línea, señala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido amplio. No solo la igualdad ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta acepción con que la emplea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, que no es sólo la igualdad ante el legislador que sanciona la ley, sino también ante todo acto normativo (decreto, resolución, ordenanza, etc.). Se extiende, además, a los otros campos de actuación del Estado (igualdad ante la Administración y ante la jurisdicción) y comprende, asimismo, la esfera privada (igualdad ante y entre particulares) ... ". (Zarini, Helio Juan, obra "Derecho Las precedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la garantía de igualdad ante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito j.1Ji1Íi'tcio Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato cprri!lÍegi o favor del Estado y en perjuicio de los abogados que intervienen en las causas or los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley N.º 2421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Co sti ción.
ABOG. RAUL MONGELOS ENL LOS AUTOS VICTORINO SOTO MENDOZA C/ !MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN S/ !INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de e sar M. Diesel Jungh'anns Ministro CSJ. Gustavo E. Sant nd M¡nistro Dr. vtao . Ríos 'Je Ministro SENTENCIA NÚMERO: Asunción, 1 Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Co,nstitucional
RESUELVE:
NO EVACUAR la Cons Ita nstitucional elevada por la Sala Civil y Com rcial d la Cesar M. Diesel'Junghanns Ministro CSJ, Ministro