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Acuerdo y SentenciaSala PenalAdministrativa

Acuerdo y Sentencia N° 160/2024

10 de mayo de 2024

JUICIO: "SIXTO CELSO MARIN ACOSTA C/ DICTAMEN Nº 4241/21 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y OTRA DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES"

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JUICIO: "XT¡O . ti O !MARIN " ' ' ACOSTr C/ DICTAMEN INº 4241¡21 DEL I': 12 DE , OiVJ.MRE :b¡221 Y: OTRA DICTAI IPº1 f(4/ 1 /DIRcc1óN 1 <iENERJ 1AL .¡ D,E Jl!ILArIQNE'SY j j I PENSI , NE ACUE O Y SENTENCIAN ... i.... . ' 1 .,o?.tc'-"En 1 dad de Asun 11ión, capital de la Repú icadel Parnguay1 ,º es cre 1... -.. del año dp's mil ,vin'ticuatro, est ndo reunidos en' JS!aJ e Acuerdos los s tros de la Exd 1lentísima Corte' Supr ma de fosI icia,l 1Sála enal MARÍA : ' NA LLANES OCA!bPos!, MANUEL DE' sús RAMÍREI ,CArDIA Y, LUIS MARIA BENITEZ RIERA,1 yor Ante mí, la Secretaria autorizante, se. traj el expediente caratulado: "SIXTO CELSO' :MARIN A COSTA C/ DICTAMEN Nº 424/21 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y 'OTRA DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES"', a fin de resolver el recurso de nulidad y apelación interpuesto por la parte demandada,' Abogado Edilson Steven Fleitas contra , el Acuerdo y Sentencia Nº 77 de fecha 31 de mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala.- ,.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia,

CUESTIONES

En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS DIJO: La parte recurrente desistió expresamente el recurso de nulidad, no obstante, no se observan vicios o defectos que amerite de oficio, la declaración de nulidad en los términos de los ... , 3 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por A SUS URNOS, LOS MINISTROS LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS ÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los 0,rinna. Taª ' settA UN A CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES CAMP0S P OSIGUI I IENDO: Agravia a la parte recurrente el Acuerdo y Sentencia Nº 77 :b a 31 de 2023, di o por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, el cual : " ) HACE , a la esente Acción Contencioso Administrativa promovida en RIN ACOSTA C/ DICTAMEN Nº 424/21 DEL 12 DE NO 1-, POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y arolines O.

MinisJra devolución de los aportes jubilatorios que le corresponden al Señor SIXTO CELSO MARIN El representante del Ministerio de Economía y Finanzas ( ex Ministerio . de Hacienda) expuso sus fundamentos de agravios en los términos del escrito glosado a fs. 162/166. En la oportunidad, la parte demandada argumentó que en el decisorio recurrido, el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala omitió aplicar la normativa vigente - el articulo 134 de la Ley Nº 6672/21, y su exacta reproducción contenida en el artículo 140 de la Ley Nº 6873/22, ambas consistentes en el Presupuesto General de la Nación para los años 2021 y 2022 respectivamente. Con ello, argumentó, el fallo debe ser revocado por encontrarse viciado de arbitrariedad.

Es así como básicamente centró sus agravios en la arbitrariedad, y en que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala omitió aplicar la normativa vigente, luego de citar consideraciones doctrinarias, la representante del Ministerio de Economía y finanzas solicitó que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, con la consecuente revocación del Acuerdo y Sentencia apelado, con costas a cargo de la parte actora. ..: Luego de corrido el traslado por providencia de fecha 2 de octubre de 2023, el Abogado Sixto Celso Marín Acosta, se presentó por derecho propio a contestar los agravios expuestos por Contra los argumentos esgrimidos por la representación del Ministerios de Economía y finanzas, el actor sostuvo que lo pretendido por la parte demandada no es aplicable al caso, pues el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala, en el fallo apelado se amparó en los artículos 95, 103 y 105 de la Constitución Nacional, por lo que la omisión expresada por la parte apelante no es aplicable al presente caso, considerando que la Constitución Nacional - en el orden de prelación de leyes- se encuentra por encima de las normativas invocadas por la parte demandada.

En virtud a lo expuesto en el escrito de contestación individualizado, el actor de estos autos solicitó 1confirmación del Acuerdo y Sentencia Nº 77 de fecha 31 de mayo de 2023 Expuestas las pretensiones de las partes corresponde determinar si el Acuerdo y Sentencia por el cual se hace lugar a la presente acción contencioso administrativa, promovida por el Señor Sixto Celso Marín Acosta contra Dictamen Nº 424 y otro, se encuentra ajustado a derecho.

Tras el análisis de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos, se desrende que tn: J;etfª 23 jde 1 abril lde 021, la p".11e acora so lci tó devolución de los. aport9f ¡ JUbltonos, qurr e. rl¡lran ldesontaoos en s, caracter d,e do,cel:' te. de la facultad de c,enc!ªf .j l n aten iónj e1 ebre de ! 021 i -1 luego rfteddo por 1máxi:utori1 d de la Dirección Geeral J' Jubilaciones y ensiones, meiante I pr videncia de la misma echa - por medio del cual ,s rechazó la devoución'de aprtes jubilato ios solicitado poj.el señ 1r Sixto Celso Marín Acosta. V,1 DGP sostuvo ue en ese mtsmo año: 20 1, el actor había sido beneficiado con una jubilación d1 Sector: de Magf trados Judidiales, polo que en aplicación' de lo :dispuesto por el artículo 134 ¿IJ 21292:i (PGN: - 2021), existía una prfibici?, I expresa para proceder a 1¡'.

Considerando los actos administrativos como lesivos a sus derechos, el señor Sixto Celso Marín Acosta se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a efectos de instaurar la presente demanda, la cual fue esuelta por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala: por Acuerdo y Sentencia Nº 77 de fecha 31 de mayo de 2023, en sentido favorable a las pretensiones del actor. - Contra el fallo del Tribunal, se alzó en apelación la representación del Ministerio de Economía y Finanzas, motivándose así el análisis de estos autos ante esta máxima instancia De tal manera y luego de la sucinta relación de actuaciones que precede, arribamos a la pregunta: ¿Se encuentra ajustado a derecho el fallo dictado en autos por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, o corresponde que el Acuerdo y Sentencia Nº 77/23 sea revocado?

En primer lugar, hemos 1de traer a colación lo dispuesto por el artículo 134 de la Ley N 6672/21 (PGN 2021) - disposición la cual es invocada por la Administración para denegar la pretensión de la parte actora dispone: "Aquellos funcionarios .públicos que soliciten el beneficio señalado en el artículo 9º de la Ley N2345/2,003 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FJ. _-A-l-,-r"rl7"rf-"4JJ/J DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" con la DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", para la s aportes a la caja Fiscal, deberán tener al menos dos años cumplidos de aporte quiera de los regímenes administrados por la Caja ,,.. ... ..,,,., .. la disposición legal trascripta existe una expresa prohibición a la latorios, considerando que la parte accionante ya cu nta con la jubil ción como m s itud resulta improcedente.

dep nde que la a tración actuó conform al principi de legalidad Ad inistrativo, e e ecto, encuentecesa:., ,:egar que n el Derech enítez Rierr. Manuel O 1e us Ram1acz 1( n1sHO Ministra herramientas legales pertinentes para reclamar los derechos que se crean conculcados, sin embargo, en autos la parte actora solicitó que se verifique la regularidad del acto administrativo, por ende, al no existir constancia alguna de que haya obtenido la inaplicabilidad del art. 134 de la Ley Nº 6672/21, el rechazo a la devolución solicitada se encuentra ajustado a derecho.

En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la perdidosa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 inciso b) del Código Procesal Civil. ES Ml VOTO.

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, dijo: Me permito disentir respetuosamente del voto de la Ministra preopinante, por las siguientes consideraciones'- El actor de la presente demanda, Abogado Sixto Celso Marín Acosta, se presentó ante el Tribunal de Cuentas, a promover acción contencioso-administrativa contra las resoluciones basadas en los dictámenes Nº 424, de fecha 12 de noviembre de 2021 y Nº 197, del 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas (antes Ministerio de Hacienda). En virtud a la primera resolución, el ente estatal resolvió rechazar el pedido de devolución de aportes del señor Sixto Marín, fundado en lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Nº 6672/2021 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021", que en su parte sustancial dispone: "(. .. ) En ningún caso procederá la devolución de aportes a los funcionarios que hayan accedido a la jubilación o al haber de retiro, en cualquiera de los regímenes administrados por la Caja Fiscal". Por la segunda resolución, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra aquella decisión denegatoria de aportes jubilatorios.

Por Acuerdo y Sentencia Nº 77, de fecha 31 de mayo de 2023, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió por unanimidad, hacer lugar a la acción contencioso administrativa y revocar los dictámenes Nº 424/21, del 12 de noviembre y Nº 197/22 del 18 de mayo, dictados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. En consecuencia, dispuso la devolución de los aportes jubilatorios que le corresponden al señor Sixto Celso Marín Acosta. Las costas fueron impuestas a la perdidosa (fs. 150/152). Contra la mencionada resolución, los representantes iegales del Ministerio de Economía y Finanzas interpusieron el recurso de apelación que se En lo medular, los apelantes sostienen que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, omitió aplicar la norma vigente, cual es la contenida en el artículo 134 de la Ley Nº 6672/2021 (arriba transcripto ), así como el artículo 140 de la Ley Nº 6873 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022". Afirman que se ha hecho una interpretación antojadiza en el sentido de aplicar directamente la Constitución de la República del Paraguay, a fin de hacer Igualmente afirman los apelantes: "(. . .) En el caso de autos tenemos que el Art. 134 de la Ley 6672/2021 (vigente a la sazón y que es copia textual del actual Art. 140 de la Ley del PGN/2022) y del Art. J 40 de la Ley Nº 6873 "Quaprueba el Presupuesto General de la Naci'óh para el ejercicio 2022 ", reglamenta la devolución de aportes para los funcionarios que hayan accedido a la jubilación o haber de retiro. Es decir, existe en la realidad material una norma con rango de ley que prohíbe la devolución de aportes a los funcionarios que hayan accedido a la jubilacián o haber de retiro, en cualquiera de los regímenes administrados por la Caja Fiscal, sin embargo, el Aquo omite olímpicamente dicha normativa legal y aplica directamente la Constitución arrogándose competencias de la Sala Constitucional de conformidad al Art. 260 de la Constitución de la República del Paraguay": Finalizan señalando que el Tribunal prescindió CORTE ,.ili.i I JUICio:"s1xT 1o tEL o .AR.IN SUPREMA 1 Acos:Til 1c1 ncTAMtN tN 424121 iftiEL oEJUSTICJ11 1 1EMRE :pE 2021 Y¡ O 1RA , !oIRJi+tc óN ))JU;BIIILA1 . . ", . . l vigente . aphcpl, cÍ:frto as1 la resluc19aJ I el ao:rrctº. de ,¡et 1nc1a =a.tb1trotrvo por el. cual deb:e ser11mwenosamente revoddal a fin d1 est1trir el estado de El Abogado Sixto Celsi ':Marírtl Acosta, al contestar el I traslado del ecmi¡so de pelai ión ilnterpuesto, sostuvo -en resum1 ,rl- que¡ las ¡1COnsideracionM 1 y arzúméntaciories dé la adVers son uepetitivas y que la omisión Áludida1itio i es aplicable '. a¡bas0: nículos constitucionales estánl hor enJijen a j'erarq'ut1 '' J, Luego de la presentación del ciso traído a estudio, así cobo de las fundamentaciones de las partes intervinientes, corresponde 1k revisión de la1 reolución apelada. Desde ya, adelanto la decisión en el sentido del rechazo del recurso, en atención a los siguientes argumentos:

,1 !

En primer lugar, cabe rememorar nuestra posición constante y uniforme, respecto a la naturaleza jurídica de los aportes jubilatorios. En este sentido, se encuadran en el contexto de "instituto jubilatorio", protegidos por normas constitucionales, tales como las contenidas en el art. 109 (propiedad privada) y en 'el art. 103 (régimen de jubilaciones). Por otra parte, no debe perderse de vista el art. 273 de la Ley Nº 1629 "De organización administrativa y financiera del Estado", que establece: "Los fondos de la jubilaciones y pensiones pertenecen a todos los funcionarios y empleados públicos que contribuyan a su formación, y en consecuencia no se podrá imputarles erogaciones de ninguna clase extrañas a lo 'previsto por esta ley. De dichos fondos no se pagarán otras jubilaciones y pensiones que las otorgadas en virtud de esta ley y las En oportunidad de juzgar un caso con cierta similitud al que nos ocupa, hemos dicho que: "El derecho económico originado por la jubilación ingresa y forma parte del patrimonio del jubilado, destinado a solventar los gastos que demande su subsistencia y la de su familia, el cual incluso, se encuentra protegido y no puede ser objeto de embargo por disposición legal; por ende, de realizar la Administración un cálculo menor en las prestaciones de lo que realmente le corresponde no solo estaría vulnerando su derecho de propiedad, el cual se encuentra protegido por el art. 109 de nuestra Constitución, incurriendo el Estado en un enriquecimiento ilícito, sino, que colocaría al 'ubilado en una posición de riesgo, al no poder hacer frente a sus necesidades, vio! n o también l art. 6 "De la calidad de vida" y el art. 5 7 "De la tercera edad" de nuestra norma funda ental. Todas estas consideraciones se agravan aún más si consideramos que quien vulnera ta es derechos es el propio Estado, quien es el encargado constitucionalmente de cumplir y hace respetar las normas tuitivas constitucionales y legales, y quien -además- ha :Y ripto y ratif] ado varios tratados internacionales (. .. ) " (Acuerdo y Sentencia Nº 144, de 1,u-n .. zas olicitar la devolución de sus aportes realizados en su Nacional de Asunción, estando en trámite su jubilación Como se mencionó más arriba, el fundamento para el rechazo del pedido de devolución de aportes como docente universitario, se basó en el artículo 134 de la Ley Nº 6672/21, entonces vigente, que disponía: "(. . .) . En ningún caso procederá la devolución de aportes a los funcionarios que hayan accedido a la jubilación o al haber de retiro, en cualquiera de los Consta igualmente en autos, la Nota DGJP Nº 853, de fecha 16 de noviembre de 2022, por la cual la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones expresó que, según el informe técnico Nº 6494/22, los aportes jubilatorios a favor del señor Sixto Marín Acosta, realizados por la Universidad Nacional de Asunción, ascienden a la suma de Os. 33.914.730 (fs. 127).

Pasando a analizar el marco jurídico aplicable, vemos que la Ley Nº 4735/12, regula la situación jubilatoria de los docentes del Magisterio Nacional y de los docentes de Universidades Nacionales, constituyéndose en una noma específica, distinta al régimen general de jubilaciones, establecido en la Ley Nº 2345/03 "De reforma y sostenibilidad de la Caja fiscal. Sistema de En lo pertinente, el artículo 1 de la Ley Nº 4735/12 (que amplía el art. 13 de la Ley Nº 2345/03) dispone: "(. .. ) Para el caso de los docentes universitarios, estos podrán acceder a la jubilación ordinaria a partir de los veintiocho años de servicio con una Tasa de Sustitución del 87, y de veinticinco años de servicio con una Tasa de Sustitución del 83Ambas Tasas de Sustitución incluyen, a opción del docente, una deducción del 5,5para la cobertura del seguro médico del Instituto de Previsión Social. A las mujeres, se les computará a partir de los veinticinco años de servicio, un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder a tres hijos vivos el número de años computados de esta Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ocasión de resolver una acción de certeza constitucional promovida por el entonces Ministro, Dr. José Raúl Torres Kirmser, en relación con la vigencia, aplicabilidad y alcance de la Ley Nº 4735/12, precisó que la redacción de dicha ley es clara: la jubilación del docente de universidades nacionales es una facultad y no una obligación. El legislador, en este sentido, dejó de lado la fórmula imperativa del régimen general, permitiendo al docente acogerse -o no- a la jubilación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la norma. Esta interpretación surge del texto de la Ley Nº 4735/12, que en el artículo 1, ampliatorio del art. 13 de la Ley Nº 2345/03 (arriba transcripto ), utiliza la frase "podrán acceder a la jubilación" (Véase Acuerdo y Sentencia Nº En este contexto, se advierte en autos que la jubilación concedida al señor Sixto Marín Acosta, de conformidad al informe técnico Nº 2404/21 de 'la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, fue en el régimen de "Magis!ra?os Judiciales" Según consta en el informe técnico Nº 6492/22 agregado a fs. 126 de autos, el actor de la demanda aportó como docente universitario desde el mes de junio del año 1999, hasta febrero del año 2019. Es decir, dejó de aportar, meses antes de ilegar a los 20 años, a raíz de la decisión del Consejo Directivo de la universidad Nº 165/219. Por tanto, al no contar con los años de aportes mínimos para acceder a la jubilación como "docente universitario", de conformidad al artículo 1 de la Ley Nº 4735/12 (que amplía el art. 13 de la Ley Nº 2345/03), su solicitud de devolución de aportes en tal carácter resulta justa y así corresponde en derecho, ya que los mismos forman parte de su patrimonio, por sus años de servicios prestados, razón por la cual, CORTE' !: 1 '1 "SlTO I CESO 1M;A. IN sur REMA 1, : n, , AcosT:A f:tidAtN tr<f 42411!-17EL IDIREdC ÓN ;;,,; ,Íngú.KV"-E>rnismo ni público ni' piva10 puede confiscarlos, .pu ,si en ese ¡ qtSO se lestaríal'vo1 ndo :-.. iciones contenidas eniloartiículos: 1.03 1y 109 :de la cdnti cion41: ndcional!¡y ¡e1¡E 1tado ia enriqueciéndose sm Justa ¡causa H

-1 l 1 En el Acuerdo y Sentefª NJ7, objetq de reylif. .¡cle apela, 10n, l 1Trtbljlnal d?e as, gunda ¡ Sala, ha fallado conforme:a ! Derecho, redifidandl 1a erróheinerpret1;tción ,del nisteri0 de Economía y Finaz'i1s, rspdcto l artículo' i/4: a:fa'. Ley Nºl 6672/21 "(Qu. lpr. ba 1liPresupuesto General de la Nac,i?n",.legún a cúal.se 'e't'. tbiedla º1º imPie.dirp.eto 1eJa1!p'7'' la ievo ucion e aportes, a Ju 1 acion oe retiro, en eua q erae. os 1eg1111nes a minístrado por la Caja Fiscal. En esta inteligencia, estamos convencidos de que la' ley lo que pretende es excluir la posibilidad de devolución de aportes, si ya se ha accedido a la jubilación o al haber de retiro, lo cual resulta obvio y razonable, en el mismo régimen. Esta prohibición se da en cualquiera de los regímenes administrados por 1Caja Fiscal y así debe entenderse. Para más claridad, citamos el art. 134 de la Ley Nº 6672/21, que disponía: "(. .. ) En ningún caso procederá la devolución de aportes a los funcionarios que hayan accedido a la jubilación. o al haber de retiro, en cualquiera de los regímenes administrados por la Caja Fiscal". La coma está indicando precisamente que la prohibición se da en cualquiera de los regímenes administrados por la Caja Fiscal, lo que no implica ni debe entenderse que la jubilación o el retiro "en cualquiera de los regímenes", impide la justa devolución de aportes en régimen distinto, siempre que se En resumen, tratándose de aportes realizados en calidad y régimen distinto, es absolutamente irracional, ilógica, arbitraria e injusta la nterpretación sobre la prohibición de devolución de tales aportes, considerando además nuestra constante y uniforme postura jurídica sobre la naturaleza de los mismos, integrantes del patrimonio del funcionario.

Por otra parte, debemos mencionar a la Ley Nº 4252/10 "Que modifica los artículos 3º, 9º y 1 O de la Ley Nº 2.345/03 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público", la cual dispone: "Artículo 1 º. - Modificanse los Artículos 3º º 10 de la Ley Nº 2345/03 (...), los cuales quedan redactados de la siguiente era: (. . .) Art. 9: (. .. )Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos unal de Cuentas, Segunda Sala, basó su fundamentación para dar en artículos d -ango constitucional, así como en los artículos 53 lo 9 de ey Nº 2345/03. Es decir, reiteramos, la resolución en da en una lógica y razonable interpretación jurídica.

ndiendo 'concretamente al agravio de la parte a elante, respecto a Ministra acto de interpretación de normas de rango infra constitucional, pues independientemente a las referencias a las normas establecidas en la Constitución, lo concreto es que se busca exclusivamente determinar el alcance de una ley -de rango inferior a la Constitución-, lo cual A modo de obiter dictum, conviene recordar las consideraciones de la doctrina respecto al sistema de seguridad social. El autor Carlos Martínez Mateo, sostiene que la finalidad del Sistema de Seguridad Social es la protección del individuo para hacer frente a las contingencias que se le puedan presentar antes durante y después de su vida laboral. El derecho a la pensión debe ser considerado "fundamental", pues supone una prestación que a la vez permite salvaguardar otros derechos con los que guarda una íntima conexión como son la vida y la dignidad de la persona; todo ello través de la proporción de unos ingresos económicos mínimos a las personas de la tercera edad, para la cobertura de sus necesidades (Martínez Mateo, Carlos José, "La eficacia de la garantía constitucional del derecho a la pensión de jubilación en España", Revista de Estudios Europeos, Nº Extraordinario monográfico 2 (2023), 337-369, p. 345).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, en el caso "García María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad" (Sentencia del 26 de Marzo de 2019) señaló: "Que el envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por los que se accede al status de jubilado-son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no v,er comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus El Estado no puede justificar una decisión que atenta directamente contra derechos de rango constitucional, con un régimen especial de protección dentro del sistema democrático, basado en valores tales como la libertad, la solidaridad, la responsabilidad y la razonabilidad.

Según el artículo 103 de nuestra Constitución, la ley debe regular el régimen de jubilaciones de los funcionarios públicos. Sin embargo, esta libertad otorgada al Legislador, está limitada por la necesaria adecuación y respeto a los principios constitucionales como la igualdad y no discriminación. Si bien la ley puede configurar y regular el sistema, en base a situaciones socioeconómicas del momento, de manera alguna podría limitar y menoscabar derechos El derecho a la igualdad (art. 46 C. N.) implica un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual; es decir que, los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas y, ante cualquier diferencia de trato, el Estado debe cargar con la obligación de justificarla suficiente y razonablemente. En esta tesitura, el Tribunal Constitucional español viene sosteniendo que la igualdad como valor superior del ordenamiento es un verdadero derecho fundamental vinculante y directamente aplicable por jueces y tribunales, que no es simplemente instrumental a los demás derechos fundamentales, sino que adquiere un contenido propio. "En un Estado social y democrático de Derecho, como el que establece nuestra Constitución, el derecho a la igualdad no consiste meramente en una exigencia formal de trato equitativo, sino en una exigencia material de tutela que garantice la efectividad sustancial de la igualdad entre los individuos y los grupos, y que remueva los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud" (Sentencia 91/2019, 3 de julio, fundamento jurídico 4). En concreto, el principio de igualdad, veda la utilización de elementos de diferenciación arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que. prohíbe el principio de igualdad son "las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, ORTE 11 J JUICI0:1 '1 ;"f¡f¡ fiEf, ,º ' Aff SUPREMA 1:, 11 ! ACOS,T1- C/ °i'TA ff N424J¡i1 º'L DEJUSTIIAj '¡ 12 DE N"OVIEMBRE l,:p:E l2021 11 OTA DICTADA!';r,b1 2Ll l !DIRECCió'N ., ,¡ GENERAL 1l>:E JUILA 1CIONE:S ! ,Y ... s,,: 'ié'ún cri s o juicios de alar ghe'ralmente aceptados (9 1 n res,ul e, lle! principio de 1g1¡ald , :,,.. sólo exige que la !aiferencia de trato resulte objetidml ente jvtstifieaI a, sino también , e un juicio de proporúionali a en! se e constituciona 1o re a e acton existente entre o:,i::a adoptada,el r'esulta¡ ro:cio :y la final(dad f.reteu !idia (S1r4enr, 200/2:I o 1, '14 de l: ; Así pues, vemos que la interpretación del Ministerio dd 1c nomíá ly Fi¡anzas i de 1ley analizada, además de lesionar los derechos que forman parte delll égiimen¡jubilatorio (art, 1031 N: y eu particular, el derecho 1a la p'r,opi1 feta al drechp a la ,igualdd, pues crea una diferencia de trato normativo para quienes aportaron eh dos regímenes dishnto's (lo cual está permitido en nuestro sistema), al señalar esto como criterio de diferenciación, para negarles la devolución de aportes que legítimamente les corresponden, a pesar de cumplir con los requisitos legales. Esta diferenciación normativa es irrazonable y desproporciona! ¿Por qué razón no cabría la devolución de aportes a quien no cumple aún con los requisitos para la jubilación en ese régimen, de conformidad con los presupuestos de la Ley Nº 4252/10? El hecho de estar jubilado o haberse retirado de la función pública en un determinado régimen, en nada debe repercutir al momento de analizarse la situación jurídica del aportante en otro régimen. Una interpretación distinta solo puede calificarse de distorsionada, inconstitucional y atentatoria del Por lo expuesto, corresponde confirmar íntegramente el Acuerdo y .Sentencia Nº 77, de fecha 31 de mayo de 2023, del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuento a las costas, estas deben ser impuestas en el orden causado, en virtud a lo establecido en el art. 193 del código ía Benítez riera por compartir los mismos fundamentos. - ando SS.EE todo po ante mí, que lo certifico Dr. Mansús Ramir,. '" ia MINISTRO pra, i Ministra ACUERDO Y SENTENCIANº: AQ Asunción, .AO de del 2024.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima SALA PENAL

RESUELVE:

2- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Representante del Ministerio de Economía y CONFIRMAR el Finanzas ( ex Ministerio de Hacienda), y en consecuencia, entencia Nº 77 de fecha 31 de mayo de 2023, dictado por el al or los fundamentos expuestos en la presente resolución.