CUESTIONES
En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS DIJO: El Abogado Fiscal Fernando Cubilla, representante de la parte demandada, desistió expresamente del Recurso de Nulidad interpuesto. Por otro lado, no se observan en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados Pº! los arts.113 y 404 del C.P .C. Corresponde en A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA Y RAMÍREZ CANDIA MANl.flEST AN: Que se adhieren al y oto que antecede, por los mismos fundamentos.
A LASEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,. LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ DICIENDO: Por el Acuerdo y Sentencia Nº 393 de fecha 28 de noviembre de 2022, apelado por la parte demandada, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió: "1) HACER LU. a a presente acción contencioso administrativa promovida por la firma OLEAGI OSA RAA S.A. y, en consecuencia; 2) REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución de os Fiscales O la Resolución 'el Recurso 'sider n Nº 72600004185/2021 del 23 de noviembre, en lo que res ecta a: l. misas e Inconsistentes por valor de Gs. 57.665.540; 2.
Diferencia entre el F l ri de Comprobación 120 - Re liquidación y la DJ IV A Formular. o 120 por v l r fíe Gs. 1.110.3 . 765, por los fundamento expresados en el exordio ,,..,..,,.A de la suma de Gs. 1. 168. 008. 3 05, más sus intereses, a ser calculados a partir, ,4e la fecha en que e dictó rl, acto administrativo .impugnado, conforme a lo establecidoen el art. 103 de la Ley Nº 6380/19, hasta la fecha final de pago, por los fundamentos expresados. 4. CONFIRMAR el acto administrativo impugnado en lo que respecta a: 1. Comprobantes. que no 'cumplen con la Reglamentacion pertinente por valor. de G. 624.909, por no ser objeto en' la presente; litis. 3.
IMPONER las costas a la parte perdidosa. 4. ANOTAR, registrar, notificar y; remitir ARGUMENTOS DE LAS PARTES AGRAVIOS DE LÁ PARTE DEMANDADA 1 A fs. 95/118 el Abogado Fiscal Fernando Cubilla, eri representación de la.íárte demandada, expresa agravios contra el fallo recurrido. ;En resumen, sostiene 'que el fallo que hoy se protesta, no se ajusta al principio de legalidd y "razonabllidad", en consideración que el pedimento de autos es complemente improcedente en razód 'a que la Administración Tributaria ha certificado que' los supuestos créditos fiscales invocados no son' tangibles, líquidos y exigibles en razón de que los proveedores delaactora no han 'ingresado -el impuesto u otros conceptos, situación reconocida por' la parte actora tanto en su, e.ser!?!?-, promoción de demanda, corno en las actuaciones administrativas.
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' Dice que sobre esta situación la SET tiene una, postura clara en virtud de la cual pr¡0cederá a la repetición solicitada en la medida que dichos proveedores ingresen a las arcas fiscales los tributos adeudadosya sea por iiciativa propia opor acciónicoactiva. Esta.postura a criterio de esta magistratura, resulta por demás acertada, dado que' el fisco-mal podría Agrega que la solicitud realizada por la actora deviene improcedente al presentarse contrapuesta con la esencia de la repetición, teniendo en cuenta que la Ley Nº 125/91 en su artículo 217 dispone: "Repetición de Pago. El pago indebido a en exceso de tributos, intereses o recargo y multa, dará lugar a la repetición. La devolución autorizada por leyes o reglamentos, a título de incentivo, franquicia tributaria o exoneración, estará regida por ley o reglamento que la conceda ... " Menciona que de la norma transcripta se desprende con claridad que la repetición de pago procede, solo en caso de haberse ingresado el tributo al fisco, situación que corno hemos explicado anteriormente, no aconteció en el caso de marras.
Concluye respecto a este punto que el Tribunal de Cuentas no puede certificar los importes sometidos a devolución, pµes ésta constituye una faculta única Y,h exclusi¡j de la Administración Tributaria, y al no, haberse pronuncado la adrninistració , respecto de la irripiocedenda. 'deºTa .. dévólucióii' /'ar no' haber fa' paft- actófaº"agotad611 1to's' rneciAisrnos administrativos que le permitan desplegar los medios probatorios para dernosfrar la -rde la cuantía repetida; no es válido entender que el Tribunal se arrogó facultades reservi9as con exclusividad a la Administración, en el sehtido de convalidar importes ryhazadopor la Administración y sustituirse en las funciones propias e indelegables de la ,SET violando el JUICf: "OLEAGINOSA RAATZ' ! S.A.¡ O/ REsorlucróN Nº 126000041 s5bo21 DEL 2i DE NOVIMBRE Y OTRA DSUBSECTA9A Df tlrfotra g , alega que la sente 1ncia atacada enl 1Ia presente ápelaciónva en contra del téffo . f't.,ódi' ,ocesal Civil, y de la:posiqiopes en fallos constantes y unifonlmes e!íl donde la senten9i'a de inccmsitucion 1alidad 910 afecta el caso conreto y roo tiene Sostiene que el principio de irretractividaa de las acciones de inconstituciona idad se basa en el Artículo 555 del Código Procesal Civil, que establece que la sentencia de la Corte Suprema solo tendrá efecto para el caso concreto Este principio implica que, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma legal, dicha declaración no se aplica retroactivamente a situaciones anteriores a la fecha de notificación de la sentencia.
1 ; 1 La Administración Tributaria, al hacer referencia a este artículo, argumenta que la sentencia de inconstitucionalidad proyecta sus efectos solo para el futuro, es decir, que la declaración de inaplicabilidad de ciertas disposiciones legales, en este caso, los artículos del Decreto Nº 1029/2013, comienza a regir a partir del momento en que la parte afectada es Menciona que su enfoque está respaldado por el principio general de segundad jurídica y que la irretroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad garantiza estabilidad y certeza en las relaciones legales y tributarias, ya que, si se permitiera la retroactividad ilimitada de estas sentencias, se podrían generar incertidumbres y En el caso específico, dice que el T .ibunal de Cuentas argumenta que la sentencia de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales ciertos artículos del Decreto N 1029/2013 debería aplicarse retroactivamente para respaldar su solicitud de devolución de créditos fiscales. En contra posición de los fallos constantes y uniformes de la propia Corte Suprema de Justicia, 'en donde' sostieneque, de acuerdo con el marco legal' paraguayo y el Artículo 555 del Código Procesal Civil, la irretroactividad es la norma y, por lo tanto, la sentencia solo puede afectar situaciones futuras. Advierte que, de permitir la retroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad, tal como lo señala el Tribunal de Cuentas, se podría conducir a J stabilizar las relaciones legales existentes Las partes podrían s j t a cambios normativos que afectan retrospectivamente g es ya realizados. Aduce que la no retroactividad respeta el "'"",,,.:wEie Esta a función de la Corte Suprema de Justicia es u¡v1v,,c¡,c ... u de las --.- isiones activos or, ManueNISiRO Ministra Por todo lo expuesto, la representación apelante solicita que se haga lugar al recurso interpuesto y que, en consecuencia, se revoque el fallo apelado, con costas en, ambas CONTESTACIN DE LA PARTE ACTORA 1 ' A fs. 123/134 el Abg. Cayo ,lbeto Busto Coeffier confesta los agravios de ¡1ª parte demandada. Manifiesta-que ningún articulo de la Ly Nº lt5/91 faculta a a Administración a "snspender'' la devolución del IV A Crédito Fiscal, hasta verificar que sus. proveedores hayan pagado el impuesto .incluido en sus. facturas de venta de 'bienes o servici9s. qele emitieron.
Además, dice que si se aplicara la postura del apelante todos los contribuyentes deberían ingresar al fisco el 100de su V A débito fiscal mensual, quedando en "suspenso" la aplicación del 100de su IV A crédito fiscal, hasta verificar que sus proveedores hayan Argumenta que el criterio adoptado por ambas Salas del Tribunal de Cuentas, y p6r esa Excelentísima Sala Penal dela 'Corte .Suprerna de Justicia, sobre la figura ilegal de proveedores omisos o icorisisienes utilizad1 a po; la SET, 1 es conteste ' uniforme: el compradorno está facultado ni obligado' por' la Ley; a verificar el cumplimiento de las obligaciones de sus proveedores, como tampoco el ingreso de sus tributos en tas arcas fiscales, siendo ambas facultades indelegables de la Administración' Tributaria, Y! que el incumplimiento del proveedor, 'habilita a la Administración-a fiscalizarlo, perd no anegarlla devolución al expotad'or del IV A incluido en sus facturas.---'
:.: Además, dice que es importante tener presentes las modificaciones introducidas por la Ley Nº 6380/19 en el 'trámite administrativo de devolución del IV A crédito fiscal al exportador y que 'la misma reemplazó -entre otros- el artículo Nº 88 dla Ley Nº :i:25/91, texto actualizado por la Ley Nº 5061/2013, que disponía que el contribuyente debe requerir la apertura del sumario "si la Administración cuestiona todo o parte del crédito solic'itado por el contribuyente por irregularidad en la documentación ... ", por el artículo 1 O 1, que dispone en su última parte: "el rechazo total o parcial podrá ser objeto del recurso de reconsideración." .-- En otro orden de ideas, sobre los efectos "ex nunc" del Acuerdo y Sentencia Nº 1.794 del 26 de diciembre de 2017 dictado por la Sala Constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia a favor de Oleaginosa Raatz SA. manifiesta su discrepancia indicando que "la Administración Tributaria debe dejar de aplicar las disposiciones inconstitucionales desde la notificación del fallo, en este caso, desde el 02/02/2018". (Follo 18 último pfo, y Folio 19 primer pfo.). Dice que, el a-quo analizó y fundamento expresamente que el Acuerdo y Sentencia de Inconstitucionalidad citado es un acto declarativo de la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1029/13, por lo tanto, el efecto de la Sentencia es tornarlo inaplicable por la Indica que por el principio constitucional de separación entre los Poderes del .Estado, al dictr la Sentencia dInconstitucionalidde un acto administrativo del oer Ef cutivo, no corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar su nulidad, se debe Ilimitar a, declarar su inaplicabilidad al accionante, y para el caso concreto, como manda ! la propia Carta entre el Formulario de Comprobación 120 - Reliquidación y la DJ IVA Formulario Nº 120, presentada por el contribuyente", G. 624.909 por "Comprobantes que no cumplen con lo establecido en las reglamentaciones vigentes y que no fueron observados por el certificador": G. 57.665.54b por "Proveedores que registran en las DDJJ ingresos inferiores a las ventas realizadas al solicitante de crédito fiscal". Por Resolución de Devolución de Créditos Fiscales Nº 7930009069 de fecha 19/11/2021 la SET resolvió cuestionar la devolución de la suma total de G. 1.168.633.214. Según consta a fs. 24, en fecha 23/11/2021 la firma contribuyente Oleaginosa Raatz interpuso recurso de reconsideración, sobre la cual no se expidió la La firma Oleaginosa Raatz S.A. planteó demanda contencioso administrativa, solicitando la devolución del crédito fiscal cuestionado, más los accesorios legales El Tribunal de Cuentas Segunda Sala. por Acuerdo y Sentencia Nº 393 de fecha 28 de noviembre de 2022 resolvió hacer lugar a la demanda, revocando parcialmente el acto administrativo impugnado. El Tribunal consideró que correspondía la devolución de los siguientes créditos fiscales: "1. Proveedores Omisos e Inconsistentes por valor de Gs.
5 7. 665. 540; 2. Diferencia entre el Formulario de Comprobación 120 - Re liquidación y la DJ La representación fiscal expresó agravios contra la decisión del Tribunal de Cuentas Segunda Sala de ordenar la devolución de G. 57.665.540, que habían sido rechazados por la Administración Tributaria por el fundamento de que los mismos provenían de "proveedores a onsideró que el contribuyente no requiere demostrar el a a arcas fiscales por parte del retentor, pues es a la ecaudos legales para exigir su debido lación al el oe¡esús Ram ez Candi or. Man MNSiRO .arolinq¼ai'ies O.
Ministra corresponde a cada contribuyente. E1 s decir, fa obligación tributaria recae en cada sujeto pasivo o deudor (contribuyente)'ante el sujeto activo o acreedor (fisco) eru la relación jurídica tributaria, salvo que la ley disponga expresamente la so'üd'aridad en la obligación tributaria.--- 1 En efecto, la Ley Nº 125/91 en su art. 180 determina que la responsabilidad por infracciones tributarias s "personal del auto;", cuando dice: "Infractores: iJ responsabilidad por in;raccioes tributarias, independientemente "de su tipificación .1/ sanción en fil legislación penal, es personal del autor, salvo las : excepciones establecidasen esta Ley.
Están sujetos a responsabilidad por hecho propio o : de personas de su dependencia, en cuanto les concierne los obligados al pago o retencion'e ingreso del tributo, los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrinjan la . ley, reglamentos. o disposiciones administrativas o cooperen a transgredirlas o dificulten su observq.ncia".
La firma Oleaginosa Raatz S.A. no es responsable del incumplimiento de deberes tributarios por parte de sus proveedores, y la falta de .pago de la deuda fiscal por parte de estos últimos no puede justificar el cúestionamiento del , crédito solicitado por el contribuyente. La AdministraciónTributaria, debió iniciar los procedimientos de determinación contra dichos proveedores, y no debíaresponsabilizar a un tercero por el incumplimiento de la obligación tribtaria de otro contribu)¡'ente. Por lo tanto, lo resuelto por el Tribunal de Cuentas .en relación a este punto en el falto recurrido se encuentra ajustado a Sobre el segundo punto, el Tribunal determinó que e1 1 debate se centra en determinar a partir de cuándo surte sus efectos el Acuerao y Sentencia Nº 1794/17 dictado por la Sala Constitucional de la Excma. 'Corte Suprema de Justicia, por el cual se declararon inaplicables los arts. 13, 14, 15 y 16 del citado Decreto Nº 1029/13 en relación a la firma contribuyente Oleaginosa Raatz S.A. En tal sentido, indicó el Tribunal que eµ el aso de autos la SET al rechazar la solicitud de devolución de créditos fiscales, volvió a aplicar la norma declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, lo cual no condice con el espíritu del art.
555 del CPC, de evitar que el derecho del particular sea conculcado por una norma contraria a Seguidamente, corresponde el estudio de los agravios de la parte apelante, la demandada y determinar si el Tribunal de Cuentas Segunda Sala resolvió conforme a derecho Fue objeto de debate en instancia inferior el momento desde el cual surte efectos el Acuerdo y Sentencia Nº 1794 de fecha 26 de diciembre de 2017, por el cual 'la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inapli 1cabilidad de los artícµlos 13, 14, 15 y 16 del Decreto Nº 1029/2013 en relación a la, firma Oleaginosa Raatz S.A. Para la Administración Tributaria el fallo de referencia tiene efectos ex nunc (sin retroactividad) y justifica con este criterio la procedencia de la reliquidación del I formulario Nº 120 IY A y' el Sobre el punto en estudio, el artículo 555 del Código Procesal Civil, que dice: "Efectos de la sentencia: La sentencia de la Corte Suprema sólo tendrá efecto para el caso. cor:creto.
, JUiqJO: . "OLEAGINOSA RAATZ S.A.! G/, SUPREMA 1 DE JUSTICIA NOVOCEMBRE Y OTRA DE LA s:uBsECRETARiA D 1 1A:cuERDó Y SEiNI' f,1 ,,,, z1.}:tlec.. iá, si e hz iere lug r a le¡ 'inJo¡nstitucionalidad, deberá ordenar, a qu;e¡ co'ttesp¡ .al,Aeticióf¡i de0 91 ion ae 'inconstituciona z aa, tª norma 1¡unz tea e que se trate .
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¡- - n 1a 0s1 anteriores ¡ya e rsosteni 0 que¡ a interpretación itera e al, me 1nc10na norma cede ante 'un tipo dinterpretación sistemática, en concordancia con el sistema de control constitucional establecido en el Art. 132 de la Constitución Nacional que dice: "De la Inconstitucionalidad: La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley", y el Art. 260 del mismo cuerpo constitucional: "De los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: l. conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto, y en fallo que solo La sentencia que hace lugar a la pretensión de inconstitucionalidad se constituye en una sentencia declarativa y, en tales condiciones, sus efectos se proyectan al pasado. Al respecto el autor Lino Enrique Palacio expresa: "Llámanse sentencias declarativas, o de mera declaración, a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa: es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto jurídico. a favor del actor; es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte ... Como ejemplos de sentencias declarativas cabe mencionar a aquellas que declaran la inconstitucionalidad de una norma, la nulidad o la simulación. de un acto jurídico, 'la falsedad de un documento, el alcancJ dé1 un'J cláusula contractual, la adquisición de la propiedad por prescripción, etcétera... EFECTOS TEMPORALES. a) La clase de sentencia de que se trate determina el alcance temporal de sus efectos. Las sentencias declarativas, como principio, proyectan sus efectos hacia el momento en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales versa la declaración de certeza: declarada, por eje nul 'dad absoluta de un acto jurídico, la declaración judicial se retrotrae a la jj se celebró (Cód il., arts. 1038 y 1047)" 1 efecto retroactivo de la sentencia declarativa de ........ ...., .. J,.,, nada la inaplicabilidad de los artículos 13, 14 y 15 del Decreto an de estado natural o de básica industrializació ributaria; ade' no pued resultar di minuida Ministra Dr. Ma uel Cejesús Ram rez Candi MINISTM fiscal recuperable, para la firrnalexportadora, pües: la.l disminución .pretendida i por la demandada no. está prevista en l 1 art, 88 de la Ley Nº 1125/9'1 modificada. El Acuerdo y Sntencia Nº 'w94/17 -de la Sala Constitucional de la Corte Suprema pe Justicia, que resolvió la.inconstitucionalidad inaplicabilidad de las citadas normas reglamentarias, logró estado de cosa juzgada, por lo que los cuestionamientos de la representación fical ya devienen improcfdentes. En estas circunstancias, no proceden los agravios de la apelante y corresponde en consecuencia onfirmar la devlución G. ,1. 110.3 .. Sobre la base delas consideraciones . expuestas precedentemente I concluyo queono corresponde hacer lugar al recurso de apelación .interpuesto por' la parte demandada y consecuencia, corresponde confirmar el fallo apelado. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la apelante, la parte demandada, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 203 inc. a) y el Artículo, 205 del Código Procesal Civil, Es mi v9t,o.- ,
A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJO:' Que se A LA SEGUNDA ¡CUESTIÓN I PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJEúS RAMÍEZ CANDIA DIJO: Que se adhiere al votR de la Ministra preopinante, Dra. María Carolina Llanes Ocampos, en cuanto a1 E.,ECHAZAR el recurso deapelación interpuesto al Abg. Fiscal del Ministerio de Hacienda, Fernando Cubilla, y, en consecuencia: dictado P?r el Triunade Cen' Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos, agregando lo siguiente:
..:- El Abg. Fiscal Fernando Cubilla, manifestó m sus agravios que el Tribunal de Cuentas no puede certificar los importes sometidos a devolución pues ésta constituye una facultad única y exclusiva de la Administración Tributaria 1y al' habydd realizado está violando el principio de los poderes del Estado. Por otra, indicó que la parte actora no agotó los mecanismos administrativos que le permitan desplegar los medios probatorios para En ese contexto, cabe apuntar, respecto a la supuesta violación del principio de poderes del Estado, cometida por el Tribunal de Cuentas, al certificar los importes sometidos a devolución, que al citado Tribunal le corresponde la función de control judicial sobre la Administración Pública, pues tiene la competencia para el ejercer el control de la regularidad de los actos administrativos, por medio del proceso contencioso administrativo.
Dicho Tribunal es el órgano competente para el control de la juridicidad de los actos normativos del Estado. Por tanto, el control de regularidad de .los mismos .y aplicación del derecho en el caso concreto, no implica violación de los poderes del Estado, pues el Poder Judicial debe custodiar el cumplimiento de la ley conforme lo establecido en el artículo 24 7 En segundo lugar, respecto a la manifestación del apelante, de 'que la contribuyente no agotó los mecanismos administrativos que le permitan desplegar los medios probatorios para demostrar la certeza de la cuantía repetida, corresponde señalar, que , al cotejar los antecedentes del caso, se observa que la firma Oleaginosa Raatz S.A. solicitó la devolución del IV A, crédito fiscal del exportador en fecha 19 de marzo del 2021, habiendo presentado su CORTE SUPREMA oEJUSTICIA JUICIO: "OLEAGINOSA RAATZ S.A. C/ NOVIEMBRE Y OTRA DE LA SUBSECRETARÍA DE ACUERDO Y SENTENCIA Nº:)53---,
la obligación de que el contribuyente exportador solicitara la instrucción del sumario administrativo, respecto a la parte cuestionada por la A T. En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Nro. 6380/19, último párrafo, referente al "IVA Crédito del Exportador" se establece que: " ... El rechazo total o parcial podrá ser objeto del Recurso de En el caso examinado, la firma contribuyente agotó la instancia pues interpuso recurso de reconsideración, conforme se acredita a fs. 04 de los antecedentes administrativos, contra la Resolución de Devolución Nro. 7930009069/2021, la cual cuestionó la devolución de la Finalmente, en lo que refiere a las COSTAS, considero que éstas deben ser impuestas en el orden causado por imperio del artículo 193 del Código Procesal Civil, considerando que 1 act administrativo impugnado. Es mi voto.
do el acto firmando SS.EE todo por ante mí, que lo or. Man Dra. Ma. Caroiina p;.n:; O.
. , Candi , Ministra MINlTflO ACUERDO Y SENTENCIANº: )53- Asunción, 0'6 SALA PENAL
RESUELVE:
2. NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada AR el Acuerdo y Sentencia Nº 393 de fecha 28 de noviembre a de Cuentas Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en Ante mí: l)ra. Ma. Carolina s D. Ministra