ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA C/ !;li!-S,e :--.. o..'( o del año dos mil ve I r I AcJerdo la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala m,....._.oi "al, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y EUGENIO ROLÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4333/2011", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA por derecho Previo estudiode los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y EUGENIO JIMÉNEZ A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR M. DIÉSEL JUNGHANNS dijo: El Abg. Jorge Benigno Brizueña Villalba por derecho propio y en causa propia promueve la impugnación de inconstitucionalidad, por la vía de la acción, en contra del Art. 1de la Ley Nº4333 de fecha 24 de mayo de 2011 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1DE LA LEY Nº2018/02 QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLASY MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS". Alega ser importador habitual ante la Dirección Nacional de Aduanas y afirma dedicarse a la importación de vehículos usados.' ejerciendo lícitamente el comercio. Sostiene que la norma impugnada limita la posibilidad de importar vehículos usados con más de diez años de antigüedad a cuya actividad dice dedicarse como comerciante, remarcando que la norma que contradice restringe los derechos constitucionales reconocidos "Artículo 1.- Modificase el Artículo 1de la Ley N2.018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS, modificada por la Ley Nº2. 153/03, cuyo texto queda redactado A rt. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia. y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación Excepcionase de esta prohibición a las maquinarias agrícolas usadas, maquinarias de construcción usadas y tractocamiones con más de veinte toneladas d éa cidad de carga, de cualquier procedencia, modelo o año de fabricación, sujeta al cu p/imien de las disposiciones de la Ley Nº 519 "QUE ESTABLECE EL NUEVO R GIME TE T BU RIO" y la Ley º10343 "D COME CIANTE" y sus moditiceci n .
Po án ser i orlados, I s , ñeportivos el sicos dele¿_, o- tigüedad s erior a diez -- os contado a pa Ces . es unghanns enio _'liménez 1{; Ministré C:SJ, Ministro l D Víctor Ríos Ojeda Ministro debiendo ser certificados, a ese efecto, por la autoridad aduanera nacional pertinente, corno vehículos antiguos de colección de circulación restringida a ocasiones especiales, comerme a' Los mismos estarán sujetos a medidas y controles técnicos vehicu/ares, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº3850 del 15 de octubre de 2009 "QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA COMO REQUISITO PREVIO PARA LA OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL DE RODADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL." .
Los escribanos y notarios públicos deberán exigir el documento que acredite la inspección técnica vehicular vigente para protocolizar e inscribir las escrituras de trasferencia de vehículos A los efectos de lo dispuesto en la primera parte del párrafo de esta Ley, queda prohibida cualquier discriminación en lo que se refiere a la ubicación original del sistema de dirección del vehículo a ser importado, y que vaya más allá de las restricciones vinculadas al sistema de Para su circulación en el territorio nacional en todos los casos, la dirección del autovehícu/o estará ubicada o reubicada en el lado izquierdo del mismo".
En primer término, cabe distinguir que en realidad la Ley que dispone 1 restricción de la que se agravia el accionante es la Nº2018/02 en su Art.1 º tal como se halla vigente en virtud de la modificación última de su redacción dispuesta en la aludida Ley Nº4333/11.
No obstante, identificada la norma impugnada, y aclarado el punto, hemos de abocarnos al estudio de la acción, cuyo fin debe ser determinar si la determinación por ley de una restricción de importación de vehículos usados impidiendo la de aquellos con más de diez años de antigüedad, violenta o no alguna norma de nivel Constitucional.
Es preciso puntualizar las normas constitucionales pertinentes, aducidas como violentadas, referentes a la liberad de concurrencia y a la libre circulación de productos. Dice "Artículo 107. DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penaf'.
"Artículo 108. DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS. Los bienes de producción o fabricación nacional, y los de procedencia extranjera introducidos legalmente, circularán Señalemos, inicialmente, que se garantiza que toda persona pueda: Dedicarse a la actividad de su libre preferencia, a condición que sea lícita y que se encuadre dentro de un marco de igualdad de oportunidades. El Actor dice dedicarse a la actividad de su preferencia, la cual es indudablemente lícita: el comercio de automotores y maquinarias, dejando ver que dicha actividad no se circunscribe exclusivamente a la importación de los vehículos restringidos por la norma importada. Surge claramente que la libertad de dedicarse a la actividad lícita de su elección, no se halla cercenada. En cuanto a su ejercicio dentro de un marco de igualdad de oportunidades, notamos que ella tampoco está restringida, pues la norma (que dice le agravia) rige a todo aquel que vaya a importar vehículos, sea ocasional o habitualmente, como representante, distribuidor o comerciante sin régimen establecido con los proveedores.
Tampoco se nota que la norma impugnada sea propiciadora de la creación de Monopolios, ya que, como se ha señalado, es de aplicación general y no especial a un grupo de personas, ya sea negativamente en favor de otras o positivamente en favor de ellas, creando una situación de desigualdad de oportunidades y restricción a la competencia. Distinto sería si la norma impugnada no rigiese para tales o cuales comerciantes, lo cual no se produce con la situación REMA STICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA C/ . "il1-gb ñalar que, cuando la Constitución impone la libre circulación de productos w,'-'.,errjal extranjeros, en cuanto a éstos, la condiciona a que hayan sido " ... introducidos . Se nota claramente la remisión a la "ley" como instrumento normativo dictado por rr-r-ni!ttllf'ifit(.'l,p'C,,1" eqislativo dentro de sus atribuciones, que regule la materia. De allí que, por imperio
.l misma norma invocada, es atribución del Poder Legislativo regular, establecer el marco de normas, dentro de las cuales debe producirse la introducción de los productos extranjeros.
Así sucede con un sin número de bienes y productos que deben cumplir con normas sanitarias, aduaneras o de seguridad, todas impuestas por ley. La libertad de concurrencia y la garantía de libre circulación de productos, y agrego: de bienes y servicios, no puede entenderse como presupuesto que inhabilite toda regulación, situación ésta que implicaría el abandono del Por último, las alegaciones que se hacen invocando la justicia social, o la adopción de medidas tendientes a la corrección de los desequilibrios entre distintos sectores de la población son, sin dudas, argumentos atendibles y de tratamiento recomendable. Sin embargo, no es competencia de esta Corte, y específicamente de esta Sala Constitucional, el diseñar o rediseñar o aún implementar políticas en tal sentido, a través de sus sentencias, pues estaría usurpando atribuciones Constitucionales de otro Poder Constitutivo de la República, rompiendo así el equilibrio entre Poderes, lo que llevaría a una situación contraria - frontalmente - al Estado de Derecho constituido por el Pueblo a través de la Convención Nacional Constituyente. En otras palabras, escapa a las atribuciones y a la competencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, juzgar el mayor o menor acierto o efectividad de las leyes, o que las políticas que implante o ejecuten sean mejores o peores.
Debemos, en el marco de las impugnaciones de inconstitucionalidad, como la que nos ocupa, limitarnos a estudiar si las normas puestas en crisis se adecuan a la Constitución Nacional, es decir, que hayan sido dictadas por Órganos con competencia, con respecto de las formas requeridas, y sin contradecir los principios y garantías establecidas por la Constitución En ese contexto y por tales razones, concluyo que la norma impugnada de inconstitucionalidad, el Artículo 1de la Ley Nº2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUINARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", en su redacción actual dada por el Artículo 1de la Ley Nº4333/2011, no vulnera a la Constitución Nacional y por tanto la acción debe ser rechazada, A su turno, el Doctor VICTOR RIOS OJEDA, dijo: El Abg. JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA, por derecho propio y en causa propia, promueve Acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4333/11 "QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1DE LA LEY Nº 2018/02 "QUE AUTORIZA LA LIBRE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y MAQUl°NARIAS DE CONSTRUCCIÓN USADOS", MODIFICADA POR LA LEY 2. El accionante alega la vulneración de los Artículos 46, 47, 86, 107, 108, 128 y 137 todos de la Constitución Nacional. Y funda su acción manifestando, entre otras cosas, que la prohibición de importar vehículos con más de 1 O años de antigüedad impuesta por la norma impugnada, constituye una flagrante violación de las garantías constitucionales.
3. A los efectos de arribar a una solución razonada de la exist cia no dl vlaciones el -n mativo /AUTOR/ A LA 'ApUtNARIA DE queda reda fado ugenio _'f imine Ministro 3 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro de la siguiente forma: "Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia v modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen"(subrayado es mío) .
5. En mi opinión la norma transcripta es razonable, considerando que el Estado e tiene el legítimo derecho de regular las políticas en esta materia, con el propósito de hacer posible que los consumidores obtengan el máximo beneficio de sus recursos económicos. Asimismo, la política estatal debe tratar de alcanzar las metas en materia de producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos adecuados de distribución, prácticas comerciales legales, comercialización informativa y protección efectiva contra las que puedan perjudicar los intereses económicos de los consumidores y la posibilidad de elegir en el mercado.
6. Con respecto al menoscabo que supuestamente sufrirían los consumidores, en caso de ser privados por el derecho que les corresponde para adquirir los bienes y servicios de su elección, quebrantando con ello la libertad de concurrencia, destacada doctrina nos enseña: "Una orientación creciente en la política económica del Estado ha ido produciendo paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés social de evitar los abusos que el individualismo económico provoca. Distorsionada la igualdad de condiciones-supuesto constitucional de la igualdad ante la ley- por los excesos de la libertad de comercio, el Estado ha intervenido estableciendo monopolios oficiales de hecho o comercializaciones compulsivas en beneficio del interés generar'. (Vide: QUIROGA LAVIE, Humberto; Curso de Derecho Constitucional, Reimpresión, Buenos Aires, Depalma, 1.987, 7. Por otro lado, el vehículo denominado "utilitario" es el que llega a la sociedad, y éste, en buenas condiciones, sin duda alguna tiene mercado. El público lo compra porque se adecua a sus necesidades y está más al alcance que un vehículo nuevo. Esa es la opción que tienen 8. La norma atacada no pretende prohibir las importaciones de vehículos usados, como ya se hizo en otros países como Perú, Panamá y Costa Rica, sino regular esa actividad para que no se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, no se afecte económicamente al 9. Una realidad palpable nos indica que desde hace varios años, miles de automóviles descartados, desechados (por ejemplo, los casos de autos importados como consecuencia de fenómenos atmosféricos como Katrina), salidos de circulación en sus países de origen (v.gr.
los vehículos importados de lquique, Chile, provenientes de Japón), comenzaron a circular en las ya congestionadas calles de las principales ciudades del país, con los efectos propios que 10. En su edición del 16 de noviembre de 2019, el diario La Nación, publicó datos sobre la "Contaminación del Aire - Porcentaje sobre el nivel seguro", diciendo lo siguiente: "Según los índices demostrados, Asunción tiene un 80de nivel seguro de contaminación, un poco más que Tokyo (70) y menos que Taipéi (90), a pesar de existir una Ley de Calidad de Aire (5.211114) que garantiza el control de emisión de contaminantes. Los factores que coadyuvan a desarrollar la contaminación atmosférica son los combustibles fósiles o humo negro, emanados por los autos usados que despiden estas sustancias tóxicas para el organismo.
Miles de automóviles de gran porte circulan por la capital y contaminan el aire que respiramos. En el 2018 se importaron 71.820 vehículos usados, de los cuales 63.582 tienen más de 10 años (. . .) la Dirección General del Aire capitalina, remarcó que el aumento del parque automotor influyó en el incremento de índices de polución. En el 201 O había un total de 872. 126 vehículos, en tanto que en el 2019 la cifra llegó a 2.363.499. Cada uno de esos motores emite polución y cuanto más antiguo sea, mayor es el nivel. El promedio de nuestro parque automotor 11. De lo dicho hasta aquí, entiendo que la medida impugnada se encuentra ajustada al mandato constitucional que obliga al Estado a preservar el ambiente, como objetivo prioritario de interés social. La lucha contra la contaminación, sin lugar a dudas, ha condicionado la sanción y promulgación del dispositivo jurídico atacado. Cabe resaltar que un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado, provee el entorno necesario para la vida humana, flora ORTE REMA TICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA C/ "Declaración Universal de Derechos Humanos", "Contaminación del aire ambiente (exterior)".
"Cuanto más bajos sean los niveles de contaminación del aire mejor será la salud cardiovascular y respiratoria de la población, tanto largo como corto plazo. Doctor EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados, modificada por la Ley Nº 2. 153/03"- , <Jv{ínistro 1 Ministro dijo que no fueron ponderados los derechos en juego de forma razonable, y que lá ley, impugnada no responde acabadamente al principio de razón suficiente. Por todo ello, solicitó, en consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada, y señaló jurisprudencia de la Sala Constitucional favorable a su pretensión. (fs.12/18).
EI Ministerio Público contestó la vista pertinente en los términos del Dictamen Nº 697 de fecha 11 de junio de 2014 (fs. 20/22). Señaló que la ley impugnada limita injustamente la importación de vehículos sin observar parámetros objetivos y concretos que justifiquen l;:3 prohibición de introducirlos al país. Agregó que, en tal sentido, deberían observarse las condiciones mecánicas y no meramente la antigüedad. Por otro lado, expresó que se debe respetar también el derecho del consumidor final, quien debe tener la posibilidad de optar por la oferta más conveniente a sus intereses. Por todo ello, recomendó hacer lugar á la acción de En primer lugar, se debe resaltar que esta Acción de lnconstitucionalidad fue promovida en fecha 28 de marzo de 2014 y quedó en estado resolutivo, el 09 de julio del 2014 (f. 23).
Desde esa fecha, se han sucedido una serie de inhibiciones que impidieron el dictado de la sentencia definitiva. La integración de esta Sala Constitucional fue puesta a consideración de esta Magistratura recién en fecha 06 de diciembre de 2019 y notificada al accionante en fecha 19 de enero de 2021. De tal suerte, demora en dictar sentencia en este juicio, en estado resolutivo desde el 09 de julio de 2014, no puede atribuirse a esta Magistratura.
Ahora bien, adentrándose al estudio del caso concreto, observamos que la norma atacada de inconstitucional-Ley 4333/11 "Que modifica el artículo 1de la Ley Nº 2.018/02 Que autoriza la libre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2. 153103'- dispone: "Artículo 1 º. - Modificase el Artículo 1 de la Ley Nº 2.018102 "Que autoriza lalibre importación de vehículos, maquinarias agrícolas y maquinarías de construcción usados", modificada por la Ley Nº 2.153/03, cuyo texto queda redactado de la siguiente forma: Art. 1.- Se prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, con una antigüedad mayor a diez años, contados a partir del año de su fabricación hasta la de su despacho en el lugar de origen ... ".
Como se sabe, el principio de supremacía constitucional consagrado en el art. 137 impone que todos los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitución. El análisis de la constitucionalidad de una norma supone siempre un contraste entre las normas constitucionales involucradas y la ley inferior. Por ello, a fin de conocer la conformidad de esta última con la Constitución, es fundamental que el juzgador conozca cómo opera o qué protege el derecho o principio constitucional en cuestión, puesto que una violación irrazonable o desproporcionada a un derecho individual podrá producir tal lesión al individuo que tacharía de Para facilitar la lectura de este análisis e identificar claramente las cuestiones constitucionales que se plantean en esta acción, conviene caracterizar los argumentos traídos En primer lugar, se alegó una violación al principio de igualdad, al argumentar que la limitación normativa hace una distinción arbitraria que beneficia injustamente a otros importadores. Se sostuvo, además, que la ley vulnera el derecho a la libertad de concurrencia, la libre circulación de productos y el derecho de los consumidores a elegir el producto que más convenga a sus intereses dentro del mercado. En segundo lugar, el Ministerio Público hizo alusión a una supuesta conculcación al principio de razonabilidad, al decir que la ley no cuenta con parámetros objetivos y concretos que justifiquen la prohibición de introducir al país vehículos con más de diez años ele antigüedad. En ese sentido, criticó el criterio de la antigüedad utilizado por el legislador, e indicó que el parámetro de restricción debió haber sido Antes de pasar a juzgar el caso concreto, debemos partir de una premisa fundamental y básica: todo derecho es susceptible de limitaciones. Los derechos fundamentales de las personas están sujetos a límites, ya sean explícitos o implícitos. Advertir esta circunstancia no Las restricciones legislativas a derechos individuales son admisibles bajo ciertas condiciones: razones de interés general, orden público, o algún propósito estatal según las CORTE PREMA .c::),ti1dad e cada sociedad democrática. Ese es el estándar que fue fijado por la Corte f¿- ,termeri a de Derechos Humanos (vide: Opinión Consultiva OC-6/86 de fecha 9 de mayo ,g.e!18) co r los precedentes de la Sala Constitucional de esta Excma. Corte Suprema de ",i."Jlis'ticia , : Acuerdo y Sentencia Nº 77 4 de fecha 17 de septiembre de 2019).
9 0. '- mismo sentido, esta Sala ya ha establecido que para que las limitaciones sean r;i torist' acionalmente permitidas, es fundamental que ellas se encuentren justificadas en la realizaciónde otros derechos, bienes o valores constitucionales, respetando al contenido esencial del derecho que se está limitando. Por ello la doctrina ha dicho que el desarrollo legislativo o la determinación de una restricción no expresada en el texto constitucional, pero que deriva implícitamente del derecho de terceros o del bien común general siempre debe seguir ciertos requisitos, entre los cuales se cuenta la cláusula del contenido esencial de derechos y la exigencia de justificación, ya que la facultad normativa de las limitaciones de derechos constitucionales no puede ser ejercida de manera arbitraria. (PRIETO SANCHÍS, Luis. 2003. Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, Madrid. Trotta págs.232/241 ).
La justificación supone la existencia de una causa o motivo jurídico por el que requiere la presencia de la restricción. Esto se vincula íntimamente con el principio de razonabilidad, que ordena que las medidas de autoridad, o restricciones, sean razonadas y razonables, nunca caprichosas o arbitrarias. La razonabilidad: "supone la existencia de una política legislativa que pueda ser controlada en cuanto a su proporcionalidad entre el objetivo claramente definido y legítimo, y el medio eficiente para lograrlo" (SOLA, Juan Vicente. 2009. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo 11. Primera Edición. Buenos Aires: La Ley. p. 473). La proporcionalidad supone que el daño o deterioro que se produzca al ejercicio del derecho sea el mínimo en Esto quiere decir que la regulación no debe restringir otros derechos fundamentales, a menos que dicha limitación se encuentre autorizada por la Constitución, o justificada por un objetivo o una finalidad pública, y sea la menos gravosa en relación con los derechos limitados.
En ese caso, en cumplimiento con el principio de proporcionalidad, los medios empleados deben ser idóneos y adecuados al fin perseguido con la toma de la medida de autoridad.
Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe adentrarse al estudio del fondo de la cuestión.- La norma impugnada impone una limitación a antigüedad que pueden tener los automotores que Desde ya, se debe decir que no se considera que la reglamentación a la importación de automotores usados de cierta antigüedad constituya una violación a un derecho fundamental E I derecho individual garantizado por el art. 107 es el de dedicarse a una actividad económica lícita de su preferencia, es decir, a una actividad que no se encuentre prohibida, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. El art. 108 se refiere también a la licitud, al garantizar la libre circulación de productos, y disponer que los bienes de procedencia extranjera introducidos legalmente circularán libremente dentro del territorio de la República.
La Constitución consagra la libertad económica, siempre y cuando las actividades comerciales La tutela constitucional del comercio se realiza a los efectos de garantizar la libertad económica de actividades no prohibidas, por tanto, lícitas. Y la determinación de cuáles son las actividades económicas ilícitas, o los productos prohibidos, que e s do realiza en uso de su "poder de policía", debe, lógicamente, reglamentarse por nor as inf riores. Por eso, la imposición de una limitación, en sí misma y por sí sola, no n inconsti ucional.
EI ejercicio de la ac a económica se sujeta a reg s y itacione re1ay al orden público, al bien comú , a la seg ridad nacional, a la salud el bi estar ge er, etc.--
Un sinnúmer de leyes y¡ regla ent s existen en ste se tido en uestro dere ho, e inclus ssta ª" prohibí io s absoluta vinculada a la tivida co I ercial, e o el ... u,,TO?io Jiménez Ministro ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA C/ Dr. Víctor Ríos Ojeda Minist,;o caso de bienes de comercialización o exportación e importación prohibidas, restringidasy, , condicionadas-productos farmacéuticos, armas, semillas y productos vegetales, animales Es natural, que el Congreso tenga la potestad de calificar o prohibir actividades. Esto es constitucional. Sostener lo contrario, significaría, desconocer que el Congreso pueda dictar leyes económicas o, pueda legislar en base a un interés general.
Lo que se reprocha no puede ser, entonces, la limitación al derecho, sino que 10 determinación legislativa de restringir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad es arbitraria y discriminatoria. Y eso nos lleva necesariamente al control de razonabilidad de la ley, y de su conformidad con el principio de igualdad.
En este estadio, surge la interrogante de si la restricción legal es razonable y proporcional, es decir, si responde a un propósito u objetivo estatal, y si la medida es apropiada -y La respuesta es clara. El objetivo estatal de prohibir la importación de vehículos usados con más de diez años de antigüedad responde a un propósito estatal. Basta con ir a los antecedentes legislativos que se encuentran en el expediente D-O913769, para identificar su El anteproyecto de esta ley propuso originalmente la restricción a la importación de vehículos con más de -cinco años de antigüedad. Luego de todo el trámite legislativo, el proceso culminó en la sanción de la Ley 4333/11, que restringió la importación a vehículos con Si se recurre al documento de iniciativa de esta propuesta legislativa, el propósito estatal resulta evidente: "Cuando se pretende prohibir la importación de vehículos usados hasta cierta cantidad de años de antigüedad, se quiere otorgar: seguridad al tráfico nacional, para garantizar; el derecho a la vida de nuestros conciudadanos; el derecho a un medio ambiente sano ... también Bolivia redujo a cinco años de antigüedad de los vehículos que pueden ser importados, quedando como mercados-depósitos de toda la chatarra internacional, Perú y Paraguay. Por ello, todo lo que no se compre más en ningún lugar se llevará a Paraguay y a Perú, allí sí que el derecho de elección del consumidor paraguayo no irá más allá de lo que sobre después de la colocación en otros mercados de autos usados que se puede presumir no estarán en mejores condiciones. Conocemos que año a año aumentan las víctimas mortales en accidentes de tránsito. Aunque no debe reducirse todo a las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos, sin embargo, es una arista a considerar y a regular para acompañar la tarea del Ejecutivo en el control del estado de los autos vehículos. El derecho a la vida de nuestros conciudadanos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la seguridad en el tránsito y el derecho a la integridad física sirven de parámetro no solo para prohibir la importación de autos usados de no más de diez años, sino de hacerlo con relación a los que tengan una antigüedad superior a cinco años. .. Tampoco debe olvidarse que la prohibición pretendida se traduce en protección a favor de una mayoría que carece de autos, pero que debe respirar las emisiones de los que se encuentran en mal estado y tal vez soportar accidentes por desperfectos mecánicos o físicos del vehículo. Estos no tienen por qué cargar con que se les prohíba a los otros que importen vehículos con más o menos antigüedad.".
El propósito detrás de dicha restricción legislativa proviene de la necesidad de dar protección a otros derechos, intereses y valores de bien común, como los de seguridad en el tránsito y a los ciudadanos, la salud pública, el derecho a un ambiente saludable y la protección A criterio de esta Magistratura, el objetivo más importante y cardinal, con el que se justifica plenamente la razonabilidad de la norma, es la protección al medio ambiente. De hecho, cuando el Estado reglamenta las actividades económicas, lo hace para reducir las externalidades o consecuencias negativas causadas por ellas. La doctrina constitucional explica en este sentido: "Una de las funciones del Estado en cumplimiento de un mandato constitucional es el control de la calidad del medio ambiente, La contaminación no es más que un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que son las extemalídades. Siempre que una persona o una empresa emprenden una acción que produce un efecto en otra persona por el cual esta última no paga ni es pagada existe una extemalídad. Esta extemalídad es una falla .,,iªd º odria dar lugar a una interven;;;I -E¡;;-d;-¡-El-bi ;;--;d-i ;-ner ulias.pue ubsidiar los gastos para reducir las externalidades negativas, puede hacer una '(,.oitég'filen . -n para atenuar las externalidades negativas que imponen unos grupos a otros, o pue . . ntar definir un conjunto de derecho de propiedad que disuada a los individuos de s-, , , , . externa/idades negativas. El Estado en lugar de imponer sanciones por la c aminación o de subvencionar los gastos realizados para reducirla, generalmente ha dictado normas en un intento de reducir las externalidades negativas. Han establecido niveles de emisión para los automóviles y ha propuesto un detallado conjunto de reglamentaciones relacionadas con los vertimientos de productos tóxicos, de esta manera exige a las compañías aéreas y a los ferrocarriles aplicar una prohibición de fumar" (SOLA, Entonces, la decisión estatal de regular la importación de vehículos, se funda en una intención legítima: reducir las externalidades negativas que producen los vehículos con más de 1 O años de antigüedad que circulan desmedidamente en el territorio nacional. A nadie escapa que el estado de la ciencia y la técnica avanza vertiginosamente con el tiempo, y que, como consecuencia de ello, las medidas tendientes a proteger el medio ambiente, incorporadas a los vehículos, son cada vez mayores. Entonces, esta regulación es adecuada y proporcional para la consecución del objetivo establecido por el Estado, cual es, reducir la contaminación ambiental causada por dichos vehículos. La limitación no puede verse como desproporcional o excesivamente lesiva al accionante, porque la norma no le prohíbe al individuo que se dedique a la actividad comercial de su preferencia, es decir, no prohíbe la importación de vehículos usados, sino que se limita únicamente la importación de un tipo de vehículo: aquel que supera diez años de antigüedad desde su fabricación.
Se colige así que la elección de este remedio y el criterio para hacerlo -antigüedad- no viola el principio de razonabilidad. La medida legislativa tomada en la Ley 4333/11 es, por La norma tampoco viola el principio de igualdad. La distinción del legislador ni es arbitraria, ni concede privilegios a cierto grupo de personas en detrimento de otros. La clasificación que hace el legislador, de prohibir la importación de vehículos con más de diez años de antigüedad, como vimos, cuenta con una justificación objetiva y razonable: preservar el medio ambiente, la seguridad pública y la salud de la población.
La prohibición de importar vehículos con más de diez años de antigüedad se aplica a todos por igual, sin distinción. No se establecen excepciones ni privilegios a favor de otros grupos que se encuentran en iguales circunstancias. Tampoco se crea un monopolio a favor de representantes oficiales de vehículos nuevos. Si dichos representantes se dedicasen también a la importación de vehículos usados, la norma se aplicaría a los mismos por igual.--- La única clasificación que hace la norma es respecto del producto importado. Y esto es así porque el legislador consideró que dichos vehículos, repetimos, presentan un riesgo al ambiente y a la salud pública. Por ende, la misma no puede considerarse discriminatoria en el sentido de vulnerar un derecho individual, responde, más bien, a una regulación económica AI no comprobarse la vulneración a un derecho fundamental, la distinción del legislador P o r último, el hecho de que ciertos importadores sí han sido beneficiados -en otros casos semejantes- con la declaración de inconstitucionalidad de esta norma, no puede sustentar la violación del principio de igualdad, porque esa es, precisamente, una situación de hecho ajena a la norma. No es un problema de la constitucionalidad de ella, sino un efecto de los precedentes de esta Sala Constitucional en relación con ciertas personas. Y no pueden estos precedentes, cuyos fundamentos no comparto, vincular mi decisión. En nuestro sistema, se sabe, la jurisprudencia no tiene carácter vinculante.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: JORGE BENIGNO BRIZUEÑA VILLALBA C/ Dichos fallos han considerado que la norma impugnada vulnera el derecho del trabajo y el de los consumidores. Estos argumentos resultan completamente desacertados, porque E n conclusión, la restricción del art. 1 º de la Ley 4333/11 es constitucional. Por todas las consideraciones que a c d , la presente acción de inconstitucionalidad debe sar Asunción, <2> de Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional
RESUELVE:
resente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor IZUEÑA VILLALBA por derecho propio y en causa ropia, de lecido en el exordio de la presente Resolución.
I . Víctor Rios Ojedc Ministro