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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 1090/2024

6 de noviembre de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BERNARDO TOLEDO FLORENTIN C/ ART. 1 ° DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/03" Nº:3078 AÑO: 2021. ----

Antecedente ART. 1 ° DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/03

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OELCORTE tll SUPREMA -- STICIA lf'tudAsunción, Capital de la Repúbli?a del Praguay, a los -s; días del 1 -.o 'le la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Ca stitucional, Doctores GUSTAVO SANTANDER DANS, VICTOR RIOS OJEDA y CÉ DIESEL JUNGHANNS, y, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BERNARDO TOLEDO FLORENTIN C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/03, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor BERNARDO TOLEDO FLORENTIN por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado. ACCIÓNDE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR . BERNARDO TOLEDO FLORENTIN C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resulta VÍCTOR RÍOS OJEDA, CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor RIOS OJEDA dijo: El señor BERNARDO TOLEDO FLORENTIN, bajo patrocinio del Abg. Osvaldo Bergonzi con Matr. CSJ Nº 4397, se presenta a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILI DAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.

2. Alega el accionante que se halla en situación inminente de la aplicación de la Ley 4252/1 O, art. 9, que dispone la jubilación obligatoria una vez complido los 65 años de edad.

3. Expresa que el Art. 1de la Ley Nº 4252/10 resulta contraria a los Artí 57, 86, 88, 94, 101, 102 y 103 de la Constitución Nacional, pues vulnera derechos y garantías constitucionales al disponer la jubilación obligatoria, produciéndole un daño patrimonial dado que no recibirá una jubilación completa por los años de servicio al no contar con la antigüedad requerida. Asimismo, refiere que perderá su cobertura de seguro médico, por lo que la jubilación automática se convierte en una sanción en vez de un beneficio.

4.- De las i nstrumentales agregadas a autos, surge que el Sr. Bernardo Toledo Florentín a la fecha de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad contaba con 64 años de edad, y por Decreto Nº 20153 de fecha 16 de enero de 1976 se constata su calidad de funcionario público, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O al Sr. BERNARDO TOLEDO FLORENTIN, quien actualmente cuenta con 66 años de edad según se desprende de la copia autenticada de su Cedula de Identidad Civil; procederé al estudi o de est cción 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista un pi no reconocimie .terete derechos fundamentales de la persona. En su preám lo reza: El pueblo aaraquayo, po medio de sus legítimos representantes re 'idos e Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro . Víctor (,iiJ,. J p,. M,inistro Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ... ".Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los cue podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia a la accionan paran razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorqó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión de la accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder Legislativo.

9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones.

Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder 11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la ACCIÓN - DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR . BERNARDO TOLEDO FLORENTIN C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Adhiero al voto que precede, Como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Todas estas características tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de funcionamiento.

Como se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de un sistema de frenos y contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art.

238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regula/e ré irnen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que ice: "O tro del sistema nacional de seguridad social, la le re ulará el ré imen de úbila iones de los funcionarios-de-lo,s em leados úblicos atendiendo a que los organismo autárqui os creados , on ese propó ita acuerden a los aportantes y jubilad féraclministra ión de die os Cesar M. Dieselughanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro r victov tuos M.int,.i entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cuetquier-tttulo, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubila torios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).

En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema quese analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de li:l Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.

Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.

Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una -limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios onsfi!1Jcio En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el ,.-.:;llado o un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública Art, 'P, 1 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el --.;..,-.--1: rvidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional. -- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada en contra del Art. 1de la Ley Nº 4252/2010. Asimismo, corresponde ordenar el levantamiento de la medida dispuesta por el A.I. Nº 2148 de fecha 29 de diciembre de 2022. ES MI OPINIÓN. ACCIÓNDE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR . BERNARDO TOLEDO FLORENTIN C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: El señor BERNARDO TOLEDO FLORENTIN, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 10 DE LA LEY 2345/03 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", alegando la conculcación de De los argumentos expuestos por el accionante se extrae que el mismo cuestiona la constitucionalidad de la norma que faculta al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de edad. En ese contexto, de las constancias de autos se evidencia que el recurrente reviste la calidad de funcionario público y que ha reunido los requisitos establecidos en la norma para adquirir la jubilación, Sostiene entre otras cosas que a la fecha se encuentra con suficiente salud física y mental para seguir prestando sus servicios al Estado. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46, 47, 57, 86, 88, 94, 101, 102 y 103 de la Constitución Nacional El Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: "Art. 9º El aportante que complete 62 (sesenta y des) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete or c nto) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos orcentu les porcada año de servicio adicional basta un tope del 100(cien por ciento). Cu plidos lo 65 Gustavo E. Santander Dans Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. . 01ed ,1' tor R1 s r. Mi.ni.tro Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345/0-3 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES y"' PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser interior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley.

Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a iine jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA de la Ley 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art.

103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos euterquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.

La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubi/atorio. El principio mencionado, según /os términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señor BERNARDO TOLEDO FLORENTIN. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada por A./. Nº 2148 de fecha 29 de diciembre del 2022.

Con lo ;¡.ue--se or terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ant mí, de q e certifico, q Y,d ando ac'da la sentencia que in med ia'.a mente si "';

- Cesar M. D,eel Junghanns Mínistro"csJ. Gustavo E. Santander Dans / Ministro . Ante mí: Mínlstro Abg. Marill Jfüu Mm1ges DGs Santos Secretaria ACCIÓNDE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR BERNARDO TOLEDO FLORENTIN C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/10 QUE MODF. EL ART. 9 DE LA LEY Nº SENTENCIA NÚMERO: oqo. de de z.oz«. "',.,.,..,.,,os méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

,R HAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el señor . J;:NRDO TOLEDO FLORENTIN, de conformidad a lo establecido en el exordio de O R DE NA R el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efectos, di. ues por A. l. Nº 2148 de fecha 29 de diciembre del 2022, dictada por esta Sala.

Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Ante mí: Abg. Maria Rita Monges Dos Santos Secretaria Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Victor Ríos oiea« Ministro