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Acuerdo y SentenciaSala PenalAdministrativa

Acuerdo y Sentencia N° 126/2024

30 de abril de 2024

EXPEDIENTE: "DELCI LOPES CORREA C/RES. Nro. 71800000559 DEL 24/OCT/2019 DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA". (Expte. Nro. 426, Folio 32, Año 2023)

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Expediente: "DELCI LOPES CORREA DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA". (Expte. Nro. 426, Folio 32, Año ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO ... .1 0 n la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a /; ;,,q_q1 mbros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los '---Dgctor'esMANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el juicio "DELCI LOPES CORREA C/RES. Nro. 71800000559 DEL 24/OCT/2019 DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA", a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los abogados Walter Canclini y Fernando Benavente, representantes del Ministerio de Hacienda, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 266 de fecha 20de septiembre del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. -- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia,

CUESTIONES: -

En caso contrario, ¿Se halla ajustada a derecho? Practicado el sorteo pertinente para determinar el orden de votación dio el resultado siguiente: MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL EXCMO MIEMBRO desistieron recurso de idad interpuesto. Por lo demás, como no se observa el expedi vI0s de forma en el proceso o en la Resolución Judici , para decl u lid o icio, en los términos autorizados por los ículos 113 ,fiI'"-"n Código Procesal Civil, corresponde tener por A sus turnos, los Ministros MARÍA CAROLINA LLANES y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA: manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Dr. MANUEL RAMIREZ CANDIA, por compartir los mismos A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL EXCMO. MIEMBRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO: Que por el Acuerdo y Sentencia Nro. 266 de fecha 20 de septiembre del 2022, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1) HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa presentada por el abogado José Eduardo Fleitas, en nombre de la contribuyente "DELCI LOPES CORREA C/ RES.

Nro. 71800000559 DEL 24/OCT/2019 DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA" (Expte. Nro. 687, Folio 129 vito, Año 2019), dictada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución y, en consecuencia; 2- REVOCAR, la Resolución Particular Nro. 71800000559 oet 24 de octubre de 2019, dictada por la Sub Secretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, y los actos administrativos que sustenten la Resolución recurrida; 3- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa, en virtud a la teoría del riesgo objetivo asumido, de conformidad con la norma contenida en el artículo 192 del Código Procesal Civil, 4-ANOTAR, registrar, notificar y remitir por copia a la Excma. Corte Suprema de EL Tribunal de Cuentas fundamenta su sentencia, en que el acto administrativo impugnado es irregular ya que la Administración Tributaria no cumplió con el plazo establecido en el art. 31 de la Ley Nro. 2421/04 al momento de realizar la Fiscalización Puntual al contribuyente Delci Lopes Los abogados Walter Canclini y Fernando Benavente, representantes del Ministerio de Hacienda, se agravian contra la referida sentencia (fs. 112(121) sosteniendo -entre otras cosas- que el Tribunal de Cuentas realizó. una errónea interpretación al considerar que la fiscalización puntual tienen plazos perentorios cuando en realidad el principio general en el procedimiento administrativo establecen que los Expediente: "DELCI LOPES CORREA DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA". (Expte. Nro. 426, Folio 32, Año El Abg. José Eduardo Fleitas, en representación de la contribuyente Delci Lopes Correa, contesta los agravios a fojas 125/127 de autos solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, por ajustarse a Analizando las constancias de autos se tiene que la demanda contencioso-administrativa fue instaurada en fecha 16 de diciembre del 2019 (fs. 13/30) por el Abg. José Eduardo Fleitas, en representación de la contribuyente Delci Lopes Correa, contra las siguientes resoluciones: 1-) Resolución Particular Nro. 72700000481 de fecha 12/02/2019 dictado por la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, el cual resolvió calificar la conducta del contribuyente como Defraudación de conformidad a lo establecido en el art. 172 de la Ley Nro. 125/1991 y, Sancionar a la firma con la aplicación de multa equivalente a 100sobre el tributo defraudado; 2-) Resolución Particular Nro. 71800000e:59 de fecha 24/10/19 dictado por el Vice Ministro de Tributación por el cual se rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto por el contribuyente contra la En primer lugar, teniendo en cuenta el agravio del recurrente, es necesario mencionar que no existe controversia en cuanto al tipo de fiscalización a la cual fue sometida la contribuyente Delci Lopes Correa, ya que ambas partes admiten que la tarea de fiscalización realizada - Subsecretario de Tributación respecto a contribuyentes o responsebies sobre los que exista sospecha de irregularidades detectadas por la auditoría interna, controles cruzados, u otros sistemas o forma de análisis de informaciones de la Administración en base a hechos objetivos. De confirmarse la existencia de irregularidades en ooottuni-ied de dicha fiscalización, la Administración podrá determinar la fiscalización integral de tales contribuyentes o responsables. La Administración Tributaria reglamentará los plazos de realización de las tiscelizeciones integrales y puntuales, en función a aspectos tales como el tamaño de la empresa, números de sucursales o depósitos, tipo de actividad o giro comercial, entre otros. Los plazos máximos serán de ciento veinte días para las fiscalizaciones integrales y de cuarenta y cinco días para las puntuales, pudiendo prorrogarse excepcionalmente por un período igual, mediante Resolución de la Administración Tributaria, cuando por el volumen del trabajo no pudiese concluirse dentro del plazo inicial" -- En efecto, de la norma transcripta en el párrafo anterior se observa que, en el caso de la "Fiscalización Puntual" la ley determina el plazo máximo de duración de cuarenta y cinco (45) días, prorrogables excepcionalmente por un período igual, es decir, el plazo podría extenderse hasta noventa (90) días siempre que la prórroga sea dispuesta por una resolución del órgano administrativo competente. En cuanto a la forma de realizar el cómputo de este plazo, el art. 199 de la Ley Nro. 2421/04 establece que " ... Las actuaciones y procedimientos de la Administración deberán practicarse en días y horas hábiles, según las disposiciones comunes, a menos que por la naturaleza de los actos o actividades deban realizarse en días y horas inhábiles ... ", de esta forma, el computo del plazo deberá realizarse en días hábiles, pero como la ley no determina desde cuando inicia el computo del plazo de la fiscalización y cuando culmina dicho plazo, la Administración Tributaria por Resolución General Nro. 25/14 estableció que " ... Los plazos se computarán desde el día siguiente hábil de la fecha de notificación de la orden de fiscalización hasta la suscripción del acta final ... " (Art. 1 ) ..: Por consiguiente, determinado el plazo legal de duración de una "Fiscalización Puntual", así como la forma de realizar el cómputo, corresponde describir -brevemente- las fiscalizaciones realizadas en sede administrativa a la contribuyente Delci Lopes Correa, a los efectos de verificar el cumplimiento del plazo legal. Al respecto, se observa que: 1) La Expediente: "DELCI LOPES CORREA DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA". (Expte. Nro. 426, Folio 32, Año Administración Tributaria PUNTUAL por 45 días más, el cual fue notificado en fecha "9 de julio del 2018; 3) La Fiscalización Puntual culmina con el ACTA FINAL Nro.

En efecto, realizado el cómputo del plazo transcurrido desde la notificación de la Orden de Fiscalización Puntual de fecha 09 de mayo del 2018 hasta la ampliación de la fiscalización, que fue ordenada por Resolución Particular Nro. 66000000550/2018 y notificada el día 19 de julio del 2018, ha trascurrido en exceso el plazo de los 45 días hábiles establecido en el art. 31 de la Ley Nro. 2421/04, pues dicho plazo vencía el 16 de julio del 2018, igualmente, si se realiza el computo de 90 días (con la ampliación), partiendo de la notificación de fecha 09 de mayo del 2018 hasta la fecha del acta final del 26 de septiembre de 2(118, se verifica que la fiscalización se ha excedido en el plazo máximo de duración (cómputo realizado en días hábiles, desde el día siguiente a la notificación, P o r tanto, se comprueba que la "4iscalización Puntual" realizada en sede administrativa a la contribuyente D.Ehlci Lopes Correa, excedió el plazo legal máximo fijado imperativamente en la Ley Nro. 2421/04 (art. 31 ), siendo así, lo resuelto por el Tribunal de Cuentas se ajusta a derecho, pues el mismo , conforme a las disposiciones legales, respetando rincipio e alidad, debido a que la Administración tributaria ebió curnpc s lazos establecidos en La ley, teniendo en cuenta ue la inob por lolar el pri e trib ario, estable o En ese sentido, el autor Roberto Dromi en su obra titulada "Derecho Administrativo", ha señalado que et principio de la legalidad es la columna vertebral de la actuación administrativa y por ello puede concebirse como externo al procedimiento, constituyendo simultáneamente la condición esencial para su existencia. Se determina jurídicamente por la concurrencia de cuatro condiciones que forman su contexto: 1) delimitación de su aplicación (reserva de ley); 2) ordenación jerárquic8: de sujeción de las normas a la ley; 3) determinación de selección de normas aplicables al caso concreto, y 4) precisión de los poderes que la norma confiere a la Administración. (Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, 12 Edición, Ciudad Argentina-Hispania Libros-2009, página 1111 ).

Por otro lado, cabe mencionar que, en virtud al Principio de Legalidad en el procedimiento administrativo, el plazo previsto en la Ley que no se cumpla conlleva al vicio de ilegalidad del procedimiento. Los plazos previstos en el derecho público están consagrados en la ley, por lo que si se omite una prescripción expresa que no son perentorios, deben Por consiguiente, el argumento esgrimido por la SET de que el plazo de la fiscalización puntual no es perentorio no se adecua a la disposición legal prevista en el Art. 31 de la Ley Nº 2421 /04, que establece: "Los plazos máximos serán... de cuarenta y cinco días para .Ies puntuales, pudiendo prorrogarse excepcionalmente por un período igual, mediante Resolución de la Administración Tributaria, cuando por el volumen del trabajo no pudiese concluirse dentro del plazo En efecto, en este caso, el plazo máximo que tiene la Administración para finalizar el procedimiento de fiscalización puntual es de 45 días, pues la prorroga debió ser autorizada en plazo para ser considerada y poder realizar el computo de 90 días, y siendo que no fue realizado dentro del plazo, la resolución adoptada en el procedimiento es nulo por vicio de ilegalidad del procedimiento administrativo fiscalizador.

Por tanto, los actos administrativos sancionadores impugnados (Resolución Particular Nro. 72700000481/19 y Resolución Particular Nro.

71800000559/19) son actos irregulares por vicio de ilegalidad,_pues en la emisión de los mismos se han violado las disposiciones contempladas en la Ley Nro. 2421/04, siendo el resultado de un procedimiento Expediente: "DELCI LOPES CORREA DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA". (Expte. Nro. 426, Folio 32, Año onsecuencia, corresponde NO HACER LUGAR al recurso de e n interpuestos por los abogados representantes del Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro.

266 de fecha 20 de septiembre del 2022, dictado por el Tribunal de En lo que respecta a las COSTAS, corresponde imponerlas al funcionario emisor de dicho acto anulado, por imperio del art. 106 de la Constitución que establece la Responsabilidad personal de los funcionarios o empleados públicos por las irregularidades cometidas en el En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado. De imponerse las costas a la entidad pública, además de contradecir la Constitución, constituye un premio para el funcionario negligente y un castigo para los contribuyentes quienes deben soportar la carga económica de la actuación A su turno, la Ministra MARÍA CAROLINA LLANES SOSTUVO: comparto con lo desarrollado por el apreciado colega de Sala, voto al que adhiero mi opinión por los visibles excesos de duración durante el procedimiento inicial aación, lo que aparejó la nulidad de los actos administrativos mandados n s autos, como lo ha venido sosteniendo de manera i r aencia de la Corte Suprema de Justicia. - P ro soy de: corres onde que la entid d demandad , er que, en cuanto a las costas del recurso, op adas por la parte vencida, la instancia revisora, atendiendo que así es dispuesto por el literal a del artículo 203 del Código Procesal Civil, al prever "Costas en segunda instancia. Para la aplicación de las costas en segunda instancia se observarán /as siguientes reglas: a) si la sentencia fuere confirmatoria de la primera instancias en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante; ... " Las negritas fueron insertas a modo de destaque respecto a lo trascendente para fundar Co nfo rm e constancia agregada a fojas 50/52, el Abogado del Tesoro como el Abogado Fiscal intervinieron en representación de la Sub Secretaría de Estado de Tributación, dependencia del entonces Ministerio de Hacienda, por lo que, conforme al artículo citado y supra trascripto, entiendo que es a la entidad que corresponde la imposición de las costas.

Respecto a la responsabilidad personal que pesa sobre todos los funcionarios públicos, ello corresponde su calificación como resultado del procedimiento que así lo disponga, cumplido por el órgano competente a instancia de quien o quienes resulten legitimados al efecto, sin que ello haya sido objeto de estudio en el recurso que nos ocupó, ni en la presente acción contencioso administrativa, por lo que de ser impuestas las costas de alguna instancia por las que transitó la presente demanda judicial a un sujeto distinto a las partes contendientes - actora y demandada - implicaría elevado riesgo de generar nulidades insalvables, por la indiscutible indefensión en la que posicionaría la condenación de costas a quien no tuvo ocasión de ser oído ni ejercer ninguna eventual defensa. Es A su turno, el Minis o LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA manifiesta adhiere al voto tie la Ministra MARÍA CAROLINA LLANES Expediente: "DELCI LOPES CORREA 24/OCT/2019 DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA". (Expte.

, neo ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO . . , VISTOS: Los méritos que ofrece el acuerdo precedente y SALA PENAL

RESUELVE:

1.-TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad.

2.- NO HACER LUGAR al Recurso de apelación interpuestos por los abogados representantes del Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 266 de fecha 20 de septiembre del 2022 dictado por el Tribunai de Cuentas, Primera Sala, por ios fundamentos expuestos en el considerando de la dispuesto Ante