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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalCivil y Comercial

Acuerdo y Sentencia N° 448/2024

30 de abril de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUULICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL" AÑO: 2017 Nº: 2394.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUULICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD : :(ÁCU O Y SENTENCIA NÚMER:O: GvoJ roc.,.íl ºeuq t evv hl. 1 d-io Í .Íjuda : Asunción, Capital de la República 1el Paraguay, a los e.e i .,.J.,, d ias del mv.s.rgi,; 1 del año dos mil 0 L1"-: 1 oo. r, estando en la Sala de curdos )'a oorte s "' a de Justicia, los Excmos. Senores Ministros de la Sala Constitucional.

4J,O-rí1 v>Q..v,...R DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO s .... -11,.I.IJDANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL" , a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera P re vi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala P ra cti cado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: VÍCTOR RÍOS OJEDA, CÉSAR DIÉSL JUNGHANNS y GUSTAVO A la cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: Por A.I. Nº 621 de fecha 06 de noviembre de 2017, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Primera Sala, de la Capital, se ordenó la remisión de los autos " R.H.P. DE LOS ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL" a la Corte 2. La citada remisión, dice el fallo, fue realizada en virtud a lo establecido en el art. 18 inc. a) del Código Procesal Civil, a efectos de que ésta Sala de la Corte se expida sobre la constitucionalidad o no del artículo 29 de la Jey 2421/04, disposición que el mencionado órgano colegiado estima aplicable al caso de Regulación de Honorarios arriba referido.

3. El artículo 18 del Código Procesal Civil, establece cuanto sigue: "Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expedient la Corte Supmma de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos preví os p el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u di posició normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

4. En prime lug r, a norm de remisión contenida en el artículo 18 inciso a) del Código Procesal Civil, e fa ta la el ación de los autos a la Corte a los efectos previst en el Artículo 200 de la Co titución se refiere, en realidad, a la Constitución dictada n el ño 1967 que a la f chas ncue ra total y absolutamente derogada. Cabe aclarar q el pro io artículo 200 d la C stitu "ón de 196 ampoco hacía referencia a la vía de a consu a 1 do únymente la º ción y excepción de i, .. ntitucio alidad. s Cesar M. Diesel Ju g anns --- Ministro . 11.nartinez Ministro cs.r.

. Ríos V' tOl Pr ¡C . ctfO decir"el artíulo 18 inciso a) hace una remisión a una Constitución derogada que en su propio contenido desconoce la existencia de la vía que motiva la remisión en primer lugar. "1. Al derogarse la Constitución de 1967, el mencionado art. 18 inc. a) del CPC quedó automáticmente sin el . más mínimo sustento en nuestro Estado Constitucional y Democrático que no ha validado estas dos normas (Constitución de 1967 y art. 18 inc. a) del 5. El Articulo 137 de la Constitución Nacional vigente, es claro en cuanto a la prelación de las normas jurídicas, y contundente al determinar que carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella.

6. En cuanto a la administración de justicia, el Articulo 247 de nuestras magna, al tiempo de señalar que el poder judicial en todas sus instancias es el custodio de la misma, le atribuye la función de interpretar, cumplir y hacerla cumplir. Es importante también agregar que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha precisado que los Estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, "evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes ... "2 , estableciendo, finalmente, que el control de convencionalidad recae en "cualquier autoridad pública y no solamente el Poder Judicial"3 7. Respecto al caso sometido a estudio - consulta constitucional, las leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del año 1992, carecen de regulación sobre el tema.

Establecida nuestra tesis de carencia normativa para el planteamiento oficioso del control de constitucionalidad -mal denominada consulta constitucional4 - cabe ahora prequntarse ¿qué camino debe seguir un juzgador ante la situación de tener que resolver un litigio al que resulta aplicable una norma que considera inconstitucional? La respuesta se encuentra establecida en la norma fundamental y es coherente con todo nuestro diseño constitucional. La interpretación de normas constitucionales y convencionales es una labor que compete a todos los órganos del Poder Judicial, y a todas las autoridades con competencia para aplicar normas jurídicas, no es competencia única y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, que si tiene la facultad de declarar la inaplicabilidad de las normas y la nulidad de las resoluciones judiciales (Artículos 259 numeral Ei y 260 de nuestra Carta Magna).

8. Néstor Pedro Sagües, enseña que la interpretación por parte de todos los miembros del Poder Judicial, se corresponde con la dimensión "constructiva" del Control de Constitucionalidad. En ese sentido, expresa que " ... en rigor de verdad, en este trabajo, todos los jueces son jueces constitucionales ... ningún juez podría darse el lujo de hacer funcionar una norma sub constitucional, prescindiendo del enfoque constitucionalista de esa misma norma. Es decir, que le toca, inevitablemente, interpretarla, adaptarla, conformarla, armonizarla, rescatarla, reciclarla y aplicarla, según la Constitución".5 En la Carta Magna del año 1.967, encontramos por primera vez regulado de forma expresa el control constitucional, concretamente en su artículo 200. El misrno rezaba cuanto sigue: "La Corte Suprema de Justicia tendrá facultad para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y la inaplicabilidad de los disposiciones contrarias a esta Constitución, en cada caso concreto y ,,m fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema de Justicia, y por excepción en cualquier instancia, y se elevarán sus antecedentes a dicho Corte. El incidente no suspenderá el juicio. que proseguirá hasta el estado de sentencia".- Ortiz Rodríguez, J. F. (2017). Control Constitucional -la consulta constitucional.

Revista Jurídica De La Universidad Americana, 5(1) Recuperado a partir de https:/ /revistacientifica. u americana edu. py/index. php/revi,3taiu rid icaua/article/view/171 Corte IDH. Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costai,.- 3 Corte IDH. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Fondo y Reparaciones y Costas. Caso Gelman vs. Uruguay.- 4 "No es una consulta que el juez o Tribunal formula a la Corte Suprema de Justicia. Es un sometimiento oficioso de una cuestión constitucional; es decir, un sometimiento de oficio a la Corte Suprema de Justicia en una cuestión en que la norma aplicable a la solución del conflicto puede ser inconstitucional" Mendonca,J C (2007). Cuestiones constitucionales (p.86) Asunción: Litocolor S.RL.

Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad La "Constitución Convencionalizada. Néstor Pedro Sagües Librotecnia. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Santiago de Chile. 2014. CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUULICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD 1- .. - 9 .. .Iua arios Mendonca, concretamente afirmó: "Hoy día, bajo la vigencia de la " g-lÍ(v;íóu1ij 1992, la custíón qudrselta en el sentido aputado: a faor de la í!,céolfnpete2:,de todos los organos 1unsd1cc1nles para hacer la interpretecion de la s, (éi-rlítia en este caso por la Corte Suprema de Justicia con los demas organos 1 O. Puntualmente, respecto de esta norma, también, Juan Carlos Mendonca, advertía que: " ... la norma consagra dos principios: 'el do la /ex superior, al declarar que la Constitución es fa ley suprema de la República: y el principio de jerarquía", al establecer el orden de prelación de los instrumentos normativos, que lleva la consecuencia de que la norma más débil cede ante la norma más fuerte. En lo cual consiste finalmente, el principio de !ex 11. El principio de supremacía constitucional "postula que todo el complejo normativo jurídico se organiza en base a un orden de prelación de normas que necesariamente debe ser respetado a fin de evitar contradicciones internas que hagan colapsar el sistema. Según el modelo adoptado (o sí se prefiere, adaptado) por la República del Paraguay, es la Corte Suprema de Justicia la encargada final de velar por el respeto y el mantenimiento de dicho 12. Pablo Villalba Bernié, ha dicho de manera lúcida que "La noción de supremacía constitucional es uno de los puntos angulares sobre los que reposa el ordenamiento jurídico, implicando reconocer a la Constitución como norma fundamental del Estado, ubicada en la cima de la pirámide jurídica, todo el ejido IE1gal estructurado alrededor del imperio de la Constitución, nada por sobre ella, todo dentro de ella. Trasluce erigir a la Constitución en fuente y fundamento del orden legal, cuya misión fundamental consiste en regular la vida humana en sociedad'. 9 13. Finalmente, el Dr. Manuel Ramírez Candia, sin duda, ya expresó con anterioridad la tesis que hoy sostenemos, al referir que: " .. .para dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional no se requiere que previamente sea declarada su inconstitucionalidad, pues el magistrado tiene la obligación de fundar su fallo, en primer lugar, en la Constitución, por lo que de encontrar una antinomia entre la Constitución y la ley, debe proceder a la aplicación de la Constitución, en aplicación al criterio de jerarquía. Esto implica que el magistrado podrá dejar de aplicar la ley q e puta inconstitucional, por el criterio de jerarquía como mecanismo de res ió de ntinomia, sin necesidad de requerir la declaración de .

14. En definí iva, en todo pr eso, el juzqador, cualquiera fuera su instancia, al a rtir la incompatibilid d de n acto normativo cualquiera aplicable al caso, con p /ncipi , derechos y gar ntías c nstituci nales: deberá -por el principio de jerarquí - aplic r directamente la Consti ción los Tratados, Convenios y Acuerdos lnter acionale apr dos y ratif cados r Paraquav-es decir, todos los jueces y todas las j ezas de 1 públ ca deben ejer r con0<es de con:;ucionalidad y convencionaliñad d las leye . on ell e satis gua ment' artículo 256 de I Hofma fu ental, qu , . avqn . ínesar M. Diesel Jl.tf'lghanns --- 6 Algunos ijf e eUCIO les. Juan MíKiffiJVmlonca. lnteffiffiMtffláW,2R1. Pág. 4 La interp etación Sre I en el D recho Juan Carlos Mendonca. lntercontier.ra1.. M bire.nág. 85. ' Ojeda : Amaya, LA (2014) La Jurisdicci n Constitucional. Asunción, Paraguay: L'a' LfJDfaguay'bf.ic.68'.. 1 ) Villalba B rme, Pablo, Sistema In eramencano de Derechos Humanos, La Ley Paraguaya, Asuncih',1 Control de Constitucionalidad. Manuel Ramírez Candia. Arandurá, 2019. Pág. 75.

con claridad Y, en primer término, expresa: "Toda sentencia judicial debe estar fundada 1 - En consecuencia, ante la falta de normas que estipulen la vía de consulta como meca1sm?, de control de constitucionaliad y en atención a las facultades interpretativas y de allcac1on con qu_cuetn todos Juecs de la República, la pretensión esbozada por el Tribunal de Apelación C1v1I y Comercial, Primera Sala, de la Capital, debe ser rechazada A su turno, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHIANNS dijo: Mediante A.I. Nº 621 de fecha 06 de noviembre de 2017 (fs. 6), el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, resuelve remitir estos autos a la Excelentísima Corte de Suprema de Justicia, a los efectos de que la misma declare si el Art. ;9 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Frente al imperativo de aplicar la ley que rige la materia, el Tribunal requirente considera que el referido Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 podría quebrantar la garantía constitucional de la igualdad, y, considerando que la declaración de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional o por decisión del Pleno de la Corte, remite estos autos para que la Sala se expida respecto de la constitucionalidad -o Ante supuestos como el sub examine, la ley prevé expresamente una vía, la indicada en el Art. 18 inciso "a)" del Código Procesal Civil, vía que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposición de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artículo dice, en el inciso señalado: "Art. 18.

Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas A pesar del uso, en la práctica tribunalicia, del término "consulta" para referirse a la vía procesal prevista en el citado Art. 18, inciso "a)", procediéndose incluso- a usar el término en el caratulado del expediente respectivo (como se ve también en estos autos), dicha vía, por su naturaleza, lejos está de constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple información, opinión o consejo. El trámite causa un pronunciamiento, por lo que mal podría admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trámite, tenga la virtualidad de cambiar su naturaleza y efectos.

Delimitada la procedencia y finalidad de esta vía, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Art. 18 del C.F'.C. para la viabilidad de este planteamiento.

Ellos son: 1) La ejecutoriedad de la providencia de autos; y, 2) La mención por el requirente de la disposición normativa acerca de cuya constitucionalidad tiene duda, así como de los preceptos constitucionales que presume son vulnerados por aquella, expresando claramente Debe señalarse que, al tratarse de la constitucionalidad de una disposición legal atinente a honorarios profesionales, no es dable exigir razonablemente el cumplimiento del primer requisito de viabilidad señalado más arriba -providencia de "autos" ejecutoriada- dado que la solicitud de la regulación de honorarios se resuelve directamente, sin llamarse "autos".

No obstante, en este expediente ya se ha dictado providencia "Autos para resolver" (fs.5).

Con respecto al segundo requisito -fundamentación suficiente de la duda-, el mismo se halla cumplido en la especie, con los argumentos expuestos por el Tribunal acerca de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Dicho esto, paso a tratar considerar el E I Art. 29 de la Ley Nº 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal", establece: "En los juicios en que el Estado Paraguayo y sus entes citados en el Articulo 3de la Ley Nº 1535199 "De Administración Financiera del Estado", actúe como demandante a demandado, en cualquiera de los casos, su responsabilidad económica y CORTE PREMA 0 l STICIA .,,, , ,,,:;pa.Jfi_i:,."ani e:::, r los servicios profesionales de abogados y procuradores que hayan actuao ,,. ér(su n entación o en representación de la contraparte, sean en relación de dependencia "odrán exceder del 50(cincuenta por ciento) del mínimo legal, hasta cuyo importe <i.aeaeren atenerse los jueces de la República para regular los honorarios a costa del Estado.

Queda modificada la Ley Nº 1376/88 "Arencel de Abogados y Procuradores", conforme a Considero que cuando las normas crean desigualdades ante casos similares, dando un tratamiento distinto a uno y otro, se infringe la garantía constitucional de igualdad, consagrada en el Art. 46 de la Carta Maqna, que establece: "Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios". Asimismo, el Art. 47, dispone: "El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes ... ".

De tal garantía constitucional, se deduce que la igualdad jurídica consiste en que la ley debe ser igual para todos los que se encuentren en igualdad de circunstancias, y que no se puede establecer privilegios que concedan a unos lo que se niega a otros bajo las mismas circunstancias. En este aspecto, resulta oportuno traer a colación las palabras de Robert Alexy: "Si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento iguar (ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993. Pág. 395).

En relación con el tema sometido a consideración de esta Sala, se puede percibir que la disposición legal objetada -Art. 29 de la Ley Nº 2421/04- lesiona ostensiblemente la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al establecer que en el caso en que las costas se impongan al Estado o a sus entes citados en el Art. 3º de la ley 1535/99, su responsabilidad económica y patrimonial por los servicios profesionales de todos los abogados intervinientes, no podrá exceder el :50del arancel mínimo legal dispuesto por la Ley Nº 1376/88 de honorarios de Abogados y Procuradores, hasta cuyo importe deben Si el Estado como persona jurídica debe litigar con un particular, lodebe hacer en igualdad de condiciones, y el hecho de resultar perdidoso, mal puede constituir una razón para reducir las costas del juicio, en detrimento del derecho de los profesionales intervinientes a percibir la retribución que por ley les es debida.

Según Gregario Badeni " ... /a igualdad que prevé la Constitución significa que la ley debe ofrecer iguales soluciones para todos los que se encuentran en igualdad de condiciones y circunstancias. Asimismo, que no se pueden establecer excepciones o privilegios que reconozcan a ciertas personas lo que, en igualescircunstancias, se desconozca respecto de. .. "(Badeni, Gregorio. Instituciones de Derecho Constitucional.

En es mism ínea, se ala Zarini que el concepto de igualdad debe tomarse en sentido ampro. No so la iguald d ante la ley como expresa textualmente el Art. 46, sino en la vasta ace ción con ue la em lea Bidart Campos: "igualdad jurídica". Es decir, q e o es sólo la igual ad ante legislad que sanciona la ley, sino también ante todo acto orm ivo (decreto, re olución, r enanz , etc.). Se extiende, además, a los otros campos d actuac , n del Estado (i ualdad te la ministración y ante la jurisdicción) y comprende, simismo, a esfera priva a (igua d te y §.Dtr-e-r:>articulares) .... (Zarini, Helio .Juan, ob a "Derec o Cesar M. Diesel,jünghanns Minis ro Ministro CSJ. CONSULTA CONSTITUCIONAL: R.H.P. DE LOS ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUHLICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD r. Víctor J.,ros D Mi»istr5 ,Las pecedentes citas doctrinales sustentan nuestra tesitura, en el sentido de que la gara!1a de igualdadante ley debe ser observada también por el Estado y sus entes en su relación con los particulares, no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito juidicional. Contrariamente a lo dicho, la norma legal cuestionada propicia un trato privileqiado a favor del Estado y en perjuicio dc3 los abogados que intervienen en las causas en las que aquél es parte, ya sea como demandante o demandado.

Por los fundamentos que anteceden, considero que corresponde declarar la inconstitucionalidad del Art. 29 de la Ley Nº 2:421/04 en este caso, por ser violatorio de la garantía constitucional de la igualdad consagrada en los Arts. 46 y 47 de la Constitución.

A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Me adhiero al voto del Dr. Víctor Ríos En reiterados fallos esta magistratura ha venido sosteniendo la improcedencia de la pretendida consulta en razón de los siguientes fundamentos. En primer lugar, surge la discusión relacionada a la vigencia del art. 18 numeral a) del Código Procesal Civil. Respecto a la normativa aludida realizar algunas puntualizaciones, y empezamos con lo que la misma preceptúa: Facultades ordenatorias e instructorian. Los Jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el artículo 200 de la Constitución, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... " (Sic). Ahora bien, convengamos que la remisión aludida se refiere a un artículo contenido en la Constitución de 1967 que ha sido derogada por la Ley Fundamental de 1992 vigente actualmente, entonces, evidentemente la normativa del ritualprocesal que estriba en un artículo constitucional abolido ha quedado sin soporte. Sin embargo, sostenemos que la práctica anterior del rodaje procesal fue ocasionando el error de su remisión a una norma que evidentemente no contenía en su plexo facultativo evacuar la mentada consulta, incluso en el vigente tampoco avizoramos su existencia.

Abordando las disposiciones relacionadas a las potestades de la máxima instancia, el art. 259 CN donde establece los deberes y atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, no se incluye la facultad de evacuar consultas constitucionales. También se descarta tal posibilidad en el art. 260 CN, referida a los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional.

En efecto, el articulo 259 CN, en disposición única referida a las cuestiones constitucionales, dispone en su numeral 5 el deber y la atribución de "conocer y resolver sobre inconstitucionalidad". A su vez, en el art. 260 CN, con respecto a los deberes y atribuciones concretos y exclusivos de la Sala Constitucional menciona: 1) conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leves y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a ese caso; 2) decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución", agregando que el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.

La máxima instancia judicial en reiterados fallos viene sosteniendo de que solo pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad quienes se ven directamente afectados por la norma o resolución judicial que reputan de inconstitucional, conforme al art. 550 del Código Procesal Civil que dispone: Toda persona lesionada en su legítimo derecho por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación. principios o normas de la Constitución, tendrá facultades de promover ante la Corte Suprema de Justicia la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por disposiciones de este Capítulo". Así también el art. 552 del mismo cuerpo legal establece: "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionara claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad, CORTE SUPREMA STICIA :,c:é-nción g_ntie o principio que sostenga habrse infringido,fundando en termms claros Y concret,petición" (si)- Sbre el punto,es 1mortate senalarque,la prooc1on de una 91 , roconstitucionalidad implica acreditar la titularidad ?e n interés p1cular directo, -..,..,.ntrapartida, se han dado andamiaje a consultas constitucionales remitida por Jueces Y Tribunales, quienes no se encuentran legitimados para hacerlo.

En concreto, de las normas constitucionales transcriptas precedentemente no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tenga como deber y átrbució entender las consultas remitidas por los Jueces y Tribunales, pues su competencia esta limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna, únicamente por las vías procesales de la acción Y excepción. En ese contexto, estando taxativamente establecidas por la Ley Fundamental las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, Los Jueces de cualquier rango, fuero y jurisdicción están obligados a fundar sus resoluciones en las disposiciones constitucionales y legales (Art. 256 CN y 15 inc. b CPC), y deberán hacerlo, conscientes de que sus fallos estarán sujetos a revisión por los superiores en cumplimiento del doble conforme, con advertencia de nulidad en caso de incumplimiento, en estricto mandamiento del art. 137 de la Carga Magna. Además, sería un contrasentido que los magistrados apliquen una norma reputada Inconstitucional a sabiendas, siendo dicho control fundamental y obligatorio de la función jurisdiccional interpretar y aplicar el derecho positivo nacional vigente, inclusive el control ele convencionalidad en cada proceso. Son las partes litigantes las que, eventualmente, han de objetar la constitucionalidad de las normas aplicadas en la decisión del caso que les ocupa e importa, para lo cual tienen los resortes Coincidente con nuestra línea de pensamiento un autorizado en la materia como Germán José Bidart Campos sostiene: " ... en control de constitucionalidad hace parte esencial e ineludible de la función judicial de interpretación y aplicación del derecho vigente para cada proceso, y por eso debe efectuarse por el juez, aunque no se le pida la parte, porque configura un aspecto del iura novit curia. El juez tiene que aplicar bien el derecho, y para eso, en la subsunción del caso concreto dentro de la norma, debe seleccionar la que tiene prioridad constitucional. Aplicar una norma inconstitucional es aplicar mal el derecho, y esa mala aplicación - derivada de no preferir la norma que por su rango prevalente ha de regir el caso- no se purga por el hecho de que nadie haya cuestionado la inconstitucionalidad. Es obligación del juez suplir el derecho invocado, y en esa suplencia puede y debe fiscalizar de oficio la constitucionalidad dentro de lo más estricto de su función.

Negar aplicación a una norma inconstitucional sin petición de parte es solo y exclusivamente cumplir con la obligación judicial de decidir un "conflicto de derecho" entre normas antagónicas y rehusar la utilización de la que ha quebrado la congruencia del orden jurídico. De aquí arranca el siguiente enunciado: cada vez que un juez al dictar sentencia tropieza con una inconstitucionalidad, d declararla por sí mismo, aunque nadie se lo haya pedido, en virtud del "iura novit curi ' y d la obligación de aplicar bien el derecho que rige la causa (Bidart Campos, erm 'n. La interpretación y el control constitucional en la jurisdicción ABOGADOS ROBERTO MORENO Y SILVIA SANTANDER EN LOS AUTOS: JUAN MAIDANA VILLALBA C/ PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUHLICA S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR RESPONSABILIDAD ' o;clda ,.Víctor Rws En atención a las consi rechazada por improcede Con lo que se certifico, quedando a pretendida consulta debe Asunción, Jo de R, ,. 01eda D Víctor 10 Min1s.1 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

NO EVACUAR la Consul nstitucional elevada por Tribunal de Apelación en lo ivil ANOTAR ' Gustavo t. Santande: ans Cesar M. Diesel Junghanns Ministro Ministro CSJ. i R'os Ojeda . Víctor 1 pi. Ministro