ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO "DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS C/ EL COMERCIO PARA GUA YO S.A. DE SEGUROS GENERALES SI EJECUCION DE RESOLUCIONES :í:,:.. UE -Y SENTENCIA NÚMERO: (,,varoe,,e-"lc.,i"c.,ve,v"l-to. l -Si+e :.:Ji:n-Ji;iiu -,- e Asunción, Capital de la República delPaaguay, a los reirJo, días del - ms de bri del año dos mil -J ", ÚJar o , estando en la Sala de s. -cu a/ ,,e la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala !-nttifücional, Doctores VICTOR RIOS OJEDA, EUGENIO JIMENEZ ROLON Y MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO "DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS C/ EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS GENERALES S/ EJECUCION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado CARLOS FERNANDEZ en representación de la firma El Comercio Paraguayo S.A. de Seguros Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: EUGENIO JIMENEZ ROLON, MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, Y A la cuestión planteada, el Doctor EUGENIO JIMENEZ ROLON dijo: En el Sub iudice, el Abogado Carlos Fernández, representante convencional de El Comercio Paraguayo S.A.
de Seguros General, en virtud del escrito de fs. 26/33, promovió acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia Nº 17 de fecha 05 de agosto de 2013 dictado el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de la capital, y la S.D. 954 e fecha 29 de octubre de 2012, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en or la .D. Nº 954 de fecha 29 de octubre de 2012, el Juzgado referido resolvió: "R C AZA la excepción de falsedad e inhabilidad de título, y de inhabilidad de titulo por pre c 1pc10 opuesta por el Abogado Carlos A. Femández, en nombre y representación de la omercio Paraguayo S.A. de Seguros Generales, y en consecuencia LLEVAR E la presente ejecución que por cobro de guaraníes doscientos cincuenta y ocho lo s novecientos cincuenta y siete mil (Gs 258. 957. 000), hasta que la parte actora se a el integro pago del capital reclamado, sus intereses, como también las costas del -tAcuerdo y Sentencia Nº 17 de fecha 05 de agosto de 2013, el citado Tribunal re. 1.- DECLARAR la nulidad de la S.D. Nº 854 del 29 de octubre de 2012 dictada por u''º e .J-Jt"!ga o de 1 º lnstancia en lo Civil y Comercial del 2º Turno; 2- IMPONER las costas por la p.,'fi lidad a la DIRECCION ONAL DE ADUANAS, de conformidad a lo dispu en el art.
408 del PC; 3.- R HAZA las excepciones de prescripción, falsedad elinhab idad de titulo deducidas p EL COM RCIO PA O .S.A. DE SEGUROS poli los argu entos expue tos-en el xordio de I y, en con ecuencia, LLE AR ADEL NTE, l.', iio Jíminez 1 . Afínistro 1 R, o,eda Dr. Víctor ios linstro con costas, la presente ejecución que deduce la DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS contra EL COMERCIO PARAGUAYO SA. DE SEGUROS hasta que la actora se haga integro pago del capital reclamado que asciende a la suma de GUARANIES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL (Gs.258.957.000) más intereses y costas; 4. IMPONER las costas a la firma EL COMERCIO PARAGUAYO SA. DE SEGUROS GENERALES en ambas instancias: 5.-ANOTAR ( ... )".
. El accionante postuló la violación de las normas y los principios consagrados en los arts. 16, 132, 137, y 256 de la Constitución. En primer lugar, adujo que, el tribunal, efectuó una mezcla de instituciones jurídicas entre el contrato de seguro y los títulos de créditos.
Señaló que los fundamentos del fallo son totalmente incoherentes y que derivaron en una incorrecta aplicación de la ley, ya que se concluyó que la póliza de seguros es un título de crédito con fuerza ejecutiva. En tal sentido, agregó que los títulos de crédito son instrumentos que contienen obligaciones puras y simples, mientras que las obligaciones contenidas en los contratos de seguro son sinalagmáticas, por lo que su reclamo debe hacerse por vía del proceso ordinario. Sostuvo que el Código Aduanero es una ley general y que se le ha dado por efecto derogar normas del Código Civil y de leyes especiales como la Ley 827/96 que prohíbe que las empresas aseguradoras efectúen operaciones de garantías fuera de las expresamente establecidas en la ley; arguyó que esto último vulnera la supremacía constitucional consagrada en el artículo 137 d1e la Constitución. Agregó que se ha incurrido también en una contradicción al calificar al sequro como un título ejecutivo conforme con el Código Aduanero, pero aplicar las normas y plazos de la prescripción prevista en el Código Civil para los contratos de seguro. Finalmente señaló una interpretación antojadiza del tribunal, que excedió los márgenes de debate del juicio ejecutivo y demostró un comportamiento parcial de parte de los juzqadores, por ello, solicitó la declaración de C o rrid o el traslado de rigor, la Abogada Gisselle Lampert Oporto, representante convencional de la Dirección Nacional de Aduanas, contestó la acción en los términos del escrito agregado a fs. 81 /84 de autos. En primer lugar, señaló que los argumentos expuestos en la resolución impugnada poseen suficiente sustento legal, ya que el Código Aduanero califica a los seguros de caución como títulos ejecutivos. Sostuvo que por dicho motivo la Dirección Nacional de Aduanas se encuentra facultada a reclamar el pago de los tributos garantizados por vía ejecutiva, ya que un proceso ordinario devendría en un exceso de tiempo que haría más difícil para el Estado el cobro de los tributos fiscales, una de sus mayores fuentes de ingreso. Asimismo, señaló que el citado Código Aduanero habilita al cobro compulsivo de la deuda sin más trámite, por lo que resulta erróneo pretender imponer las condiciones que estipula la póliza por encima del texto legal. Expresó que, si bien el plazo de prescripción aplicable debería ser el de 5 años, de todas formas, la prescripción de la acción se interrumpió con los actos administrativos efectuados en el marco de las comunicaciones extrajudiciales entre la aseguradora y la tomadora. Por todo ello, solicitó el E I Ministerio Público se presentó a contestar la vista en los términos del Dictamen Nº 2770 de fecha 29 de octubre de 2019 (fs. 813/90). Realizó un recuento minucioso de las resoluciones acaecidas en el proceso principal y de los argumentos vertidos en ellas, y concluyó que, las alegaciones del accionante consisten en una cuestión interpretativa y en la mera discrepancia con la decisión de los juzgadores. Consideró, asimismo, que, independientemente de lo acertado o no de la decisión, la misma es consecuencia de un análisis razonado y acorde a las reglas de la sana crítica, y que la vía constitucional no puede ser utilizada como una tercera instancia. Por tanto, recomendó rechazar la presente P u es bien, se trata de determinar la configuración de las causales de arbitrariedad invocadas por la accionante, que sustentarían la declaración de inconstitucionalidad del fallo atacado; estas son causales referentes a los fundamentos normativos: a) la aplicación de una disposición legal inaplicable al caso concreto; específicamente la normativa civil, por sobre las disposiciones especiales del Códiqo Aduanero; y b) la autocontradicción del ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO "DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS C/ EL COMERCIO PARA GUA YO S.A. DE SEGUROS GENERALES SI EJECUCION DE RESOLUCIONES co s que el control constitucional ele las resoluciones judiciales tiene por objeto (::;/, orrespondencia o discrepancia con la Constitución. Además, la jurisprudencia, 'TfrrffifP-- el art. 256 segundo párrafo de la Carta Magna, ha entendido que el control --,.....-T,1u'cional se extiende a aquellas sentencias que se han dado en llamar arbitrarias, esto es, que se dictan con prescindencia de la ley o de los hechos arrimados al proceso y las C la ra mente, la fundamentación no consiste únicamente en enumerar una -serie de preceptos jurídicos de determinado texto legal que se estimen aplicables a cada caso, sino que la labor de fundar requiere además que el juzgador exponga de modo lógico las razones por las que ha decidido aplicar dichos preceptos, vinculándolos a los datos fácticos tenidos como probados o admitidos. Las arbitrariedades normativas -soslayar la disposición legal aplicable al caso, aplicar disposición legal inaplicable al caso, fallar sobre la base del muro capricho, etc- y las fácticas-referentes a cuestiones de hecho expuestas en la fundamentación, son causales de arbitrariedad por una anomalía en la fundamentación de A criterio de esta Magistratura, desde el momento en que existe una fundamentación razonable, desarrollada de modo inteligible, no se configura el vicio de inconstitucionalidad, pues el requisito que exige la Carta Magna en su art. 256 se halla presente (vide: Acuerdo y La arbitrariedad normativa invocada como causal por la accionante -aplicar disposición legal inaplicable al caso- ha sido receptada jurisprudencialmente por esta máxima instancia judicial. La Sala Constitucional ha establecido que la sentencia es arbitraria si la norma aplicada en modo alguno se relaciona con el fallo en cuestión. Por ejemplo, ha dicho que: " ... el Tribunal de alzada al emitir su decisión de acuerdo a la citada disposición legal, se apartó del tema que fue sometido a su consideración, pues la norma aplicada (articulo 8 de la Ley 1444/99) contempla una situación especial que no es la de autos, por lo que corresponde declara . fallo impugnado como acto jurisdiccional invalido. En relación al tema en estudio, (se h sos nido que) tan arbitrario es desconocer la ley que debió etectivizerse en el caso, hace juzgar en éste una norma que no se refiere a él. La Corte ha dicho al respecto , si la arma aplicada en modo alguno vincula con el caso, el fallo -no constituye vación r, zonada del derecho vigente y resulta descalificable como acto judicial en virtud a doctri a de sentencia arbitraria" (Voto dHI Ministro Víctor Núñez, en la S.D. Nº 319/05, die da po la Sala Constitucional, citado por: MENDONCA, Daniel y SAPENA, Josefina.
n lo que hace a la auto contradicción como causal de arbitrariedad, la misma se ura cuando el órgano jurisdiccional formula dos o más juicios en sentidos contrarios en a,#111 mismo acto, en contra de toda lógica formal, lo que impide su comprensión o di rrmación de su sentido y sus efectos. Este es el sentido que jurisprudencialmente se U lado a la citada causal: "Debe señelerse en primer lugar que el Tribunal de Apelación i:,.c,.. n6 deb ó dar trámite a un rec de nulidad si no se trataba de una resolución¿ ada con violació de la forma o s emnida es que prescriben las leyes ( articulo 404 CZ. P. C. . En el caso, e tibunei¿ etit: ó que la sentencia a elada no denota vicios det rminado que ser subs ados y que no ha , licado el t xto de la ley e forma el ra y rigenio Jiménez " :lv!.ini,tro 3 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro concreta, corresponde declarar la nulidad del auto interlocutorio en estudio, incurriendo en una contradicción abierta al citar a renglón seguido el artículo 404 del Código de forma para fundamentar su decisión de anularla" (Voto del Ministro Luis Lezcano Claude en la S.D.
613/02, dictado por la Sala Constitucional, citado por MENDONCA, Daniel y SAPENA. Josefina. 2006. Sentencia Arbitraria. Asunción: lntercontinental. Pág. 56).
Ahora bien, delimitado el encuadre dogmático del asunto, cabe pasar al estudio de la Antes que nada, debemos precisar que el control constitucional debe hacerse detalladamente respecto de las causales invocadas por el accionante, primeramente, respecto del Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Apelación y luego, según sea necesario, de la Sentencia Definitiva del Juzgado de Primera Instancia. Lógicamente el análisis debe realizarse en ese orden, pues la resolución del Tribunal de Apelación es la que causa estado.
Este Magistrado tiene dicho que, si la resolución del órgano jurisdiccional de segundo grado es constitucional, ya no será procedente el estudio de la constitucionalidad de la resolución originaria; y, por el contrario, si aquella fuese inconstitucional, se deberá juzgar la arbitrariedad de la primera. Ello es así puesto que la Sala Constitucional, en virtud al Art. 560 del Código Procesal Civil, deberá determinar el órgano jurisdiccional a quien devolverá la causal para que sea nuevamente juzgada. Además, tampoco se puede concebir que la sentencia de segunda instancia sea válida y constitucional, y, a su vez, que la sentencia de primera instancia sea declarada nula y privada de efectos. Esta seria, naturalmente, una hipótesis procesalmente incompatible con nuestro diseño constitucional.
Para entender las circunstancias fácticas del conflicto, es importante realizar algunas breves consideraciones de los antecedentes del proceso principal.
La Dirección Nacional de Aduanas promovió acción de ejecución de resoluciones administrativas contra El Comercio Paraguayo S.A. compañía de Seguros Generales por la suma de G. 258.957.000, obligaciones éstas instrumentadas en las pólizas de seguro agregadas al juicio principal (fs. 11/28). La aseguradora, a su vez, opuso excepciones de falsedad, inhabilidad de titulo y prescripción contra la ejecución, las cuales se fundaron principalmente en el plazo de prescripción aplicable -el código civil- y la calificación y determinación de la naturaleza jurídica del sequro de caución, y su correspondiente vía de reclamo judicial (fs. 65/68). Dichas excepciones fueron rechazadas por S.D. Nº 954 de fecha 29 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Segundo Turno, de la Capital (f. 81 ). Recurrida la mencionada resolución, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de la Capital, por Acuerdo y Sentencia Nº 17 de fecha 05 de agosto de 2013, resolvió anular el fallo de la instancia primigenia y, en consecuencia, dictó fallo sustitutivo del mismo en el sentido de rechazar todas las En lo que hace a la excepción de prescripción, el Tribunal de Apelación realizó un análisis exhaustivo para establecer la distinción de las obligaciones existentes entre el importador, la aseguradora y la Dirección Nacional de Aduanas, concluyendo, respecto de los dos últimos, que su relación: " ... como pudo observarse, no tiene una fuente tributaria sino que posee una fuente contractual, la cual proviene del contrato de seguro instrumentado en la póliza que tiene como beneficiaria a la D.N.A., por lo tanto la legislación aplicable a la presente excepción de prescripción es la dispuesta en el Art. 666 inc. b) del C.C.". Respecto de la excepción de falsedad, el órgano de segunda instancia concluyó que correspondía su rechazo por no haber sido fundamentada y, menos aún, probada, la falsedad material ideológica del contenido de los títulos traídos a ejecución. Finalmente, sobre la excepción de inhabilidad de título, el tribunal sostuvo que las normas especiales que regulan la actividad aduanera no pueden ser omitidas porque imponen un régimen diferenciado a favor de un ente estatal con la finalidad de facilitar su sistema de cobros. En razón de ello, consideró pertinente la aplicación del código aduanero en cuanto califica a los seguros de caución como títulos ejecutivos a los citados efectos de facilitar al Estado su ejecución. Armonizó dicho criterio con los términos y condiciones del contrato del contrato suscrito en el marco de la relación de seguro, y concluyó que todas las condiciones insertas en el contrato fueron CORTE PREMA :rSTICIA .. tCV .i.-.ürfíP-Jida de habilitar la exigibilidad del título. Para esto último, empleó sendas ..,..;.-do'ctrin9;_S , isprudencia y criterios de interpretación normativo y contractual.
0'-, , solución impugnada enmarca razonablemente las cuestiones planteadas por las - Raife , identifica la normativa que considera aplicable y realiza la operación de subsunción de los hechos de modo formalmente lógico, y con fundamentación suficiente. En efecto, el Tribunal de Apelaciones, si bien empleó distintos cuerpos normativos en la solución del conflicto, explicó los motivos jurídicos por los cuales cada ley resultaba aplicable. En efecto, el tribunal, a fs. 16 vito. y 17, relató acabadamente la distinción entre los .tipos de obligaciones emergentes del contrato de caución aduanera, caracterizándolas como obligaciones in solidum, las cuales se distinguen por la existencia de una deuda común, a la cual responden dos o más deudores, y los cuales se encuentran obligados por fuentes distintas. En este entendimiento, aseguró que dichas fuentes son la contractual y la tributaria, según se .trate de la aseguradora o el importador, y que de ello se determina la aplicación del Código Civil o el Código Aduanero, respectivamente. Asimismo, a fs. 20, caracterizó la naturaleza especial de las normas que regulan la vinculación de los particulares con la Dirección Nacional de Aduanas, expresando que la ratio legis de las mismas se cimienta en la preservación del erario público. Y concluyendo que ello hace que las mismas no puedan ser omitidas en la solución de los conflictos En los cuales dicho ente estatal se encuentra E I órgano juzgador realizó la actividad interpretativa que consideró necesaria para armonizar la implementación de los cuerpos normativos implicados en la resolución del conflicto. Y esto, en la actividad jurisdiccional no es otra cosa que una integración normativa; actividad esta que se encuentra plenamente admitida al juzgador en los casos en que la aplicación de una sola legislación sea insuficiente o existan lagunas legales respecto de un E n el caso de autos, específicamente, el órgano juzgador se dedicó en profundidad a asemejar la figura del seguro de caución con la figura del derecho civil que consideró más próxima a sus cualidades, a los efectos de poder determinar su encuadre normativo por analogía o semejanza. Y esto, como ya hemos sostenido en casos anteriores, se debe a que la determinación de la naturaleza del seguro de caución se encuentra abierta a amplios debates en nuestros Tribunales, como consecuencia de la peculiaridad dela figura en sí Tampoco puede decirse que haya existido contradicción en la decisión de utilizar más de un cuerpo legal en la labor hermenéutica cometida, es decir, en una integración normativa. En efecto, y sin juzgar lo acertado o no de la decisión, se debe resaltar que el Tribunal de Apelaciones señaló y enfatizó la pluralidad de vínculos que existen entre las partes alcanzadas por el contrato de seguro de caución, y justificó en ello la aplicación del Código Civil y del Código Aduanero. Esto, con el fin de interpretar ambos cuerpos normativos en el sentido en que no resulten contradictorios el uno con el otro, tal como lo demanda una interpretación sistemática con una perspectiva generalizada del conjunto de normas y Todo ello nos permite concluir que las causales de arbitrariedad normativa alegada - aplicación de disposición inaplicable- y autocontradicción no se han configurado, y no existen otras razones para calificar al fallo del tribunal de apelaciones impugnado como arbitrario. En consecuencia,. ya no corresponde abocarse al estudio de la constitucionalidad del fallo EL JUICIO "DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS C/ EL COMERCIO PARA GUA YO SA. DE SEGUROS GENERALES EJECUCION DE RESOLUCIONES Finalmente, se debe advertir que se han aducido otras sendas cuestiones que hacen a la justeza de los fallos o a lo acertado-o no- de los mismos, sin embargo, como lo ha dicho este órgano en innumerables resoluciones, esta instancia no puede ser utilizada como una instancia ordinaria de revisión de resoluciones judiciales, ni tampoco puede erigirse como un órgano de casación para imponer un criterio de interpretación distinto al de los juzgadores P o r todo lo antedicho, se concluye que el Acuerdo y Sentencia Nº 17 de fecha 05 de agosto de 2013 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, de la E n estos términos, corresponde rechazar la acción de inconstitucionalidad incoada, con costas a la perdidosa en virtud del art. 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto.
A sus turnos, los Ministros Doctores MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA Y VICTOR RIOS OJEDA manif ron que s dhieren al voto del ministro preopinante Doctor Dr. Víctor Ríos Ojeda Minístro SENTENCIAN VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima CORTE SUPREIVIA DE JUSTICIA Sala Constitucional RES U 1:: LV E: Dr. VictorRios Ojeda Ministro