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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 462/2024

30 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIGlJEL ANGEL PEREZ NUÑEZ C/ ART. 1° DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3°, 9° Y 10° DE LA LEY Nº 2345/2003" AÑO: 2019 Nº: 1163.-

Antecedente ART. 1° DE LA LEY Nº 4252/2010

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIGlJEL ANGEL PEREZ NUÑEZ C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3, 9Y 10DE LA LEY ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: C:vaifo(.;ie"to'j -seseo. 1 dos Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tre,;o.. días del r-i del año dos mil v6'1ic.va. ro estando en la Sala de , la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala s,íonal, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDAy GUSTAVO SANTANDER DANS, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3º, 9º Y 10º DE LA LEY Nº2345/2003" ", a fin de resolver la acción de inconstitucional id ad promovida por el Abogado EDUARDO MARTIN AGUAYO RUIZ en nombre y representación del señor MIGUEL Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicando el sorteo de la ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER A la cuestión planteada, el Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el Abogado EDUARDO MARTIN AGUA YO RUIZ en nombre y representación del señor MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ, plantea la presente acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los arts. 3, 9y 1 O de la Ley 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de jubilaciones y Pensiones del sector público". y el En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003, concretamente a lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se planteó esta Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 º define a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado que adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y reciproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona algu a, i ividual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictad ra está era de ley". Todas estas características tienen importantes derivaciones en i stitutos q e ere a isma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en su finalid éJ y do de tune ona 1ento.-

Como se mencionó supra, 1-.-:i.. oderes del Est do (E cutivo, Le isla voy Ju icial) tienen el mismo---:!::'""7::.

ellos se da a trav s de un ste a de fre os y Ministro Dr. Víctor Rios Oieda Minisu o contrapesos, que en conjunto garantizan la funcionalidad del sistema, el imperio de un Estado " de Derecho y la vigencia de las libertades fundamentales. Ninguno de ellos está subordirtado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional: En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.

Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., la formación y sanción de las leyes, (Art. 203 C.N) el juicio político (Art. 225 C.N.), la designaciéJn de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, e) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y obligatorio.

En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de íubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Perticioerén del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad' (el subrayado es mío).- En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.- Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad sociaf' ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.)

y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".

. .: :.,Lea j como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el f ncion :... úblico, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su Vlrli"" o principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de -eit a Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personasde la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por I ley para ser tenidos en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los fectos de dar paso a la pasividad.

Vale apuntar que, en relación los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su ecomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a c nservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la I z de las disposiciones protectorias contenidas en la Es cierto que la discriminación e tá proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta e el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnad no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegad a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.-- Finalmente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual insuficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Con relación al Art. 127 de la Ley 6258/2019 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA NACIÓN", de la lectura del escrito de promoción, se constata que el accionante no precisa la lesión concreta que le ocasiona la norma pu nada por lo cual, no es atendible esta acción de inconstitucionalidad respecto de h dispos ión. ¿

Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razon ble nte dim nsionada n podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el re hazo e la acci 'n tentada. ES MI PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3, 9Y 10DE LA LEY Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M .. Die:nghanns . Mini?º es . 3 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 1. Se presenta ante esta Sala, el abogado EDUARDO AGUA YO, en no, y representación del señor MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ, a promover Acció t!El_ lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO". y en contra el Art. 127 de la Ley Nº 6256 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2.019" , ya que su representado reviste calidad de funcionario de la administración pública, conforme se desprende de las instrumentales que obran en autos y del escrito inicial de presentación de la acción.

2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 4, 49, 86, y 95 todos de la Constitución y Fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "( ... ) es discriminatoria, pues establece un tope injusto en cuanto a mis derechos jubilatorios".

3. - Se constata a fojas seis (6) de autos, que por Resolución Nº 78 de fecha 17 de junio de 1.993, se nombra al Sr. MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ, como funcionario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por lo que se verifica su calidad de funcionario público. Y a través de la Cédula de identidad, glosada a fojas (7) surge que el accionante cuenta con 4. - Examinadas las documentaciones adjuntadas al escrito de promoción y considerando que el accionante, a la fecha de expedirse este Magistrado sobre la acción intentada, cuenta con 68 años de edad, es decir, es pasible de una inminente aplicación de la Ley Nº 4252/201 O que establece "LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONCESIÓN DE JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS POR LA CAJA FISCAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES" razón por la cual procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos: 5.- Nuestra Constitución paraguaya, contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ( ... )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida 6. - Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho humano, con cobertura universal.

7 .- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ C/ ART. 1 DE LA LEY Nº 4252/2010 . "QUE MODF. EL ART 3, 9Y 10DE LA LEY , le-g'isla, L a atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debi lcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha W ), o disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella rsrna le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor deun Poder del Estado, en este caso, a favor del Poder 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.

11. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Articulo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Articulo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el 12. La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de todo paraguayo de acceder 13. Finalmente, el accionante impugna el Art. 127 de la Ley Nº 6256 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.019", si bien del escrito de la presente acción se puede verificar que el accionante no expone agravios concretos que le genera esta disposición impugnada, la misma ya no se encuentra vigente, debido a que las leyes que establecen los presupuestos generales de la Nación y sus respectivos decretos reglamentarios son anuales, por lo que al momento de emitir esta opinión, 14. Por las consideraciones que antecede, opino que corresponde rechazarla presente Acción de Inconstitucional id ad intentada por el Abg. Eduardo Aguayo en representación de MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ, y en consecuencia, corresponde el levantamiento de la medida de suspensión de efectos decretada en estos autos por Al Nº 2795 de fecha 20 de A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Antes de entrar <2.1--e!to'H,1.U planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron e os a mi c nse ción en Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de I con itucionalid plantea el Abg. Eduardo Martín A mbre y represent ión d señor Mi el Ángel Gustavo E. Santander Dans Ministro 5 i!inb ro Núñez, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4.252/10,"Que modifica los Arts. 3º, 9y 10 de la Ley 2.345/03 "De la Reforma y Sostenibilidad de la <Saja Fiscal - Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" y contra el Art. 127 del Decreto Nº 6256/19 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA El recurrente sostiene que las disposiciones objetadas vulneran los principios De las constancias obrantes en autos, surge que el recurrente acredita la calidad de funcionario de la Administración Pública; prestando servicio específicamente en la Dirección de Bienes y Suministros dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. N.o obstante, teniendo a la vista copia del documento de identidad del recurrente, se evidencia que, a la fecha del pronunciamiento de esta Magistratura, contaría con sesenta y nueve años de edad, razón por la cual podría ser pasible de aplicación de la disposición recurrida, En cuanto a las impugnaciones vertidas en relación al Art. 1 de la Ley 4252/1 O que dispone: "Art. 9º. El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2,7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional basta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la presente Ley. Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/02 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Paraguay."

Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad'.

El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ C/ ART. 1DE LA LEY Nº 4252/2010 "QUE MODF. EL ART 3, 9Y 10DE LA LEY e,!, es dable manifestar que el accionante se ha limitado a esbozar de manera .,. oeo clara-y bien genérica la impugnación contra el Art. 127 de la Ley Nº 6256/19, se , .-di.! ific.,.5it,ue :c::t currente no ha expuesto ni desarrollado los agravios concretos ocasionados .... . ., por'la'-orw,r bjetada, el mismo solo se limita a euncir 1impugnacióde taldisposición, 1 1es¡t,q,--.-c1cxf"l. ancia - falta de desarrollo de aqravios-. impide su consideración por esta , '-Magistratura, que de ninguna manera puede suplir por inferencia la omisión apuntada.

En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Abg. Eduardo Martín Aguayo Ruíz, en nombre y representación del señor MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ. En on ecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el A.I. Nº 2795 e fec a 20 de diembre de Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: L((ol,- Asunción, 3<0 de R, 01eda D Víctor ros oioc.P.

de 824.',f;cretano VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la excelentísima CORTE SÜPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

RECHAZAR la presente Acción de lnconstitucionalidad, promovida por el Abg. Eduardo Martín Aguayo Ruíz, en nombre y representación del señor MIGUEL ANGEL PEREZ NUÑEZ., de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente ORDENAR el levantamiento de la Medida de Suspensión de Efecto , ispuesta por A. l. Nº 2795 de fecha 20 de diciembre de 2019, dictada por esta Sala Ante mí: